Familias desplazadas regresan a Los Chorros, pero la “guerra de desgaste” sigue en los Altos de Chiapas

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Juana Ramírez Pérez se tapó la cabeza con un chal violeta y se encaminó, junto con unas treinta personas desplazadas de la organización Sociedad Civil Las Abejas. Este 20 de mayo regresaban a sus casas en el barrio Río Jordán del ejido Los Chorros, Municipio de Chenalhó, de donde fueron desplazadas casi dos años atrás por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Juana y su esposo, Pedro Jiménez Méndez, junto con otras 5 familias de Las Abejas, se refugiaron en la comunidad de Acteal el 10 de agosto de 2019. Durante los primeros meses que transcurrieron en esta comunidad fría de los Altos de Chiapas fueron otras familias de Las Abejas quienes les entregaron su maíz y su frijol. Luego tuvieron apoyo de la parroquia de Chenalhó y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM).

En Acteal, la pareja de poco más de 20 años perdió dos bebés. La diarrea y los vómitos empezaron para su hija María Angélica a pocos meses del desplazamiento. “Ella siente lo que ustedes sufren, su angustia hace que su hija se enferme”, dijo un curandero al matrimonio. La niña murió antes de cumplir el año. En aquel momento Juana ya estaba embarazada de María del Carmen, que falleció a los seis meses por las condiciones del desplazamiento.

“Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones hizo que ella se enfermara”, escriben en su blog Las Abejas de Acteal.

El pasado 20 de mayo, las seis familias desplazadas de Los Chorros llenaron cajas y costales con sus pocas pertenencias y las subieron a unas redilas. Viajaron en caravana hacia Los Chorros, acompañadas por otros integrantes de Las Abejas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Una vez llegadas a la entrada del ejido, siguieron el trayecto hacia su comunidad caminando y cantando, dándose ánimo.

Acoso paramilitar desde 1997

La violencia en Los Chorros no es cosa nueva. El ejido ha sido uno de los laboratorios donde la Sedena implementó su manual Plan de Campaña Chiapas 94, que contemplaba el adiestramiento de civiles armados para la guerra contrainsurgente.

“Los Chorros es la cuna del paramilitarismo de los años ’90. Aquí se ha formado un grupo armado priista cuyos vínculos con el Estado se han comprobado y que participó en la masacre de Acteal”, afirma Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba). “El grupo que opera hoy en día no está formado por las mismas personas que operaban en los años ‘90. Tampoco tiene las mismas armas o la misma estrategia, pero se trata del mismo ambiente, de la misma escuela que usa el miedo y el terror para controlar a la población”.

Juana Ramírez Pérez con su esposo Pedro Jiménez Méndez y su hija, tras su regreso en el ejido Los Chorros. Foto: Orsetta Bellani

Hay varios grupos armados que operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes que consultamos, son financiados por la presidencia municipal. “El gobierno federal da mucho más dinero a los municipios indígenas de los Altos de Chiapas que a otros más grandes, como el de San Cristóbal de Las Casas. Con este dinero se arman estos grupos, que son manejados por las “dinastías” que se han formado en las presidencias municipales”, afirma el antropólogo experto en paramilitarismo Arturo Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Sin duda Abraham Cruz Gómez, que ha sido presidente municipal de Chenalhó hasta que tuvo que dejar su cargo para dedicarse a la campaña electoral de 2021, pertenece a esta dinastía. Cruz Gómez es originario de Puebla, otro ejido donde se han formado los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal. Es hijo de Agustín Cruz, pastor presbiteriano que bendijo las armas utilizadas en la matanza, y es yerno de Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 era presidente municipal de Chenalhó y ha sido señalado por la entonces PGR como el principal responsable de la masacre de Acteal.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) excarceló a Jacinto Arias Cruz por faltas al debido proceso – o sea por errores cometidos por parte del mismo Estado – junto con la mayoría de las personas sentenciadas por su participación en la masacre de Acteal. Poco después de que el ex presidente municipal de Chenalhó regresara al ejido Puebla, empezaron los ataques en contra de las bases de apoyo zapatista y de Las Abejas, hasta que 17 familias tuvieron que desplazarse.

Las elecciones de 2015 mostraron una vez más la cantidad de armas que existen en Chenalhó. Grupos priistas se enfrentaron con partidarios de Rosa Pérez Pérez del PVEM, cuyos hombres armados desplazaron unas 250 personas del ejido Puebla. En 2018, la presidencia municipal de Chenalhó pasó al tesorero de Rosa Pérez Pérez, el ya citado Abraham Cruz Gómez, cuyo rostro enmarcado por un sombrero tradicional tsotsil está en los afiches del PVEM para la campaña electoral de 2021.

De rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos

El 20 de mayo de 2021, mientras las familias desplazadas de Los Chorros regresaban a sus hogares, a menos de 20 kilómetros de distancia un campesino era herido en la mano por otro grupo armado de Chenalhó. Ocurrió en la comunidad de Ch’ivit, Aldama, municipio que mantiene una disputa sobre 60 hectáreas de tierra con Chenalhó. La víctima se llama Marcelino Santiz y se encontraba en su parcela cuando lo alcanzó una bala disparada desde Santa Martha, comunidad de Chenalhó donde opera un grupo armado que los presidentes municipales se han ido heredando. 

Juana Ramírez Pérez (derecha) regresa a Los Chorros, su comunidad, de donde ha sido desplazada el 10 de agosto de 2019. Foto: Orsetta Bellani

Se sabe muy poco de esta agrupación de corte paramilitar. De acuerdo con el CDH Frayba, está formada por cinco grupos que actúan de forma conjunta en contra de las comunidades. Los pobladores los ubican como rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos, según la forma en que visten.

A partir de febrero de 2018, cotidianamente y constantemente, este grupo dispara en contra de los pobladores de Aldama mientras se encuentran en sus casas, en sus parcelas o viajan en carro. En estos tres años asesinaron a 7 personas y 24 resultaron heridas. A causa de las balaceras, más de 2 mil pobladores de Aldama están obligados a desplazarse de forma intermitente: abandonan sus hogares y regresan cuando la intensidad de los disparos baja.

Unos meses antes de que el conflicto en Aldama recrudeciera, este grupo armado incursionó también en Chalchihuitán, que mantiene otra disputa de tierra con Chenalhó. Entre octubre y noviembre de 2017, desplazó a 5023 personas de este municipio tsotsil, que como Aldama es de los más míseros del país: de acuerdo con Coneval, más del 99% de su población vive en situación de pobreza.

Tras el desplazamiento forzado masivo, durante un mes el grupo armado de Chenalhó cerró las carreteras para que no entrara la ayuda humanitaria para los desplazados de Chalchihuitán. Once personas, entre ellos dos bebés, murieron de hambre y frío en el monte. Por falta de condiciones de seguridad, 1237 personas siguen desplazadas.

Las Abejas negociaron durante meses con las autoridades locales las condiciones de seguridad para el regreso de las seis familias desplazadas de Los Chorros. “Creo que se respetarán los acuerdos y podremos convivir con los partidistas de la comunidad, aunque tengo un poco de preocupación”, afirma Pedro Jiménez Méndez, esposo de Juana.

El joven estaba en una reunión para ultimar los detalles del acuerdo para el regreso, cuando su esposa Juana Ramírez Pérez caminaba con las demás familias desplazadas rumbo a su comunidad. Los pobladores de Los Chorros observaban la peregrinación de de Las Abejas, mientras unos músicos los acompañaban con guitarras y trompetas, cantando de la masacre de Acteal y de otras: Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlatlaya. 

Mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal caminan rumbo a Los Chorros para acompañar a las familias desplazadas en su regreso. Foto: Orsetta Bellani

Fue justo el revuelo internacional que despertó la masacre de Acteal – donde la responsabilidad del Estado fue comprobada – que obligó a un replanteamiento en la estrategia contrainsurgente. Se dio prioridad a los programas asistencialistas y se sustituyeron las acciones llamativas con operaciones menos visibles pero continuas, que desgastan y quiebran psicológicamente a la población: unos balazos en Chalchihuitán, un herido en Aldama, unas niñas de Los Chorros muertas durante su desplazamiento. Cada día, día tras día. Acciones que no llaman mucho la atención y se vuelven nota para pocos medios. Por esto la fase actual del conflicto chiapaneco es llamada “guerra integral de desgaste”.

Juana, Pedro y su hijita se quedarán en la casa de los padres de él durante sus primeras semanas en Los Chorros, pues la suya está sin techo ni paredes. Las láminas han sido destruidas y las tablas de madera despegadas por los miembros del PVEM que los atacaron. La pareja regresa a su comunidad con esperanzas, pero sabiendo que como vecinos tendrán a las mismas personas que los desplazaron.

Integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas antes de acompañar a las familias desplazadas de Los Chorros en su regreso a la comunidad. Foto: Orsetta Bellani

Artículo publicado en Pie de Página el 30.05.2021: https://piedepagina.mx/familias-desplazadas-regresan-a-los-chorros-pero-la-guerra-de-desgaste-sigue-en-los-altos-de-chiapas/

Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Los disparos duraron siete horas. Guadalupe Vázquez Luna los escuchaba escondida debajo de un cafetal, donde llegó después de mucho correr. «Vete de aquí!», le dijo su papá cuando la niña vio matar a su mamá con un balazo disparado por un paramilitar de un grupo priista (afiliado al oficialista Partido Revolucionario Institucional-PRI). Y Guadalupe corrió, hasta ocultarse en la maleza que rodea la aldea de Acteal.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Foto: Orsetta Bellani

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

Foto: Orsetta Bellani

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017.