Seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: los dos gramos de fragmento óseo que cambiaron la versión oficial

Orsetta Bellani, Público (Foto: O.B.)

El recién hallazgo de un fragmento óseo confirma que las autoridades judiciales intentaron cubrir la participación de policías y militares. Las investigaciones avanzan, pero la verdad parece todavía lejana.

Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde también resultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

Foto: Orsetta Bellani

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020: https://www.publico.es/internacional/mexico-seis-anos-desaparicion-43-estudiantes-ayotzinapa-gramos-fragmento-oseo-cambiaron-version-oficial.html

Honduras: JOH toma posesión entre gases lacrimógenos de Pennsylvania

Carlos Dada, El Faro (Foto: Víctor Peña)

Se llegó el 27 de enero. El cielo gris asomó por detrás del cerro Juana Laínez, poco después de las cinco de la mañana, cerrando una noche de ambulancias, de cacerías policiales, de gases lacrimógenos, de gritos y protestas y quemas de llantas y toma de calles y de carreteras. La ondeante silueta de la bandera de Honduras se dibujó en la cima del cerro, que corona Tegucigalpa. Una ciudad militarizada.

Se llegó el 27 de enero, día inevitable en el calendario de un país roto por las elecciones celebradas dos meses antes. Juan Orlando Hernández, el presidente que maniobró de todas las formas posibles para ser reelecto en un país cuya Constitución prohíbe la reelección, tomaba posesión de su segundo periodo.

Se juramentó protegido por miles de uniformados del Ejército, la Policía Militar, la Naval y la Policía Nacional. Montaron tres cordones de seguridad alrededor del Estadio Nacional y dispersaron a los manifestantes arrojando unas latitas del tamaño de una granada denominadas MP-3-CS, fabricadas en un pueblito de Pennsylvania llamado Homer City, made in USA, que liberan gas lacrimógeno durante su vuelo y dejan una estela punzante, irritante, vomitiva. Lanzaron tantas de esas latitas de Pennsylvania que una nube de humo blanco espeso se alzó y se paseó por el centro de Tegucigalpa. Todos los ojos, todas las gargantas sufrieron en el día para festejar la democracia.

A pocas cuadras del estadio, en la colonia Miraflores, el candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, hombre de televisión, autoproclamado ganador y a quien al menos la mitad de este país considera víctima de un fraude, encabezaba una de las protestas contra la toma de posesión. Los militares lo obligaron a retroceder: aventaron también latitas de Pennsylvania hacia donde él se encontraba, justo bajo un puente vehicular.

Nasralla trotó, intentando mantener la dignidad mientras se asfixiaba. Hay un video que él mismo tomó, convencido de que la revolución será en Facebook Live. No detuvo nunca la grabación. Se miran las latitas, la nube de humo, el pánico de quienes le acompañan, su carrera hacia atrás. Nasralla boquea y tose. Saca la lengua. Mira a la cámara del teléfono que sostiene con su mano izquierda, asegurándose de que está en el campo visual. Es quien documenta y también el sujeto documentado. Alguien, en la corrida, le entrega una boquilla. Camina, deja caer el brazo y con él la cámara pierde su objetivo. Apenas capta sus piernas meciéndose, al ritmo de su brazo. El candidato se retira gaseado, con los ojos rojos, la garganta seca, agredido directamente por los soldados que pretendió mandar pero acuerpado, auxiliado por sus seguidores. Fin del video, pero no de la jornada.

Mientras, en el estadio

Adentro del estadio, acuerpado por los soldados y en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Hernández jura, con la mano sobre una biblia, que todos los días de su segundo periodo pedirá a Dios que lo ilumine para guiar a este, unos de los países más pobres del continente. Promete educación, salud y trabajo. Junto a él, sonriente, el hombre que le colocó la banda presidencial: el presidente del Congreso y dirigente de su propio Partido Nacional, Mauricio Oliva, investigado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), sospechoso de formar parte de la red de enriquecimiento ilícito de diputados que se apropiaron de fondos destinados para obras sociales.

El jefe de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, no asistió a la toma de posesión en protesta por el descaro de los congresistas afines al presidente que, una semana antes, pretendieron a escondidas decretar una ley que prohíbe a ese organismo creado bajo el manto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Fiscalía investigar a funcionarios públicos. El Congreso se retractó solo después del reclamo de la Embajada de Estados Unidos.

No hubo mandatarios que asistieran a la ceremonia, salvo el propio Juan Orlando Hernández. Hace mucho tiempo que no se veía en Centroamérica una juramentación presidencial a la que no asistiera ningún jefe de Estado del istmo. Cancillería de El Salvador dijo que la presidencia hondureña solo invitó al cuerpo diplomático acreditado en Tegucigalpa. Pero la mayoría de las misiones diplomáticas ni siquiera fueron representadas por los embajadores, sino por secretarios o encargados de negocios. Lo mismo la Embajada de Estados Unidos, pero vale aclarar que su encargada de negocios, Heidi Fulton, es desde hace meses la máxima representante en Honduras, pero que es más influyente que todos los embajadores juntos.

“Lo que viene sorprenderá a propios y extraños”, prometía el presidente en su discurso de posesión, después de quitarse y volverse a poner la banda presidencial. El estadio, rellenado por simpatizantes de su partido, políticos, empresarios y los representantes del cuerpo diplomático, era ajeno a la batalla campal que ocurría en el resto de la ciudad. Apenas lograban ver el sobrevuelo de los helicópteros militares que desde el cielo daban instrucciones a la infantería para interceptar a los manifestantes.

Afuera, cuando los gases y las detenciones dispersaron a los manifestantes menos agresivos –adultos y niños–, grupos de jóvenes encapuchados, armados con piedras y palos y con toda la disposición de expresar su descontento aún a costa de enfrentamientos con la autoridad, tomaron el relevo y marcharon por diversos puntos de la ciudad gritando “¡Fuera JOH!”, el canto de la oposición desde los ya lejanos tiempos de campaña. A la guía de los helicópteros respondieron con motociclistas que inspeccionaban el terreno, un kilómetro adelante del núcleo de la marcha. Pero los policías venían atrás.

Intercambiaron gases por piedras, se convirtieron en protagonistas de una ciudad con las calles vacías que policías, taxistas, periodistas, manifestantes, obreros y cuerpos de socorro han aprendido a leer: el humo negro es quema de llantas. El blanco son gases lacrimógenos. Dos días antes, escuché en la radio a un hombre decir: “Yo no sé qué le han echado a este gas, que está más fuerte”.

Así lleva Honduras dos meses. Todos los días. Desde que los hondureños fueron a las urnas a elegir presidente y los dos principales candidatos –Nasralla y Hernández– se proclamaron vencedores. Uno, Nasralla, porque llevaba una considerable ventaja con el recuento de casi el 70 % de los votos, justo cuando se cayó el sistema informático. Otro, Juan Orlando Hernández, porque cuando volvió el sistema él ya había remontado. El proceso fue tan irregular que hasta la OEA –¡la OEA!– dijo que no podía avalar ningún resultado y recomendó que las elecciones se repitieran. Pero el Tribunal Supremo Electoral, controlado por Hernández, lo declaró ganador. Nasralla gritó fraude y decenas de miles de hondureños salieron a las calles a gritar lo mismo.

Desde entonces, casi cuarenta personas han sido asesinadas y los organismos de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y operaciones dirigidas para acosar, capturar o golpear a sus dirigentes; los periodistas nacionales e internacionales son acosados, amenazados, detenidos o interrogados por policías y militares. El país atraviesa una profunda crisis política generada por la reelección. Si el segundo mandato de Hernández continúa como inicia, no podrá gobernar.

Esta crisis política marcará la historia de Honduras como la marcó el golpe de Estado de 2009. Y mucho tienen en común: las ambiciones de poder de dos presidentes; la determinación de la Fuerza Armada para reprimir a quienes protestan; la intervención estadounidense para determinar el estado de las cosas; y la infructuosa, inútil oposición de la OEA a estas consecuencias: entonces un golpe de Estado, ahora un fraude electoral. En Honduras, democracia es el nombre que reciben cosas que en otros lados se conocen de otra forma: impunidad, corrupción, contubernio, violencia, narcotráfico… Pobreza.

A la ceremonia en el estadio sólo se podía asistir con invitación. Miles llegaron en buses contratados por los organizadores, con un boleto que les daba derecho a un almuerzo. Salieron del estadio antes que el presidente, a hacer cola junto a los camiones de comida, para que les dieran la bolsita con el almuerzo donde les correspondía: los de Olancho, El Paraíso y Danlí en este camión. Después, volvieron a sus pueblos distantes, a seguir siendo pobres.

Por la tarde, las estrechas calles del centro de Tegucigalpa se convirtieron en ratoneras. Las fuerzas de seguridad cazaron a su antojo. Se escucharon otra vez las sirenas, los gritos, los disparos. Se elevaron nuevas cortinas de humo. Humo blanco de Pennsylvania. Uniformados capturaron a jóvenes y los sometieron a macanazos.

El reinstalado presidente Hernández no perdió tiempo para demostrar sus intenciones: si en los últimos meses ha sido desafiado por la calle, hoy la calle pagó. Cantaron durante meses la canción que exige su salida, llamada “JOH, es pa’fuera que vas”, la más popular del país. Pero JOH no se fue. Se quitó la banda presidencial sólo para volvérsela a poner. Puede que hoy no tenga ni legitimidad política ni social. Puede que no tenga gobernabilidad. Pero tiene el poder.

Al caer la noche, se escucharon nuevos estruendos provenientes del cerro Juana Laínez. Desde las inmediaciones de la bandera se elevaron hermosos fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Tegucigalpa durante varios minutos. Alguien gastó mucho dinero para celebrar la renovación de la democracia. Se llegó el 27 de enero. JOH se quiere quedar cuatro años más.

Artículo publicado en El Faro el 27.01.2018: https://elfaro.net/es/201801/centroamerica/21412/JOH-toma-posesi%C3%B3n-entre-gases-lacrim%C3%B3genos-de-Pennsylvania.htm

Los riesgos y realidades sobre La Ley de Seguridad Interior en México

Francisco J. Trejo Corona, Tercera Vía

Los indicadores disponibles muestran que la violencia creció en 2016 en buena parte del país. En ese contexto, se han presentado iniciativas legislativas que proponen la militarización de la seguridad pública. ¿Estamos en riesgo de virar hacia un régimen de vigilancia castrense? ¿Somos conscientes de que, en caso de aprobarse dichas leyes, los militares podrían prevenir, investigar y castigar delitos o tener la facultad de replegar manifestaciones por la fuerza? Tercera Vía recupera las claves de la propuesta para mantenerte informado de lo que realmente importa.

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LOS DATOS

Es un hecho que vivimos una crisis de seguridad en México. El número de homicidios registrados por el Gobierno Federal en 2016 ha sido el más alto desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin que se tengan oficialmente el total de asesinatos del año pasado, el Secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha estimado que en 2016 más de 19 mil personas fueron asesinadas. Esta cifra supera al incremento registrado en 2015, con 15 mil 566, a los 14 mil 382 de 2014 y los 16 890 de 2013. De acuerdo con especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, el aumento de los homicidios en el país se debe a la existencia de grupos criminales pequeños, pero muy violentos, que pelean por el control de actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

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Uno de los fenómenos más importantes en materia de seguridad del 2016 fue el aumento de la violencia en estados de la república que antes no se catalogaban violentos. Por ejemplo, Colima registró un aumento en la tasa de homicidios en un 292%; Campeche incrementó su tasa en un 64% y Zacatecas en un 92%. Por otro lado, estados que habían experimentado fuertes operativos de seguridad dirigidos por las fuerzas armadas también han elevado sus niveles de violencia. Mientras Veracruz subió la tasa de homicidios en un 123%, Michoacán no ha logrado parar la ola de violencia, y experimentó un incremento en un 63%.

Dos casos que muestran las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto son Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas ciudades habían presenciado una disminución en la tasa de homicidios desde 2011. Sin embargo, 2016 representó un aumento considerable en el número de asesinatos acaecidos en ambos lugares. Ciudad Juárez experimentó un incremento del 72% en un año, pasando de 311 en 2015 a 536 asesinados en 2016. Del otro lado, Tijuana experimentó un aumento del 29% respecto a 2015 y un 65% en comparación con 2014. Además de las fallas de seguridad por parte del gobierno federal, la violencia en ambas entidades se encuentra relacionada por el conflicto entre distintos grupos del crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa, lo que queda del Cartel de los Arellano Félix, algunos grupos relacionado al ya extinto Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La extorsión y el secuestro también se incrementaron con respecto a los años anteriores. Con base en información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), los secuestros se elevaron en un 7% respecto al 2015, alcanzando los 1,700 casos reportados. Los estados que registraron en 2016 la mayor cantidad de secuestros fueron Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos y Zacatecas. Por otro lado, las extorsiones registraron un incremento del 3.6% entre 2015 y 2016.

Este aumento de la violencia en sus distintos ámbitos se puede palpar en las opiniones de la ciudadanía, en acuerdo a la ENVIPE 2016 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública). De acuerdo con los datos del estudio realizado el año pasado, el 70% de la población mexicana dice vivir con inseguridad. Solamente en 4 estados de la república la mayoría dice sentirse segura. Estos lugares son Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit y Yucatán. Por el contrario, los habitantes del Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla y Morelos son quienes más sensación de inseguridad perciben dentro de sus comunidades.

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UNA INICIATIVA PELIGROSA

¿Y si en este contexto de violencia, el Ejército pudiera actuar a discreción, hacer las funciones de policía, reprimir manifestaciones pacíficas de manera letal y no rendir cuentas? Puede suceder: actualmente se está discutiendo en el Senado y la Cámara de Diputados la llamada Ley de Seguridad Interior, como resultado de dos iniciativas, una propuestas por el PRI (en Cámara de Diputados) y otra por el PAN (en el Senado). En cualquier caso, ambas pretenden legalizar y legitimar la presencia del Ejército en las calles, bajo el supuesto de que la fuerza civil (la policía convencional) ha sido rebasada.

Algunos especialistas en políticas públicas y seguridad han apuntado que las leyes propuestas reducen considerablemente la influencia de legisladores y jueces ante el actuar de las fuerzas armadas en México, las cuales actuarían bajo órdenes directas del Gobierno Federal. El ejército tendría discrecionalidad para accionar armas de fuego contra los manifestantes, por ejemplo, si así lo consideran los encargados de los operativos. Para hacer esto posible, el gasto militar se incrementaría casi en un 600%, con el objetivo de financiar los recursos humanos, de inteligencia y los equipos de intervención.

En suma, la ley busca dar facultades al Ejército para hacer las funciones de policía, incluyendo los roles de prevención, investigación, detención y seguimiento de los delitos. La milicia conservaría además sus atributos, sin posibilidad de escrutinio público, amparándose bajo la figura de “Asuntos de Seguridad Interior”.

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¿Cuáles son los riesgos?

Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de CIDE, ha argumentado que el Congreso no está facultado para legislar en materia de Seguridad Interior, por lo que la ley propuesta sólo podría hacerse realidad llevándola hacia la zona gris de la laguna legal. Esto implicaría además reconocer el fracaso de las policías y organismos de Seguridad Pública en todo el país, incumpliendo la obligación de los poderes de proveer seguridad a los ciudadanos de manera civil y no militar.

El principal problema, asegura, tiene que ver con el uso discrecional de la fuerza y la poca transparencia que se le exigiría al Ejército, sumado a que no existiría el contrapeso de los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, se deponen las obligaciones sustanciales del Estado, que puede protegerse sin la necesidad de represión o seguridad militar, con acciones efectivas en salud, educación y bienestar, en lugar de concentrar su esfuerzo “en retenes militares y convoyes”.

Un ejemplo de los riesgos de esta ley ha sido expuesto por Tania Ixchel Atilano Camacho (Doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín), que recupera la idea de que las fuerzas armadas tendrían la facultad de “controlar” a una persona cuando al ser detenida en flagrancia, oponga resistencia. ¿Qué significa en éste contexto “controlar”? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de equipos de ataque? Por otro lado, ¿Se permitirán tanques para “controlar” multitudes?”.

Por su parte, Carlos Silva Forné, especialista del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en un foro que en esas condiciones “empeorarán los riesgos que México vive en material de seguridad, con uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos”.

¿Quiénes proponen la ley? ¿Qué argumentos existen a su favor?

Roberto Gil Zuarth (PAN) en el Senado y César Camacho Quiroz (PRI) en la Cámara de Diputados son los principales promotores de la iniciativa. El panista indicó que es necesario abrir el debate para dar certidumbre jurídica en el accionar del Ejército en tareas de seguridad pública. Además, justifica su iniciativa en la idea de que estados y municipios han dejado de invertir en seguridad pública “porque el Ejército ya se encuentra de facto realizando sus labores”. Camacho Quiroz, por su parte, defiende la propuesta bajo la premisa de que la falta de legislación solo mete en aprietos a los militares cuando están sobre el terreno.

Por ahora la iniciativa de Gil Zuarth está en comisiones, mientras que la propuesta de César Camacho permanece a la espera de dictaminación. Cabe destacar que en caso de prosperar sería necesaria la modificación del artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz los militares no puede intervenir en conflictos que no sean estrictamente castrenses.

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¿Está preparado el Ejército para algo así?

La realidad es que el 36% (una tercera parte) de las operaciones mixtas de las fuerzas armadas se encuentran sólo en dos estados: Guerrero y Estado de México. Es un hecho que la estructura actual del Ejército tampoco alcanza para establecer el control de todo el país.

Respecto al problema de la opacidad, en 2016 el diputado Vidal Llerenas (Morena) advertía que serían entregados para 2017 más de 9 mil millones de pesos para seguridad pública, una erogación enorme que no es sometida a mecanismos transparencia. Por su parte, Ixchel Atilano apuntó que de 90 millones de dólares destinados a gastos para equipamiento militar en 2014, se incrementaron a 500 mdd en 2015, principalmente para adquirir vehículos de ataque aéreo. La especialista explica que: “un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos unidades black hawk, desde los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos”.

¿Hay voces a favor de la Ley de Seguridad Interior?

El senador priísta Raúl Aaron Pozos expresó en una columna del Sol de México que es importante regular el actuar del Ejército en las calles por “los roces entre la sociedad civil y cuerpos militares, particularmente en lo correspondiente a “supuestas” violaciones a los derechos humanos”. El legislador asegura que “el enfado de los militares para continuar en estas responsabilidades es comprensible” y también que  reconocer los derechos humanos es algo importante, “pero que es necesario que el Estado Mexicano dé certidumbre a los soldados”.
Juan Ibarrola, por su parte ofreció en Milenio un texto en el que da un paso más adelante en la defensa de la Ley de Seguridad Interior: el descontento con el gasolinazo y la desacelaración en inversión extranjera obliga a que el país “deba estar preparado para enfrentar retos de seguridad interior”.

Artículo publicado por Tercera Vía el 16.01.2017: http://terceravia.mx/2017/01/lo-debes-saber-la-ley-seguridad-interior/

Honduras niega la reelección a su presidente

Carlos Dada, El Faro (Foto: Orsetta Bellani)

Al final de la jornada electoral, cuando el domingo era ya lunes, una y media de la madrugada, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con apenas docenas de simpatizantes que aún lo esperaban en un salón del Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa. Era la segunda vez en cuatro horas que salía a declararse ganador de la elección. De su reelección. El entusiasmo, inclusive el suyo, ya lucía mermado. Pero trató de disimularlo: “Con el 50 % de las actas procesadas, tenemos siete puntos de ventaja”. Sus simpatizantes celebraron. Apenas. A esas alturas ya ni sus más fieles seguidores estaban seguros de lo que les decía. El día les había dado suficiente munición para la duda.

La transmisión televisiva del discurso presidencial fue interrumpida para conectar en vivo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que a esas horas, 1:45 a.m. del lunes 27 de noviembre, por fin daría sus primeros resultados oficiales. David Matamoros, presidente del cuestionado árbitro electoral, acusado de jugar a favor del presidente Hernández, confirmó una ventaja lo suficientemente significativa como para marcar una tendencia. Con el 57 % de las actas procesadas, el candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, acaparaba el 45.2 % de los votos; el presidente Hernández, el 40,2 %.

Por razones aún no explicadas, Matamoros y los restantes tres magistrados del TSE tardaron demasiado en anunciar lo que ya otros celebraban. Un par de horas antes, harto ya de esperar que los magistrados hicieran su trabajo, Nasralla dio a conocer el recuento de las actas: “Tenemos 45,4 % de los votos. El candidato de la dictadura tiene 40,6. La tendencia no cambia. ¡Soy el nuevo presidente de Honduras!”, dijo Nasralla. El Tribunal Supremo Electoral esas horas no había divulgado ni un solo voto. Cero. Nada. Por primera vez en mucho años, Honduras terminaba el día de las elecciones sin que el Tribunal adelantara resultados, creando una incertidumbre peligrosísima al final de unas elecciones tensas, cuestionadas, delicadas. Muy delicadas. A la 1 de la madrugada, Honduras seguía sin noticias del árbitro electoral.

Aún así, el presidente guatemalteco Jimmy Morales telefoneó al presidente Hernández para felicitarlo por su reelección. Lo hizo sin un solo dato oficial que sustentara su entusiasmo.

La capital, Tegucigalpa, había comenzado a militarizarse horas antes. Desde las 8 de la noche cuando, en un supremo acto de irresponsabilidad, el presidente Hernández se declaró ganador de la elección apenas con datos de sus encuestas a boca de urna. Los rumores inundaron las redes sociales y los mensajes telefónicos: están planificando un golpe de Estado, el Ejército discute qué hará, Juan Orlando está negociando con Mel Zelaya, el presidente decretará el estado de sitio, etc…

Tan absurdos como sonaban, todos circularon de manera viral porque todos eran escenarios creíbles. Cualquier cosa era creíble. Incluso la victoria de Nasralla contra el sistema.

¿Qué pasó en todas las horas de silencio del TSE?

Hubo presión internacional para que el Tribunal hiciera públicos los primeros recuentos, porque su silencio, con dos candidatos autoproclamados, era una bomba de tiempo. Cuando el presidente, a las 2 de la madrugada, salió a proclamarse ganador según sus propias actas, intentaba ya desesperadamente establecer el triunfo –el triunfalismo– como hecho político, aunque para ello mintiera. Las actas, sus actas, eran las mismas que tenía el TSE, las mismas que tenía Salvador Nasralla, las mismas que tenía el tercer candidato en contienda, Luis Zelaya, del Partido Liberal, que ya feliticaba también a Nasralla. ¿Cómo podían esas mismas actas dar al presidente Hernández y su Partido Nacional un resultado distinto?

Por eso, el silencio del TSE bordeaba ya lo delictivo. Ante cámaras, Nasralla denunció lo que ya era un rumor en los círculos políticos hondureños: “Hay dos magistrados que admiten mi triunfo y dos que no quieren reconocerlo”.

Los magistrados salieron y su palabra era tan determinante que los medios de comunicación que abiertamente hicieron campaña por la reelección interrumpieron su autoproclamación y dieron paso a los cuatro magistrados. Apenas habían contado el 57 % de las actas, dijeron. Y eran mayoritariamente urbanas. Faltaba que llegaran los votos de las zonas rurales. Era aún muy poco para proclamar ganador a un candidato que presentaba cinco puntos de ventaja sobre el presidente. Todo eso dijeron. Pero lo que confirmaron fue que Nasralla había dicho la verdad. El presidente, no.

El presidente Hernández envió un audio a sus correligionarios y a los medios de comunicación: “El dato del Tribunal no es concluyente porque únicamente recoge los resultados de las principales ciudades del país, eso representa sólo el 20 % de los votos. El 80 % restante nos favorece a nosotros, así que tenemos que ser cuidadosos, pacientes y llevar el proceso hasta el final”.

Fue un nuevo acto de irresponsabilidad más en una jornada en la que el presidente de la República estuvo a punto de desatar un caos. Pero quien se sorprenda es porque no sabe todo lo que está en juego en esta elección para los sectores más poderosos de Honduras. No se pueden dar el lujo de perder.

Hace dos años, el presidente Hernández logró autorización de la Corte Suprema de Justicia para correr por la reelección aun cuando la Constitución lo prohíbe. Pero lo hizo con el respaldo de empresarios, de su partido, de políticos corruptos acusados de graves delitos, del Ejército, con fondos del Estado y con el apoyo abierto pero cauteloso de Estados Unidos. Ninguno de ellos podía admitir una derrota porque en riesgo están multimillonarios contratos con el Estado, prisión para algunos funcionarios y empresarios, el desmontaje de un contubernio entre la empresa privada y el Estado que es la causa principal de conflictos sociales y de asesinatos de ambientalistas.

Para Estados Unidos, el presidente Hernández es un aliado más confiable que Salvador Nasralla, particularmente porque detrás de él está el expresidente Manuel Zelaya, principal operador de la oposición y hombre cercano al Socialismo del Siglo XXI. Pero incluso la Alianza Opositora cree que Washington ha retirado su apoyo a las intentonas del presidente Hernández para mantenerse en el poder.

“Estamos ante una crisis tremenda porque Juan Orlando no quiere aceptar la derrota”, dice Hugo Noé Pino, exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. “En ninguna elección habíamos visto el escenario ante el que estamos ahora”, agrega.

Salvo la representación estadounidense, los demás sectores poderosos de Honduras intentaron –y aún intentan– mantener a Juan Orlando Hernández en Casa Presidencial a toda costa. La elección del domingo era ya irregular con un padrón sin depurar que incluía 30 % de convocados muertos o en el extranjero y nula representación del partido opositor en el TSE. Hernández controla incluso el árbitro de la elección, los medios de comunicación y la institucionalidad del Estado, a la que volcó en la campaña eliminando las fronteras entre el Estado y el partido.

Todas las encuestas, salvo las de la Alianza Opositora, le daban diez puntos de ventaja sobre Salvador Nasralla. Eran sus propias encuestas, de sus medios aliados. No importaba. No se trataba de retratar la intención de voto, sino de establecer un hecho político. De convencer a la gente de que su triunfo era inevitable. Pero la sorpresiva victoria de Salvador Nasralla en las urnas transformó todo el panorama.

Rodolfo Pastor, el hombre a cargo del plan de gobierno de la Alianza, dice que se despidió de los magistrados del TSE a las 3 de la mañana de este lunes 27 de noviembre. “En ese momento ellos hablaban de más de 70 % de las actas procesadas, y la ventaja de nuestro candidato había aumentado a siete puntos. La ventaja es definitiva. Los magistrados usaron otra palabra: irreversible”. ¿Por qué no lo han dicho en público? “Juan Orlando es un hombre muy poderoso y ahora mismo intenta negociar. No quiere reconocer su derrota y, si lo hace, pretende otras cuotas de poder y garantías de amnistía. Pero no tengo idea con quién puede negociar a estas alturas”.

La mañana de este lunes, los principales periódicos hondureños amanecieron con Salvador Nasralla en las portadas. Fueron cautelosos esta vez, e informaron con precisión que el candidato opositor llevaba ventaja. Pero esas portadas enviaban otro mensaje: los sectores más fieles al presidente han comenzado a admitir la posibilidad de una derrota.

A media mañana, sin embargo, cambiaron sus portadas en línea: citando a empresa encuestadora Ingeniería Gerencial, la misma que 24 horas antes daba al presidente Hernández una ventaja de más de diez puntos, El Heraldo tituló: “Se acorta distancia entre Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández”. Era otra maniobra coordinada: el gerente de esa empresa, Arturo Corrales, es un exfuncionario del gobierno de Hernández. Un conspirador político con acceso directo al TSE que, a pesar del probado fracaso de sus proyecciones, tuvo media mañana ante las cámaras de la principal cadena televisiva del país, Televicentro, para sembrar la idea de que el presidente Hernández está remontando la diferencia. Un propagandista maniobrando a última hora. El presidente todavía no se ha rendido.

Artículo publicado en El Faro el 27.11.2017: https://elfaro.net/es/201711/centroamerica/21212/Honduras-niega-la-reelecci%C3%B3n-a-su-presidente.htm

Elecciones en Honduras: mucho más que un simple voto

Giorgio Trucchi, Rel-UITA (Foto: Orsetta Bellani)
 
 
Este 26 de noviembre, el pueblo hondureño está convocado a ejercer nuevamente su derecho al voto para elegir al presidente, 128 diputados al Congreso de Honduras, 20 diputados al Parlacen (Parlamento centroamericano) y 298 alcaldes y vicealcaldes.
 Por primera vez en la historia democrática del país, un presidente buscará reelegirse por un segundo período, y esto a pesar de que la Carta Magna de Honduras lo prohiba tajantemente.

En 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos declarando la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial.

Un año después, cumpliendo las sentencias del máximo poder judicial, el TSE (Tribunal Supremo Electoral) aceptó la inscripción de la candidatura del actual mandatario Juan Orlando Hernández.

Los mismos magistrados electorales rechazaron sucesivamente un recurso presentado por la Convergencia contra el Continuismo, instancia conformada por diferentes organizaciones y sectores sociales, populares, sindicales y estudiantiles que considera dicha candidatura inconstitucional e ilegal.

 

Foto: Orsetta Bellani, noviembre de 2013
 
 
Es así que este domingo, mientras el ambiente se vuelve cada vez más tenso, se multiplican los asesinatos políticos, se cercena el derecho a informar de varios medios internacionales y el partido de gobierno lanza una cacería de brujas contra la supuesta injerencia del gobierno de Venezuela y de «agentes internacionales» para generar el caos en el país, los tres principales candidatos -de un total de nueve- buscarán la presidencia para el período 2018-2022.

Candidatos

Juan Orlando Hernández, candidato del oficialista Partido Nacional, se presenta con una propuesta electoral muy sencilla: continuar por cuatro años más el camino ya emprendido durante su gobierno, cosechar lo que ha sembrado y profundizar las medidas económicas y de seguridad.

En su propuesta de gobierno, Hernández refuerza los ejes temáticos de su primer mandato: generación de empleo (precario), estabilidad macroeconómica, apertura al capital nacional y transnacional con la promoción de las zonas de empleo y desarrollo económico (Zede o ciudad modelo), concesión de bienes comunes y territorios, programas sociales para los sectores más pobres -que en Honduras siguen representando a más del 60% de la población-, control férreo de las instituciones públicas, seguridad, defensa y militarización del territorio.

Sin duda alguna, el actual mandatario es el candidato que, a pesar de roces y tensiones, más representa los intereses del gran capital nacional y transnacional, así como de los «grupos fácticos» que controlan la política y la economía hondureña y de la actual administración norteamericana.

Su principal contrincante será Salvador Nasralla, histriónico conductor de televisión y candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que reúne al Partido Libertad y Refundación (Libre), al Partido Innovación y Unidad (Pinu) y a una parte de la base del Partido Anticorrupción (Pac).

En su programa, Nasralla recoge buena parte de las propuestas políticas y sociales que surgen desde los sectores que en su momento se opusieron al golpe de Estado del 2009.

Salud y educación universal y gratuita, viviendas dignas, plan de seguridad comunitaria enfocada en la prevención del delito, lucha contra la corrupción y la impunidad, servicios básicos sometidos a control público, acceso al credito para pequeños y medianos productores, reforma agraria integral, derogación de las leyes que precarizan el trabajo, cercenan derechos de la ciudadanía y ponen en venta bienes comunes y territorios.

Además, se propone velar por el respeto a la igualdad irrestricta de género, impulsar un nuevo pacto fiscal, reducir el costo de los combustibles, indexar el salario mínimo al costo de la canasta básica.

El candidato del Partido Liberal es Luis Zelaya. Con muy pocas posibilidades de ganar la contienda electoral en cuanto no controla el aparato del partido y arrastra las consecuencias de la división interna originada a raíz del golpe de 2009, Zelaya propone fortalecer la institucionalidad, una lucha férrea contra la corrupción y la impunidad, reactivación económica y generación de empleo a través de parques agroindustriales, inversión en educación y salud, entre otros.

 
Foto: Orsetta Bellani, noviembre de 2013
 
 

Mucho más que un voto

Para aquellos sectores de la sociedad hondureña que han sido constantemente y sistemáticamente excluidos y olvidados, la del 26 de noviembre es mucho más que un simple elección de nuevas autoridades públicas.

«El actual gobierno ha venido violentando derechos, cercenando territorios, empobreciendo a la población. Para la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras este proceso electoral no significa una votación más, sino que se está definiendo el futuro del pueblo hondureño. De ganar el actual mandatario y candidato ilegal e inconstitucional Juan Orlando Hernández se profundizaría la dictadura que se ha venido instalando durante su mandato, y que ha sido apoyada por los grupos fácticos y por los militares», dijo Miriam Miranda, miembro de la Plataforma.

Para la dirigente garífuna es fundamental que cualquier agenda electoral ponga como eje principal el cambio de modelo económico.

«El modelo neoliberal y extractivista que ha implementado el actual gobierno ha  venido arrebatando y saqueando bienes comunes. Ahora quieren profundizar el mismo modelo con la implementación de las Zede, subastando territorios donde justamente están radicados los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Como Plataforma nos sumamos al llamamiento hecho desde la Convergencia contra el Continuismo para que la gente razone su voto y no contribuya a la continuidad de la dictadura», aseveró Miranda.

La también coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dijo que, independientemente de quien será el ganador de esta contienda electoral, la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras continuará impulsando una agenda que prevé cambios estructurales a través de la instalación de una asamblea nacional constituyente popular, democrática, incluyente e originaria.

«Vamos a seguir respaldando las luchas territoriales para generar una sociedad diferente. Las comunidades deben seguir preparándose para defender los territorios de este modelo destructivo y avasallante que acaba con la vida de los bienes comunes y las personas. También vamos a seguir exigiendo el cese de la criminalización, persecución e impunidad. Vamos a exigir justicia para nuestra hermana Berta Cáceres y para todas las defensoras y defensores asesinados.

Decimos NO a este proyecto de muerte. Gane quien gane esta es la agenda que vamos a proponer desde los territorios, articulándonos con todos los movimientos sociales que hay en Honduras como el movimiento estudiantil, obrero, campesino, la comunidad LGTBI, las mujeres», concluyó Miranda.

Artículo publicado en Lista Informativa Niguaragua y Más el 23.11.2017: https://nicaraguaymasespanol.blogspot.mx/2017/11/elecciones-en-honduras-mucho-mas-que-un.html

“Fuimos los guías de la Operación Orión”

Orsetta Bellani, ¡Pacifista!

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