“No voy a huir porque soy inocente”, dice el sacerdote chiapaneco a quien la fiscalía estatal acusa de desaparición

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

En su vida, el padre Marcelo Pérez ha sido perseguido en varias ocasiones. Por las amenazas de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, tuvo que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó, Chiapas. Por las presiones de Juan y Ramiro Gómez, dos expresidentes municipales que según el sacerdote se beneficiaban de tráficos ilegales, tuvo que dejar Simojovel. “Ya llevábamos tres peregrinaciones en contra de la violencia en el municipio y es cuando reaccionan los Gómez y contratan personas. Le dan precio a mi vida: de 100 a 150 mil pesos”, recordaba entonces en entrevista. 

Ahora, quien da caza al cura tzotzil es la Fiscalía General de Chiapas, que emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas en Pantelhó, aunque familiares hablan de hasta 21 personas retenidas.

Los pobladores del municipio de los Altos de Chiapas están desaparecidos desde hace un año, cuando los habitantes del municipio se levantaron en contra del crimen organizado, sacaron a los políticos supuestamente coludidos y crearon un grupo de autodefensas llamado El Machete. El 26 de julio de 2021, día en que miles de personas tomaron la cabecera municipal, 21 hombres fueron expuestos en el parque central con las manos esposadas y acusados de tener vínculos con la criminalidad organizada. Desde entonces no se sabe nada de ellos. 

Sus familiares afirman que el responsable del delito es El Machete, que siempre rechazó las acusaciones. “Aquel día llegaron miles de personas de los municipios colindantes, todo el mundo iba encapuchado, no fuimos nosotros en retenerlos”, se defendió el comandante de El Machete en febrero, en ocasión de la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Hasta el cierre de edición, el organismo no respondido a este medio las preguntas sobre el caso.

El padre Marcelo ya demostró ante la fiscalía que se encontraba en Simojovel el 26 de julio de 2021, cuando la población de Pantelhó tomó la presidencia municipal. Llegó el día después, para calmar los ánimos y entablar su trabajo de mediación entre el gobierno y los pobladores.

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El 5 de julio, alrededor de 20 mil integrantes del Pueblo Creyente, un movimiento católico que tiene mucha presencia en Chiapas y enfrenta represión, se movilizaron en unos 10 municipios. Las peregrinaciones se dieron en ocasión del primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que solía alentar a los feligreses de la parroquia de Santa Catalina de Pantelhó a denunciar la presencia del crimen organizado en la zona. Fue justo a unos días de su asesinato que la población organizada de este municipio, harta de tanta violencia, decidió rebelarse. 

En Nuevo Israelita, la comunidad de Simón Pedro, unos centenares de personas peregrinaron para conmemorar su vida y su legado. Frente a la casa de su familia, donde se encuentra su tumba, dejaron flores y tocaron música, algunos lloraron.

En San Cristóbal de Las Casas, la peregrinación del Pueblo Creyente del 5 de julio fue sobre todo un acto de solidaridad con el padre Marcelo Pérez. Unas mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, desfilaron por las calles de la ciudad hasta su zócalo, llevando flores e imágenes religiosas. El cura chiapaneco encabezó la movilización; como siempre, llevaba una boina negra y cargaba una bandera blanca con la palabra “paz”. 

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre al cierre de la peregrinación. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”. 

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Desde hace meses existían versiones que señalaban una relación entre el padre Marcelo y la desaparición de los pobladores de Pantelhó. “El cura dice que están vivos”, dijo un funcionario público a los familiares de los ausentes que se manifestaban frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, el 30 de septiembre de 2021

“Quien dijo esto es un irresponsable, yo no tengo ninguna información sobre las personas desaparecidas”, replicó el sacerdote en entrevista, el día después. 

El funcionario habló detrás de las rejas de un Palacio de Justicia cerrado, al que los manifestantes no tuvieron acceso. Desde hace un año, los familiares de los desaparecidos de Pantelhó, que no paran de tocar puertas de fiscalías y dependencias estatales y federales, acusan a El Machete de la desaparición de sus seres queridos y denuncian el involucramiento del sacerdote tzotzil. 

El 21 de junio, Pedro Cortés López, expresidente del Concejo Municipal de Pantelhó —elegido por usos y costumbres en agosto de 2021 tras el levantamiento popular—, ofreció una rueda de prensa frente al Congreso de Chiapas. Tras su ruptura con las autodefensas, que lo destituyeron por no haber supuestamente cumplido con la Cuenta Pública, Cortés aseguró que El Machete tiene a los secuestrados con vida y que durante la visita de la CNB los mantuvo escondidos. Justo después de la rueda de prensa, el presidente del Concejo Municipal fue detenido con el exregidor concejal Diego Mendoza Cruz por el delito de desaparición cometida por particulares, y se encuentra ahora en prisión preventiva en el penal El Amate de Cintalapa, Chiapas. 

“Empezamos a tener un poco de esperanza y fe en recibir una respuesta alentadora sobre el paradero de nuestros familiares”, escribieron entonces los familiares de los desaparecidos en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Exigimos la detención de los comandantes del grupo paramilitar El Machete por los delitos de secuestro y desaparición forzada de nuestros 21 familiares”.

Fue unos 10 días después que las versiones sobre el supuesto involucramiento del padre Marcelo Pérez se volvieron acusaciones formales.

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Cuando en octubre de 2021 el padre Marcelo Pérez llegó como párroco a la iglesia de la Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, muchos coletos no estuvieron contentos. En varias ocasiones, esta ciudad recibió a sacerdotes que caminaban “al lado de los pobres” (empezando con Fray Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI y pasando por Samuel Ruiz en los años 90, cuya predicación puso involuntariamente las bases al nacimiento del EZLN) y algunos feligreses temían la cercanía del padre Marcelo con los movimientos sociales.

El cura tzotzil, originario de San Andrés Larráinzar, fue acompañante de varias peregrinaciones del Pueblo Creyente en contra de la violencia y en defensa del territorio. En marzo de 2015, unas 15 mil personas encabezadas por el padre Marcelo cruzaron las montañas de medio Chiapas para manifestarse en favor de la paz y en contra de las actividades ilícitas en Simojovel. Salieron de la cabecera municipal y caminaron durante cuatro días, cargando cruces y pancartas, hasta llegar exhaustos a la abrasadora capital chiapaneca. 

Padre Marcelo Pérez (a la derecha) durante la peregrinación del pueblo zoque en contra de la ronda petrolera. Foto: Orsetta Bellani, junio de 2017

El sacerdote regresó allí dos años después, cuando la movilización del pueblo zoque acabó en una peregrinación masiva y en la suspensión de la ronda petrolera 2.2. “No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra iglesia. Dios es el primero que levanta la voz diciendo: ‘no matarás’. Y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirmó el cura durante la misa que celebró frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, al cierre de la caminata.  

El padre Marcelo Pérez también acompañó a los sobrevivientes de las masacre de Acteal y a los tzeltales de San Juan Cancuc y Chilón que defienden su territorio y luchan en contra de la militarización. En navidad de 2017, el cura chiapaneco celebró la misa en las montañas de Chalchihuitán, donde más de 5 mil personas llevaban casi dos meses desplazadas tras el ataque de un grupo armado de Chenalhó.

Así que nadie se sorprendió cuando, al llegar a San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los episodios de violencia están creciendo de forma exponencial, el padre Marcelo empezó a hablar de un “movimiento de la vida por la paz de San Cristóbal”. El 16 de junio pasado, en ocasión del Corpus Christi y a dos días de que un grupo de hombres armados tomó durante cinco horas la zona norte de la ciudad, el padre Marcelo y un puñado de feligreses peregrinaron por primera vez por el cese de la violencia en la ciudad chiapaneca.

Artículo publicado en Animal Político el 8.07.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/07/sacerdote-chiapas-acusado-desaparicion-personas/

5 defensores de la tierra son vinculados a proceso por el presunto homicidio de un policía municipal

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Fueron vinculados a proceso los cinco defensores del territorio tseltales que la semana pasada habían sido detenidos por el presunto homicidio de Antonio Aguilar Pérez, policía municipal de San Juan Cancuc. 

En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Integrantes del Pueblo Creyente frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, el sábado 4 de junio de 2022. Foto: Orsetta Bellani

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del policía municipal fallecido Antonio Aguilar Pérez, pide justicia por su padre frente al penal de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/procesan-5-defensores-tierra-presunto-homicidio-policia/

En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.

En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.

“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).

Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

Peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente. 

Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.

“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.

Otra imágen de la peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.

Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos. 

“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo. 

“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.

Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control. 

Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. 

Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado. 

Foto: Orsetta Bellani

El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una. 

La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando. 

“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.

Artículo publicado en Animal Político el 6.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/chiapas-defensores-pueblos-indigenas-acusados-homicidio-policia/

Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

“Ya me voy”, dijo Marcelino.

“¿Adónde?”, preguntó ella con un poco de sarcasmo.

“Me acaban de decir que hoy me puedo ir”, contestó.

Durante 20 años, 3 meses y 2 días, Marcelino Ruíz peregrinó entre las cárceles de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Yajalón y Comitán. Desde el comienzo luchó por su libertad. Al no haber tenido acceso a un traductor a su idioma, el tsotsil, decidió aprender el castellano. Estudió historia, leyó biografías: “En la cárcel descubrí que me encanta leer, es un hábito que ahora tengo”, dice. Se dedicó a hacer dibujos y escribir comunicados para denunciar las violaciones a los derechos humanos que padecen los presos en las cárceles chiapanecas, y que difundía gracias al apoyo de No estamos Todxs, un grupo de trabajo anticarcelario que acompaña a varios presos en lucha de Chiapas.

En marzo de 2019, Marcelino Ruíz fundó la organización Viniketic en Resistencia, que es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y empezó a articularse con otros colectivos de presos en lucha: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate.  

Organizaron dos huelgas de hambre: la primera etapa, de 60 días, empezó en marzo de 2019 y terminó cuando les prometieron revisar sus expedientes. Entre los huelguistas, el primero en salir de la cárcel fue Juan de la Cruz Ruíz, que todavía seguía detenido tres años después de que la Mesa de Reconciliación — un órgano que revisa los expedientes de los internos y que está formado por los tres poderes del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos—, había determinado su excarcelación. Fue liberado en diciembre de 2019 y aún no soporta el olor a chile molido, que fue lo que le introdujeron en la nariz durante las torturas.

“Uno de los agentes judiciales me pidió 80 mil pesos a cambio de que me soltaran en ese momento y, como yo no tenía esa cantidad, ya fue que ordenó de que ya no me estén torturando, que porque no vaya a morir yo en sus manos pero, todo lo contrario… me pusieron cables eléctricos en mis partes íntimas”, Juan de la Cruz Ruíz.

La segunda etapa de la huelga de hambre empezó en los primeros meses de pandemia, en mayo de 2020. “Ingerí pura agua con miel durante 75 días. Me empalagaba, me asqueaba, ya no quería ni beberla”, recuerda Marcelino Ruíz.

Adrián Gómez Jiménez salió de la cárcel poco después, en septiembre de 2021, a pesar de que su sentencia absolutoria había sido pronunciada 26 meses antes. Estuvo preso injustamente durante 15 años, y padeció torturas que revive cada vez que ve a un policía en la calle, o escucha el sonido del metal.

“Mi dignidad, mi inocencia, y moralmente estaba por los suelos. No me quedaba otra salida que autoinculparme para que me dejaran de torturar. Me prefabricaron los delitos de privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y robo de auto”, Adrián Gómez Jiménez.

Fue justo después de su liberación que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la opinión 43/2021 . En ella se reconoce que Juan de la Cruz, Adrián Gómez, Marcelino Ruíz y los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y no les fue garantizado su derecho al debido proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU insta al Estado mexicano a poner en libertad inmediata a Marcelino Ruíz y a Abraham y Germán López Montejo, y solicita el otorgamiento de indemnizaciones y otros tipos de reparaciones para los cinco presos y ex presos en lucha.

Marcelino Ruíz salió de la cárcel el 7 de mayo junto con otras 231 personas, detenidas en distintas cárceles de Chiapas, después de que la Mesa de Reconciliación revisara sus expedientes. Había sido acusado de homicidio el 5 de febrero de 2002, tras haber sido detenido en su bicicleta en la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas por unos hombres que iban de civiles, y que lo torturaron hasta que firmó su condena. Tres delitos más le fueron fincados unos años después, cuando la policía nuevamente lo detuvo y golpeó, al encontrarlo en casa de su mamá tras una fuga masiva de reos. 

Su huida rocambolesca de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, que lo llevó a vagar sin rumbo en el monte durante tres días, se dio en 2004. Marcelino estaba tejiendo una bolsa cuando escuchó unos disparos y vio a los presos amontonarse frente a una puerta que se encontraba abierta: “Los compañeros se veían como borregos en un potrero, iban de un lado al otro. Levanto la mirada y me doy de cuentas de que nos estaban disparando desde la torre”, dice. El miedo fue tan fuerte que sus recuerdos de que aquel día son imágenes obscuras, como si fuera de noche, a pesar de que eran las dos de la tarde.

Durante la fuga un interno fue asesinado por un disparo y la responsabilidad fue atribuida a Marcelino. Además, fue acusado por fuga y por el homicidio de otro hombre.

“Mi defensor investigó y nos enteramos de que esta persona existía solo en el papel, no en la realidad. No existían ni el muerto, ni su familia. Era totalmente fabricado, entonces no pudieron condenarme”, afirma Marcelino Ruíz. Si la Mesa de Reconciliación no hubiera revisado su caso, se habría quedado en la cárcel hasta 2033.

La libertad para Abraham y Germán López Montejo llegó este 18 de mayo. Los hermanos originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán salieron del CERSS no. 5 de San Cristóbal de Las Casas tras un cautiverio de 11 años, 3 meses y 28 días. Habían sido detenidos en enero de 2011, mientras se encontraban sentados en el parque central de su pueblo; los esposaron y trasladaron a la comisaría, donde fueron torturados. 

“Me dolía todo el cuerpo y la garganta, me sentía la muerte. Escuché que sacó su arma, le cortó el cartucho: ‘habla, hijo de tu puta madre, traga esa agua me vale madre matarte, no vales nada’. Los demás se reían, risotadas cuando me estaba diciendo esas palabras. Me desmayé varias veces y me seguían amenazando de mi familia”, Germán López Montejo.

“Le dije que no, que no iba a firmar nada. Ahí es donde me falsificaron mi declaración, me hicieron firmar a la fuerza, como encontraron mi credencial de elector con esto copiaron mi firma”, Abraham López Montejo.

Ahora, los cinco presos en lucha beneficiarios de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se encuentran libres. Después de tantos años de cautiverio, su regreso a casa no es tan sencillo.

“Salir es otro reto, se trata de volver a empezar de nuevo, de salir a la calle y ver otro mundo diferente aquí afuera”, dice Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz e integrante del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha de Chiapas. “Tras su liberación, los compañeros suelen tener miedo a salir a la calle, pues cuando se topan con policías le regresa el recuerdo de la detención y de las torturas. Además, a menudo tienen pesadillas de que siguen en la prisión”.

Cuando regresó a San Cristóbal de Las Casas tras casi 20 años de estar preso, Marcelino Ruíz Gómez quedó asombrado al ver tantos carros y tantos turistas en el centro de su ciudad. Se sintió desubicado y no podía creer que en el campo de árboles de peras que diario cruzaba cuando era chavo, ahora surge la colonia de casas de tablas y bloques donde vive su familia. “Le exijo al gobierno mexicano reparación de daño para mí y mis cuatro compañeros”, dice. “Hay daños que son irreparables, como los psicológicos y emocionales, además del sufrimiento de nuestras familias. Pero sí exigimos una reparación de daño por todo lo que hemos perdido”. 

Artículo publicado el 19.05.2022 en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/05/presos-chiapas-onu-tortura-huelgas-hambre/

«Estamos hartos de represión, de falta de salud, de educación…»

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Cuando era niño, Héctor Carabalí Charrupí buscaba entrar en las reuniones de los adultos de su comunidad en el Municipio de Buenos Aires, a orillas del río Timba, en el Departamento del Cauca. Con el tiempo fue líder juvenil, maestro y fundó la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (CONAFRO), que es parte del movimiento Marcha Patriótica, y la asociación de víctimas Renacer Siglo XXI.

Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

Policía Nacional de Colombia durante una marcha en 2015 en Bogotá. Foto: Orsetta Bellani

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto?

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos.

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Icononzo, Departamento de Tolima, donde viven unos centenares de ex combatientes de las Farc. Foto: Orsetta Bellani

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

Cinco años esperando una respuesta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

No es un día de mucho trafico en la autopista Cuernavaca-Ciudad de México. Los carros desaceleran llegando a la caseta de cobro de Tlapa, una de las puertas de la metrópoli. Allí los espera una imagen inusual: una manta con el rostro de Emiliano Zapata cuelga de la caseta, pidiendo verdad y justicia por Ayotzinapa.

O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”.

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Foto: Orsetta Bellani

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes.

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

Así fue el primer día del histórico juicio por la desaparición del niño guatemalteco Marco Antonio Molina Theissen

Javier Estrada Tobar, Nómada

Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo. Continue reading…

Honduras: JOH toma posesión entre gases lacrimógenos de Pennsylvania

Carlos Dada, El Faro (Foto: Víctor Peña)

Se llegó el 27 de enero. El cielo gris asomó por detrás del cerro Juana Laínez, poco después de las cinco de la mañana, cerrando una noche de ambulancias, de cacerías policiales, de gases lacrimógenos, de gritos y protestas y quemas de llantas y toma de calles y de carreteras. La ondeante silueta de la bandera de Honduras se dibujó en la cima del cerro, que corona Tegucigalpa. Una ciudad militarizada.

Se llegó el 27 de enero, día inevitable en el calendario de un país roto por las elecciones celebradas dos meses antes. Juan Orlando Hernández, el presidente que maniobró de todas las formas posibles para ser reelecto en un país cuya Constitución prohíbe la reelección, tomaba posesión de su segundo periodo.

Se juramentó protegido por miles de uniformados del Ejército, la Policía Militar, la Naval y la Policía Nacional. Montaron tres cordones de seguridad alrededor del Estadio Nacional y dispersaron a los manifestantes arrojando unas latitas del tamaño de una granada denominadas MP-3-CS, fabricadas en un pueblito de Pennsylvania llamado Homer City, made in USA, que liberan gas lacrimógeno durante su vuelo y dejan una estela punzante, irritante, vomitiva. Lanzaron tantas de esas latitas de Pennsylvania que una nube de humo blanco espeso se alzó y se paseó por el centro de Tegucigalpa. Todos los ojos, todas las gargantas sufrieron en el día para festejar la democracia.

A pocas cuadras del estadio, en la colonia Miraflores, el candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, hombre de televisión, autoproclamado ganador y a quien al menos la mitad de este país considera víctima de un fraude, encabezaba una de las protestas contra la toma de posesión. Los militares lo obligaron a retroceder: aventaron también latitas de Pennsylvania hacia donde él se encontraba, justo bajo un puente vehicular.

Nasralla trotó, intentando mantener la dignidad mientras se asfixiaba. Hay un video que él mismo tomó, convencido de que la revolución será en Facebook Live. No detuvo nunca la grabación. Se miran las latitas, la nube de humo, el pánico de quienes le acompañan, su carrera hacia atrás. Nasralla boquea y tose. Saca la lengua. Mira a la cámara del teléfono que sostiene con su mano izquierda, asegurándose de que está en el campo visual. Es quien documenta y también el sujeto documentado. Alguien, en la corrida, le entrega una boquilla. Camina, deja caer el brazo y con él la cámara pierde su objetivo. Apenas capta sus piernas meciéndose, al ritmo de su brazo. El candidato se retira gaseado, con los ojos rojos, la garganta seca, agredido directamente por los soldados que pretendió mandar pero acuerpado, auxiliado por sus seguidores. Fin del video, pero no de la jornada.

Mientras, en el estadio

Adentro del estadio, acuerpado por los soldados y en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Hernández jura, con la mano sobre una biblia, que todos los días de su segundo periodo pedirá a Dios que lo ilumine para guiar a este, unos de los países más pobres del continente. Promete educación, salud y trabajo. Junto a él, sonriente, el hombre que le colocó la banda presidencial: el presidente del Congreso y dirigente de su propio Partido Nacional, Mauricio Oliva, investigado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), sospechoso de formar parte de la red de enriquecimiento ilícito de diputados que se apropiaron de fondos destinados para obras sociales.

El jefe de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, no asistió a la toma de posesión en protesta por el descaro de los congresistas afines al presidente que, una semana antes, pretendieron a escondidas decretar una ley que prohíbe a ese organismo creado bajo el manto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Fiscalía investigar a funcionarios públicos. El Congreso se retractó solo después del reclamo de la Embajada de Estados Unidos.

No hubo mandatarios que asistieran a la ceremonia, salvo el propio Juan Orlando Hernández. Hace mucho tiempo que no se veía en Centroamérica una juramentación presidencial a la que no asistiera ningún jefe de Estado del istmo. Cancillería de El Salvador dijo que la presidencia hondureña solo invitó al cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa. Pero la mayoría de las misiones diplomáticas ni siquiera fueron representadas por los embajadores, sino por secretarios o encargados de negocios. Lo mismo la Embajada de Estados Unidos, pero vale aclarar que su encargada de negocios, Heidi Fulton, es desde hace meses la máxima representante en Honduras, pero que es más influyente que todos los embajadores juntos.

“Lo que viene sorprenderá a propios y extraños”, prometía el presidente en su discurso de posesión, después de quitarse y volverse a poner la banda presidencial. El estadio, rellenado por simpatizantes de su partido, políticos, empresarios y los representantes del cuerpo diplomático, era ajeno a la batalla campal que ocurría en el resto de la ciudad. Apenas lograban ver el sobrevuelo de los helicópteros militares que desde el cielo daban instrucciones a la infantería para interceptar a los manifestantes.

Afuera, cuando los gases y las detenciones dispersaron a los manifestantes menos agresivos –adultos y niños–, grupos de jóvenes encapuchados, armados con piedras y palos y con toda la disposición de expresar su descontento aún a costa de enfrentamientos con la autoridad, tomaron el relevo y marcharon por diversos puntos de la ciudad gritando “¡Fuera JOH!”, el canto de la oposición desde los ya lejanos tiempos de campaña. A la guía de los helicópteros respondieron con motociclistas que inspeccionaban el terreno, un kilómetro adelante del núcleo de la marcha. Pero los policías venían atrás.

Intercambiaron gases por piedras, se convirtieron en protagonistas de una ciudad con las calles vacías que policías, taxistas, periodistas, manifestantes, obreros y cuerpos de socorro han aprendido a leer: el humo negro es quema de llantas. El blanco son gases lacrimógenos. Dos días antes, escuché en la radio a un hombre decir: “Yo no sé qué le han echado a este gas, que está más fuerte”.

Así lleva Honduras dos meses. Todos los días. Desde que los hondureños fueron a las urnas a elegir presidente y los dos principales candidatos –Nasralla y Hernández– se proclamaron vencedores. Uno, Nasralla, porque llevaba una considerable ventaja con el recuento de casi el 70 % de los votos, justo cuando se cayó el sistema informático. Otro, Juan Orlando Hernández, porque cuando volvió el sistema él ya había remontado. El proceso fue tan irregular que hasta la OEA –¡la OEA!– dijo que no podía avalar ningún resultado y recomendó que las elecciones se repitieran. Pero el Tribunal Supremo Electoral, controlado por Hernández, lo declaró ganador. Nasralla gritó fraude y decenas de miles de hondureños salieron a las calles a gritar lo mismo.

Desde entonces, casi cuarenta personas han sido asesinadas y los organismos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y operaciones dirigidas para acosar, capturar o golpear a sus dirigentes; los periodistas nacionales e internacionales son acosados, amenazados, detenidos o interrogados por policías y militares. El país atraviesa una profunda crisis política generada por la reelección. Si el segundo mandato de Hernández continúa como inicia, no podrá gobernar.

Esta crisis política marcará la historia de Honduras como la marcó el golpe de Estado de 2009. Y mucho tienen en común: las ambiciones de poder de dos presidentes; la determinación de la Fuerza Armada para reprimir a quienes protestan; la intervención estadounidense para determinar el estado de las cosas; y la infructuosa, inútil oposición de la OEA a estas consecuencias: entonces un golpe de Estado, ahora un fraude electoral. En Honduras, democracia es el nombre que reciben cosas que en otros lados se conocen de otra forma: impunidad, corrupción, contubernio, violencia, narcotráfico… Pobreza.

A la ceremonia en el estadio sólo se podía asistir con invitación. Miles llegaron en buses contratados por los organizadores, con un boleto que les daba derecho a un almuerzo. Salieron del estadio antes que el presidente, a hacer cola junto a los camiones de comida, para que les dieran la bolsita con el almuerzo donde les correspondía: los de Olancho, El Paraíso y Danlí en este camión. Después, volvieron a sus pueblos distantes, a seguir siendo pobres.

Por la tarde, las estrechas calles del centro de Tegucigalpa se convirtieron en ratoneras. Las fuerzas de seguridad cazaron a su antojo. Se escucharon otra vez las sirenas, los gritos, los disparos. Se elevaron nuevas cortinas de humo. Humo blanco de Pennsylvania. Uniformados capturaron a jóvenes y los sometieron a macanazos.

El reinstalado presidente Hernández no perdió tiempo para demostrar sus intenciones: si en los últimos meses ha sido desafiado por la calle, hoy la calle pagó. Cantaron durante meses la canción que exige su salida, llamada “JOH, es pa’fuera que vas”, la más popular del país. Pero JOH no se fue. Se quitó la banda presidencial sólo para volvérsela a poner. Puede que hoy no tenga ni legitimidad política ni social. Puede que no tenga gobernabilidad. Pero tiene el poder.

Al caer la noche, se escucharon nuevos estruendos provenientes del cerro Juana Laínez. Desde las inmediaciones de la bandera se elevaron hermosos fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Tegucigalpa durante varios minutos. Alguien gastó mucho dinero para celebrar la renovación de la democracia. Se llegó el 27 de enero. JOH se quiere quedar cuatro años más.

Artículo publicado en El Faro el 27.01.2018: https://elfaro.net/es/201801/centroamerica/21412/JOH-toma-posesi%C3%B3n-entre-gases-lacrim%C3%B3genos-de-Pennsylvania.htm

Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Los disparos duraron siete horas. Guadalupe Vázquez Luna los escuchaba escondida debajo de un cafetal, donde llegó después de mucho correr. «Vete de aquí!», le dijo su papá cuando la niña vio matar a su mamá con un balazo disparado por un paramilitar de un grupo priista (afiliado al oficialista Partido Revolucionario Institucional-PRI). Y Guadalupe corrió, hasta ocultarse en la maleza que rodea la aldea de Acteal.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Foto: Orsetta Bellani

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

Foto: Orsetta Bellani

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017.