Torturas sexuales en Atenco: el Estado mexicano, culpable

Orsetta Bellani, Pikara Magazine (Foto: O.B.)

Lo de Atenco fue un crimen de Estado. Lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de diciembre de 2018, con una sentencia donde afirma que el Estado mexicano es responsable de las violaciones y torturas sexuales cometidas durante el operativo policial llevado a cabo entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

La sentencia de la corte internacional, que llega después de más de diez años de litigio, afirma que las torturas y las violaciones sexuales han sido cometidas para humillar y castigar a las mujeres de Atenco, y obliga el Estado mexicano a brindar una disculpa pública y a empezar investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos”. Entre los responsables del operativo se encuentran los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, que había tachado a las mujeres de mentirosas.

En la noche del 3 de mayo de 2006, unos 2500 agentes de la Policía Municipal, Estatal y Federal entraron en el pueblo ubicado en el Estado de México, tomando a pretexto una riña entre vendedores de flores en el mercado municipal. En realidad, con este operativo de control poblacional el Estado mexicano quiso vengarse de la victoria que el campesinado de Atenco, reunido en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), había registrado en 2002, cuando lograron congelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en su territorio.

Mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco. Foto: Orsetta Bellani

Los enfrentamientos entre la población de Atenco y la policía empezaron el 2 de mayo de 2006, y muchas personas acudieron para solidarizarse con el vecindario. Entre ellas Italia Méndez, militante filozapatista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En la noche del 3 de mayo, Méndez se encontraba en una casa particular de Atenco, donde entró un grupo de policías federales y la detuvo a pesar de que no estaba cometiendo ningún delito, no había ninguna orden de aprensión en su contra ni alguna orden de cateo.

La sometieron a interrogatorio y la golpearon, la insultaron y la arrastraron hacia un autobús. En el pasillo habían pilas de personas sometidas y los policías caminaban encima de ellas. Italia Méndez fue depositada en los últimos asientos del autobús, encima de otras personas, como si fuera un bulto de papas.

“Allí empezaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte. Rompieron mi ropa interior y me desnudaron. Me subieron la blusa hasta la cabeza y bajaron mis pantalones hasta los tobillos; permanecí desnuda durante todo el viaje. Utilizaron varios instrumentos que hasta la fecha no puedo decir qué eran, para introducirlos adentro de mi vagina”, recuerda. “Todo esto acompañado por amenazas de muerte, con un lenguaje totalmente misógino sobre mi persona, sobre mi ser mujer. Creo que lo más grave es que estaba escuchando como torturaban a otras personas”, añade.

El autobús se dirigió al penal Santiaguito de Toluca donde no había personal médico, a pesar de que las personas detenidas llegaron muy golpeadas. Según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 victimas del operativo padecieron un trato “cruel, inhumano y degradante”, dos estudiantes fueron asesinados – un adolescente de 14 años y un joven de 20 –, y 23 mujeres fueron torturadas sexualmente por la policía.

“La tortura se puede sexualizar hacia hombres o hacia mujeres. Hacia las mujeres siempre lleva una connotación misógina, a través del utilizo de frases, de tocamientos en partes íntimas o sexuales, y atienden a los roles de género que los policías, militares o marinos tienen muy introyectados”, explica Araceli Olivos Portugal, abogada de las demandantes e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH). “Se considera tortura sexual el llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas le gusta esto, que este es su papel. Por ejemplo, en el caso de las compañeras de Atenco, les decían que debían quedarse en su casa haciendo tortillas, que ¿qué hacían de revoltosas?, y que por esto las violaban”, relata.

Barbara Italia Méndez. Foto: Orsetta Bellani

La lucha de las mujeres de Atenco y su campaña Rompiendo el Silencio visibilizó otros 19 casos de tortura sexual cometidos por agentes del Estado mexicano: policías, militares o marinos. Llevó a la atención pública historias como la de Belinda Garza Melo, detenida en el Estado de Coahuila en 2007 por policías que la torturaron física, sexual y psicológicamente por más de 40 horas. Tres meses después, fue presentada ante los medios de comunicación como integrante del cártel del Golfo. La campaña visibilizó la lucha de otras mujeres como Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa del Estado de Guerrero que en 2002 fueron torturadas sexualmente por militares, delito reconocido por un tribunal local en junio de 2018, cuando condenó a los dos militares imponiéndoles una pena de más de 19 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Las mujeres de Atenco empezaron a denunciar los abusos de los policías ya mientras se encontraban en el penal Santiaguito de Toluca. Tras años de búsqueda de justicia en los tribunales mexicanos, donde el único juicio que llegó a conclusión llevó a una sentencia de absolución, once de ellas decidieron presentar su demanda ante la CIDH: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas.

“Para las demandantes la denuncia no ha sido un fin en sí mismo: se han ido construyendo su propio ideario de justicia, que no es tener a personas en prisión o recibir dinero por parte del Estado – aunque tienen derecho a recibirlo –, sino es todo este caminar de años, el denunciar los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes”, explica Araceli Olivos Portugal.

De acuerdo con las mujeres de Atenco, la sentencia no es en beneficio sólo de ellas, pues crea las condiciones de no repetición y disminuye las posibilidades de que alguien más pase por esto. Afirman que la violencia de los agentes del Estado no es episódica sino que se trata de un problema estructural, y exigen que la agenda sobre derechos humanos del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea guiada por algunos puntos clave contenidos en la sentencia, como la creación de políticas públicas que establezcan controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales.

En sus doce años de lucha, las mujeres de Atenco a menudo encontraron autoridades que hicieron de todo por evadir sus responsabilidades. “De allí radicaba nuestra negativa a tener una solución amistosa con el Estado mexicano y la exigencia de una justicia que fuera integral. Hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; nosotras cargamos con el peso del estigma de la violación, con el haber sido mostrada públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrar nuestros rostros brinda más fuerza a nuestra lucha”, afirma Italia Méndez. “El Estado tiene que responder, no sólo a nosotras y a nuestras familias, sino a la sociedad misma, de cómo es capaz de utilizar estas estrategias de control social en contra de las organizaciones a través del cuerpo de las mujeres”, añade.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 29.05.2019: https://www.pikaramagazine.com/2019/05/torturas-sexuales-en-atenco-el-estado-mexicano-culpable/

El nuevo aeropuerto de México, a consulta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

A Jesús Javier Ramos le dispararon en la cabeza el 28 de setiembre. Sucedió frente a la puerta de su casa de Tlalmanalco, uno de los 40 municipios del Estado de México afectados por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Era ingeniero forestal y pertenecía a la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto. Llevaba meses recibiendo amenazas de muerte por su oposición a la obra y, en particular, a la explotación del Tenayo, un cerro desde donde se envían materiales pétreos para la construcción del NAICM.

Son decenas las familias del Valle de México que viven rodeadas por más 160 minas a cielo abierto que carecen de permisos, donde se explotan tezontle, basalto y materiales pétreos. Las minas contaminan el aire y el agua. Ya son cuatro millones los metros cúbicos de lodos tóxicos que han sido extraídos de la zona de construcción, y las vibraciones hacen vivir a los habitantes de la zona con el temor de que sus casas se derrumben.

Sin embargo, el Gobierno mexicano afirma que el NAICM, cuya construcción fue anunciada en setiembre de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, es una obra ambientalmente sostenible y necesaria, pues el actual aeropuerto Benito Juárez está saturado. El NAICM es la segunda terminal más grande en construcción a nivel mundial y cuadruplicaría la operación aérea para dar servicio a 120 millones de pasajeros al año.

Décadas de resistencia

Al ver tirar las casas de sus vecinos, Nieves Rodríguez Hernández sintió mucha tristeza y pensó que no hubiera permitido a las maquinas tirar los muros de su hogar como si fueran castillos de naipes.

Ella decidió quedarse en su casa a pesar de que la autopista Teotihuacán-Texcoco, una obra complementaria al NAICM, debería de pasar justo por encima. Decidió quedarse con sus cultivos de verdolaga y nopal, vendiendo frascos de conservas preparada con los duraznos de sus arboles, aunque la autopista ya rodea su casa. Está por delante y por atrás: dos tiras de concreto cortadas en el medio por su casa.

Junto a los demás pobladores de San Salvador Atenco llevan 17 años en resistencia en contra de la obra. Ya en 2001, el Gobierno mexicano tenía pensado construir en el Valle de México el nuevo aeropuerto internacional. Una ciudad que parece infinita y que, sin embargo, termina justo allí, donde empieza el vaso del ex lago de Texcoco, una zona de uso rural ubicada en los municipios de Atenco y Texcoco.

Mujeres de Atenco se manifiestan en contra del NAICM (septiembre de 2014). Foto: Orsetta Bellani

En 2002, la resistencia de los pobladores reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) logró la congelación del megaproyecto. La represión llegó con cuatro años de retraso. En 2006, el desalojo de unos vendedores de flores del mercado municipal provocó un enfrentamiento y la entrada en Atenco de unos tres mil policías estatales y federales. Fue uno de los mayores crímenes cometidos por el Estado mexicano: 202 victimas del operativo han sido sometidas a un trato «cruel, inhumano y degradante» y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la Policía. Once de ellas llevaron al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y se espera una sentencia en los próximos meses.

Diferentes posturas

La construcción del NAICM ya ha empezado, pero hay tanta inconformidad alrededor de la obra que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido en julio y tomará posesión el 1 de diciembre, ha convocado una consulta pública para decidir sobre su futuro. Su lanzamiento se hizo a pesar de que sólo el aún mandatario Peña Nieto puede hacerlo y de que para que ésta tenga carácter vinculante tiene que ser orga- nizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien se niega a hacerlo en lo que resta de 2018. Sin embargo, López Obrador aseguró que la consulta se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de octubre.

La población será llamada a decidir si continuar con la construcción del NAICM, ampliar la base aérea militar de Santa Lucía o modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el que ya existe en Toluca, inversión que se realizará a pesar del resultado de la consulta.

La posición de López Obrador sobre la construcción del NAICM cambió varias veces durante los meses anteriores a las elecciones: «Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco», aseguró en abril.

«Texcoco es la mejor opción para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto», afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y algunos expertos aseguran que es un riesgo para la seguridad nacional utilizar la base militar de Santa Lucía como terminal para vuelos civiles.

Por su parte, el FPDT y la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto organizan campañas en redes y foros públicos donde reconocidos expertos hablan de las afectaciones que conlleva la construcción del NAICM. «El Gobierno tiene sus especialistas, nosotros también», afirmó Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. «No es una lucha sólo de los pueblos de la Cuenca de México sino de todos los mexicanos», subrayó. De acuerdo con los opositores al NAICM, la consulta debería de ser cancelada así como la obra.

Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. Foto: Orsetta Bellani

El cerro Huatepec afloró del gran lago de Texcoco hace 40.000 años. Aquí llegaron los aztecas a finales del siglo XIII y encontraron la señal que su deidad les había indicado: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Decidieron asentarse y fundar Tenochtitlán, la capital de su imperio.

El montículo de piedras que se encuentra en la cumbre del cerro Huatepec es llamado Silla de Nezahualcóyotl, el hombre que fue rey de Texcoco en el siglo XV. Desde allí se puede apreciar todo el antiguo lago, un área de 14.500 hectáreas que estuvo cubierta por agua y bosques.

Hoy en día, la cuna de la civilización azteca fue en gran parte «comida» por el crecimiento incontrolado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, un área formada por la capital y 60 municipios donde viven más de 22 millones de personas. En la cuenca aún queda una zona verde donde se encuentran 11 ríos y 6 lagos, y es justo allí donde se está edificando el NAICM. A su lado se construirá también la Aerotrópolis, un complejo urbano de lujo que, según sus detractores, pondrá en riesgo el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que de por sí sufre de este problema.

Algunos expertos están a favor de la obra. Entre ellos el Colegio de Ingenieros Geólo- gos, que sin embargo concluye que no es posible «garantizar la sustentabilidad del funcionamiento de la terminal aérea» por riesgos como «inundación, colapso, hundimiento diferencial, agrietamiento, deslizamiento, alta concentración de biogás».

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, el NAICM alterará el milenario paisaje de la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde existe uno de los más importantes sitios arqueológicos del país. La plataforma afirma también que desde diciembre de 2017 se está secando deliberadamente el lago Nabor Carrillo, para que las 150.000 aves acuáticas que allí encuentran refugio desaparezcan y no choquen con los aviones. La acusación es rechazada por la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Algunos investigadores señalaron también irregularidades y falta de transparencia en el sistema de contratación de empresas por parte del Gobierno. «De 292 contratos sólo 30 fueron otorgados por medio de un concurso público», afirma María Julieta Lamberti, de la organización Proyecto Poder. «El 90% fue otorgado por adjudicación directa e invitación restringida», sostiene.

La persona que más se benefició de estos contratos es el empresario mexicano Carlos Salim Helú, uno de los hombres más ricos del planeta. A través de INBURSA, Slim financia también gran parte del préstamo inicial para la construcción del NAICM, dinero privado que se consiguió vía emisión de bonos de deuda pública. De esta forma, a pesar de que, según la versión oficial, sólo el 36% de los gastos se cubrirán con dinero público, la obra en realidad se pagará en su totalidad con impuestos. Y su costo desde 2014 ya escaló un 68%.

Artículo publicado en El Gara el 23.10.2018.

Ayotzinapa en Atenco

Orsetta Bellani, Programa de las Américas (Foto: O.B.)

Julio César López Patolzin fue desaparecido por la Policía Municipal de Iguala (Guerrero) el pasado 26 de setiembre, junto con otros 42 estudiantes de la escuela normal rural del pueblo de Ayotzinapa. Sus compañeros hablan de él como de un chico “buena onda” y siempre agradable, calladito y que se junta “nomás con unos pocos con los que se lleva”. Continue reading…

México: gobierno reflota proyecto de aeropuerto

Orsetta Bellani, Noticias Aliadas (Foto: O.B.)

Desde el cerro Huatepec, Ernesto Cruz, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), explica que debajo de la llanura verde se encuentra un acuífero de fundamental importancia para la Ciudad de México, una metrópoli con graves problemas hídricos que podrían aumentar si el área se cubriera de cemento.

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