Desplazados de Chenalhó exigen desarme de grupos armados y retorno seguro en Chiapas

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Javier Ruiz Pérez estuvo dos días escondido con su familia en las montañas del sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas. No tenían comida ni agua, pues tuvieron que salir corriendo de su casa tras el asesinato de su padre, el agente rural municipal Juan Ruiz Morales.

“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

Foto: Orsetta Bellani

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.

Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.

La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

Foto: Orsetta Bellani

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

Foto: Orsetta Bellani

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022: https://desinformemonos.org/desplazados-de-chenalho-exigen-desarme-de-grupos-armados-y-retorno-seguro-en-chiapas/

En Chiapas, militares frenan operativo para entrar en Santa Martha, de donde 138 personas se desplazaron por la violencia

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Margarita Velasco Velasco ya no quiere ni comer. Le arde la panza, le duele la cabeza y tiene los pies rasgados por las espinas que pisó en el monte. En la madrugada del sábado antepasado, tras tres días de tiroteos, la mujer tuvo que huir a un cerro con su marido y sus cuatro hijos. Dejaron atrás su casa en el sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas, que ha sido quemada con todas sus pertenencias por un grupo armado que se quiere adueñar de 22.5 hectáreas de tierra que su familia y otras están cultivando desde hace un par de años.

Fue tras muchas horas de camino que, el domingo antepasado, Margarita se pudo reunir con familias procedentes de distintas comunidades de Santa Martha en un campamento de desplazados que se improvisó en la localidad Majomut, en el colindante municipio de San Juan Chamula. Allí se juntaron 138 personas; entre ellas, hay niñas y niños, dos mujeres embarazadas y algunas enfermas de gravedad. Estuvieron totalmente abandonadas durante cinco días y fue hasta la mañana del viernes que Protección Civil de Chiapas informó haber entregado despensas, colchonetas, agua y pañales a los desplazados. Aseguró que se encuentran albergados con familiares y que se mantiene la posibilidad de activar unos refugios temporales.

Mujeres desplazadas del Sector Santa Martha, Municipio de Chenalhó, a causa de los enfrentamientos que se dieron a partir del 29 de septiembre de 2022. Foto: Orsetta Bellani

“Según mis contactos en Santa Martha, el conflicto que empezó el 29 de septiembre ha cobrado la vida de unas 20 personas y muchas casas fueron quemadas”, dice Reynaldo Pérez, del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que está acompañando a las familias refugiadas en Majomut. “También hay personas desplazadas en San Cristóbal de Las Casas y otras siguen desaparecidas en el monte tras el desplazamiento forzado: hay familias que durante la fuga se tuvieron que dividir y perdieron a sus seres queridos”. 

Reynaldo Pérez desmiente además los rumores que llegan de varias partes, y que acusan a los desplazados de ser parte de uno de los grupos armados que operan en Santa Martha. Se trata de un sector del municipio de Chenalhó donde hay presencia de grupos armados a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las agrupaciones de hoy no son las mismas que entonces y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), actualmente operan cinco grupos que la población reconoce y nombra por sus vestimentas: les dicen ninjas, exmilicianos, soldados, militares y rambos.

Estos grupos armados mantienen fuertes disputas de tierras con dos municipios colindantes: Aldama y Chalchihuitán, donde a partir de 2017 causaron muertes y el desplazamiento forzado de miles de personas. La población de ambos municipios vive bajo el acoso constante de los balazos de los hombres armados de Santa Martha, que ni los acuerdos que se firmaron en 2020 pudieron apaciguar. Lo que sí hicieron estos convenios fue otorgar tierras a los habitantes de este sector de Chenalhó: el acuerdo de noviembre de 2020 con Aldama les brindó 27.5 hectáreas, el que se firmó el mes anterior los volvió legítimos dueños de 22.5 hectáreas de tierras que anteriormente pertenecían a Emiliano Zapata, en el municipio de Chalchihuitán. 

Según afirman las familias desplazadas, es por el reparto de estas tierras que se recrudecieron las tensiones internas entre los grupos de Santa Martha. “Llevamos años cultivando las 22.5 hectáreas que eran de Emiliano Zapata y que ahora nos corresponden, pero el comisariado y los agentes de bienes comunales se organizaron para sacarnos a balazos y quitarnos el terreno”, dice Vicente Gómez Velasco. 

El campesino ya había tenido que desplazarse por la violencia el 25 de junio pasado, junto con unos 100 hombres más. Luego se abrieron unas mesas de negociación que permitieron su retorno, hasta que la semana pasada escuchó a unos hombres decir en el radio que iban a quemar su casa y asesinar a quienes allí se encontraban. Decidió entonces meterse otra vez al monte, ahora con toda su familia y otras 25 personas. Huyeron hasta llegar al campamento de desplazados, desde donde piden que el gobierno pacifique Santa Martha y desarme a los grupos armados que allí operan.

El convoy militar se detiene en la comunidad de Belisario Domínguez, instantes antes de decidir no entrar a Santa Martha y darse vuelta atrás. Foto: Orsetta Bellani

En la mañana del jueves, un convoy integrado por 14 elementos del Ejército, 12 de la Guardia Nacional y 30 policías estatales y municipales salió de la cabecera municipal de Chenalhó para ir a Santa Martha, donde hasta el momento ninguna autoridad ha ingresado. Sin embargo, a la altura de la comunidad Belisario Domínguez, el convoy hizo marcha atrás.

“Ya allá está tranquilo, ya no hay ningún problema, la gente que se desplazó en estos días regresó a sus viviendas”, dijo el jueves a la prensa Jesús Jiménez Velasco, comisariado ejidal de Santa Martha, antes de subirse al convoy militar. En realidad, ni los soldados todavía se atreven a entrar a la zona. 

Artículo publicado en Animal Político el 8.10.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/10/chiapas-militares-operativo-santa-martha-desplazados/

‘Las agresiones a las comunidades zapatistas son parte de una guerra global’, Foro Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas

Orsetta Bellani, Programa de las Américas (Foto: O.B.)

El 25 de noviembre se llevó a cabo un foro para reflexionar sobre las agresiones de los grupos armados de corte paramilitar en contra del EZLN. Prácticas de guerra similares se utilizan en distintas partes del mundo.

Cada vez que ve a su casa “lastimada de bala”, una mujer zapatista del ejido Moisés Gandhi tiene ganas de llorar. Otra vive con la sensación de que su compañero “ya está muerto”, asesinado con las palabras de un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que amenazó con matarle y colgarle la tripa en el cuello.

Son algunos de los testimonios de mujeres zapatistas recogidos por la Caravana de Solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi, en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que se realizó el 29 de octubre del 2020.

De acuerdo con las y los zapatistas de Moisés Gandhi, a inicios del 2020 la ORCAO comenzó una serie de agresiones que fueron escalando durante todo el año: robo y destrucción de cultivos, tala de árboles, destrozos en la escuela secundaria autónoma zapatista, amenazas y agresiones físicas. Los integrantes de la ORCAO cercaron a las comunidades zapatistas e invadieron las parcelas que en 1994 el EZLN recuperó, o sea quitó a los terratenientes para dárselas a sus bases, y de las que la ORCAO se considera propietaria.

El 22 de agosto pasado, la ORCAO llegó a saquear la tienda Arco Iris y dos bodegas de café del EZLN, que luego han sido rociadas con gasolina y quemadas junto con el comedor zapatista Compañera Lucha, ubicados en el crucero de Cuxuljá, unos de los puntos donde la presencia zapatista en la carretera que conecta las ciudades de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas es más visible. Las agresiones en Moisés Gandhi culminaron con el secuestro, el 8 de noviembre, del base de apoyo zapatista Felix López Hernández, torturado por unos 20 integrantes de la ORCAO.

Mujeres zapatistas durante el Segundo Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

A finales de agosto, mientras las llamas comían las bodegas de café y los balazos retumbaban en el cielo, a pocos centenares de metros una mujer zapatista estaba pariendo. Ella y sus compañeras viven una angustia constante: no pueden ir a sus parcelas por miedo a ser agredidas, sus cosecha se pierden y sus mesas se quedan vacías. Al arroyo para buscar agua se acercan sólo en grupo. Ver video.

“Los niños no saben si dormir con la bota puesta, porque la bala no tiene horario”, dijo Marisol Culej Culej, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), durante el foro “Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas”, que se llevó a cabo en línea el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento en línea el CDMCH, que participó en la Caravana de Solidaridad que visitó a las comunidades hostigadas por la ORCAO, destacó que las mujeres zapatistas no tienen actitud de víctimas, sino que crearon formas de resistencia a través del trabajo colectivo, en sus talleres de alfarerías o de telar. Denunció también que la ORCAO ocupó las tierras para poder aprovechar del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida, que otorga 5 mil pesos (unos 250 dólares) para supuestamente incrementar la productividad de zonas rurales, y que la acción de este grupo armado de corte paramilitar “tiene un objetivo primordial que es el desgaste”.

Tras la masacre de Acteal de 1997, la estrategia de guerra del Estado en contra de las comunidades autónomas de Chiapas consiste en agotar a la población con actos violentos, pero poco “llamativos”. Es la llamada “guerra integral de desgaste”. Al mismo tiempo, el gobierno impulsa proyectos asistencialistas para que las familias salgan de la resistencia y las comunidades acaben divididas.

“El gobierno incide individualizando a la persona, dándole un dinero y separandola de esta razón colectiva que le ha hecho frente al Estado mexicano, y a cualquier tipo de proyecto progresista”, ha afirmado la socióloga y antropóloga Margara Millán durante su participación en el foro en línea. “Las mujeres están en el centro de este conflicto y articulan varias luchas, entonces se convierten en un objeto a intimidar, a debilitar, porque nos mostraron que no hay que tener miedo”.

Este esquema de violencia, el “mismo miedo a los balazos”, de acuerdo con Rosy Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas afecta a las familias de Aldama, Chalchihuitán y Chilón; a la comunidad Los Chorros en el Municipio de Chenalhó, a Banavil en Tenejapa y al poblado de Viejo Velasco en Palenque. Y va mucho más allá de las fronteras chiapanecas.

De acuerdo con la antropóloga Aída Hernández Castillo, en distintas partes del mundo se utilizan prácticas de guerra similares, y elige una cita de la antropóloga Carolyn Nordstrom de la Universidad de Notre Dame que respalda su tesis: “Después de conducir investigación de campo en los epicentros de guerra en tres continentes durante más de quince años, he aprendido que el concepto mismo de guerras locales, ya sean centrales o periféricas, es una ficción”, escribe Nordstrom.

Niñas zapatistas. durante un acto de solidaridad con los familiares de Ayotzinapa en los Altos de Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“No hay conflictos locales: la industria de guerra internacional está masivamente interconectada y hace posible las guerras en cualquier parte del mundo. He visto los mismos manuales de entrenamiento militar darle la vuelta al mundo, yendo de una guerra a otra. Cuando una nueva técnica de tortura se introduce en un país, la misma técnica puede ser encontrada en todo el mundo a los pocos días”.

Uno de los territorios donde la “industria de guerra internacional” implementa sus estrategias es el Kurdistán. Allí, inspiradas por la lucha de las zapatistas, las mujeres que resisten a la embestida del Estado turco están planteando unir los esfuerzos de las mujeres en lucha de todo el planeta, y crear una organización mundial de mujeres.

“Sin construir una lucha en común no se puede romper el patriarcado”, afirma al cierre del evento Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.

Para ver más material de la Caravana de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas: https://redajmaq.espora.org/materiales-caravana2020

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 30.11.2020: https://www.americas.org/es/las-agresiones-a-las-comunidades-zapatistas-son-parte-de-una-guerra-global-foro-de-violencia-paramilitar-contra-las-mujeres-zapatistas/

Paramilitarismo y desplazamientos forzados en Chiapas

Renzo D’Alessandro, ALAI (Foto: Padre Marcelo Pérez)

El escalamiento de la violencia derivada de un rancio conflicto de límites territoriales entre Chenalhó y Chalchihuitán, dos de los municipios más pobres de México, ha llegado a niveles alarmantes de más de 5 mil desplazados de los cuales la mayoría son niños y cientos de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las familias desplazadas provienen de las comunidades indígenas de Ch’enmut, C’analumtic, Pom, Tzomolton, Bejelton, Tulantic, Bololchojón, Cruz Acalnam, Cruztón, ubicadas al sur del municipio de Chalchihuitán afectando a su vez a 7 mil personas de una docena de comunidades vecinas en una franja limítrofe con Chenalhó.

“La situación está a punto de un grave derramamiento de sangre”, así lo han reiterado las denuncias de actores locales mientras que las autoridades estatales mantienen una ambigua postura ante esta emergencia social. Tanto el párroco de Chalchihuitán, como el párroco Marcelo Pérez de Simojovel y el reconocido internacionalmente Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) han lanzado alertas y comunicados a las autoridades federales y estatales entre ellas la Secretaría General de Gobierno a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda y la Fiscalía General de Chiapas dirigida por Raciel López Salazar, cuya tímida respuesta ha sido declarar una reunión mixta con policías y militares.

La ola de violencia y desplazamientos es parte de una administración del conflicto errónea que inicia con la incompetencia por omisión de parte de los diferentes niveles de gobiernos estatal y federal para desarmar a grupos paramilitares provenientes de Chenalhó. La situación se agudizó con el asesinato de Samuel Pérez Luna, habitante de Chalchihuitán, perpetrado el pasado 18 de octubre. A partir de mediados de noviembre con la quema de muchas casas, así como de las cosechas, amenazas y balaceras a la población local por parte de cerca de 200 paramilitares fuertemente armados por el Partido Verde Ecologista y por Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó ante la anuencia silenciosa del gobierno estatal.

El conflicto se origina en 1975 ocasionada por la ineficacia e intereses de los gobiernos federal y estatal con una dotación de tierras a favor del municipio de Chenalhó que quedó inconclusa por problemas tributarios. Posteriormente en 1980, el gobierno federal ejecuta una nueva sentencia que reconoce como bienes comunales cerca de 18 mil hectáreas a favor de 1,787 campesinos del municipio de San Pablo Chalchihuitán, sobreponiendo una parte del territorio otorgado sobre los límites que se disputaba Chenalhó.

Según Martín Gómez Pérez, actual presidente municipal de Chalchihuitán, el clima de confusión se acentuó al llegar Rosa Pérez Pérez a la presidencia municipal, quien inició una serie de bloqueos carreteros solapados por el gobierno estatal que impiden el paso a los habitantes de Chalchihuitán. Asimismo existen intereses económicos estipulados en 2012, con la firma de un convenio por parte del gobierno estatal en el que se comprometió al pago de 15 millones de pesos, la construcción de 300 viviendas y la implementación de proyectos productivos para el municipio “perdedor” de juicio de agravio iniciado en 2005 (expediente 181/2005) aún sin resolver en el Tribunal Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez.

En opinión de Pedro Faro, director del Frayba, el bloqueo y la crisis de desplazados implican la necesidad urgente de actualización y adopción de las medidas cautelares que terminen con la confrontación entre municipios garantizando los derechos humanos de los afectados y la libre circulación para el accedo de ayuda. Asimismo, existen diferentes propuestas para encaminar una solución definitiva al conflicto ocasionado por el propio gobierno, mismas que desde el año 2010 han sido conformadas y lanzadas por un grupo de especialistas en el tema pero que solo han recibido indiferencia desde las esferas del gobierno chiapaneco.

Los desplazados en la franja de Chalchihuitán y Chenalhó revelan que el gobierno no está dispuesto a hacer nada contra la “gran amenaza para la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas” que denunció precisamente en Chiapas hace un par de semanas Victoria Tauli-Corpuz, relatora de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El mediocre manejo institucional evidencia un desprecio profundo del gobierno federal y chiapaneco hacia los pueblos indígenas. La situación de desesperanza e inanición alimentaria y médica de las familias que duermen atemorizadas en la intemperie y el frio de la montaña, ha convocado la solidaridad de la sociedad civil para juntar víveres e intentar llevarlos a través de carreteras bloqueadas. Sin embargo, los impulsos de solidaridad aún esperan una respuesta que supere la inoperancia de los representantes del gobierno estatal quienes, plagados de señalamientos de impunidad hacia el paramilitarismo, continúan creando perversamente conflictos económicos y de partidos entre los pueblos indígenas, alcanzando en menos de una semana –por acción u omisión– una de las peores crisis de desplazamiento forzado en este sexenio.

Artículo publicado en ALAI el 27.11.2017: https://www.alainet.org/es/articulo/189458

Colombia: una paz difícil

Orsetta Bellani, Zazpika (Foto: O.B.)

Las montañas que rodean a la ciudad colombiana de Caldono, en el departamento del Cauca, son una de las zonas del país donde ha sido más brutal la guerra que durante más de cincuenta años ha enfrentado a las FARC con el Ejército y los grupos paramilitares. Allí, entre cultivos de plátanos, café y marihuana, se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, donde hoy en día viven unos centenares de exguerrilleras y exguerrilleros desmovilizados.

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“Fuimos los guías de la Operación Orión”

Orsetta Bellani, ¡Pacifista!

Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, fue uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el bloque paramilitar con que Don Berna ejerció desde 2001 control sobre Medellín. Hace pocos días lo entrevisté en exclusiva en la cárcel La Picota de Bogotá, donde paga una condena de cuarenta años en la justicia ordinaria por haber asesinado a un hombre y haber dejado herida a una mujer.

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Los cinco retos para Colombia tras el desarme de las FARC

Pablo Rondero, Público (Foto: Orsetta Bellani)

El 31 de julio es la fecha límite para que la ONU extraiga los últimos contenedores del armamento con el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han combatido contra el Estado colombiano por cinco décadas. Aún sin las FARC, la mayor y más longeva guerrilla del país, el Estado seguirá combatiendo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con una miríada de pequeños grupos armados surgidos de pasadas desmovilizaciones guerrilleras y paramilitares. Continue reading…

A 14 años de la Operación Orión en Colombia, víctimas piden que se implemente ya acuerdo de paz

Andrea Aldana, El Espectador (Foto: Orsetta Bellani)

“Uno no puede ser victimario y después pretender ser vocero de las víctimas”, manifestó Luz Elena Galeano, integrante Mujeres Caminado por la Verdad, un grupo que reúne a 143 madres, hijas, esposas y hermanas, que buscan a familiares que fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, refiriéndose a la vocería que ha adquirido el expresidente Uribe en cuanto a las correcciones que se pretenden hacer para el acuerdo de paz firmado en La Habana. Continue reading…