«Estamos hartos de represión, de falta de salud, de educación…»

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Cuando era niño, Héctor Carabalí Charrupí buscaba entrar en las reuniones de los adultos de su comunidad en el Municipio de Buenos Aires, a orillas del río Timba, en el Departamento del Cauca. Con el tiempo fue líder juvenil, maestro y fundó la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (CONAFRO), que es parte del movimiento Marcha Patriótica, y la asociación de víctimas Renacer Siglo XXI.

Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

Policía Nacional de Colombia durante una marcha en 2015 en Bogotá. Foto: Orsetta Bellani

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto?

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos.

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Icononzo, Departamento de Tolima, donde viven unos centenares de ex combatientes de las Farc. Foto: Orsetta Bellani

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

Cinco años esperando una respuesta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

No es un día de mucho trafico en la autopista Cuernavaca-Ciudad de México. Los carros desaceleran llegando a la caseta de cobro de Tlapa, una de las puertas de la metrópoli. Allí los espera una imagen inusual: una manta con el rostro de Emiliano Zapata cuelga de la caseta, pidiendo verdad y justicia por Ayotzinapa.

O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”.

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Foto: Orsetta Bellani

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes.

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

Así fue el primer día del histórico juicio por la desaparición del niño guatemalteco Marco Antonio Molina Theissen

Javier Estrada Tobar, Nómada

Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo. Continue reading…

Honduras: JOH toma posesión entre gases lacrimógenos de Pennsylvania

Carlos Dada, El Faro (Foto: Víctor Peña)

Se llegó el 27 de enero. El cielo gris asomó por detrás del cerro Juana Laínez, poco después de las cinco de la mañana, cerrando una noche de ambulancias, de cacerías policiales, de gases lacrimógenos, de gritos y protestas y quemas de llantas y toma de calles y de carreteras. La ondeante silueta de la bandera de Honduras se dibujó en la cima del cerro, que corona Tegucigalpa. Una ciudad militarizada.

Se llegó el 27 de enero, día inevitable en el calendario de un país roto por las elecciones celebradas dos meses antes. Juan Orlando Hernández, el presidente que maniobró de todas las formas posibles para ser reelecto en un país cuya Constitución prohíbe la reelección, tomaba posesión de su segundo periodo.

Se juramentó protegido por miles de uniformados del Ejército, la Policía Militar, la Naval y la Policía Nacional. Montaron tres cordones de seguridad alrededor del Estadio Nacional y dispersaron a los manifestantes arrojando unas latitas del tamaño de una granada denominadas MP-3-CS, fabricadas en un pueblito de Pennsylvania llamado Homer City, made in USA, que liberan gas lacrimógeno durante su vuelo y dejan una estela punzante, irritante, vomitiva. Lanzaron tantas de esas latitas de Pennsylvania que una nube de humo blanco espeso se alzó y se paseó por el centro de Tegucigalpa. Todos los ojos, todas las gargantas sufrieron en el día para festejar la democracia.

A pocas cuadras del estadio, en la colonia Miraflores, el candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, hombre de televisión, autoproclamado ganador y a quien al menos la mitad de este país considera víctima de un fraude, encabezaba una de las protestas contra la toma de posesión. Los militares lo obligaron a retroceder: aventaron también latitas de Pennsylvania hacia donde él se encontraba, justo bajo un puente vehicular.

Nasralla trotó, intentando mantener la dignidad mientras se asfixiaba. Hay un video que él mismo tomó, convencido de que la revolución será en Facebook Live. No detuvo nunca la grabación. Se miran las latitas, la nube de humo, el pánico de quienes le acompañan, su carrera hacia atrás. Nasralla boquea y tose. Saca la lengua. Mira a la cámara del teléfono que sostiene con su mano izquierda, asegurándose de que está en el campo visual. Es quien documenta y también el sujeto documentado. Alguien, en la corrida, le entrega una boquilla. Camina, deja caer el brazo y con él la cámara pierde su objetivo. Apenas capta sus piernas meciéndose, al ritmo de su brazo. El candidato se retira gaseado, con los ojos rojos, la garganta seca, agredido directamente por los soldados que pretendió mandar pero acuerpado, auxiliado por sus seguidores. Fin del video, pero no de la jornada.

Mientras, en el estadio

Adentro del estadio, acuerpado por los soldados y en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Hernández jura, con la mano sobre una biblia, que todos los días de su segundo periodo pedirá a Dios que lo ilumine para guiar a este, unos de los países más pobres del continente. Promete educación, salud y trabajo. Junto a él, sonriente, el hombre que le colocó la banda presidencial: el presidente del Congreso y dirigente de su propio Partido Nacional, Mauricio Oliva, investigado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), sospechoso de formar parte de la red de enriquecimiento ilícito de diputados que se apropiaron de fondos destinados para obras sociales.

El jefe de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, no asistió a la toma de posesión en protesta por el descaro de los congresistas afines al presidente que, una semana antes, pretendieron a escondidas decretar una ley que prohíbe a ese organismo creado bajo el manto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Fiscalía investigar a funcionarios públicos. El Congreso se retractó solo después del reclamo de la Embajada de Estados Unidos.

No hubo mandatarios que asistieran a la ceremonia, salvo el propio Juan Orlando Hernández. Hace mucho tiempo que no se veía en Centroamérica una juramentación presidencial a la que no asistiera ningún jefe de Estado del istmo. Cancillería de El Salvador dijo que la presidencia hondureña solo invitó al cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa. Pero la mayoría de las misiones diplomáticas ni siquiera fueron representadas por los embajadores, sino por secretarios o encargados de negocios. Lo mismo la Embajada de Estados Unidos, pero vale aclarar que su encargada de negocios, Heidi Fulton, es desde hace meses la máxima representante en Honduras, pero que es más influyente que todos los embajadores juntos.

“Lo que viene sorprenderá a propios y extraños”, prometía el presidente en su discurso de posesión, después de quitarse y volverse a poner la banda presidencial. El estadio, rellenado por simpatizantes de su partido, políticos, empresarios y los representantes del cuerpo diplomático, era ajeno a la batalla campal que ocurría en el resto de la ciudad. Apenas lograban ver el sobrevuelo de los helicópteros militares que desde el cielo daban instrucciones a la infantería para interceptar a los manifestantes.

Afuera, cuando los gases y las detenciones dispersaron a los manifestantes menos agresivos –adultos y niños–, grupos de jóvenes encapuchados, armados con piedras y palos y con toda la disposición de expresar su descontento aún a costa de enfrentamientos con la autoridad, tomaron el relevo y marcharon por diversos puntos de la ciudad gritando “¡Fuera JOH!”, el canto de la oposición desde los ya lejanos tiempos de campaña. A la guía de los helicópteros respondieron con motociclistas que inspeccionaban el terreno, un kilómetro adelante del núcleo de la marcha. Pero los policías venían atrás.

Intercambiaron gases por piedras, se convirtieron en protagonistas de una ciudad con las calles vacías que policías, taxistas, periodistas, manifestantes, obreros y cuerpos de socorro han aprendido a leer: el humo negro es quema de llantas. El blanco son gases lacrimógenos. Dos días antes, escuché en la radio a un hombre decir: “Yo no sé qué le han echado a este gas, que está más fuerte”.

Así lleva Honduras dos meses. Todos los días. Desde que los hondureños fueron a las urnas a elegir presidente y los dos principales candidatos –Nasralla y Hernández– se proclamaron vencedores. Uno, Nasralla, porque llevaba una considerable ventaja con el recuento de casi el 70 % de los votos, justo cuando se cayó el sistema informático. Otro, Juan Orlando Hernández, porque cuando volvió el sistema él ya había remontado. El proceso fue tan irregular que hasta la OEA –¡la OEA!– dijo que no podía avalar ningún resultado y recomendó que las elecciones se repitieran. Pero el Tribunal Supremo Electoral, controlado por Hernández, lo declaró ganador. Nasralla gritó fraude y decenas de miles de hondureños salieron a las calles a gritar lo mismo.

Desde entonces, casi cuarenta personas han sido asesinadas y los organismos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y operaciones dirigidas para acosar, capturar o golpear a sus dirigentes; los periodistas nacionales e internacionales son acosados, amenazados, detenidos o interrogados por policías y militares. El país atraviesa una profunda crisis política generada por la reelección. Si el segundo mandato de Hernández continúa como inicia, no podrá gobernar.

Esta crisis política marcará la historia de Honduras como la marcó el golpe de Estado de 2009. Y mucho tienen en común: las ambiciones de poder de dos presidentes; la determinación de la Fuerza Armada para reprimir a quienes protestan; la intervención estadounidense para determinar el estado de las cosas; y la infructuosa, inútil oposición de la OEA a estas consecuencias: entonces un golpe de Estado, ahora un fraude electoral. En Honduras, democracia es el nombre que reciben cosas que en otros lados se conocen de otra forma: impunidad, corrupción, contubernio, violencia, narcotráfico… Pobreza.

A la ceremonia en el estadio sólo se podía asistir con invitación. Miles llegaron en buses contratados por los organizadores, con un boleto que les daba derecho a un almuerzo. Salieron del estadio antes que el presidente, a hacer cola junto a los camiones de comida, para que les dieran la bolsita con el almuerzo donde les correspondía: los de Olancho, El Paraíso y Danlí en este camión. Después, volvieron a sus pueblos distantes, a seguir siendo pobres.

Por la tarde, las estrechas calles del centro de Tegucigalpa se convirtieron en ratoneras. Las fuerzas de seguridad cazaron a su antojo. Se escucharon otra vez las sirenas, los gritos, los disparos. Se elevaron nuevas cortinas de humo. Humo blanco de Pennsylvania. Uniformados capturaron a jóvenes y los sometieron a macanazos.

El reinstalado presidente Hernández no perdió tiempo para demostrar sus intenciones: si en los últimos meses ha sido desafiado por la calle, hoy la calle pagó. Cantaron durante meses la canción que exige su salida, llamada “JOH, es pa’fuera que vas”, la más popular del país. Pero JOH no se fue. Se quitó la banda presidencial sólo para volvérsela a poner. Puede que hoy no tenga ni legitimidad política ni social. Puede que no tenga gobernabilidad. Pero tiene el poder.

Al caer la noche, se escucharon nuevos estruendos provenientes del cerro Juana Laínez. Desde las inmediaciones de la bandera se elevaron hermosos fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Tegucigalpa durante varios minutos. Alguien gastó mucho dinero para celebrar la renovación de la democracia. Se llegó el 27 de enero. JOH se quiere quedar cuatro años más.

Artículo publicado en El Faro el 27.01.2018: https://elfaro.net/es/201801/centroamerica/21412/JOH-toma-posesi%C3%B3n-entre-gases-lacrim%C3%B3genos-de-Pennsylvania.htm

Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Los disparos duraron siete horas. Guadalupe Vázquez Luna los escuchaba escondida debajo de un cafetal, donde llegó después de mucho correr. «Vete de aquí!», le dijo su papá cuando la niña vio matar a su mamá con un balazo disparado por un paramilitar de un grupo priista (afiliado al oficialista Partido Revolucionario Institucional-PRI). Y Guadalupe corrió, hasta ocultarse en la maleza que rodea la aldea de Acteal.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Foto: Orsetta Bellani

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

Foto: Orsetta Bellani

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017.

Los riesgos y realidades sobre La Ley de Seguridad Interior en México

Francisco J. Trejo Corona, Tercera Vía

Los indicadores disponibles muestran que la violencia creció en 2016 en buena parte del país. En ese contexto, se han presentado iniciativas legislativas que proponen la militarización de la seguridad pública. ¿Estamos en riesgo de virar hacia un régimen de vigilancia castrense? ¿Somos conscientes de que, en caso de aprobarse dichas leyes, los militares podrían prevenir, investigar y castigar delitos o tener la facultad de replegar manifestaciones por la fuerza? Tercera Vía recupera las claves de la propuesta para mantenerte informado de lo que realmente importa.

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LOS DATOS

Es un hecho que vivimos una crisis de seguridad en México. El número de homicidios registrados por el Gobierno Federal en 2016 ha sido el más alto desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin que se tengan oficialmente el total de asesinatos del año pasado, el Secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha estimado que en 2016 más de 19 mil personas fueron asesinadas. Esta cifra supera al incremento registrado en 2015, con 15 mil 566, a los 14 mil 382 de 2014 y los 16 890 de 2013. De acuerdo con especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, el aumento de los homicidios en el país se debe a la existencia de grupos criminales pequeños, pero muy violentos, que pelean por el control de actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

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Uno de los fenómenos más importantes en materia de seguridad del 2016 fue el aumento de la violencia en estados de la república que antes no se catalogaban violentos. Por ejemplo, Colima registró un aumento en la tasa de homicidios en un 292%; Campeche incrementó su tasa en un 64% y Zacatecas en un 92%. Por otro lado, estados que habían experimentado fuertes operativos de seguridad dirigidos por las fuerzas armadas también han elevado sus niveles de violencia. Mientras Veracruz subió la tasa de homicidios en un 123%, Michoacán no ha logrado parar la ola de violencia, y experimentó un incremento en un 63%.

Dos casos que muestran las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto son Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas ciudades habían presenciado una disminución en la tasa de homicidios desde 2011. Sin embargo, 2016 representó un aumento considerable en el número de asesinatos acaecidos en ambos lugares. Ciudad Juárez experimentó un incremento del 72% en un año, pasando de 311 en 2015 a 536 asesinados en 2016. Del otro lado, Tijuana experimentó un aumento del 29% respecto a 2015 y un 65% en comparación con 2014. Además de las fallas de seguridad por parte del gobierno federal, la violencia en ambas entidades se encuentra relacionada por el conflicto entre distintos grupos del crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa, lo que queda del Cartel de los Arellano Félix, algunos grupos relacionado al ya extinto Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La extorsión y el secuestro también se incrementaron con respecto a los años anteriores. Con base en información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), los secuestros se elevaron en un 7% respecto al 2015, alcanzando los 1,700 casos reportados. Los estados que registraron en 2016 la mayor cantidad de secuestros fueron Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos y Zacatecas. Por otro lado, las extorsiones registraron un incremento del 3.6% entre 2015 y 2016.

Este aumento de la violencia en sus distintos ámbitos se puede palpar en las opiniones de la ciudadanía, en acuerdo a la ENVIPE 2016 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública). De acuerdo con los datos del estudio realizado el año pasado, el 70% de la población mexicana dice vivir con inseguridad. Solamente en 4 estados de la república la mayoría dice sentirse segura. Estos lugares son Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit y Yucatán. Por el contrario, los habitantes del Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla y Morelos son quienes más sensación de inseguridad perciben dentro de sus comunidades.

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UNA INICIATIVA PELIGROSA

¿Y si en este contexto de violencia, el Ejército pudiera actuar a discreción, hacer las funciones de policía, reprimir manifestaciones pacíficas de manera letal y no rendir cuentas? Puede suceder: actualmente se está discutiendo en el Senado y la Cámara de Diputados la llamada Ley de Seguridad Interior, como resultado de dos iniciativas, una propuestas por el PRI (en Cámara de Diputados) y otra por el PAN (en el Senado). En cualquier caso, ambas pretenden legalizar y legitimar la presencia del Ejército en las calles, bajo el supuesto de que la fuerza civil (la policía convencional) ha sido rebasada.

Algunos especialistas en políticas públicas y seguridad han apuntado que las leyes propuestas reducen considerablemente la influencia de legisladores y jueces ante el actuar de las fuerzas armadas en México, las cuales actuarían bajo órdenes directas del Gobierno Federal. El ejército tendría discrecionalidad para accionar armas de fuego contra los manifestantes, por ejemplo, si así lo consideran los encargados de los operativos. Para hacer esto posible, el gasto militar se incrementaría casi en un 600%, con el objetivo de financiar los recursos humanos, de inteligencia y los equipos de intervención.

En suma, la ley busca dar facultades al Ejército para hacer las funciones de policía, incluyendo los roles de prevención, investigación, detención y seguimiento de los delitos. La milicia conservaría además sus atributos, sin posibilidad de escrutinio público, amparándose bajo la figura de “Asuntos de Seguridad Interior”.

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¿Cuáles son los riesgos?

Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de CIDE, ha argumentado que el Congreso no está facultado para legislar en materia de Seguridad Interior, por lo que la ley propuesta sólo podría hacerse realidad llevándola hacia la zona gris de la laguna legal. Esto implicaría además reconocer el fracaso de las policías y organismos de Seguridad Pública en todo el país, incumpliendo la obligación de los poderes de proveer seguridad a los ciudadanos de manera civil y no militar.

El principal problema, asegura, tiene que ver con el uso discrecional de la fuerza y la poca transparencia que se le exigiría al Ejército, sumado a que no existiría el contrapeso de los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, se deponen las obligaciones sustanciales del Estado, que puede protegerse sin la necesidad de represión o seguridad militar, con acciones efectivas en salud, educación y bienestar, en lugar de concentrar su esfuerzo “en retenes militares y convoyes”.

Un ejemplo de los riesgos de esta ley ha sido expuesto por Tania Ixchel Atilano Camacho (Doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín), que recupera la idea de que las fuerzas armadas tendrían la facultad de “controlar” a una persona cuando al ser detenida en flagrancia, oponga resistencia. ¿Qué significa en éste contexto “controlar”? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de equipos de ataque? Por otro lado, ¿Se permitirán tanques para “controlar” multitudes?”.

Por su parte, Carlos Silva Forné, especialista del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en un foro que en esas condiciones “empeorarán los riesgos que México vive en material de seguridad, con uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos”.

¿Quiénes proponen la ley? ¿Qué argumentos existen a su favor?

Roberto Gil Zuarth (PAN) en el Senado y César Camacho Quiroz (PRI) en la Cámara de Diputados son los principales promotores de la iniciativa. El panista indicó que es necesario abrir el debate para dar certidumbre jurídica en el accionar del Ejército en tareas de seguridad pública. Además, justifica su iniciativa en la idea de que estados y municipios han dejado de invertir en seguridad pública “porque el Ejército ya se encuentra de facto realizando sus labores”. Camacho Quiroz, por su parte, defiende la propuesta bajo la premisa de que la falta de legislación solo mete en aprietos a los militares cuando están sobre el terreno.

Por ahora la iniciativa de Gil Zuarth está en comisiones, mientras que la propuesta de César Camacho permanece a la espera de dictaminación. Cabe destacar que en caso de prosperar sería necesaria la modificación del artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz los militares no puede intervenir en conflictos que no sean estrictamente castrenses.

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¿Está preparado el Ejército para algo así?

La realidad es que el 36% (una tercera parte) de las operaciones mixtas de las fuerzas armadas se encuentran sólo en dos estados: Guerrero y Estado de México. Es un hecho que la estructura actual del Ejército tampoco alcanza para establecer el control de todo el país.

Respecto al problema de la opacidad, en 2016 el diputado Vidal Llerenas (Morena) advertía que serían entregados para 2017 más de 9 mil millones de pesos para seguridad pública, una erogación enorme que no es sometida a mecanismos transparencia. Por su parte, Ixchel Atilano apuntó que de 90 millones de dólares destinados a gastos para equipamiento militar en 2014, se incrementaron a 500 mdd en 2015, principalmente para adquirir vehículos de ataque aéreo. La especialista explica que: “un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos unidades black hawk, desde los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos”.

¿Hay voces a favor de la Ley de Seguridad Interior?

El senador priísta Raúl Aaron Pozos expresó en una columna del Sol de México que es importante regular el actuar del Ejército en las calles por “los roces entre la sociedad civil y cuerpos militares, particularmente en lo correspondiente a “supuestas” violaciones a los derechos humanos”. El legislador asegura que “el enfado de los militares para continuar en estas responsabilidades es comprensible” y también que  reconocer los derechos humanos es algo importante, “pero que es necesario que el Estado Mexicano dé certidumbre a los soldados”.
Juan Ibarrola, por su parte ofreció en Milenio un texto en el que da un paso más adelante en la defensa de la Ley de Seguridad Interior: el descontento con el gasolinazo y la desacelaración en inversión extranjera obliga a que el país “deba estar preparado para enfrentar retos de seguridad interior”.

Artículo publicado por Tercera Vía el 16.01.2017: http://terceravia.mx/2017/01/lo-debes-saber-la-ley-seguridad-interior/

“Fuimos los guías de la Operación Orión”

Orsetta Bellani, ¡Pacifista!

Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, fue uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el bloque paramilitar con que Don Berna ejerció desde 2001 control sobre Medellín. Hace pocos días lo entrevisté en exclusiva en la cárcel La Picota de Bogotá, donde paga una condena de cuarenta años en la justicia ordinaria por haber asesinado a un hombre y haber dejado herida a una mujer.

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Mapuche: el nuevo enemigo público

Diana Lenton, Revista Anfibia

En los últimos días una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o “terrorismo mapuche”. Continue reading…