«Estamos hartos de represión, de falta de salud, de educación…»

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Cuando era niño, Héctor Carabalí Charrupí buscaba entrar en las reuniones de los adultos de su comunidad en el Municipio de Buenos Aires, a orillas del río Timba, en el Departamento del Cauca. Con el tiempo fue líder juvenil, maestro y fundó la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (CONAFRO), que es parte del movimiento Marcha Patriótica, y la asociación de víctimas Renacer Siglo XXI.

Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

Policía Nacional de Colombia durante una marcha en 2015 en Bogotá. Foto: Orsetta Bellani

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto?

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos.

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Icononzo, Departamento de Tolima, donde viven unos centenares de ex combatientes de las Farc. Foto: Orsetta Bellani

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

Resistir dentro de la resistencia

Orsetta Bellani, editorial Descontrol y Pikara Magazine (Foto: O.B.)

La eterna postergación de las demandas de las mujeres en nombre de las
urgencias del movimiento.
Francesca Gargallo

El sol aún no ilumina la comunidad cuando Fabiana me despierta, como cada mañana, a las cuatro y media. Soñolienta, descuelgo las piernas de la cama sin colchón y me protejo de la penetrante humedad lacandona.

Fabiana tiene 23 años, es maya tzotzil y base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como casi todas las mujeres indígenas trabaja en casa todo el día, todos los días, con su hijo de dos años siempre colgado a la espalda, envuelto en un chal de colores.

En la cocina, una construcción de madera con suelo de tierra batida, nos espera una olla repleta de maíz en grano hervido. Lo echamos en un molinillo y giramos esforzadamente la manivela, hasta que sale una harina suficientemente fina para confeccionar una gran hogaza amarilla, con la que preparamos las tortillas, esas tortitas de maíz que son la base de la alimentación.

El marido, que regresa del campo hacia el mediodía, ayuda a Fabiana en algunas tareas tradicionalmente consideradas “de mujeres” –como desgranar el maíz o desplumar los pollos– y, a menudo, juega con los niños mientras ella cocina. No es una imagen corriente en las comunidades indígenas mexicanas, donde la división del trabajo es muy rígida dentro de la familia.

“Nací en el pueblo de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas. Cuando tenía diez años, mi familia entró en la organización. Pero en la zona de Oventic, donde vivíamos, no había tierra que repartir”, me cuenta, mientras coloca los leños sobre la repisa que hace las veces de cocina. Una gallina se pasea por la habitación, en busca de las migajas caídas al suelo. Fabiana enciende el fuego para poner agua a calentar y, al poco, la cocina se llena de humo. “Fuimos a hablar con la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha, que nos dio un terreno en esta comunidad –relata–. Aquí conocí a mi marido, estamos contentos con nuestros dos hijos y hemos decidido no tener más”.

Foto: Orsetta Bellani

La posibilidad de planificar la maternidad es uno de los derechos establecidos por la Ley Revolucionaria de Mujeres, que las zapatistas aprobaron en marzo de 1993, antes de la insurrección armada. La ley está vigente en los territorios autónomos zapatistas y prevé el derecho de las mujeres a un salario digno, a la salud y la educación, a ocupar cargos políticos y militares, a no ser víctimas de maltrato y a elegir libremente su pareja. La comandanta Susana, que viajó de comunidad en comunidad durante el proceso de elaboración de la ley, explica los cambios que ha comportado: “Que estén libres, que lo piensen ellas, que sean libres, muy libres. Que puedan hacer lo que pidan, lo que quieran hacer. Que va a ir allá o que quiere estudiar algo y sí puede. Antes no se podía para nada, ni ir a la escuela ni nada. Yo hasta ahorita no sé leer ni escribir, porque mi papá no me dejaba ir a la escuela, pensaba que es malo, no le gustaba. Ya cambió mucho, ahorita ya toda mi familia, todas sus hijas van a la escuela, ya estudian, es muy diferente que antes”, recoge Guiomar Rovira en Mujeres de maíz: la voz de las indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista.

Las zapatistas han propuesto además otros 33 puntos, que van desde la paridad de derechos entre los géneros –por ejemplo, la posibilidad de viajar fuera de la comunidad o de poseer tierras– hasta el derecho a que se haga efectivo el castigo a sus agresores. También han prohibido la venta y el consumo de alcohol en los territorios autónomos, puesto que se consideran causas principales de la violencia intrafamiliar.

Los malos tratos dentro de las familias no han desaparecido desde que se instauró la prohibición, pero han disminuido sensiblemente, y ahora las mujeres son más propensas a denunciar la violencia, que se castiga con cárcel.

“Nos sentimos bien porque ya tenemos ese valor, ya tenemos esa idea que podemos decir que ya basta”, explica una mujer del Caracol de la Realidad. Tal vez los jóvenes, que ahora crecen en un clima familiar no violento, tendrán menos inclinación a serlo en el futuro con su mujer y sus hijos.

Mujer, indígena y pobre

Para las indígenas de Chiapas, la Ley Revolucionaria de Mujeres representa una auténtica revolución. “Históricamente, la condición de la población indígena en Chiapas ha sido de exclusión. Las mujeres han sufrido una triple opresión, por ser mujeres, indígenas y pobres –explica Guadalupe Cárdenas Zitle, del Colectivo Feminista Mercedes Oliveira (COFEMO)–. Su participación política siempre se ha invisibilizado, pero con la Ley Revolucionaria de Mujeres la situación ha cambiado. Ahora las mujeres van a las manifestaciones, toman el micrófono para hablar y ocupan cargos políticos. Se ha producido un gran cambio de sensibilidad en Chiapas, incluso más allá del movimiento zapatista. Los hombres han empezado a valorar a las mujeres, por lo menos a nivel de discurso; ahora no es políticamente correcto excluirlas de la participación”.

Milicianas zapatistas. Foto: Orsetta Bellani

En las comunidades autónomas hay hombres que afirman defender los derechos de las mujeres, pero luego impiden que sus propias esposas contribuyan a la vida política de la organización. En cualquier caso, con sus prácticas cotidianas de resistencia y transformación, las zapatistas han logrado que el discurso hegemónico entre en crisis y han llevado a las asambleas los problemas derivados de las desigualdades de género, que hasta entonces no se concebían como tales, sino que se consideraban inevitables y parte de la vida[recoge Violeta Zylbergberg Panebianco enDissident Women. Gender and Cultural Politics in Chiapas].

Antes de la llegada de los conquistadores europeos, en las comunidades indígenas no había paridad de género. Según la feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabnal, existe un patriarcado ancestral originario, desarrollado sobre la base de principios y valores cosmogónicos, que luego se fusionó con el patriarcado occidental importado de España y formó lo que se ha denominado «entronque patriarcal». Esto es, el machismo actual. [El feminismo comunitario nació en comunidades indígenas de Bolivia y Guatemala, y luego se difundió a otras regiones. Se opone a la cultura dual, patriarcal y jerárquica impuesta por la colonización. En primer lugar aspira a crear las condiciones de una vida buena de las mujeres dentro de la propia comunidad, para luego abrirse hacia el exterior].

De todas formas, en general, durante el período precolombino los pueblos indígenas respetaban a la mujer como creadora de vida. Incluso llegó a haber mujeres en la cúspide del poder religioso y político, como la reina maya chol Zac-Huk, que en el año 650 a.C. fundó la dinastía de Palenque (Chiapas), cuenta Raúl Zibechi en Il paradosso zapatista.

Según Silvia Federici, la caza de brujas fue una estrategia de los colonos españoles para quebrar ese antiguo orden político-social, sembrar el terror entre la población y destruir la resistencia colectiva. La corona española recalcaba la necesidad de convertir a los indígenas para encubrir el auténtico propósito de la conquista: el saqueo de los recursos naturales americanos. Para lograrlo, construyó una máquina propagandística que denigraba a las poblaciones americanas, describiéndolas como adoradoras del diablo, sodomitas y caníbales.

Las principales víctimas de la violencia colonial eran mujeres, porque representaban el mayor obstáculo a la expansión de la nueva estructura de poder: muchas de ellas se negaban a ir a misa o a bautizar a sus hijos, y se oponían a cualquier tipo de colaboración con las autoridades coloniales y los sacerdotes.

Cuando en 1524 los españoles lanzaron una campaña para someter a los chiapanecos, una sacerdotisa dirigió las tropas rebeldes. Y, 60 años más tarde, durante un viaje a Chiapas, el obispo Pedro de Feria supo que muchos jefes indígenas seguían practicando los antiguos ritos, guiados por mujeres.

En su lucha antipatriarcal, las zapatistas tratan de superar el concepto de dualidad sexual. “Es una idea de los colonizadores y es portadora de una cultura jerárquica: se impone un sistema de género binario, o eres hombre o eres mujer, y si eres mujer debes ocuparte de determinadas cosas. El régimen colonial estableció qué es femenino y qué es masculino –explica la escritora Francesca Gargallo, que ve en el feminismo una pieza fundamental en la construcción del buen vivir–. Cuando la búsqueda de una vida buena parte de la reflexión entre mujeres, creo que se puede hablar de feminismo, aunque muchas no utilicen esta palabra. Para mí es una forma de traducir un concepto mucho más complejo y, como todas las traducciones, es reductiva”.

Foto: Orsetta Bellani

Pero el feminismo académico occidental, que a menudo considera universales y necesarias las ideas surgidas de una única región ideológica del planeta8, es criticado por las zapatistas. “Hay mujeres de las ciudades que nos desprecian porque no sabemos de la lucha de las mujeres, porque no hemos leído libros donde las feministas explican cómo debe ser», afirmaba la insurgente Erika durante el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan.

Un encuentro internacional de mujeres que luchan

Lucía lleva puesto un traje maya tzeltal, un pasamontañas y un sombrero envuelto en un paliacate. Lleva un walkie-talkie en la cintura y de vez en cuando interrumpe la conversación, responde y se disculpa ante las presentes.

Nos cuenta de la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas y del funcionamiento de los sistemas autónomos de salud, educación y justicia. Habla también de la alianza del EZLN con los otros pueblos indígenas que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), y de su encuentro con el Movimiento de Mujeres del Kurdistán.

“Nunca en mi vida, desde que nací en la selva, nunca había conocido a personas como las que se han reunido aquí. Casi pensaba que sólo existíamos nosotras”, afirma Lucía con una sonrisa.

Una trenza asoma del pasamontañas de la miliciana que hace la ronda dentro de la sala, y desde fuera nos llega el ruido del silbato que pone orden en un partido de voleibol. Estamos en el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, organizado por las zapatistas en marzo de 2018, en el Caracol de Morelia. Tres días de torneos deportivos, teatro, proyección de documentales, conciertos de grupos provenientes de varios países del mundo y de bandas zapatistas; talleres y debates sobre salud, educación, lesbianismo, violencia de género y violencia de Estado, en un país donde el machismo mata a siete mujeres cada día.

Participan más de 5.000 personas procedentes de los cinco continentes: mujeres indígenas, afro, blancas y mestizas. Sin lugar a dudas, es el evento más exitoso de los organizados en los últimos años en territorio zapatista.

“Entonces pensamos de hacer este encuentro y de invitar a todas las mujeres que luchan […]. Sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, lenguas, culturas, profesiones, pensamientos y formas de lucha. Pero decimos que somos mujeres y además que somos mujeres que luchan. Entonces somos diferentes pero somos iguales […]. [También] nos hace iguales la violencia y la muerte que nos hacen – afirmaba la insurgenta Erika durante la inauguración del evento, mientras las tiendas de campaña de las participantes iban cubriendo poco a poco las laderas de la montaña, ocupando cada rincón del Caracol de Morelia–. [El] trabajo del sistema capitalista patriarcal es mantenernos sometidas. Si queremos ser libres tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas como mujeres que somos”.

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Los hombres no han sido invitados al encuentro y se quedan en los márgenes del Caracol, cocinando y limpiando. Por cada mujer zapatista que participa –más de 2.000– un marido se queda en la comunidad ocupándose de los hijos y de la casa. Eso no significa que las mujeres quieran excluir a los hombres de su camino de lucha, al contrario les parece importante implicarlos, como explica Yolanda del Caracol de Oventic: “Es como una construcción de humanidad lo que se quiere, es lo que estamos tratando de cambiar, otro mundo es lo que se quiere. Es la lucha de todo lo que estamos haciendo, hombres y mujeres, porque no es una lucha de mujeres ni es una lucha de hombres. Cuando se quiere hablar de una revolución es que van juntos, va para todos entre hombres y mujeres, así se hace la lucha”.

En el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, las zapatistas han decidido crear un espacio exclusivamente femenino, pero no para apartarse permanentemente de los hombres, sino porque saben que, en su ausencia, las mujeres se sienten más seguras para intervenir en los debates, no tienen tanto miedo a ser juzgadas y bailan con más libertad.

“Pienso que es importante que existan espacios solo de mujeres, porque en los espacios mixtos los hombres dirigen y se apoderan del espacio y de la palabra – afirma la académica afrodominicana Ochy Curiel, integrante del grupo colombiano Tremenda Revoltosa Batucada Feminista–. Sin embargo, creo que los hombres deben ser antipatriarcales. Tienen privilegios, pero si ellos mismos los cuestionan pueden ser feministas, o mejor dicho, deberían serlo –añade Curiel–. El feminismo es una propuesta para el mundo, de transformación de las relaciones de desigualdad y explotación, de discriminación y racismo”.

Un poco más allá, una zapatista se acerca a una niña indígena nasa colombiana. Se quita el pasamontañas y se lo pone a la chiquilla, que parece que se hubiera caído dentro.

“Tienes que quedarte aquí, a luchar con nosotras”, le dice.

“No, yo me voy a luchar a mi casa”.

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Un camino lleno de obstáculos

Teresa vive en el mismo pueblo que Fabiana. Tiene 15 años y al caer la tarde, antes de ir a ver a los chicos jugar en la plazoleta, se sienta con su prima frente a la tienda de comestibles de la cooperativa de mujeres.

Las zapatistas han creado numerosas cooperativas, convencidas como están de la importancia de independizarse económicamente de sus maridos. La más conocida es la Sociedad Cooperativa Artesanal de Mujeres por la Dignidad, que tiene su sede en el Caracol de Oventic y gestiona una tienda en San Cristóbal de Las Casas. Fundada en 1997, cuenta con el trabajo de alrededor de 150 mujeres, que producen artesanalmente tejidos con fibras naturales, trabajan colectivamente y administran su actividad económica sin necesidad de intermediarios.

Teresa explica que ha ejercido tres veces de votana [figura mitológica precolombina, una especie de guía fundadora del pueblo maya, de la que ya se habla en antiguas crónicas de los conquistadores] en la Escuelita Zapatista, la iniciativa organizada por el EZLN para dar a conocer las comunidades autónomas a gente de todo el mundo. Durante la Escuelita, cada participante tiene la oportunidad de convivir durante una semana con una familia zapatista, acompañado de un votán, que es su base de apoyo, la persona a la que puede recurrir en todo momento ante cualquier eventualidad.

Pese a su juventud, Teresa está muy implicada en la organización. Ser zapatista no es una simple afiliación política; es una identidad que impregna todos los aspectos de la vida, creada y recreada a lo largo de 30 años de lucha, y que los jóvenes asumen con la mayor naturalidad, escribe Zibechi: se es humano e, inmediatamente después, zapatista.

Teresa es hija de una pareja de braceros-siervos liberados por la insurrección zapatista y ha crecido escuchando historias sobre trabajo esclavo, hambre y falta de escolarización. A ella, nacida en una comunidad autónoma zapatista, no le han faltado ni escuela ni comida, y está orgullosa de su hermana, que estudia para ser promotora de salud, como llaman a los médicos zapatistas. Hasta hace pocos decenios, ni siquiera podía concebirse que una mujer ejerciese una función tan importante para la colectividad.

La participación activa de las mujeres en la organización ha tenido altibajos. En la época de la insurrección, el 30 por ciento de los combatientes del EZLN eran mujeres, como la mayor Ana María, que dirigió el batallón que el primero de enero de 1994 ocupó San Cristóbal de Las Casas. El desaparecido subcomandante Marcos afirma que el ejemplo dado por las guerrilleras en aquellos momentos abrió espacios que las leyes zapatistas no habían podido liberar: “Las que pelearon mejor en Ocosingo [en la batalla del 1 de enero de 1994] fueron las mujeres oficiales, ellas sacaron a la gente herida del cerco. Algunas traen todavía pedazos de esquirlas dentro del cuerpo. Sacaron a la gente, la sacaron viva. Ahí se acabó el problema de si las mujeres pueden mandar o no pueden mandar dentro de la tropa regular”.

Después de eso, las zapatistas volvieron a dedicarse sobre todo a la vida doméstica, contribuyendo de ese modo a la organización, pero encerradas en los roles tradicionalmente asignados.

Aunque todavía minoritaria, la presencia de mujeres en las Juntas de Buen Gobierno ha ido en aumento en los últimos años. Algunas comunidades incluso establecen una cuota para su participación como autoridades políticas. Hay mujeres educadoras o que trabajan en los medios de información del EZLN, y también están las funciones que la asamblea de la comunidad –el órgano que establece los cargos– asigna habitualmente a mujeres, como el de partera (comadrona), huesera (masajista) o yerbera (herborista). Se trata de cometidos que ya en la época precolonial y hasta los siglos XVI y XVII eran casi exclusivamente femeninos19.

Para estas mujeres es muy importante saber que gozan de la confianza de la comunidad y que contribuyen al crecimiento de la organización. Muy a menudo, para estudiar, tienen que trasladarse durante una temporada al Caracol, donde pueden socializar, hacer amistades y salir de la experiencia más conscientes y seguras de sí mismas.

Ciertamente, el proceso de emancipación de las mujeres zapatistas no está exento de obstáculos. Si deciden no dedicarse a tiempo completo a las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, pueden tener problemas con la familia. Ana fue escogida por la comunidad para formarse como yerbera y contaba con el apoyo de su marido, exguerrillero del EZLN; pero cuando la suegra empezó a insinuar que iba al curso de formación para conocer a otros hombres, el marido le prohibió dedicarse a la medicina. Finalmente, la joven decidió acudir a la asamblea comunitaria, que convenció al marido para que le pidiera disculpas, cuenta Melissa M. Forbis.

Prácticas profundamente enraizadas

Entre las masas de selva tropical que se extienden frente a la aldea se encuentra el Caracol de la Garrucha y, un poco más allá, la ciudad de Ocosingo. Teresa dice que le gusta visitar la ciudad, ver toda la gente por las calles, las luces y las tiendas, pero no sabe si le gustaría ir a vivir allí. Y que quizá algún día quiera tener marido e hijos, pero todavía es joven.

A propósito de un chico que pasa, Teresa comenta que hace poco lo dejó con su novia y ahora está con otra chica, no zapatista, que al parecer quiere entrar en la organización. Si no lo hace él tendrá que salir, porque así lo establece el reglamento. Teresa dice que en las comunidades en resistencia las parejas se eligen, mientras que antes de 1994 el hombre elegía a la novia y luego negociaba con la familia de la chica el pago de la dote.

En el pueblo no zapatista de San Juan Chamula, en Chiapas, las mujeres se casan siendo niñas. El 12 de marzo de 2015, una muchacha de 14 años abandonó a su marido después de tres años de maltratos. Un juez ordenó el arresto de la adolescente y la condenó a pagar una multa de 27.400 pesos (unos 1.500 euros). La chiquilla, a la que habían comprado por 15.000 pesos (alrededor de 850 euros), denunció haber pasado un día y una noche en la cárcel municipal, sin comida ni mantas, entre basura y excrementos humanos. Según UNICEF, en el mundo hay cerca de 700 millones de niñas esposas.

La ley zapatista no permite sentencias de este tipo, tan abiertamente lesivas para la dignidad humana; pero tampoco se debe pensar que ha sido capaz de cambiar, a golpe de decreto, un conjunto de prácticas profundamente arraigadas en la cultura y las conciencias. En los cuadernos sobre participación política de las mujeres que se distribuyeron a los alumnos de las Escuelitas, las zapatistas hablan de los muchos progresos realizados dentro de las comunidades en los últimos 20 años, pero también de que aún no es posible hablar de paridad entre los géneros.

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

En sus textos, las zapatistas cuentan que la dificultad para aceptar la participación política femenina no es solo cosa de los hombres, sino también de las mujeres, a causa de la formación recibida. Hablan de la vergüenza a exponerse, del miedo a hablar en público durante las asambleas por temor a equivocarse, de la angustia que les produce que vayan a reírse de ellas o las juzguen. Es emocionante leer estas páginas en las que, sin pelos en la lengua, se critican a sí mismas y a sus compañeras, a los maridos y a su cultura.

“En una ocasión en que varias guerrilleras se quedaron embarazadas, la Comandancia zapatista les ordenó abortar, con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales. De haber querido continuar con el embarazo se habrían tenido que convertir en amas de casa, mientras que no hubo ninguna consecuencia para los hombres que las dejaron embarazadas –explica Guadalupe Cárdenas Zitle, del COFEMO, que trabajó en territorio zapatista hasta el año 2000–. De todos modos, creo que las zapatistas están aprendiendo a resistir dentro de la resistencia, son clandestinas entre los clandestinos. No están de acuerdo con muchas cosas de la organización y de su cultura y las están cambiando. Es un proceso lento, pero se están haciendo cargo de los cambios que necesitan”.

Este texto es un capitulo del libro Indios sin Rey, editado por Descontrol: http://descontrol.cat/portfolio/indios-sin-rey/

Ha sido publicado también por Pikara Magazine: https://www.pikaramagazine.com/2020/12/resistir-dentro-de-la-resistencia/

Caminar más para pacificar a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Una autopista que parte en dos un bosque de pinos. Unas 600 personas que marchan durante más de 80 km, desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, con la esperanza de ser recibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad: deportivas y mochilas, sombreros de paja para cuando el sol está alto y chaquetas para cuando baja detrás del monte. Ruidos de pasos en el concreto y algunas consignas.

“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, claman los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación de personas que se reconocen como víctimas – o supervivientes – de la militarización que el gobierno mexicano desplegó a finales de 2006 para, supuestamente, combatir a la criminalidad organizada, y que causó más de 280 mil muertos, unos 61 mil desaparecidos y entre 1 y 8 millones desplazados internos.

Una crisis humanitaria que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) visibilizó ya en 2011. Las movilizaciones fueron entonces convocadas por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo Juan, y el pequeño grupo que se congregó a su alrededor fue poco a poco creciendo, hasta convocar una marcha – en 2011 – de Cuernavaca a la Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Miles de personas se sumaron en el camino. Luego se organizaron una caravana que atravesó el centro y el norte del país hasta Ciudad Juárez – entonces “capital de los feminicidios” -, una rumbo al sur y una que recorrió 27 ciudades de los Estados Unidos para visibilizar la violencia que se vive en México y exigir un alto a la exportación de armas.

Foto: Orsetta Bellani

«En algo andaban»

Por primera vez se logró articular a los colectivos que desde hace tiempo denunciaban la masacre mexicana: las victimas de la violencia y sus historias recorrían juntas las calles y aparecían en los medios. Se fue desmoronando la versión del gobierno de que los asesinatos y las desapariciones ocurrían a personas que “en algo andaban”, y que sólo se registraban algunos “daños colaterales”.

Magdalena Puente González no participó en las movilizaciones de 2011, pero esta vez viajó más de mil kilómetros para sumarse, pues hace 5 meses asesinaron a su hijo. “Me uno a la marcha para pedir justicia para todas las personas que hemos perdido a un hijo, que es lo más fuerte que te puede pasar en la vida”, afirma la mujer del Estado de Coahuila, mientras algunos coches pitan para dar ánimo a los caminantes que, paso a paso, suben por la empinada autopista Cuernavaca-Ciudad de México.

“El logro principal de las movilizaciones del MPJD de 2011 no es un botín político, sino el hecho de que los caminantes adquirieron capacitad organizativa, pasaron de ser victimas al ser personas que exigen. Se crearon colectivos en todo el país conformados por personas que no piden sólo la resolución de los casos de sus seres queridos sino el esclarecimiento de todos los demás”, enfatiza Norma Garduño, integrante del MPJD, que sostiene el cordón que rodea la Caminata por la Paz. Como muchos de sus compañeros, Garduño es al mismo tiempo superviviente y militante. Por su lucha en contra de la empresa canadiense Esperanza Silver fue secuestrada con tres de sus hijas, y luego se tuvo que desplazar a otra región del país con toda su familia. Hoy, como siempre, su familia la acompaña en la marcha: su marido, sus hijas adolescentes y su bebé de tres años, que lleva una camiseta que dice “no a la minería”.

Foto: Orsetta Bellani

Son muchos los niños que participan en la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad. Hay niños indígenas nahua procedentes de Chilapa, en el Estado de Guerrero, uno de los municipios del país más afectados por la violencia. Hay otros de origen estadounidense que pertenecen a la comunidad mormona LeBarón, asentada en Chihuahua. En noviembre pasado, la familia LeBarón ha sido emboscada por un grupo armado que asesinó 3 mujeres y 6 niños, dos de ellos bebés, de la misma familia.

Fue a raíz de esta masacre que, a 9 años de las caravanas de 2011, Julián LeBaron y Javier Sicilia decidieron convocar una nueva movilización, desde el 23 hasta el 26 de enero de 2020, que ha empezado en Cuernavaca y ha concluido frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. Una movilización cuyo objetivo ha sido visibilizar la violencia y sobre todo recordar al Gobierno algunos compromisos que tomó sobre la implementación de mecanismos de justicia transicionales, que puedan ayudar el Estado a empezar un proceso de transición hacia un periodo de “post-violencia”, como la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación extraordinario para las víctimas de la violencia.

Principal arma, el diálogo

“Ante el colapso de las instituciones ordinarias, hace varios años se empezaron a trabajar unos mecanismos extraordinarios que se podrían implementar para encontrar verdad y justicia. Se abrió una ventana de oportunidad con este gobierno que empezó a hablar de este tema durante la campaña electoral”, explica Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional y justicia transicional.

Dayán participó en las mesas que, hace más de un año, el recién electo gobierno de López Obrador abrió con algunas organizaciones de la sociedad civil para crear una propuesta de justicia transicional. Un compromiso que ha sido olvidado por López Obrador y que los manifestantes piden se retome.

Foto: Orsetta Bellani

Julián LeBarón ha sido una de las cabezas más visible de las movilizaciones de 2011, pero luego rompió con Javier Sicilia. Lo criticó por su excesiva disposición al dialogo con el ex presidente Felipe Calderón, a quien llegó a estrechar la mano frente a las camaras. LeBarón pensaba que era necesario dedicarse más a la movilización en las calles, Sicilia estaba convencido de que dialogo y movilización pudieran caminar en paralelo. El domingo, pese a tener posiciones distintas, volvieron a marchar juntos.

“El MPJD nunca se planteó ser un movimiento radical, nunca pensamos destituir al gobierno como tal y reconocemos al Estado y las obligaciones que tiene”, aclara Norma Garduño. “Muchas de nuestras consideraciones están basadas en los principios gandhianos y la principal arma de la no violencia es el dialogo”.

La disposición al dialogo de Sicilia con el gobierno derechista de Calderón causó muchas criticas adentro del MPJD, y más incomodidad fue causada por el verticalismo y el personalismo del movimiento. Las divisiones de entonces se reflejan en las ausencias de hoy.

Foto: Orsetta Bellani

Algunos colectivos de victimas han decidido no participar en la Caminata por la Paz a pesar de compartir sus demandas, han destacado la presencia de personas cercanas a partidos derechistas y han afirmado que el objetivo de algunos marchantes no era “necesariamente hacer justicia y apoyar a las victimas, sino encontrar la oportunidad de ir en pos de sus propios intereses”. Además, han criticado la decisión de LeBarón de contratar como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del Estado de Sonora, quien hubiera encubierto a los asesinos del activista Nepomuceno Moreno, muerto por buscar su hijo desaparecido Jorge Mario.

En todo caso, el domingo fueron miles las personas llegadas de todo el país para acompañar en silencio a la Caminata por la Paz hasta el Palacio Nacional. Hay opiniones distintas entre los manifestantes sobre López Obrador: algunos afirman haber votado por él y sentirse decepcionados, otros dicen que nunca lo han apoyado, otros no quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, sino exigirle retomar la agenda de víctimas y las medidas para la pacificación del país que prometió.

Artículo publicado en El Gara el 28.01.2020

Las mujeres en lucha del mundo se encuentran en territorio zapatista

Orsetta Bellani, Pikara Magazine (Foto: O.B.)

Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo participan en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas, para hablar de violencias y unir fuerzas.

La niña en el medio de la cancha se llama Esperanza, lleva un pasamontañas y abraza un osito de peluche. Las milicianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchan golpeando sus toletes al ritmo de una cumbia, hasta formar un caracol gigante alrededor de Esperanza. La protegen.

Estamos en la inauguración del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres del EZLN entre el 26 y el 29 de diciembre de 2019 en el Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo acudieron a este espacio construido con casas de tablas de maderas pintadas con murales, rodeado por las montañas de bosques del Estado de Chiapas, en el sur de México.

Las milicianas zapatistas llevan uniformes y gorras verdes o café, traen el rostro cubierto por pasamontañas y paliacates rojos al cuello. Algunas cargan arcos y flechas.

– “¡Apunten!”, ordena una comandanta a las arqueras.

– “¡Descansen!”.

Las zapatistas no disparan. Ya dispararon en 1994, cuando se levantaron en armas para recuperar y redistribuir a los pueblos indígenas las tierras que ancestralmente les pertenecían; para impulsar sus sistemas autónomos de justicia, de educación y de salud en las regiones más aisladas de Chiapas, donde nunca habían llegado abogados, doctores y maestros. El EZLN jamás entregó sus armas, pero pronto decidió que la parte civil de su organización prevaleciera sobre la militar y se dedicó a la construcción de “otro mundo”. Un mundo donde sí se dan episodios de violencias en contra de las mujeres – sancionados por las autoridades autónomas zapatistas – pero ninguna de ellas es desaparecida y asesinada. Esto en un país, México, donde se registran 10 feminicidios cada día.

Entrada del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Foto: Orsetta Bellani

Las milicianas zapatistas no disparan sus flechas, pero les dicen a las mujeres presentes que vale defenderse cuando te están matando. “Hermana y compañera: tenemos que defendernos y sobre todo que defendernos organizadas. Y tenemos que empezar ya, y más si una mujer es niñita apenas. La tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos. Y si no tenemos nada, pues con palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues con nuestro cuerpo. Con uñas y dientes hay que proteger y defender”, afirma la Comandanta Amanda desde el escenario. “Nos siguen asesinando y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan que estemos bien portadas. Si las mujeres protestan y rayan sus piedras de arriba, rompen sus vidrios de arriba, le gritan sus verdades a los de arriba, entonces sí gran bulla. Pero si nos desaparecen, si nos asesinan, entonces no más ponen otro número: una victima más, una mujer menos”.

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Un micrófono abierto en territorio rebelde. Unas zapatistas con sus pasamontañas preparan la lista de quienes quieren compartir su palabra, las invitan a hablar, las escuchan. El tema del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan es la violencia contra las mujeres. Hoy es el primer día y el espacio está abierto para las denuncias.

Ximena agarra el micrófono. Frente a ella, sentadas en el escenario del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, las demás mujeres tienen los ojos enrojados por las historias que ya escucharon.

La voz de Ximena tiembla, dice que nunca lo ha hablado en público. Cuenta de haber sido abusada a los cinco años por un hombre anciano que vivía en su casa. Llora.

– “No estás sola compañera”, grita una desde el público.

– “Yo te creo”, añade otra.

Se escucha el respiro de Ximena en el micrófono. Retoma la palabra, cuenta que años después descubrió que el mismo hombre abusaba también de sus tías. Que cuando se le contó a su papá, éste lo mandó a matar.

Las participantes del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan se pasan el micrófono para contar sus historias de violencias, todas parecidas a pesar de las distancias que las separan. Algunas cuentan haber sido abusadas por compañeros de lucha que se dicen feministas, otras relatan de abusos familiares que ocurren generación tras generación, de mujeres violadas que enseñaron a sus hijas que hay que callarse y no denunciar. Cuentan historias de impunidad y de madres convertidas en peritas, expertas de la carpeta de investigación de sus hijas. Mujeres que no sabían de ser feministas antes de que sus hijas fueran desaparecidas o asesinadas.

Una de las asambleas que se llevaron a cabo durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Las mujeres del público se miran entre sí, lloran, se abrazan. Cada dolor que escuchan les recuerda otro vivido en sus propias entrañas. Las mujeres que se reunieron en el Semillero zapatista son un cuerpo colectivo, violado y dolido, que se sana, se organiza y lucha. Están un espacio seguro cuidado por las milicianas del EZLN, donde al atardecer se levanta una neblina que huele a fogón.

Las denuncias no caben en único día, se comen el día siguiente dedicado a las propuestas. Propuestas hay, pero las denuncias desbordan.

“Tú y nosotras sabemos que lo más peligroso ahora en el mundo es ser mujer”, dijo la Comandanta Amanda durante la inauguración del evento. “No importa si es mujer, niña, o jóvena, o adulta, o ya de juicio. No importa si es blanca, amarilla, roja o color de la tierra. No importa si es gorda, delgada, alta, chaparra, bonita o fea. No importa si es de clase baja, o media, o alta. A la hora de la violencia, lo único que importa es ser mujer”.

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Allison llena su vaso de plástico del grifo de uno de los comedores del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona. Tiene 23 años, una camiseta blanca, jeans y un paliacate que le cubre la boca. “¿Qué ha cambiado en el EZLN después del Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan?”, dice tomando un trago de agua. “Que las mujeres estamos más organizadas”.
Para esto las zapatistas convocaron a las mujeres del mundo: para que se lleven un “granito de arena” a sus geografías y se organicen con las demás mujeres que no han podido viajar; para que se conozcan entre ellas, intercambien contactos, estrategias, experiencias; para que aprendan de otras mujeres y de las zapatistas, que sí lograron construir un mundo “otro”. En todo el Semillero zapatista se crean reuniones espontaneas, talleres, espacios de compartir. Allí se habla de crear redes de cuidados, de organizarse para responder al llamado de cualquier mujer que lo necesite.

Milicianas y bases de apoyo zapatistas cocinan durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Unas comandantas del EZLN hablan con un grupito de mujeres en la entrada del Semillero. Recuerdan cuando no se les permitía estudiar, viajar, hacer otra cosa que no fuera cocinar y criar hijos. Cuentan de cómo ha cambiado su vida desde la insurrección armada del EZLN, en 1994. Afirman que tienen mucho que caminar aún, que a menudo las mujeres discuten entre ellas por tonterías, que la igualdad de género en territorio zapatista aún no existe, pero sí se han hecho grandes pasos.

Toma la palabra Gabriela, que viene de la zona zapatista de Oventic. Para ella, la vida digna es que su compañero se encargue de sus hijos e hijas y de la casa mientras participa en eventos como éste. Dice que las zapatistas decidieron organizar el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan porque leen que hay muchas mujeres asesinadas y desaparecidas. “Cuando se muere una mujer en otro Estado o en otro país llegamos a sentirlo, porque tenemos la misma sangre a pesar de tener otros ojos y otra piel”, dice.

Gabriela, que se ha criado en un mundo sin feminicidios, no entiende por qué todavía las mujeres del mundo no se han logrado organizar, como las zapatistas, para acabar con el problema. “Durante el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan prendimos una lucesita y se la dimos, para que se la llevaran a sus geografías y se organizaran”, dice Gabriela. “Pero después de año y medio vimos que en su mundo siempre más mujeres son asesinadas y desaparecidas. Ustedes saben si se están organizando bien o no”.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 8.01.2020: https://www.pikaramagazine.com/2020/01/las-mujeres-lucha-del-mundo-se-encuentran-territorio-zapatista/

Cinco años esperando una respuesta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

No es un día de mucho trafico en la autopista Cuernavaca-Ciudad de México. Los carros desaceleran llegando a la caseta de cobro de Tlapa, una de las puertas de la metrópoli. Allí los espera una imagen inusual: una manta con el rostro de Emiliano Zapata cuelga de la caseta, pidiendo verdad y justicia por Ayotzinapa.

O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”.

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Foto: Orsetta Bellani

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes.

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

El nuevo aeropuerto de México, a consulta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

A Jesús Javier Ramos le dispararon en la cabeza el 28 de setiembre. Sucedió frente a la puerta de su casa de Tlalmanalco, uno de los 40 municipios del Estado de México afectados por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Era ingeniero forestal y pertenecía a la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto. Llevaba meses recibiendo amenazas de muerte por su oposición a la obra y, en particular, a la explotación del Tenayo, un cerro desde donde se envían materiales pétreos para la construcción del NAICM.

Son decenas las familias del Valle de México que viven rodeadas por más 160 minas a cielo abierto que carecen de permisos, donde se explotan tezontle, basalto y materiales pétreos. Las minas contaminan el aire y el agua. Ya son cuatro millones los metros cúbicos de lodos tóxicos que han sido extraídos de la zona de construcción, y las vibraciones hacen vivir a los habitantes de la zona con el temor de que sus casas se derrumben.

Sin embargo, el Gobierno mexicano afirma que el NAICM, cuya construcción fue anunciada en setiembre de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, es una obra ambientalmente sostenible y necesaria, pues el actual aeropuerto Benito Juárez está saturado. El NAICM es la segunda terminal más grande en construcción a nivel mundial y cuadruplicaría la operación aérea para dar servicio a 120 millones de pasajeros al año.

Décadas de resistencia

Al ver tirar las casas de sus vecinos, Nieves Rodríguez Hernández sintió mucha tristeza y pensó que no hubiera permitido a las maquinas tirar los muros de su hogar como si fueran castillos de naipes.

Ella decidió quedarse en su casa a pesar de que la autopista Teotihuacán-Texcoco, una obra complementaria al NAICM, debería de pasar justo por encima. Decidió quedarse con sus cultivos de verdolaga y nopal, vendiendo frascos de conservas preparada con los duraznos de sus arboles, aunque la autopista ya rodea su casa. Está por delante y por atrás: dos tiras de concreto cortadas en el medio por su casa.

Junto a los demás pobladores de San Salvador Atenco llevan 17 años en resistencia en contra de la obra. Ya en 2001, el Gobierno mexicano tenía pensado construir en el Valle de México el nuevo aeropuerto internacional. Una ciudad que parece infinita y que, sin embargo, termina justo allí, donde empieza el vaso del ex lago de Texcoco, una zona de uso rural ubicada en los municipios de Atenco y Texcoco.

Mujeres de Atenco se manifiestan en contra del NAICM (septiembre de 2014). Foto: Orsetta Bellani

En 2002, la resistencia de los pobladores reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) logró la congelación del megaproyecto. La represión llegó con cuatro años de retraso. En 2006, el desalojo de unos vendedores de flores del mercado municipal provocó un enfrentamiento y la entrada en Atenco de unos tres mil policías estatales y federales. Fue uno de los mayores crímenes cometidos por el Estado mexicano: 202 victimas del operativo han sido sometidas a un trato «cruel, inhumano y degradante» y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la Policía. Once de ellas llevaron al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y se espera una sentencia en los próximos meses.

Diferentes posturas

La construcción del NAICM ya ha empezado, pero hay tanta inconformidad alrededor de la obra que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido en julio y tomará posesión el 1 de diciembre, ha convocado una consulta pública para decidir sobre su futuro. Su lanzamiento se hizo a pesar de que sólo el aún mandatario Peña Nieto puede hacerlo y de que para que ésta tenga carácter vinculante tiene que ser orga- nizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien se niega a hacerlo en lo que resta de 2018. Sin embargo, López Obrador aseguró que la consulta se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de octubre.

La población será llamada a decidir si continuar con la construcción del NAICM, ampliar la base aérea militar de Santa Lucía o modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el que ya existe en Toluca, inversión que se realizará a pesar del resultado de la consulta.

La posición de López Obrador sobre la construcción del NAICM cambió varias veces durante los meses anteriores a las elecciones: «Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco», aseguró en abril.

«Texcoco es la mejor opción para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto», afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y algunos expertos aseguran que es un riesgo para la seguridad nacional utilizar la base militar de Santa Lucía como terminal para vuelos civiles.

Por su parte, el FPDT y la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto organizan campañas en redes y foros públicos donde reconocidos expertos hablan de las afectaciones que conlleva la construcción del NAICM. «El Gobierno tiene sus especialistas, nosotros también», afirmó Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. «No es una lucha sólo de los pueblos de la Cuenca de México sino de todos los mexicanos», subrayó. De acuerdo con los opositores al NAICM, la consulta debería de ser cancelada así como la obra.

Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. Foto: Orsetta Bellani

El cerro Huatepec afloró del gran lago de Texcoco hace 40.000 años. Aquí llegaron los aztecas a finales del siglo XIII y encontraron la señal que su deidad les había indicado: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Decidieron asentarse y fundar Tenochtitlán, la capital de su imperio.

El montículo de piedras que se encuentra en la cumbre del cerro Huatepec es llamado Silla de Nezahualcóyotl, el hombre que fue rey de Texcoco en el siglo XV. Desde allí se puede apreciar todo el antiguo lago, un área de 14.500 hectáreas que estuvo cubierta por agua y bosques.

Hoy en día, la cuna de la civilización azteca fue en gran parte «comida» por el crecimiento incontrolado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, un área formada por la capital y 60 municipios donde viven más de 22 millones de personas. En la cuenca aún queda una zona verde donde se encuentran 11 ríos y 6 lagos, y es justo allí donde se está edificando el NAICM. A su lado se construirá también la Aerotrópolis, un complejo urbano de lujo que, según sus detractores, pondrá en riesgo el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que de por sí sufre de este problema.

Algunos expertos están a favor de la obra. Entre ellos el Colegio de Ingenieros Geólo- gos, que sin embargo concluye que no es posible «garantizar la sustentabilidad del funcionamiento de la terminal aérea» por riesgos como «inundación, colapso, hundimiento diferencial, agrietamiento, deslizamiento, alta concentración de biogás».

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, el NAICM alterará el milenario paisaje de la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde existe uno de los más importantes sitios arqueológicos del país. La plataforma afirma también que desde diciembre de 2017 se está secando deliberadamente el lago Nabor Carrillo, para que las 150.000 aves acuáticas que allí encuentran refugio desaparezcan y no choquen con los aviones. La acusación es rechazada por la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Algunos investigadores señalaron también irregularidades y falta de transparencia en el sistema de contratación de empresas por parte del Gobierno. «De 292 contratos sólo 30 fueron otorgados por medio de un concurso público», afirma María Julieta Lamberti, de la organización Proyecto Poder. «El 90% fue otorgado por adjudicación directa e invitación restringida», sostiene.

La persona que más se benefició de estos contratos es el empresario mexicano Carlos Salim Helú, uno de los hombres más ricos del planeta. A través de INBURSA, Slim financia también gran parte del préstamo inicial para la construcción del NAICM, dinero privado que se consiguió vía emisión de bonos de deuda pública. De esta forma, a pesar de que, según la versión oficial, sólo el 36% de los gastos se cubrirán con dinero público, la obra en realidad se pagará en su totalidad con impuestos. Y su costo desde 2014 ya escaló un 68%.

Artículo publicado en El Gara el 23.10.2018.

Miles de mujeres de todo el mundo llegan a Chiapas para luchar junto a las zapatistas por sus derechos

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Entrando al Caracol zapatista de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, Angélica Ávila de Fuerzas Unidas por Nuestrxs Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL) sintió una “energía de lucha” muy fuerte. Con mochila al hombro fue recibida con una manta que decía “Bienvenidas mujeres del mundo”, para después encontrarse con casitas de madera pintada con murales de colores, rodeadas por pasto verde y bosque. Continue reading…

Honduras: JOH toma posesión entre gases lacrimógenos de Pennsylvania

Carlos Dada, El Faro (Foto: Víctor Peña)

Se llegó el 27 de enero. El cielo gris asomó por detrás del cerro Juana Laínez, poco después de las cinco de la mañana, cerrando una noche de ambulancias, de cacerías policiales, de gases lacrimógenos, de gritos y protestas y quemas de llantas y toma de calles y de carreteras. La ondeante silueta de la bandera de Honduras se dibujó en la cima del cerro, que corona Tegucigalpa. Una ciudad militarizada.

Se llegó el 27 de enero, día inevitable en el calendario de un país roto por las elecciones celebradas dos meses antes. Juan Orlando Hernández, el presidente que maniobró de todas las formas posibles para ser reelecto en un país cuya Constitución prohíbe la reelección, tomaba posesión de su segundo periodo.

Se juramentó protegido por miles de uniformados del Ejército, la Policía Militar, la Naval y la Policía Nacional. Montaron tres cordones de seguridad alrededor del Estadio Nacional y dispersaron a los manifestantes arrojando unas latitas del tamaño de una granada denominadas MP-3-CS, fabricadas en un pueblito de Pennsylvania llamado Homer City, made in USA, que liberan gas lacrimógeno durante su vuelo y dejan una estela punzante, irritante, vomitiva. Lanzaron tantas de esas latitas de Pennsylvania que una nube de humo blanco espeso se alzó y se paseó por el centro de Tegucigalpa. Todos los ojos, todas las gargantas sufrieron en el día para festejar la democracia.

A pocas cuadras del estadio, en la colonia Miraflores, el candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, hombre de televisión, autoproclamado ganador y a quien al menos la mitad de este país considera víctima de un fraude, encabezaba una de las protestas contra la toma de posesión. Los militares lo obligaron a retroceder: aventaron también latitas de Pennsylvania hacia donde él se encontraba, justo bajo un puente vehicular.

Nasralla trotó, intentando mantener la dignidad mientras se asfixiaba. Hay un video que él mismo tomó, convencido de que la revolución será en Facebook Live. No detuvo nunca la grabación. Se miran las latitas, la nube de humo, el pánico de quienes le acompañan, su carrera hacia atrás. Nasralla boquea y tose. Saca la lengua. Mira a la cámara del teléfono que sostiene con su mano izquierda, asegurándose de que está en el campo visual. Es quien documenta y también el sujeto documentado. Alguien, en la corrida, le entrega una boquilla. Camina, deja caer el brazo y con él la cámara pierde su objetivo. Apenas capta sus piernas meciéndose, al ritmo de su brazo. El candidato se retira gaseado, con los ojos rojos, la garganta seca, agredido directamente por los soldados que pretendió mandar pero acuerpado, auxiliado por sus seguidores. Fin del video, pero no de la jornada.

Mientras, en el estadio

Adentro del estadio, acuerpado por los soldados y en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Hernández jura, con la mano sobre una biblia, que todos los días de su segundo periodo pedirá a Dios que lo ilumine para guiar a este, unos de los países más pobres del continente. Promete educación, salud y trabajo. Junto a él, sonriente, el hombre que le colocó la banda presidencial: el presidente del Congreso y dirigente de su propio Partido Nacional, Mauricio Oliva, investigado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), sospechoso de formar parte de la red de enriquecimiento ilícito de diputados que se apropiaron de fondos destinados para obras sociales.

El jefe de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, no asistió a la toma de posesión en protesta por el descaro de los congresistas afines al presidente que, una semana antes, pretendieron a escondidas decretar una ley que prohíbe a ese organismo creado bajo el manto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Fiscalía investigar a funcionarios públicos. El Congreso se retractó solo después del reclamo de la Embajada de Estados Unidos.

No hubo mandatarios que asistieran a la ceremonia, salvo el propio Juan Orlando Hernández. Hace mucho tiempo que no se veía en Centroamérica una juramentación presidencial a la que no asistiera ningún jefe de Estado del istmo. Cancillería de El Salvador dijo que la presidencia hondureña solo invitó al cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa. Pero la mayoría de las misiones diplomáticas ni siquiera fueron representadas por los embajadores, sino por secretarios o encargados de negocios. Lo mismo la Embajada de Estados Unidos, pero vale aclarar que su encargada de negocios, Heidi Fulton, es desde hace meses la máxima representante en Honduras, pero que es más influyente que todos los embajadores juntos.

“Lo que viene sorprenderá a propios y extraños”, prometía el presidente en su discurso de posesión, después de quitarse y volverse a poner la banda presidencial. El estadio, rellenado por simpatizantes de su partido, políticos, empresarios y los representantes del cuerpo diplomático, era ajeno a la batalla campal que ocurría en el resto de la ciudad. Apenas lograban ver el sobrevuelo de los helicópteros militares que desde el cielo daban instrucciones a la infantería para interceptar a los manifestantes.

Afuera, cuando los gases y las detenciones dispersaron a los manifestantes menos agresivos –adultos y niños–, grupos de jóvenes encapuchados, armados con piedras y palos y con toda la disposición de expresar su descontento aún a costa de enfrentamientos con la autoridad, tomaron el relevo y marcharon por diversos puntos de la ciudad gritando “¡Fuera JOH!”, el canto de la oposición desde los ya lejanos tiempos de campaña. A la guía de los helicópteros respondieron con motociclistas que inspeccionaban el terreno, un kilómetro adelante del núcleo de la marcha. Pero los policías venían atrás.

Intercambiaron gases por piedras, se convirtieron en protagonistas de una ciudad con las calles vacías que policías, taxistas, periodistas, manifestantes, obreros y cuerpos de socorro han aprendido a leer: el humo negro es quema de llantas. El blanco son gases lacrimógenos. Dos días antes, escuché en la radio a un hombre decir: “Yo no sé qué le han echado a este gas, que está más fuerte”.

Así lleva Honduras dos meses. Todos los días. Desde que los hondureños fueron a las urnas a elegir presidente y los dos principales candidatos –Nasralla y Hernández– se proclamaron vencedores. Uno, Nasralla, porque llevaba una considerable ventaja con el recuento de casi el 70 % de los votos, justo cuando se cayó el sistema informático. Otro, Juan Orlando Hernández, porque cuando volvió el sistema él ya había remontado. El proceso fue tan irregular que hasta la OEA –¡la OEA!– dijo que no podía avalar ningún resultado y recomendó que las elecciones se repitieran. Pero el Tribunal Supremo Electoral, controlado por Hernández, lo declaró ganador. Nasralla gritó fraude y decenas de miles de hondureños salieron a las calles a gritar lo mismo.

Desde entonces, casi cuarenta personas han sido asesinadas y los organismos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y operaciones dirigidas para acosar, capturar o golpear a sus dirigentes; los periodistas nacionales e internacionales son acosados, amenazados, detenidos o interrogados por policías y militares. El país atraviesa una profunda crisis política generada por la reelección. Si el segundo mandato de Hernández continúa como inicia, no podrá gobernar.

Esta crisis política marcará la historia de Honduras como la marcó el golpe de Estado de 2009. Y mucho tienen en común: las ambiciones de poder de dos presidentes; la determinación de la Fuerza Armada para reprimir a quienes protestan; la intervención estadounidense para determinar el estado de las cosas; y la infructuosa, inútil oposición de la OEA a estas consecuencias: entonces un golpe de Estado, ahora un fraude electoral. En Honduras, democracia es el nombre que reciben cosas que en otros lados se conocen de otra forma: impunidad, corrupción, contubernio, violencia, narcotráfico… Pobreza.

A la ceremonia en el estadio sólo se podía asistir con invitación. Miles llegaron en buses contratados por los organizadores, con un boleto que les daba derecho a un almuerzo. Salieron del estadio antes que el presidente, a hacer cola junto a los camiones de comida, para que les dieran la bolsita con el almuerzo donde les correspondía: los de Olancho, El Paraíso y Danlí en este camión. Después, volvieron a sus pueblos distantes, a seguir siendo pobres.

Por la tarde, las estrechas calles del centro de Tegucigalpa se convirtieron en ratoneras. Las fuerzas de seguridad cazaron a su antojo. Se escucharon otra vez las sirenas, los gritos, los disparos. Se elevaron nuevas cortinas de humo. Humo blanco de Pennsylvania. Uniformados capturaron a jóvenes y los sometieron a macanazos.

El reinstalado presidente Hernández no perdió tiempo para demostrar sus intenciones: si en los últimos meses ha sido desafiado por la calle, hoy la calle pagó. Cantaron durante meses la canción que exige su salida, llamada “JOH, es pa’fuera que vas”, la más popular del país. Pero JOH no se fue. Se quitó la banda presidencial sólo para volvérsela a poner. Puede que hoy no tenga ni legitimidad política ni social. Puede que no tenga gobernabilidad. Pero tiene el poder.

Al caer la noche, se escucharon nuevos estruendos provenientes del cerro Juana Laínez. Desde las inmediaciones de la bandera se elevaron hermosos fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Tegucigalpa durante varios minutos. Alguien gastó mucho dinero para celebrar la renovación de la democracia. Se llegó el 27 de enero. JOH se quiere quedar cuatro años más.

Artículo publicado en El Faro el 27.01.2018: https://elfaro.net/es/201801/centroamerica/21412/JOH-toma-posesi%C3%B3n-entre-gases-lacrim%C3%B3genos-de-Pennsylvania.htm

Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Los disparos duraron siete horas. Guadalupe Vázquez Luna los escuchaba escondida debajo de un cafetal, donde llegó después de mucho correr. «Vete de aquí!», le dijo su papá cuando la niña vio matar a su mamá con un balazo disparado por un paramilitar de un grupo priista (afiliado al oficialista Partido Revolucionario Institucional-PRI). Y Guadalupe corrió, hasta ocultarse en la maleza que rodea la aldea de Acteal.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Foto: Orsetta Bellani

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

Foto: Orsetta Bellani

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017.