5 defensores de la tierra son vinculados a proceso por el presunto homicidio de un policía municipal

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Fueron vinculados a proceso los cinco defensores del territorio tseltales que la semana pasada habían sido detenidos por el presunto homicidio de Antonio Aguilar Pérez, policía municipal de San Juan Cancuc. 

En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Integrantes del Pueblo Creyente frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, el sábado 4 de junio de 2022. Foto: Orsetta Bellani

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del policía municipal fallecido Antonio Aguilar Pérez, pide justicia por su padre frente al penal de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/procesan-5-defensores-tierra-presunto-homicidio-policia/

En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.

En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.

“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).

Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

Peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente. 

Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.

“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.

Otra imágen de la peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.

Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos. 

“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo. 

“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.

Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control. 

Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. 

Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado. 

Foto: Orsetta Bellani

El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una. 

La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando. 

“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.

Artículo publicado en Animal Político el 6.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/chiapas-defensores-pueblos-indigenas-acusados-homicidio-policia/

Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

“Ya me voy”, dijo Marcelino.

“¿Adónde?”, preguntó ella con un poco de sarcasmo.

“Me acaban de decir que hoy me puedo ir”, contestó.

Durante 20 años, 3 meses y 2 días, Marcelino Ruíz peregrinó entre las cárceles de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Yajalón y Comitán. Desde el comienzo luchó por su libertad. Al no haber tenido acceso a un traductor a su idioma, el tsotsil, decidió aprender el castellano. Estudió historia, leyó biografías: “En la cárcel descubrí que me encanta leer, es un hábito que ahora tengo”, dice. Se dedicó a hacer dibujos y escribir comunicados para denunciar las violaciones a los derechos humanos que padecen los presos en las cárceles chiapanecas, y que difundía gracias al apoyo de No estamos Todxs, un grupo de trabajo anticarcelario que acompaña a varios presos en lucha de Chiapas.

En marzo de 2019, Marcelino Ruíz fundó la organización Viniketic en Resistencia, que es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y empezó a articularse con otros colectivos de presos en lucha: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate.  

Organizaron dos huelgas de hambre: la primera etapa, de 60 días, empezó en marzo de 2019 y terminó cuando les prometieron revisar sus expedientes. Entre los huelguistas, el primero en salir de la cárcel fue Juan de la Cruz Ruíz, que todavía seguía detenido tres años después de que la Mesa de Reconciliación — un órgano que revisa los expedientes de los internos y que está formado por los tres poderes del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos—, había determinado su excarcelación. Fue liberado en diciembre de 2019 y aún no soporta el olor a chile molido, que fue lo que le introdujeron en la nariz durante las torturas.

“Uno de los agentes judiciales me pidió 80 mil pesos a cambio de que me soltaran en ese momento y, como yo no tenía esa cantidad, ya fue que ordenó de que ya no me estén torturando, que porque no vaya a morir yo en sus manos pero, todo lo contrario… me pusieron cables eléctricos en mis partes íntimas”, Juan de la Cruz Ruíz.

La segunda etapa de la huelga de hambre empezó en los primeros meses de pandemia, en mayo de 2020. “Ingerí pura agua con miel durante 75 días. Me empalagaba, me asqueaba, ya no quería ni beberla”, recuerda Marcelino Ruíz.

Adrián Gómez Jiménez salió de la cárcel poco después, en septiembre de 2021, a pesar de que su sentencia absolutoria había sido pronunciada 26 meses antes. Estuvo preso injustamente durante 15 años, y padeció torturas que revive cada vez que ve a un policía en la calle, o escucha el sonido del metal.

“Mi dignidad, mi inocencia, y moralmente estaba por los suelos. No me quedaba otra salida que autoinculparme para que me dejaran de torturar. Me prefabricaron los delitos de privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y robo de auto”, Adrián Gómez Jiménez.

Fue justo después de su liberación que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la opinión 43/2021 . En ella se reconoce que Juan de la Cruz, Adrián Gómez, Marcelino Ruíz y los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y no les fue garantizado su derecho al debido proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU insta al Estado mexicano a poner en libertad inmediata a Marcelino Ruíz y a Abraham y Germán López Montejo, y solicita el otorgamiento de indemnizaciones y otros tipos de reparaciones para los cinco presos y ex presos en lucha.

Marcelino Ruíz salió de la cárcel el 7 de mayo junto con otras 231 personas, detenidas en distintas cárceles de Chiapas, después de que la Mesa de Reconciliación revisara sus expedientes. Había sido acusado de homicidio el 5 de febrero de 2002, tras haber sido detenido en su bicicleta en la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas por unos hombres que iban de civiles, y que lo torturaron hasta que firmó su condena. Tres delitos más le fueron fincados unos años después, cuando la policía nuevamente lo detuvo y golpeó, al encontrarlo en casa de su mamá tras una fuga masiva de reos. 

Su huida rocambolesca de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, que lo llevó a vagar sin rumbo en el monte durante tres días, se dio en 2004. Marcelino estaba tejiendo una bolsa cuando escuchó unos disparos y vio a los presos amontonarse frente a una puerta que se encontraba abierta: “Los compañeros se veían como borregos en un potrero, iban de un lado al otro. Levanto la mirada y me doy de cuentas de que nos estaban disparando desde la torre”, dice. El miedo fue tan fuerte que sus recuerdos de que aquel día son imágenes obscuras, como si fuera de noche, a pesar de que eran las dos de la tarde.

Durante la fuga un interno fue asesinado por un disparo y la responsabilidad fue atribuida a Marcelino. Además, fue acusado por fuga y por el homicidio de otro hombre.

“Mi defensor investigó y nos enteramos de que esta persona existía solo en el papel, no en la realidad. No existían ni el muerto, ni su familia. Era totalmente fabricado, entonces no pudieron condenarme”, afirma Marcelino Ruíz. Si la Mesa de Reconciliación no hubiera revisado su caso, se habría quedado en la cárcel hasta 2033.

La libertad para Abraham y Germán López Montejo llegó este 18 de mayo. Los hermanos originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán salieron del CERSS no. 5 de San Cristóbal de Las Casas tras un cautiverio de 11 años, 3 meses y 28 días. Habían sido detenidos en enero de 2011, mientras se encontraban sentados en el parque central de su pueblo; los esposaron y trasladaron a la comisaría, donde fueron torturados. 

“Me dolía todo el cuerpo y la garganta, me sentía la muerte. Escuché que sacó su arma, le cortó el cartucho: ‘habla, hijo de tu puta madre, traga esa agua me vale madre matarte, no vales nada’. Los demás se reían, risotadas cuando me estaba diciendo esas palabras. Me desmayé varias veces y me seguían amenazando de mi familia”, Germán López Montejo.

“Le dije que no, que no iba a firmar nada. Ahí es donde me falsificaron mi declaración, me hicieron firmar a la fuerza, como encontraron mi credencial de elector con esto copiaron mi firma”, Abraham López Montejo.

Ahora, los cinco presos en lucha beneficiarios de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se encuentran libres. Después de tantos años de cautiverio, su regreso a casa no es tan sencillo.

“Salir es otro reto, se trata de volver a empezar de nuevo, de salir a la calle y ver otro mundo diferente aquí afuera”, dice Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz e integrante del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha de Chiapas. “Tras su liberación, los compañeros suelen tener miedo a salir a la calle, pues cuando se topan con policías le regresa el recuerdo de la detención y de las torturas. Además, a menudo tienen pesadillas de que siguen en la prisión”.

Cuando regresó a San Cristóbal de Las Casas tras casi 20 años de estar preso, Marcelino Ruíz Gómez quedó asombrado al ver tantos carros y tantos turistas en el centro de su ciudad. Se sintió desubicado y no podía creer que en el campo de árboles de peras que diario cruzaba cuando era chavo, ahora surge la colonia de casas de tablas y bloques donde vive su familia. “Le exijo al gobierno mexicano reparación de daño para mí y mis cuatro compañeros”, dice. “Hay daños que son irreparables, como los psicológicos y emocionales, además del sufrimiento de nuestras familias. Pero sí exigimos una reparación de daño por todo lo que hemos perdido”. 

Artículo publicado el 19.05.2022 en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/05/presos-chiapas-onu-tortura-huelgas-hambre/

Las Abejas de Acteal rechazan propuesta del presunto asesino del defensor Simón Pedro

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Diez días de reflexión colectiva para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Diez días de debates internos para decidir sobre la propuesta de la defensa del presunto asesino de Simón Pedro Pérez López, catequista que en 2020 fue presidente de la mesa directiva de la organización.

Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel, Chiapas. Su sicario llevaba todo el día siguiéndolo y, como muestra un video que los legales de su familia presentaron ante el juez como prueba, le disparó a la cabeza desde atrás. Se cayó bocabajo, en el mercado alborotado de la cabecera municipal.

El representante legal de la familia de Simón Pedro, Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que el crimen fue desde el principio considerado como homicidio calificado, “o sea como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión”.

El abogado afirma que, sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo en el Juzgado de Control de Cintalapa, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, consistente en la admisión de responsabilidad a cambio de que el delito fuera reducido a homicidio simple, sin más calificaciones, con una penalidad de entre 8 y 20 años de prisión.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas analizaron en detalle la propuesta presentada por la defensa, desde su fe y su creencia. No es fácil tomar una decisión de este tipo, cuando la persona que falta es tu compañero, tu esposo o tu hijo. Y duele aún más cuando conoces al presunto asesino, pues es originario de la misma comunidad de Simón Pedro y su familia.

Simón Pedro Pérez durante una entrevista en Acteal Chiapas,, el 22 de noviembre de 2020. Foto: Orsetta Bellani

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado la organización tsotsil.

De acuerdo con Gómez Hernández, con esta decisión Las Abejas de Acteal quisieron trazar un camino que no fuera sólo para este caso, sino también para los de todos los defensores de derechos humanos asesinados. “Esperamos que el estado ejerza todo su poder de investigar y dar con los autores intelectuales del asesinado, porque esta persona no actuó solita”, afirma el abogado.

Simón Pedro Pérez López era originario de la comunidad Nuevo Israelita, que se encuentra en Simojovel, pero su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio continuo de Pantelhó, en la parroquia de Santa Catalina. Allí, el militante tsotsil no sólo predicaba los Evangelios, sino también invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que azotaba la región. Unos días antes de su asesinato la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recibió un documento elaborado en una serie de reuniones en las que Simón Pedro había participado, donde se detalla cómo las comunidades de Pantelhó estaban secuestradas por grupos armados que gestionaban los tráficos ilícitos en la zona, con la participación de políticos locales y policías. Por esto, Las Abejas de Acteal están convencidas de que la criminalidad organizada está detrás de su asesinato.

Y por esto, un par de días después de su homicidio, la situación en Pantelhó estalló: la población se levantó en contra del crimen organizado, formó un grupo de autodefensa llamado El Machete, sacó a los políticos coludidos con los criminales e instauró un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que ha sido reconocido por el Congreso de Chiapas.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21.04.2022: https://desinformemonos.org/las-abejas-de-acteal-rechazan-propuesta-del-presunto-asesino-del-defensor-simon-pedro/

Comisión inicia búsqueda de desaparecidos en zona de autodefensas de Pantelhó, Chiapas

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un integrante de las autodefensas El Machete de Pantelhó, en Chiapas, escribe rápido en su libreta. Copia los datos de la cedula de identidad de un soldado, se la devuelve y la pide a otro militar sentado en la camioneta. Les exige que se quiten los cubrebocas para poderles ver el rostro.

“Necesitamos revisar porque a veces hay sicarios entre ellos, los ubicamos porque son de acá”, explica el comandante de El Machete, grupo integrado por unos 500 elementos que tiene el apoyo de 86 comunidades del municipio de Pantelhó. Las autodefensas aparecieron públicamente el 7 de julio de 2021 para expulsar a los Herrera, familia que desde hace dos décadas tenía el control sobre la Presidencia Municipal. La acusaban de estar coludida con el crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores.

En Pantelhó hay muchos rastros de las batallas de julio. En el puesto de control que las autodefensas pusieron la semana pasada en la entrada del pueblo ante la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), hay un edificio vandalizado que tiene todavía sus vidrios rotos. En su fachada, cuelgan dos mantas que recuerdan a los muertos,  a los desaparecidos y los nombres de los responsables de los crímenes: políticos e integrantes del crimen organizado.

Vehículos del ejército y de la Guardia Nacional escoltan la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otras dependencias gubernamentales en Pantelhó, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

El vehículo de la Sedena pasa el puesto de control y le toca al que sigue. El Machete revisará los documentos de todos los militares que se encuentran en las siete camionetas de ejército y Guardia Nacional, además de los carros que trasportan a los representantes de la CNB, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y del Gobierno de Chiapas, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Una vez terminadas las verificaciones, la columna de vehículos arrancará su camino en la carretera que conduce al cerro de La Pelona, donde se llevarán acabo labores de búsqueda en una posible fosa clandestina.

Un par de horas antes, el 10 de febrero pasado, hubo una inédita junta en la Presidencia Municipal de Pantelhó, edificio que el 26 de julio fue tomado por la población y donde ahora opera un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres.

Los representantes de la Comisión de Búsqueda y de las demás dependencias gubernamentales se reunieron con El Machete, con un teniente del Ejército y con un mayor de la Guardia Nacional, para platicar sobre las operaciones de búsqueda de desaparecidos que empezaron a llevarse a cabo en Pantelhó la semana pasada, y cuyos resultados todavía no son públicos.

“Para no poner en riesgo las operaciones, pedimos al Machete y a la prensa que no entren a los puntos que vamos a revisar, o nos retiraremos”, advirtió Misael Rojas Mejía de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las autodefensas avisaron que, de todos modos, la carretera que conduce al cerro de La Pelona será resguardada por sus elementos. “No están allí para atacar a la Guardia Nacional o al Ejército, sino para seguridad. Queremos que su trabajo salga”, afirmó el comandante del Machete.

Las autodefensas El Machete en el camino entre Pantelhó, Chiapas, y el municipio de Simojovel, a la altura de la comunidad San José Buenavista Tercero. Foto: Orsetta Bellani

El funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos recordó también que, a pesar de que por protocolo los familiares de los desaparecidos suelen acompañar las actividades de búsqueda, en este caso “no participarán para no aumentar la conflictividad”.

De hecho, hay tensión entre las familias de las 21 personas que la comisión está buscando y El Machete. El 26 de julio de 2021, más de 2 mil pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó. A partir de entonces, ya no se supo nada de 21 ellos y sus parientes aseguran que fueron secuestrados y desaparecidos por El Machete.

Durante seis meses, estas familias estuvieron tocando puertas de dependencias estatales y federales, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, organizaron bloqueos y plantones, y fue hasta mediados de enero que las autoridades anunciaron su entrada a Pantelhó para buscar a sus parientes desaparecidos.

La caravana de vehículos del gobierno y de las fuerzas de seguridad atraviesan la carretera, en buena parte de terracería, que conecta Pantelhó con el municipio de Simojovel. Aquí es territorio del Machete. Las autodefensas colocaron a sus elementos en tres puntos a lo largo del camino para vigilar el paso del convoy. Están armados y encapuchados, algunos son apenas adolescentes, muchos traen una playera y una gorra azul con estrella roja que dice “el pueblo manda y el gobierno obedece”. La gente sale de sus casas para observar el desfile, los niños saludan.

La caravana pasa en frente al Rancho El Progreso, lugar revisado por la CNB en días anteriores. Se trata de una expropiedad de los Herrera, la familia que de acuerdo con los pobladores controlaba los tráficos ilícitos en la zona y tenía cocodrilos en su laguna para desaparecer cadáveres. El rancho fue expropiado en julio de 2021 por la población insurrecta de Pantelhó, y al mes siguiente allí se celebraron las elecciones por usos y costumbres de su Concejo Municipal, que luego ha sido reconocido por el Congreso local.

Esta vez, la larga caravana de militares y funcionarios federales pasa de largo al Rancho El Progreso y se dirige al cerro de La Pelona, un banco de arena y grava donde se podrían haber dado entierros clandestinos. Desde allí se puede observar, en la orilla del río que corre más abajo, la comunidad de Guadalupe Victoria, otro punto que fue visitado por la CNB la semana pasada.

Por otros rumbos, hacia el municipio de San Juan Cancuc, se encuentra otro lugar revisado por la comisión: la comunidad de Oniltik y la cueva donde al principio de diciembre fueron halladas las osamentas de dos personas. El día después, lo que más destacaron los titulares de los periódicos fue que los restos encontrados no eran de los 21 desaparecidos.

Las autodefensas El Machete se reúnen en el camino entre Pantelhó, Chiapas, y el municipio de Simojovel, a la altura de la comunidad San José Buenavista Tercero. Foto: Orsetta Bellani

“También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dice el comandante de El Machete, y pide a las autoridades que no busquen solo a los 21 sino a todos los desaparecidos.

“Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, dice el líder indígena rodeado por sus elementos, en un retén que las autodefensas tienen frente a la entrada de San José Buenavista Tercero, una comunidad que en las dos décadas de dominio de los Herrera puso muertos, desaparecidos y decenas de desplazados.

Artículo publicado en Animal Político el 15.02.2021: https://www.animalpolitico.com/2022/02/busqueda-desaparecidos-autodefensas-pantelho-chiapas/

En Oxchuc: “Los partidos como siglas no están, pero los actores políticos siguen”

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Un hombre deja caer una piedra en el suelo, quebrándola. Agarra unos trozos y se pierde en una calle que se desprende del parque de Oxchuc, Chiapas. Una lluvia de piedras y palos llega del otro bando, mientras las detonaciones retumban.

Los observadores electorales del IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana) se han ido horas antes y nunca llegará la Policía Estatal que está posicionada a pocos kilómetros de la cabecera municipal, con camionetas y hasta tanquetas. En la plaza quedan sólo sillas rotas, gente resguardada en el porche de la presidencia municipal y una neblina espesa causada por los cohetes. Poco después, en la explanada de Oxchuc desfilará el grupo armado de corte paramilitar María Tulukes, cuya entrada causará dos heridos leves, dos heridos de bala de gravedad y un muerto: Pedro Santiz López de la comunidad de Ts’ununilja, un agricultor de unos 33 años que se encontraba detrás del parque cuando un tiro lo alcanzó. 

Las violencias se dieron tras la celebración, el miércoles pasado, del plebiscito en este municipio tseltal, primero en Chiapas en obtener el reconocimiento legal de sus elecciones por usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos.

Enfrentamientos en Oxchuc. Video: Orsetta Bellani

“Los llamados usos y costumbres forman parte del derecho electoral consuetudinario de los pueblos indígenas y han existido antes de la presencia de los estados nacionales. En este sentido estamos frente a una restitución de derechos”, explica Araceli Burguete Cal y Mayor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). “Hay 470 municipios indígenas en Oaxaca que eligen a sus autoridades por usos y costumbres y no lo hacen de manera violenta. Oxchuc lleva por lo menos 15 años de muertos y enfrentamientos en la lucha por el poder, el cambio de régimen no ha podido modificar la clase política, que se ha apropiado de los sistemas normativos. Los partidos como siglas no están, pero los actores políticos siguen”.

Previo a las elecciones, el presidente del Órgano Electoral Comunitario (OEC) de Oxchuc, Belisario Méndez Gómez, habló de la fiesta cívica y democrática que significaba la jornada electoral.

“Se determinó la elección de autoridades municipales por nuestros sistemas normativos internos, como resultado de una gran batalla jurídica que dio nuestro pueblo ante los tribunales de México”, dijo. 

En este poblado de los Altos de Chiapas, los usos y costumbres prevén que los candidatos a la presidencia municipal –5 hombres y 5 mujeres, nombrados en asambleas comunitarias– suban al templete y sean votados por alzada de mano durante una asamblea general a la que pueden participar todas las personas que cuenten con credencial electoral. 

Uno de los candidatos en las elecciones por usos y costumbres de Oxchuc. Foto: Orsetta Bellani

El miércoles han sido muchas las manos alzadas para Hugo Gómez Santiz, y muchas también para Enrique Gómez López. La plaza estaba repleta de gente, más de 13 mil personas procedentes de 129 comunidades y 23 barrios de la cabecera municipal se presentaron para elegir a sus autoridades. Era difícil afirmar con seguridad quién tenía la mayoría entre los dos punteros.

“Ganó Enrique Gómez López”, dijo al micrófono el presidente del Órgano Electoral Comunitario. Se levantaron las protestas. 

“¡Hugo, Hugo!”, clamaban los seguidores de Gómez Santiz. 

“Sí se pudo, sí se pudo”, gritaban del otro bando. 

Hugo Gómez Santiz se acercó a las periodistas. “No es posible que a simple vista tengan una cifra matemática. Los lineamientos dicen que si la mayoría no es visible debemos pasar al conteo pormenorizado de los votos”, dijo enfurecido, mientras los gritos y la tensión crecían.

El templete donde se encontraba la mesa de debate se llenaba de sus partidarios, en la explanada la gente brincaba y gritaba, nadie parecía tener la capacidad de poner orden en el caos. Los seguidores de Hugo Gómez Santiz se pasaban el micrófono y acusaban a su contrincante de compra de votos con el apoyo del actual presidente municipal Alfredo Santiz Gómez, elegido en 2019 por usos y costumbres. Cuando finalmente el Órgano Electoral Comunitario reconoció el empate, era demasiado tarde. 

“¡Hugo, Hugo!”, seguían gritando sus partidarios, que ya no estaban dispuestos a aceptar el empate. Algunos se acercaron a la mesa de debate, la aventaron y golpearon algunos miembros del Órgano Electoral Comunitario. Pocos instantes después, empezaron las detonaciones y los lanzamientos de piedras, sillas y palos en contra del templete. Era un grupo de seguidores de Enrique Gómez López.

“Los actos de agresión tuvieron su origen en un grupo reducido de personas, y no involucraron a los varios miles de asistentes, hombres y mujeres, ciudadanos de ese municipio que asistieron a celebrar una fiesta cívica”, destacó en comunicado un grupo de observadoras electorales e invitadas especiales. “Reconocemos los esfuerzos que realizó el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc para construir un clima de acuerdos previos, que mostraron voluntad de inclusión a toda la diversidad política que se manifiesta en el municipio”.

Pobladores de Oxchuc durante sus elecciones por usos y costumbres. Foto: Orsetta Bellani

Llamaré Juan el joven que encontré en la explanada de Oxchuc y que tras los enfrentamientos me pidió no publicar su verdadero nombre para resguardar su seguridad. Juan cree que la violencia en Oxchuc no ha cesado porque los caciques siguen aferrados a su poder. 

“Los partidos políticos tienen todavía influencia dentro de las elecciones, siguen dándole recursos a candidatos que ven favorables y hay compra de votos de forma generalizada. Pero el problema no es el sistema por uso y costumbres, sino la gente que quiere que regresen los partidos. Vienen a provocar para mostrar que nuestro propio sistema normativo no sirve y que el partidista es mejor, pero la mayoría del pueblo de Oxchuc sigue firme en querer los usos y costumbres”.

Desde sus comienzos, Juan participa en el movimiento que llevó a la salida -por lo menos formal- de los partidos políticos y al reconocimiento por parte del Tribunal Estatal Electoral de Chiapas del sistema electoral tzeltal. 

Todo empezó en octubre de 2015, cuando los pobladores de Oxchuc empezaron a manifestarse en contra del matrimonio de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz López, que durante 12 años compartió el poder municipal transitando del PRI al PVEM.

“Era mucho porque sólo una familia gobernaba el municipio: salía el hombre y entraba su esposa, además prácticamente todos los que trabajaban en el ayuntamiento eran sus familiares. Fue allí cuando Ovidio López Santiz convocó a la gente”, dice Juan.

De acuerdo con sus usos y costumbres, en Oxchuc se elige el presidente municipal por alzada de mano. Foto: Orsetta Bellani

Ovidio López Santíz fue uno de los líderes de la protesta que llevó a la toma del palacio municipal y a la primera expulsión de la presidenta municipal María Gloria Sánchez, en febrero de 2016. Esta rebelión abrió camino, y unos tres años después, llevó al reconocimiento legal del sistema normativo indígena. 

El líder comunitario Ovidio López Santíz fue asesinado el 24 de enero de 2018 junto con otras dos personas, en uno de los días más tristes para este poblado tseltal: entonces 27 personas resultaron heridas y hubo quema de viviendas y negocios.

Los pobladores atribuyen estos hechos al grupo armado María Tulukes, conformado por personas ajenas a la comunidad. Afirman que la agrupación está al sueldo del matrimonio caciquil y que es responsable también de la muerte de Pedro Sántiz López, este 15 de diciembre, y de las cuatro personas heridas.

Este jueves, Oxchuc amaneció tranquilo, pero en las comunidades hay preocupación de que las tensiones puedan estallar otra vez. Antes de los enfrentamientos, la última palabra del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc fue que, de acuerdo con lo que establecen los lineamientos en caso de empate, se organizarán nuevas conteos comunidad por comunidad, para que el voto sea pormenorizado.

Artículo publicado en Pie de Página el 16.12.2021: https://piedepagina.mx/en-oxchuc-los-partidos-como-siglas-no-estan-pero-los-actores-politicos-siguen/

Las comunidades tseltales que resisten a la Guardia Nacional

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

César Hernández Feliciano tomaba su pozol sentado frente a una tiendita en el crucero de Temó, Chiapas, cuando percibió que la tensión iba a estallar. El director de la Policía Municipal de Chilón había cortado con su navaja la manta de los ejidatarios de Bachajón, que aquel 15 de octubre de 2020 se estaban manifestando contra la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, y el forcejeo estaba empezando. 

Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

Cesar Hernández Feliciano en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, Municipio de Chilón. Foto: Orsetta Bellani

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

Evento por el 4 aniversario del Gobierno Comunitario de Chilón, que se celebró el 20 de noviembre en la comunidad de Centro Chic. Foto: Orsetta Bellani

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

Mujeres tseltales debaten durante el evento por el 4 aniversario del Gobierno Comunitario de Chilón, que se celebró el 20 de noviembre en la comunidad de Centro Chic. Foto: Orsetta Bellani

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021: https://piedepagina.mx/las-comunidades-tseltales-que-resisten-a-la-guardia-nacional/

Los musulmanes de Chiapas están haciendo el Ramadán

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Un lienzo blanco divide un cuarto cubierto con tapetes. De un lado, el imam Ibrahim Chechev recita el Corán en árabe rodeado por hombres, sentados en el piso con las piernas cruzadas. Del otro, un grupo de mujeres acompaña la oración. Algunas cubrieron sus cabezas con chales con motivos árabes, otras con rebozos tsotsiles.

Estamos en el centro religioso de la corriente musulmana Ahmadiyya de San Cristóbal de Las Casas, una de las cuatro mezquitas de esta ciudad. Es el 13 de abril y el ruido de un aguacero fuera de temporada atenúa la oración que marca el comienzo del Ramadán, la ayuna que las personas musulmanas respetan de sol a sol durante un mes. Se trata de una oración que se repetirá cada día al atardecer, hasta el 13 de mayo, cuando nacerá la luna nueva y se celebrará el Aid al Fitr, la fiesta de fin del Ramadán. 

La oración se interrumpe y entran unos platos de frutas: papaya, plátano, naranja. El sol se ha escondido y se puede romper la ayuna. Las mujeres comen de un lado de la cortina y los hombres del otro, sentados en círculo en los tapetes que cubren el piso. Cuando platican, el árabe de la oración es sustituido por el tsotsil. 

¡Allah akbar! – ¡Allah es grande!”, canta un joven que lleva un gorrito pakistaní llamado kufi. Laspostraciones comienzan otra vez, en la mezquita que ahora perfuma a naranja.

“El Ramadán es un mes completamente espiritual que conlleva muchas reflexiones”, dice Ibrahim Chechev, indígena tsotsil que como imam es encargado de la dirección espiritual de la comunidad Ahmadiyya. “Al padecer hambre y sed te metes un poquito en la vida de las personas más pobres y te vuelves más humilde, más humano, todo lo agradeces”.

La familia de Ibrahim Chechev fue una de las primeras de San Cristóbal de Las Casas a convertirse al islam, en los años 90. En ese entonces el joven se llamaba Anastasio Gómez Gómez y era un adolescente preocupado por la violencia en su familia. 

Joven de la comunidad Ahmadiyya durante una oración. Foto: Orsetta Bellani

“Lo que más me llamó la atención del islam es el espacio que da a libertad personal y a la protección de las mujeres. De hecho, tras la conversión mi papá dejó de maltratar a mi madre”, asegura Ibrahim Chechev, que tras siete años pasados en Granada cecea como español. “Dios dice claramente que ante los ojos de él todos somos iguales y que las mujeres no son inferiores. La forma en que tratan a las mujeres en países como Arabia Saudita no tiene nada que ver con el mensaje del islam, es una interpretación equivocada del sagrado Corán”.

En cuatro ocasiones Ibrahim Chechev viajó a La Meca, en Arabia Saudita, lugar de peregrinación casi obligada para los musulmanes. “Uno no puede descifrar la alegría, la intensidad que se vive ahí, es un regalo único realmente. Cuando encuentras a una multitud de gente y todos son tus hermanos, y hablas una sola palabra con personas de otros países y de clases sociales distintas. Allí ves que el islam es una única religión universal”.

Casi 8 mil musulmanes en México

El islam abraza unos mil 800 millones de personas en todo el mundo y se estima que al final del siglo los musulmanes superarán en número a los cristianos. Al contrario de lo que se suele pensar, sólo el 20% son árabes. De acuerdo con el censo INEGI de 2020, en México 7982 personas se reconocen como musulmanas y se estima que la comunidad de San Cristóbal de Las Casas está integrada por unas 700 personas, en gran mayoría indígenas. En el transcurso del tiempo, se han dividido en cuatro grupos distintos.

Las demás corrientes del islam existentes en el mundo consideran como herejes a los Ahmadiyya. “Su fundador se asumía como profeta, cuando uno de lo cinco pilares del islam afirma que Mohammed fue el último”, dice Abderrahman, emir de la mezquita Iman Malik de San Cristóbal de Las Casas, que es parte de la corriente musulmana sufi. Añade que otra diferencia con las demás corrientes del islam es que los Ahmadiyya no creen en la segunda venida de Jesús: afirman que el profeta no se murió en la cruz sino siguió con su misión de mensajero de Dios hasta los 107 años, cuando falleció en Cachemira.

Ibrahim Chechev durante la oración del viernes. Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con el emir Abderrahman, que es español, el islam más que una fe es una practica que desarrolla la disciplina. La vida cotidiana de las personas musulmanas se adapta a la obligación de rezar cinco veces al día y a respetar la ayuna durante el mes de Ramadán, volviendo su existencia más recta y centrada. “El Ramadán es una experiencia extraordinaria”, asegura. “Es una ayuna que purifica el organismo y que no resulta muy pesada para quien la hace, gracias a su componente espiritual”.

El emir está sentado en el tapete rojo que cubre el piso de la mezquita Iman Malik, un edificio grande con un minarete y con arcos y azulejos en estilo árabe. Se encuentra justo frente a la sede de los Ahmadiyya, en el periférico norte de San Cristóbal de Las Casas, en una colonia donde conviven iglesias católicas, evangélicas, presbiterianas y adventistas. De acuerdo con el INEGI, Chiapas es el Estado con más diversidad religiosa de México y sólo el 54% de su población se considera católica. 

Un musulmán atraído por el zapatismo

Como el catolicismo, el islam llegó a Chiapas de España. Se llamaba Aureliano Pérez Yruela, también llamado Nafia, el primer español musulmán que desembarcó en 1995, un año después del levantamiento zapatista. Integraba al Movimiento Mundial Murabitun (MMM), movimiento islámico que rechaza el capitalismo, los bancos y el papel moneda, y anhela la reconstrucción de las comunidades autónomas del Estado que Mohammed fundó en la ciudad saudí de Medina. 

Nafia llegó a Chiapas con la esperanza de encontrar al subcomandante Marcos para proponerle la puesta en marcha de “un plan económico y político de reconstrucción social”.  “La lucha por la liberación de los pueblos debe hacerse bajo la bandera del islam transformador, siguiendo el mensaje revelado que nos trajo Mohammed, el último de los profetas, el libertador de la humanidad”, escribió Nafia en la carta de 14 cuartillas que entregó al comandante Tacho y al entonces mayor Moisés.

El subcomandante Marcos nunca quiso encontrar a Nafia, que sin embargo decidió quedarse en Chiapas para establecer, no sin dificultades, una comunidad islámica. Nafia leyó como una ventaja los cambios que, a mediados de los años ’90, la chispa zapatista estaba detonando en San Cristóbal de Las Casas, ciudad donde confluía mucha gente del campo, de otras partes de México y del extranjero. El cosmopolitismo y la riqueza étnica y cultural de San Cristóbal de Las Casas se refleja en la actual composición de la comunidad musulmana, integrada en su mayoría por personas de diferentes pueblos indígenas, además de mestizos sancristobalenses y blancos de origen español.

En un principio, Nafia se acercó a las familias tsotsiles evangélicas que en los años ’70 habían sido expulsadas de San Juan Chamula. Éstas encontraron en la comunidad musulmana el espacio donde reconstruir sus lazos comunitarios, y un sentido de pertenencia que había sido trastocado por su desplazamiento forzado. Los nuevos conversos invitaban a sus familiares, aprovechando del “nomadismo religioso” presente en esta religión, donde es común que una persona cambie de fe varias veces en su vida. La comunidad musulmana se fue alargando poco a poco.

El sincretismo religioso

Aisha Gomez Perez. Foto: Orsetta Bellani

Cada día Aisha Gómez Pérez acude a la mezquita Ahmadiyya para conectarse al Internet y seguir las clases de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que son en línea desde el comienzo de la pandemia. La joven es tsotsil y su familia se convirtió al islam antes de que naciera: desde bebé la llaman Aisha, que en árabe significa “llena de vitalidad”. 

Su carrera escolar empezó en la madrasa (escuela coránica) que el MMM abrió en San Cristóbal de Las Casas. “Durante las oraciones las maestras sentaban a los niños blancos, hijos de los primeros españoles que llegaron a Chiapas, frente a los niños indígenas, y durante las clases los trataban mejor”, recuerda Aisha Gómez Pérez. 

Su familia le contó que Nafia era una persona autoritaria que les prohibía hablar tsotsil, vestir sus prendas tradicionales, comer tortillas y relacionarse con personas no musulmanas. Además, obligaba a las mujeres a llevar el velo todo el tiempo y promovía la poligamia masculina que, a pesar de ser permitida por el Corán, no era aceptada por las conversas.

La primera división de la comunidad islámica de San Cristóbal de Las Casas se dio a finales de los noventa, justo a causa de los intentos de los integrantes del MMM de borrar la identidad tsotsil e imponer costumbres que no eran aceptadas por la población local. 

“Recuerdo que en aquella época algunas activistas y académicas feministas se preocupaban de que la llegada del islam significara una cuádruple opresión para las conversas; por ser mujeres, pobres, indígenas y musulmanas”, dice la investigadora independiente Sandra Cañas Cuevas. “Veían a las mujeres indígenas como carentes de agencia y en realidad esta experiencia de conversión es más compleja”.

Cañas Cuevas afirma que las mujeres de la comunidad islámica se apropiaron de la nueva religión de forma selectiva, retomando algunas prescripciones y reformulando o hasta rechazando las que no consideraron adecuadas.

Un ejemplo es el uso del velo: algunas decidieron usarlo en la calle y otras lo llevan sólo durante las oraciones, como Aisha Gómez Pérez. En el primer día de Ramadán, la joven tapó su cabeza con un chal de lana, azul y morado. Cuando la oración termina, se sienta en círculo con sus compañeras en el tapete de la mezquita Ahmadiyya y, del otro lado del lienzo blanco que divide el cuarto, los hombres hacen lo mismo.

La lluvia ha dejado de ensordecer y en el cielo ya se ha asomado la luna nueva que señala el comienzo del mes sagrado. Se rompe la ayuna comiendo harira, una sopa marroquí que aquí se prepara con chile y se acompaña con tortillas. “El islam no cancela las expresiones culturales locales y es normal que no sea lo mismo en Asia, en África o en Europa”, afirma una mujer de origen español. “Es una religión que florece de formas distintas y adquiere las peculiaridades de un lugar, el sabor de una cultura”. 

Artículo publicado en Pie de Página el 8 de mayo de 2021: https://piedepagina.mx/los-musulmanes-de-chiapas-estan-haciendo-el-ramadan/

Las mujeres en lucha del mundo se encuentran en territorio zapatista

Orsetta Bellani, Pikara Magazine (Foto: O.B.)

Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo participan en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas, para hablar de violencias y unir fuerzas.

La niña en el medio de la cancha se llama Esperanza, lleva un pasamontañas y abraza un osito de peluche. Las milicianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchan golpeando sus toletes al ritmo de una cumbia, hasta formar un caracol gigante alrededor de Esperanza. La protegen.

Estamos en la inauguración del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres del EZLN entre el 26 y el 29 de diciembre de 2019 en el Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo acudieron a este espacio construido con casas de tablas de maderas pintadas con murales, rodeado por las montañas de bosques del Estado de Chiapas, en el sur de México.

Las milicianas zapatistas llevan uniformes y gorras verdes o café, traen el rostro cubierto por pasamontañas y paliacates rojos al cuello. Algunas cargan arcos y flechas.

– “¡Apunten!”, ordena una comandanta a las arqueras.

– “¡Descansen!”.

Las zapatistas no disparan. Ya dispararon en 1994, cuando se levantaron en armas para recuperar y redistribuir a los pueblos indígenas las tierras que ancestralmente les pertenecían; para impulsar sus sistemas autónomos de justicia, de educación y de salud en las regiones más aisladas de Chiapas, donde nunca habían llegado abogados, doctores y maestros. El EZLN jamás entregó sus armas, pero pronto decidió que la parte civil de su organización prevaleciera sobre la militar y se dedicó a la construcción de “otro mundo”. Un mundo donde sí se dan episodios de violencias en contra de las mujeres – sancionados por las autoridades autónomas zapatistas – pero ninguna de ellas es desaparecida y asesinada. Esto en un país, México, donde se registran 10 feminicidios cada día.

Entrada del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Foto: Orsetta Bellani

Las milicianas zapatistas no disparan sus flechas, pero les dicen a las mujeres presentes que vale defenderse cuando te están matando. “Hermana y compañera: tenemos que defendernos y sobre todo que defendernos organizadas. Y tenemos que empezar ya, y más si una mujer es niñita apenas. La tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos. Y si no tenemos nada, pues con palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues con nuestro cuerpo. Con uñas y dientes hay que proteger y defender”, afirma la Comandanta Amanda desde el escenario. “Nos siguen asesinando y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan que estemos bien portadas. Si las mujeres protestan y rayan sus piedras de arriba, rompen sus vidrios de arriba, le gritan sus verdades a los de arriba, entonces sí gran bulla. Pero si nos desaparecen, si nos asesinan, entonces no más ponen otro número: una victima más, una mujer menos”.

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Un micrófono abierto en territorio rebelde. Unas zapatistas con sus pasamontañas preparan la lista de quienes quieren compartir su palabra, las invitan a hablar, las escuchan. El tema del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan es la violencia contra las mujeres. Hoy es el primer día y el espacio está abierto para las denuncias.

Ximena agarra el micrófono. Frente a ella, sentadas en el escenario del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, las demás mujeres tienen los ojos enrojados por las historias que ya escucharon.

La voz de Ximena tiembla, dice que nunca lo ha hablado en público. Cuenta de haber sido abusada a los cinco años por un hombre anciano que vivía en su casa. Llora.

– “No estás sola compañera”, grita una desde el público.

– “Yo te creo”, añade otra.

Se escucha el respiro de Ximena en el micrófono. Retoma la palabra, cuenta que años después descubrió que el mismo hombre abusaba también de sus tías. Que cuando se le contó a su papá, éste lo mandó a matar.

Las participantes del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan se pasan el micrófono para contar sus historias de violencias, todas parecidas a pesar de las distancias que las separan. Algunas cuentan haber sido abusadas por compañeros de lucha que se dicen feministas, otras relatan de abusos familiares que ocurren generación tras generación, de mujeres violadas que enseñaron a sus hijas que hay que callarse y no denunciar. Cuentan historias de impunidad y de madres convertidas en peritas, expertas de la carpeta de investigación de sus hijas. Mujeres que no sabían de ser feministas antes de que sus hijas fueran desaparecidas o asesinadas.

Una de las asambleas que se llevaron a cabo durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Las mujeres del público se miran entre sí, lloran, se abrazan. Cada dolor que escuchan les recuerda otro vivido en sus propias entrañas. Las mujeres que se reunieron en el Semillero zapatista son un cuerpo colectivo, violado y dolido, que se sana, se organiza y lucha. Están un espacio seguro cuidado por las milicianas del EZLN, donde al atardecer se levanta una neblina que huele a fogón.

Las denuncias no caben en único día, se comen el día siguiente dedicado a las propuestas. Propuestas hay, pero las denuncias desbordan.

“Tú y nosotras sabemos que lo más peligroso ahora en el mundo es ser mujer”, dijo la Comandanta Amanda durante la inauguración del evento. “No importa si es mujer, niña, o jóvena, o adulta, o ya de juicio. No importa si es blanca, amarilla, roja o color de la tierra. No importa si es gorda, delgada, alta, chaparra, bonita o fea. No importa si es de clase baja, o media, o alta. A la hora de la violencia, lo único que importa es ser mujer”.

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Allison llena su vaso de plástico del grifo de uno de los comedores del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona. Tiene 23 años, una camiseta blanca, jeans y un paliacate que le cubre la boca. “¿Qué ha cambiado en el EZLN después del Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan?”, dice tomando un trago de agua. “Que las mujeres estamos más organizadas”.
Para esto las zapatistas convocaron a las mujeres del mundo: para que se lleven un “granito de arena” a sus geografías y se organicen con las demás mujeres que no han podido viajar; para que se conozcan entre ellas, intercambien contactos, estrategias, experiencias; para que aprendan de otras mujeres y de las zapatistas, que sí lograron construir un mundo “otro”. En todo el Semillero zapatista se crean reuniones espontaneas, talleres, espacios de compartir. Allí se habla de crear redes de cuidados, de organizarse para responder al llamado de cualquier mujer que lo necesite.

Milicianas y bases de apoyo zapatistas cocinan durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Unas comandantas del EZLN hablan con un grupito de mujeres en la entrada del Semillero. Recuerdan cuando no se les permitía estudiar, viajar, hacer otra cosa que no fuera cocinar y criar hijos. Cuentan de cómo ha cambiado su vida desde la insurrección armada del EZLN, en 1994. Afirman que tienen mucho que caminar aún, que a menudo las mujeres discuten entre ellas por tonterías, que la igualdad de género en territorio zapatista aún no existe, pero sí se han hecho grandes pasos.

Toma la palabra Gabriela, que viene de la zona zapatista de Oventic. Para ella, la vida digna es que su compañero se encargue de sus hijos e hijas y de la casa mientras participa en eventos como éste. Dice que las zapatistas decidieron organizar el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan porque leen que hay muchas mujeres asesinadas y desaparecidas. “Cuando se muere una mujer en otro Estado o en otro país llegamos a sentirlo, porque tenemos la misma sangre a pesar de tener otros ojos y otra piel”, dice.

Gabriela, que se ha criado en un mundo sin feminicidios, no entiende por qué todavía las mujeres del mundo no se han logrado organizar, como las zapatistas, para acabar con el problema. “Durante el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan prendimos una lucesita y se la dimos, para que se la llevaran a sus geografías y se organizaran”, dice Gabriela. “Pero después de año y medio vimos que en su mundo siempre más mujeres son asesinadas y desaparecidas. Ustedes saben si se están organizando bien o no”.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 8.01.2020: https://www.pikaramagazine.com/2020/01/las-mujeres-lucha-del-mundo-se-encuentran-territorio-zapatista/

“Feminismo es la lucha de las mujeres para su buen vivir”

Orsetta Bellani, Pikara Magazine

Francesca Gargallo empezó a reconocerse como feminista en temprana edad. La dinámica de opresión de las mujeres fue la clave que le permitió entender la sociedad y luchar en contra de todo tipo de injusticias. Su amor por América Latina nació a los 23 años. Cuando en 1980 llegó a Nicaragua conoció el entusiasmo revolucionario, pero también “muchísimo machismo”. Había salido de Italia empujada por un sentimiento internacionalista que en esta época movió muchos jóvenes a conocer y apoyar la revolución sandinista nicaragüense. Sin embargo, después de un año decidió dejar el país pues no soportaba que el machismo fuera defendido por los revolucionarios: “Si te rebelabas en contra de las expresiones machistas te acusaban de ser una contrarevolucionaria”.

La escritora feminista siciliana decidió mudarse a México, donde vive desde entonces. Ha sido docente de Filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y no ha parado de escribir: en su biografía se encuentran novelas, poemas, ensayos y cuentos para niños. En sus casi 40 años de vivir y viajar por América Latina ha tenido la posibilidad de conocer muchas mujeres indígenas que se organizan entre en pos del cambio social. De su encuentro con ellas nació su libro Feminismos desde Abya Yala, que publicado en 2012.

Tras tu encuentro con mujeres de 607 pueblos indígenas de América afirmas que existe una relación entre el feminismo y la búsqueda del buen vivir. ¿Todas las mujeres que luchan por mejorar sus condiciones se pueden decir feministas?

Definitivamente. Feminismo es una palabra que condensa y que traduce; como todas las traducciones es reductiva, pero nos puede dar una idea general de lo que es agruparse y reflexionar entre mujeres para el bienestar de las mujeres adentro de su sociedad. Decirse feminista es traducir un concepto mucho más amplio, mucho más complejo o mucho más específico de cada cultura y lengua, de cada grupo de mujeres que se reúne. Hay mujeres indígenas que utilizan verdaderas metáforas para decir lo qué son: algunas se reconocen como “las mujeres del corazón”, otras dicen “somos las mujeres que luchamos”, otras más afirman que son “las mujeres que buscan una buena vida”. Cada vez que la búsqueda de esta buena vida parte de la reflexión entre mujeres y para el bienestar de las mujeres, yo creo que se puede hablar de feminismo.

Al mismo tiempo eres muy crítica con el feminismo académico occidental. ¿Por qué?

El feminismo académico occidental es una de las tantas formas en que la sociedad del conocimiento encausa hacia su beneficio todos los saberes que vienen de la sociedad. El feminismo era una lucha desde todos los sectores populares, desde las mujeres reunidas en su cocina para cambiar el mundo, y la Universidad quiso captar este conocimiento, llevarlo a las aulas, insertarlo en ciertos sistemas de especialización. Claro, el feminismo académico occidental tiene también sus aspectos positivos: hay una filosofía critica que viene del feminismo. Pero fue llevado a las aulas para desarmarlo, para quitarle su contundencia política.

¿Al feminismo latinoamericano no le ha pasado lo mismo?

En América Latina hay una parte del feminismo que está en las aulas. En México existe una enorme valoración de un pensamiento que no es latinoamericano, y es evidente cuando en los programas de estudio no te encuentras a Margarita Pisano, no te encuentras a Julieta Kirkwood pero te encuentras a Judith Butler. De otro lado, hay también muchos grupos de encuentro de mujeres que están aprendiendo su propia ley, haciendo su propia justicia que se distancia de lo que el patriarcado impone a las mujeres, por ejemplo la vergüenza después de la violación. Las mujeres hoy se unen para crear una justicia que resuelva su derecho a la vida y al bienestar.

Un feminismo en que se reconocen muchas mujeres latinoamericanas es el feminismo comunitario. ¿De qué se trata?

Es un modo de definir feminismos que han surgido en el interior de comunidades indígenas de Bolivia y Guatemala y que hoy se ha difundido entre mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, o que han llegado desde las ciudades a trabajar con ellas y a vivir con ellas. De acuerdo con los feminismos comunitarios, la colonización de América fue una colonización de género. Es decir, cambió la relación entre las mujeres y los hombres, entre otras cosas porque fijó lo que es masculino y lo que es femenino, dejando afuera las mujeres masculinas, a los hombres femeninos, a las personas con una sexualidad no reproductiva y a las mujeres que no querían vivir en una relación de pareja. La colonización impuso un sistema de género de corte binario: o eres mujer o eres hombre; si eres mujer te ocupas de ciertas cosas, si eres hombre te ocupas de otras. En muchos pueblos que vivían en América antes de la llegada de los españoles esta condición era más igualitaria, o igual de diferenciada pero con niveles dialogantes mayores, y no necesariamente había una diferencia tan marcada entre lo privado y lo público. Además, de acuerdo con los feminismos comunitarios, la cultura de la propia comunidad pone las bases para vivir bien al interior de esta comunidad, y después una se puede abrir al mundo. Es decir, antes de abrirnos al mundo tenemos que encontrar nuestra historia de resistencia a la colonización como mujeres y nuestra historia de buena vida ahora y como mujeres de esta comunidad especifica, que necesita sanarse a sí misma del colonialismo y del patriarcado que ha crecido con el colonialismo. La colonización impuso la dote y los matrimonios obligados, que no existían antes.

De acuerdo con el feminismo comunitario, el encuentro entre las culturas americanas y la cultura europea dio origen a una forma original de patriarcado. ¿Cómo se define y qué características tiene?

Se llama “entronque patriarcal” y es una definición desarrollada por dos pensadoras que viven en lugares muy distintos. Una es una indígena xinca guatemalteca que se llama Lorena Cabnal, y la otra es una indígena aymara de Bolivia que se llama Julieta Paredes. Trabajaron la idea del machismo contemporáneo como fruto de un largo proceso histórico que tiene un momento crítico durante la colonización de América: el patriarcado de las comunidades se reforzó con el patriarcado cristiano colonialista. El patriarcado latinoamericano es especialmente violento porque tiene una característica colonialista, genocida, y es profundamente contraria a las poblaciones originarias de las cuales las mujeres son el 50 por ciento de la población y son además la estructura portante de la economía comunitaria. Esto es el “entronque patriarcal”, es la exacerbación de los patriarcados originales causada por la impronta colonial y asesina del patriarcado cristiano occidental.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 21.11.2018: http://www.pikaramagazine.com/2018/11/francesca-gargallo/