Ya no bromeamos sobre el virus

Orsetta Bellani, Cosecha Roja (Foto: O.B.)

«Era fácil bromear sobre el Covid-19 en aquellos días que parecen tan lejanos», escribe la periodista italiana Orsetta Bellani, que vive en Chiapas. Con su amigo italiano veían las noticias y hacían chistes. Con el paso de los días el humor se convirtió en miedo y preocupación. Hoy intenta adaptarse a una vida de aislamiento lejos de su país.

Llevaba un buen rato sin hablar con Luigi, un amigo de Milán, cuando recibí su mensaje de voz. Era el 28 de febrero. Me contaba que en los aviones donde trabaja de azafato casi no había pasajeros y que la hipocondría de su marido había empeorado, pues ya estaba “legitimada por el Estado”. Luigi se quejaba de la “psicosis total por el coronavirus” y del cierre del bar donde suele tomarse su chela. Una semana después, las medidas se suavizaron y salió para celebrar un “aperi-virus”. Me reí mucho.

Era fácil bromear sobre el Covid-19 en aquellos días que parecen tan lejanos. Las personas contagiadas en Italia eran 888, los muertos 21 y no veíamos de qué preocuparnos. Las de Wuhan nos parecían imágenes de ciencia ficción y no se nos ocurrió pensar que en Europa iba a pasar lo mismo. Ahora me pregunto el porqué tanta ingenuidad: ¿tiene algo que ver con el sentido de superioridad europeo? ¿O se trata de algún tipo de estrategia de sobrevivencia impulsada de forma automática por nuestros cerebros? El virus era para nosotros un “enemigo interno” tomado a pretexto por el gobierno para difundir el pánico y cortar algunas libertades.

Al mes del mensaje de Luigi, Italia tocó su pico epidémico: casi mil muertos en un día. El sistema de salud italiano, uno de los más eficientes del mundo, colapsó bajo el peso de los recortes de las políticas neoliberales: hay tantos casos de Covid-19 que no hay capacidad para atenderlos y a los doctores les toca elegir entre quienes curar y quienes dejar morir.

Luigi y yo ya no bromeamos sobre el virus. Ahora en sus mensajes habla de mamíferos australianos de hace miles de años, tema al que se está dedicando durante sus días de encierro. Italia entró en cuarantena total el 10 de marzo, una medida que causó asombro y que sin embargo pronto se volvió costumbre mundial.

En aquel momento empecé a preocuparme seriamente por mi familia y mis amistades en Italia, pero no pensé que el Covid-19 hubiera podido cambiar mi vida en San Cristóbal de Las Casas, la ciudad mexicana donde vivo. Mis compañeras y yo acabábamos de tener nuestra marcha del 8M y estábamos seguras de que la lucha feminista fuera la única alerta que caminaba por América Latina.

El 14 de marzo con algunas de mis amigas nos fuimos a lo que acá llaman “centro botanero”, un restaurante familiar con alberca. Nos bañamos, comimos camarones al mojo de ajo y tomamos chela en bikini. La pasamos increíble, pero no podíamos dejar de hablar del coronavirus. Por primera vez empecé a fijarme en algunos detalles: no quise compartir mi cuchara, me pregunté si había sido prudente bañarme en la alberca donde unos chamacos no dejaban de gritar y, con el pretexto de haber comido camarones, me lavé las manos muchas veces. Antes de subirnos al carro, con mis amigas nos apretamos en un abrazo colectivo que ahora me parece un lujo haber podido disfrutar.

Al día siguiente empecé a contarle a mis vecinos lo que estaba pasando en Italia, recomendé a una amiga de Ciudad de México dejar de tomar el metro y me encerré en casa.

En ningún momento el gobierno mexicano declaró la cuarantena, pero los que podemos –en San Cristóbal de Las Casas no muchos, siendo que alrededor de la mitad de la población vive en situación de pobreza y no puede hacer home office- salimos poco o nada, hacemos reuniones online y nos saludamos chocando los codos. Cada día en las calles hay menos gente, y a mi vecino que trabaja en un hotel su jefe le impuso tomar sus vacaciones durante la Semana Santa.

A veces pienso que quizá estoy exagerando y que algún día me parecerá ridículo haberme preocupado tanto. Me convenzo de que empezamos a tomar medidas de distanciamiento social con tiempo y que lograremos disminuir la velocidad de transmisión del virus; quizá nos enfermaremos todos pero lo haremos poco a poco y ganaremos nuestra lucha en contra de la curva epidémica.

Otras veces me gana el pesimismo. Pienso en las malas condiciones del sistema de salud público mexicano y que en el hospital de San Cristóbal de Las Casas sólo hay 5 respiradores. En uno de estos brotes de pesimismo llegué a pensar que el Covid-19 podría matar a todos los seres humanos con más de 60 años del planeta, y que nos quedaremos nosotros, sin memoria y sin rumbo.

En estos momentos de incertidumbre acudo a una señora anciana, un poco hippie. “Ya lo vivimos en 1982, cuando explotó el volcán Chichonal y parecía que iba a acabar el mundo”, me dijo el otro día.  “Aquí estuve en 1994 cuando el EZLN tomó la ciudad y pensamos que habíamos perdido todo; sobreviví a la epidemia de H1N1 en 2009 y al sismo de 8.2 grados de 2017, espero sobrevivir a esta también”.

Artículo publicado en Cosecha Roja el 10 de abril de 2020: http://cosecharoja.org/en-mexico-ya-nadie-bromea-sobre-el-virus/

Caminar más para pacificar a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Una autopista que parte en dos un bosque de pinos. Unas 600 personas que marchan durante más de 80 km, desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, con la esperanza de ser recibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad: deportivas y mochilas, sombreros de paja para cuando el sol está alto y chaquetas para cuando baja detrás del monte. Ruidos de pasos en el concreto y algunas consignas.

“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, claman los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación de personas que se reconocen como víctimas – o supervivientes – de la militarización que el gobierno mexicano desplegó a finales de 2006 para, supuestamente, combatir a la criminalidad organizada, y que causó más de 280 mil muertos, unos 61 mil desaparecidos y entre 1 y 8 millones desplazados internos.

Una crisis humanitaria que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) visibilizó ya en 2011. Las movilizaciones fueron entonces convocadas por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo Juan, y el pequeño grupo que se congregó a su alrededor fue poco a poco creciendo, hasta convocar una marcha – en 2011 – de Cuernavaca a la Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Miles de personas se sumaron en el camino. Luego se organizaron una caravana que atravesó el centro y el norte del país hasta Ciudad Juárez – entonces “capital de los feminicidios” -, una rumbo al sur y una que recorrió 27 ciudades de los Estados Unidos para visibilizar la violencia que se vive en México y exigir un alto a la exportación de armas.

Foto: Orsetta Bellani

«En algo andaban»

Por primera vez se logró articular a los colectivos que desde hace tiempo denunciaban la masacre mexicana: las victimas de la violencia y sus historias recorrían juntas las calles y aparecían en los medios. Se fue desmoronando la versión del gobierno de que los asesinatos y las desapariciones ocurrían a personas que “en algo andaban”, y que sólo se registraban algunos “daños colaterales”.

Magdalena Puente González no participó en las movilizaciones de 2011, pero esta vez viajó más de mil kilómetros para sumarse, pues hace 5 meses asesinaron a su hijo. “Me uno a la marcha para pedir justicia para todas las personas que hemos perdido a un hijo, que es lo más fuerte que te puede pasar en la vida”, afirma la mujer del Estado de Coahuila, mientras algunos coches pitan para dar ánimo a los caminantes que, paso a paso, suben por la empinada autopista Cuernavaca-Ciudad de México.

“El logro principal de las movilizaciones del MPJD de 2011 no es un botín político, sino el hecho de que los caminantes adquirieron capacitad organizativa, pasaron de ser victimas al ser personas que exigen. Se crearon colectivos en todo el país conformados por personas que no piden sólo la resolución de los casos de sus seres queridos sino el esclarecimiento de todos los demás”, enfatiza Norma Garduño, integrante del MPJD, que sostiene el cordón que rodea la Caminata por la Paz. Como muchos de sus compañeros, Garduño es al mismo tiempo superviviente y militante. Por su lucha en contra de la empresa canadiense Esperanza Silver fue secuestrada con tres de sus hijas, y luego se tuvo que desplazar a otra región del país con toda su familia. Hoy, como siempre, su familia la acompaña en la marcha: su marido, sus hijas adolescentes y su bebé de tres años, que lleva una camiseta que dice “no a la minería”.

Foto: Orsetta Bellani

Son muchos los niños que participan en la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad. Hay niños indígenas nahua procedentes de Chilapa, en el Estado de Guerrero, uno de los municipios del país más afectados por la violencia. Hay otros de origen estadounidense que pertenecen a la comunidad mormona LeBarón, asentada en Chihuahua. En noviembre pasado, la familia LeBarón ha sido emboscada por un grupo armado que asesinó 3 mujeres y 6 niños, dos de ellos bebés, de la misma familia.

Fue a raíz de esta masacre que, a 9 años de las caravanas de 2011, Julián LeBaron y Javier Sicilia decidieron convocar una nueva movilización, desde el 23 hasta el 26 de enero de 2020, que ha empezado en Cuernavaca y ha concluido frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. Una movilización cuyo objetivo ha sido visibilizar la violencia y sobre todo recordar al Gobierno algunos compromisos que tomó sobre la implementación de mecanismos de justicia transicionales, que puedan ayudar el Estado a empezar un proceso de transición hacia un periodo de “post-violencia”, como la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación extraordinario para las víctimas de la violencia.

Principal arma, el diálogo

“Ante el colapso de las instituciones ordinarias, hace varios años se empezaron a trabajar unos mecanismos extraordinarios que se podrían implementar para encontrar verdad y justicia. Se abrió una ventana de oportunidad con este gobierno que empezó a hablar de este tema durante la campaña electoral”, explica Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional y justicia transicional.

Dayán participó en las mesas que, hace más de un año, el recién electo gobierno de López Obrador abrió con algunas organizaciones de la sociedad civil para crear una propuesta de justicia transicional. Un compromiso que ha sido olvidado por López Obrador y que los manifestantes piden se retome.

Foto: Orsetta Bellani

Julián LeBarón ha sido una de las cabezas más visible de las movilizaciones de 2011, pero luego rompió con Javier Sicilia. Lo criticó por su excesiva disposición al dialogo con el ex presidente Felipe Calderón, a quien llegó a estrechar la mano frente a las camaras. LeBarón pensaba que era necesario dedicarse más a la movilización en las calles, Sicilia estaba convencido de que dialogo y movilización pudieran caminar en paralelo. El domingo, pese a tener posiciones distintas, volvieron a marchar juntos.

“El MPJD nunca se planteó ser un movimiento radical, nunca pensamos destituir al gobierno como tal y reconocemos al Estado y las obligaciones que tiene”, aclara Norma Garduño. “Muchas de nuestras consideraciones están basadas en los principios gandhianos y la principal arma de la no violencia es el dialogo”.

La disposición al dialogo de Sicilia con el gobierno derechista de Calderón causó muchas criticas adentro del MPJD, y más incomodidad fue causada por el verticalismo y el personalismo del movimiento. Las divisiones de entonces se reflejan en las ausencias de hoy.

Foto: Orsetta Bellani

Algunos colectivos de victimas han decidido no participar en la Caminata por la Paz a pesar de compartir sus demandas, han destacado la presencia de personas cercanas a partidos derechistas y han afirmado que el objetivo de algunos marchantes no era “necesariamente hacer justicia y apoyar a las victimas, sino encontrar la oportunidad de ir en pos de sus propios intereses”. Además, han criticado la decisión de LeBarón de contratar como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del Estado de Sonora, quien hubiera encubierto a los asesinos del activista Nepomuceno Moreno, muerto por buscar su hijo desaparecido Jorge Mario.

En todo caso, el domingo fueron miles las personas llegadas de todo el país para acompañar en silencio a la Caminata por la Paz hasta el Palacio Nacional. Hay opiniones distintas entre los manifestantes sobre López Obrador: algunos afirman haber votado por él y sentirse decepcionados, otros dicen que nunca lo han apoyado, otros no quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, sino exigirle retomar la agenda de víctimas y las medidas para la pacificación del país que prometió.

Artículo publicado en El Gara el 28.01.2020

Las mujeres en lucha del mundo se encuentran en territorio zapatista

Orsetta Bellani, Pikara Magazine (Foto: O.B.)

Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo participan en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas, para hablar de violencias y unir fuerzas.

La niña en el medio de la cancha se llama Esperanza, lleva un pasamontañas y abraza un osito de peluche. Las milicianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchan golpeando sus toletes al ritmo de una cumbia, hasta formar un caracol gigante alrededor de Esperanza. La protegen.

Estamos en la inauguración del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres del EZLN entre el 26 y el 29 de diciembre de 2019 en el Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo acudieron a este espacio construido con casas de tablas de maderas pintadas con murales, rodeado por las montañas de bosques del Estado de Chiapas, en el sur de México.

Las milicianas zapatistas llevan uniformes y gorras verdes o café, traen el rostro cubierto por pasamontañas y paliacates rojos al cuello. Algunas cargan arcos y flechas.

– “¡Apunten!”, ordena una comandanta a las arqueras.

– “¡Descansen!”.

Las zapatistas no disparan. Ya dispararon en 1994, cuando se levantaron en armas para recuperar y redistribuir a los pueblos indígenas las tierras que ancestralmente les pertenecían; para impulsar sus sistemas autónomos de justicia, de educación y de salud en las regiones más aisladas de Chiapas, donde nunca habían llegado abogados, doctores y maestros. El EZLN jamás entregó sus armas, pero pronto decidió que la parte civil de su organización prevaleciera sobre la militar y se dedicó a la construcción de “otro mundo”. Un mundo donde sí se dan episodios de violencias en contra de las mujeres – sancionados por las autoridades autónomas zapatistas – pero ninguna de ellas es desaparecida y asesinada. Esto en un país, México, donde se registran 10 feminicidios cada día.

Entrada del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Foto: Orsetta Bellani

Las milicianas zapatistas no disparan sus flechas, pero les dicen a las mujeres presentes que vale defenderse cuando te están matando. “Hermana y compañera: tenemos que defendernos y sobre todo que defendernos organizadas. Y tenemos que empezar ya, y más si una mujer es niñita apenas. La tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos. Y si no tenemos nada, pues con palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues con nuestro cuerpo. Con uñas y dientes hay que proteger y defender”, afirma la Comandanta Amanda desde el escenario. “Nos siguen asesinando y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan que estemos bien portadas. Si las mujeres protestan y rayan sus piedras de arriba, rompen sus vidrios de arriba, le gritan sus verdades a los de arriba, entonces sí gran bulla. Pero si nos desaparecen, si nos asesinan, entonces no más ponen otro número: una victima más, una mujer menos”.

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Un micrófono abierto en territorio rebelde. Unas zapatistas con sus pasamontañas preparan la lista de quienes quieren compartir su palabra, las invitan a hablar, las escuchan. El tema del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan es la violencia contra las mujeres. Hoy es el primer día y el espacio está abierto para las denuncias.

Ximena agarra el micrófono. Frente a ella, sentadas en el escenario del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, las demás mujeres tienen los ojos enrojados por las historias que ya escucharon.

La voz de Ximena tiembla, dice que nunca lo ha hablado en público. Cuenta de haber sido abusada a los cinco años por un hombre anciano que vivía en su casa. Llora.

– “No estás sola compañera”, grita una desde el público.

– “Yo te creo”, añade otra.

Se escucha el respiro de Ximena en el micrófono. Retoma la palabra, cuenta que años después descubrió que el mismo hombre abusaba también de sus tías. Que cuando se le contó a su papá, éste lo mandó a matar.

Las participantes del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan se pasan el micrófono para contar sus historias de violencias, todas parecidas a pesar de las distancias que las separan. Algunas cuentan haber sido abusadas por compañeros de lucha que se dicen feministas, otras relatan de abusos familiares que ocurren generación tras generación, de mujeres violadas que enseñaron a sus hijas que hay que callarse y no denunciar. Cuentan historias de impunidad y de madres convertidas en peritas, expertas de la carpeta de investigación de sus hijas. Mujeres que no sabían de ser feministas antes de que sus hijas fueran desaparecidas o asesinadas.

Una de las asambleas que se llevaron a cabo durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Las mujeres del público se miran entre sí, lloran, se abrazan. Cada dolor que escuchan les recuerda otro vivido en sus propias entrañas. Las mujeres que se reunieron en el Semillero zapatista son un cuerpo colectivo, violado y dolido, que se sana, se organiza y lucha. Están un espacio seguro cuidado por las milicianas del EZLN, donde al atardecer se levanta una neblina que huele a fogón.

Las denuncias no caben en único día, se comen el día siguiente dedicado a las propuestas. Propuestas hay, pero las denuncias desbordan.

“Tú y nosotras sabemos que lo más peligroso ahora en el mundo es ser mujer”, dijo la Comandanta Amanda durante la inauguración del evento. “No importa si es mujer, niña, o jóvena, o adulta, o ya de juicio. No importa si es blanca, amarilla, roja o color de la tierra. No importa si es gorda, delgada, alta, chaparra, bonita o fea. No importa si es de clase baja, o media, o alta. A la hora de la violencia, lo único que importa es ser mujer”.

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Allison llena su vaso de plástico del grifo de uno de los comedores del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona. Tiene 23 años, una camiseta blanca, jeans y un paliacate que le cubre la boca. “¿Qué ha cambiado en el EZLN después del Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan?”, dice tomando un trago de agua. “Que las mujeres estamos más organizadas”.
Para esto las zapatistas convocaron a las mujeres del mundo: para que se lleven un “granito de arena” a sus geografías y se organicen con las demás mujeres que no han podido viajar; para que se conozcan entre ellas, intercambien contactos, estrategias, experiencias; para que aprendan de otras mujeres y de las zapatistas, que sí lograron construir un mundo “otro”. En todo el Semillero zapatista se crean reuniones espontaneas, talleres, espacios de compartir. Allí se habla de crear redes de cuidados, de organizarse para responder al llamado de cualquier mujer que lo necesite.

Milicianas y bases de apoyo zapatistas cocinan durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Unas comandantas del EZLN hablan con un grupito de mujeres en la entrada del Semillero. Recuerdan cuando no se les permitía estudiar, viajar, hacer otra cosa que no fuera cocinar y criar hijos. Cuentan de cómo ha cambiado su vida desde la insurrección armada del EZLN, en 1994. Afirman que tienen mucho que caminar aún, que a menudo las mujeres discuten entre ellas por tonterías, que la igualdad de género en territorio zapatista aún no existe, pero sí se han hecho grandes pasos.

Toma la palabra Gabriela, que viene de la zona zapatista de Oventic. Para ella, la vida digna es que su compañero se encargue de sus hijos e hijas y de la casa mientras participa en eventos como éste. Dice que las zapatistas decidieron organizar el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan porque leen que hay muchas mujeres asesinadas y desaparecidas. “Cuando se muere una mujer en otro Estado o en otro país llegamos a sentirlo, porque tenemos la misma sangre a pesar de tener otros ojos y otra piel”, dice.

Gabriela, que se ha criado en un mundo sin feminicidios, no entiende por qué todavía las mujeres del mundo no se han logrado organizar, como las zapatistas, para acabar con el problema. “Durante el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan prendimos una lucesita y se la dimos, para que se la llevaran a sus geografías y se organizaran”, dice Gabriela. “Pero después de año y medio vimos que en su mundo siempre más mujeres son asesinadas y desaparecidas. Ustedes saben si se están organizando bien o no”.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 8.01.2020: https://www.pikaramagazine.com/2020/01/las-mujeres-lucha-del-mundo-se-encuentran-territorio-zapatista/

Madres de migrantes desaparecidos buscan a sus hijos en México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Desde hace 15 años viajan de Centroamérica en caravana y encontraron a más de 310 migrantes desaparecidos.

La mirada de Erlinda Ramírez no se mueve de la fila de jóvenes de camiseta anaranjada. Caminan arrastrando sus chanclas y observan las fotos que las mujeres de la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos han puesto en la cancha de baloncesto del penal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado de Veracruz. Son imágenes de hombres y mujeres jóvenes, de sus hijos desaparecidos.

Ramírez tiembla y llora, sus nervios no aguantan. Una joven psicóloga le recomienda respirar hondo y su compañera Eva Ramírez, que como ella integra a la caravana, le acaricia un brazo y la tranquiliza: “Por allí tu hijo tiene que venir en las filas”.

Hace más de siete años el joven migró de Honduras a Estados Unidos, pero en el sur de México fue detenido y acusado de asesinato, extorsión y violación. En un primer momento llamaba seguido a su familia desde la cárcel de Coatzacoalcos, pero pronto acabó el dinero que las guardias le arrebataban cada vez que quería hacer o recibir llamadas. Desapareció. A veces Erlinda se pensaba con alas, volando encima de las montañas y de las aguas para alcanzarlo. Otras veces imaginaba hacerse invisible para cruzar la frontera de México y encontrarlo.

Luego una mujer que da clases de yoga adentro de la cárcel de Coatzacoalcos llamó al Movimiento Migrante Mesoamericano – la organización que cada año coordina la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos -, quien se encargó de buscar a Erlinda y la invitó a la caravana.

Madres de la caravana enseñan las fotos de sus seres queridos a los migrantes centroamericanos en Coatzacoalcos, Veracruz (Foto: Orsetta Bellani)

Hoy es justo el día de su rencuentro. Parada en la cancha de baloncesto bajo el sol veracruzano del mediodía, Erlinda Ramírez no despega sus ojos de aquella extraña procesión de detenidos, que observan las fotos para eventualmente brindar pistas para encontrarlos. Cuando por fin su mirada encuentra la de su hijo, en un instante se envuelven en un abrazo. Las demás integrantes de la caravana lloran; de felicidad por el rencuentro de su compañera Erlinda, de tristeza porque a ellas todavía no les ha tocado.

Los rostros de sus seres queridos, y de los hijos de otras mujeres que no pudieron emprender el viaje, siguen apareciendo sólo en las fotos plastificadas que ordenaron en la cancha del penal. Son imágenes que cargan todo el tiempo durante la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, formada por unas 40 personas – en su mayoría mujeres – de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en sus propios países integran organizaciones dedicadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Llevan las fotos de sus seres queridos colgadas al cuello y no se las quitan ni para comer.

Hasta hoy, las mujeres de la caravana han viajado por quinceava vez por los mismos paisajes que atravesaron sus hijos en su viaje rumbo al norte. Desde el clima tropical de la frontera meridional de México hasta el desierto del Estado de Nuevo León, a un paso de los Estados Unidos.

Los buscan en los albergues de migrantes (gestionados por religiosos que les brindan hospedaje y comida), en las cárceles, en las vías del tren de carga llamado La Bestia, en cuyo techo viajan los migrantes. Van de casa en casa enseñando las fotos de sus seres queridos, o las exponen en las plazas públicas, con la esperanza que los transeúntes los puedan reconocer y brindar una pista. A veces un pequeño detalle puede abrir un camino que lleva a su localización.

Madres centroamericanas enseñan sus fotos casa por casa en Huixtla, Chiapas

La búsqueda con vida de los migrantes desaparecidos comienza antes de la salida de la caravana, cuando el MMM recibe las denuncias de desaparición. El activista Rubén Figueroa sigue sus huellas en México a partir de la última llamada que hicieron a sus familias o del último envío de dinero que recibieron, busca sus nombres en las listas de los detenidos de los penales y en Google, para averiguar si la prensa local los reporta como victimas de algún accidente. Una vez recolectados los indicios, Figueroa viaja por México para buscar a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Muchas veces los encuentra: en 15 años el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) encontró con vida a más de 310 personas. Sus familiares han sido invitados a participar en la caravana para que se pudieran rencontrar.

Este año las madres centroamericanas están acompañadas por activistas internacionalistas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, uno de los organizadores de la Caravana Abriendo Fronteras, iniciativa que nació en 2016 y que en julio pasado se dirigió a Andalucía y Ceuta. El colectivo vasco decidió participar junto con el colectivo italiano Carovane Migranti para aprender de la experiencia de sus integrantes y tejer redes de solidaridad y lucha. “Compartimos la concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar y la defensa de los derechos de las personas migrantes, también durante su tránsito hacia los países de destino”, explica Dida Marin Astobieta, activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Esta caravana se enfrenta a la negación extrema de estos derechos, desde el secuestro a la desaparición e incluso el asesinato”.

Anita Celaya del Salvador (Foto: Orsetta Bellani)

Para que las denuncias de las mujeres centroamericanas lleguen a Europa, cada año dos integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas están invitadas a participar en la caravana europea, que cada vez se realiza en un país distinto.

En 2019 viajó al Estado Español Ana Enamorado, una mujer hondureña que lleva 7 años sin noticias de su hijo Oscar. Después de su primer viaje con la caravana, Enamorado decidió quedarse en México para trabajar en el MMM y dedicarse completamente a la búsqueda de Oscar. Para ella, la caravana representa un espacio de formación política y de sanación: “cuando una está sola encerrada en casa le parece que no le está pasando a nadie más y no sabe qué hacer con este dolor, pero cuando estás con otras familias aprende que no estás solas”.

Se calcula que entre 80 mil y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México durante su viaje rumbo a Estados Unidos. El MMM asegura que son mucho más y que no aparecen ni siquiera en los informes oficiales: las autoridades suelen mencionar sólo a las 40 mil personas desaparecidas de nacionalidad mexicana. “Qué bueno que me recuerdas!”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Karla Quintana a Ana Enamorado, cuando ésta le señaló la falla del gobierno mexicano.  

“Lo que más importa es sensibilizar a la población civil, siendo que nunca vamos a sensibilizar a las autoridades”, afirma la activista. “Son indolentes y viven de nuestro dolor: se han creado muchas dependencias gubernamentales que de esto viven, generaron buenos salarios de nuestro dolor. Por esto jamás van a hacer nada porque se detenga el problema de las desapariciones”.

Las familias de los migrantes desaparecidos no saben si han sido asesinados por las organizaciones criminales mexicanas- que muchas veces operan en conjunto con las autoridades -, si han sido obligados a trabajar para ellas, si entraron en alguna red de trata de personas o si están vivos y libres, pero por algún motivo han perdido contacto con su familia.

Doña Mari de Honduras (Foto: Orsetta Bellani)

A veces los migrantes dejan de comunicarse con sus seres queridos porque durante el viaje les han robado la cartera donde guardaban los números telefónicos, porque el número cambió, o porque la familia se ha mudado a otra casa. “Muchos migrantes se fueron de Centroamérica cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares, sólo había un teléfono publico a la entrada de la aldea y las calles no tenían nombres”, explica Martha Sánchez Soler, fundadora del MMM.

La violación sexual es otro factor que en muchos casos lleva las migrantes a interrumpir cada contacto con su familia, por la vergüenza que los abusos hicieron nacer en ellas.

“Hay muchas cosas por las cuales no quieren que una madre sepa adónde están. A veces si han sufrido violaciones, o si han hecho algo ilícito y lo han agarrado; tal vez a ellos les da vergüenza que su madre sepa. O si han cambiado de sexo, quizá se sienten mal porque una se va a incomodar”, afirma Hilda Luz Rivera, de El Salvador, al notar unas mujeres transgenero entre las detenidas que observan la foto de su hijo René Wilmaris Ramírez Rivera. “Tal vez se sienten como que ya no tienen familia. Pero para una madre no importa lo que hayan hecho y no hay feo ni delincuente; aunque cometan sus errores, una mamá siempre perdona”.

Integrantes de la caravana procedentes de Guatemala (Foto: Orsetta Bellani)

Erlinda Ramírez no tuvo que perdonar a su hijo, pues está convencida de que no cometió los delitos que se le imputan. Al salir de la cárcel de Coatzacoalcos se siente “descansada”. Su rostro está más relajado, su voz es más firme, ya no tiembla ni llora. Encontró a su hijo en buena salud y sabe que en dos años será otra vez libre y regresará a su casa. Frente a la entrada del penal la esperan las cámaras de los periodistas y su mensaje es para los jóvenes que todavía faltan, y las madres que siguen esperándolos: “Estoy segura de que como apareció mi hijo van a seguir apareciendo los hijos de mis compañeras que están perdidas en este flagelo”.

Artículo publicado en El Gara el 3 de diciembre de 2019.

Cinco años esperando una respuesta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

No es un día de mucho trafico en la autopista Cuernavaca-Ciudad de México. Los carros desaceleran llegando a la caseta de cobro de Tlapa, una de las puertas de la metrópoli. Allí los espera una imagen inusual: una manta con el rostro de Emiliano Zapata cuelga de la caseta, pidiendo verdad y justicia por Ayotzinapa.

O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”.

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Foto: Orsetta Bellani

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes.

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

El nuevo aeropuerto de México, a consulta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

A Jesús Javier Ramos le dispararon en la cabeza el 28 de setiembre. Sucedió frente a la puerta de su casa de Tlalmanalco, uno de los 40 municipios del Estado de México afectados por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Era ingeniero forestal y pertenecía a la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto. Llevaba meses recibiendo amenazas de muerte por su oposición a la obra y, en particular, a la explotación del Tenayo, un cerro desde donde se envían materiales pétreos para la construcción del NAICM.

Son decenas las familias del Valle de México que viven rodeadas por más 160 minas a cielo abierto que carecen de permisos, donde se explotan tezontle, basalto y materiales pétreos. Las minas contaminan el aire y el agua. Ya son cuatro millones los metros cúbicos de lodos tóxicos que han sido extraídos de la zona de construcción, y las vibraciones hacen vivir a los habitantes de la zona con el temor de que sus casas se derrumben.

Sin embargo, el Gobierno mexicano afirma que el NAICM, cuya construcción fue anunciada en setiembre de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, es una obra ambientalmente sostenible y necesaria, pues el actual aeropuerto Benito Juárez está saturado. El NAICM es la segunda terminal más grande en construcción a nivel mundial y cuadruplicaría la operación aérea para dar servicio a 120 millones de pasajeros al año.

Décadas de resistencia

Al ver tirar las casas de sus vecinos, Nieves Rodríguez Hernández sintió mucha tristeza y pensó que no hubiera permitido a las maquinas tirar los muros de su hogar como si fueran castillos de naipes.

Ella decidió quedarse en su casa a pesar de que la autopista Teotihuacán-Texcoco, una obra complementaria al NAICM, debería de pasar justo por encima. Decidió quedarse con sus cultivos de verdolaga y nopal, vendiendo frascos de conservas preparada con los duraznos de sus arboles, aunque la autopista ya rodea su casa. Está por delante y por atrás: dos tiras de concreto cortadas en el medio por su casa.

Junto a los demás pobladores de San Salvador Atenco llevan 17 años en resistencia en contra de la obra. Ya en 2001, el Gobierno mexicano tenía pensado construir en el Valle de México el nuevo aeropuerto internacional. Una ciudad que parece infinita y que, sin embargo, termina justo allí, donde empieza el vaso del ex lago de Texcoco, una zona de uso rural ubicada en los municipios de Atenco y Texcoco.

Mujeres de Atenco se manifiestan en contra del NAICM (septiembre de 2014). Foto: Orsetta Bellani

En 2002, la resistencia de los pobladores reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) logró la congelación del megaproyecto. La represión llegó con cuatro años de retraso. En 2006, el desalojo de unos vendedores de flores del mercado municipal provocó un enfrentamiento y la entrada en Atenco de unos tres mil policías estatales y federales. Fue uno de los mayores crímenes cometidos por el Estado mexicano: 202 victimas del operativo han sido sometidas a un trato «cruel, inhumano y degradante» y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la Policía. Once de ellas llevaron al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y se espera una sentencia en los próximos meses.

Diferentes posturas

La construcción del NAICM ya ha empezado, pero hay tanta inconformidad alrededor de la obra que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido en julio y tomará posesión el 1 de diciembre, ha convocado una consulta pública para decidir sobre su futuro. Su lanzamiento se hizo a pesar de que sólo el aún mandatario Peña Nieto puede hacerlo y de que para que ésta tenga carácter vinculante tiene que ser orga- nizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien se niega a hacerlo en lo que resta de 2018. Sin embargo, López Obrador aseguró que la consulta se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de octubre.

La población será llamada a decidir si continuar con la construcción del NAICM, ampliar la base aérea militar de Santa Lucía o modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el que ya existe en Toluca, inversión que se realizará a pesar del resultado de la consulta.

La posición de López Obrador sobre la construcción del NAICM cambió varias veces durante los meses anteriores a las elecciones: «Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco», aseguró en abril.

«Texcoco es la mejor opción para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto», afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y algunos expertos aseguran que es un riesgo para la seguridad nacional utilizar la base militar de Santa Lucía como terminal para vuelos civiles.

Por su parte, el FPDT y la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto organizan campañas en redes y foros públicos donde reconocidos expertos hablan de las afectaciones que conlleva la construcción del NAICM. «El Gobierno tiene sus especialistas, nosotros también», afirmó Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. «No es una lucha sólo de los pueblos de la Cuenca de México sino de todos los mexicanos», subrayó. De acuerdo con los opositores al NAICM, la consulta debería de ser cancelada así como la obra.

Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. Foto: Orsetta Bellani

El cerro Huatepec afloró del gran lago de Texcoco hace 40.000 años. Aquí llegaron los aztecas a finales del siglo XIII y encontraron la señal que su deidad les había indicado: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Decidieron asentarse y fundar Tenochtitlán, la capital de su imperio.

El montículo de piedras que se encuentra en la cumbre del cerro Huatepec es llamado Silla de Nezahualcóyotl, el hombre que fue rey de Texcoco en el siglo XV. Desde allí se puede apreciar todo el antiguo lago, un área de 14.500 hectáreas que estuvo cubierta por agua y bosques.

Hoy en día, la cuna de la civilización azteca fue en gran parte «comida» por el crecimiento incontrolado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, un área formada por la capital y 60 municipios donde viven más de 22 millones de personas. En la cuenca aún queda una zona verde donde se encuentran 11 ríos y 6 lagos, y es justo allí donde se está edificando el NAICM. A su lado se construirá también la Aerotrópolis, un complejo urbano de lujo que, según sus detractores, pondrá en riesgo el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que de por sí sufre de este problema.

Algunos expertos están a favor de la obra. Entre ellos el Colegio de Ingenieros Geólo- gos, que sin embargo concluye que no es posible «garantizar la sustentabilidad del funcionamiento de la terminal aérea» por riesgos como «inundación, colapso, hundimiento diferencial, agrietamiento, deslizamiento, alta concentración de biogás».

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, el NAICM alterará el milenario paisaje de la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde existe uno de los más importantes sitios arqueológicos del país. La plataforma afirma también que desde diciembre de 2017 se está secando deliberadamente el lago Nabor Carrillo, para que las 150.000 aves acuáticas que allí encuentran refugio desaparezcan y no choquen con los aviones. La acusación es rechazada por la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Algunos investigadores señalaron también irregularidades y falta de transparencia en el sistema de contratación de empresas por parte del Gobierno. «De 292 contratos sólo 30 fueron otorgados por medio de un concurso público», afirma María Julieta Lamberti, de la organización Proyecto Poder. «El 90% fue otorgado por adjudicación directa e invitación restringida», sostiene.

La persona que más se benefició de estos contratos es el empresario mexicano Carlos Salim Helú, uno de los hombres más ricos del planeta. A través de INBURSA, Slim financia también gran parte del préstamo inicial para la construcción del NAICM, dinero privado que se consiguió vía emisión de bonos de deuda pública. De esta forma, a pesar de que, según la versión oficial, sólo el 36% de los gastos se cubrirán con dinero público, la obra en realidad se pagará en su totalidad con impuestos. Y su costo desde 2014 ya escaló un 68%.

Artículo publicado en El Gara el 23.10.2018.

Miles de mujeres de todo el mundo llegan a Chiapas para luchar junto a las zapatistas por sus derechos

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Entrando al Caracol zapatista de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, Angélica Ávila de Fuerzas Unidas por Nuestrxs Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL) sintió una “energía de lucha” muy fuerte. Con mochila al hombro fue recibida con una manta que decía “Bienvenidas mujeres del mundo”, para después encontrarse con casitas de madera pintada con murales de colores, rodeadas por pasto verde y bosque. Continue reading…

Viaje en territorio zapatista con Marichuy

Orsetta Bellani, Zazpika (Foto: O.B)

Centenares de zapatistas corren. Con sus botas de lluvia, pisan el asfalto mojado que lleva al Caracol de Morelia, uno de los cinco “centros administrativos” zapatistas. Llevan pasamontañas y cargan sus bebés en unos foulards colorados. Se disponen frente a una manta amarrada a dos palos que dice: «Bienvenidos! Compañera María de Jesús Patricio Martínez y compañeros y compañeras del Concejo Indígena de Gobierno», formando dos largas vallas humanas en las orillas de la carretera.

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Los riesgos y realidades sobre La Ley de Seguridad Interior en México

Francisco J. Trejo Corona, Tercera Vía

Los indicadores disponibles muestran que la violencia creció en 2016 en buena parte del país. En ese contexto, se han presentado iniciativas legislativas que proponen la militarización de la seguridad pública. ¿Estamos en riesgo de virar hacia un régimen de vigilancia castrense? ¿Somos conscientes de que, en caso de aprobarse dichas leyes, los militares podrían prevenir, investigar y castigar delitos o tener la facultad de replegar manifestaciones por la fuerza? Tercera Vía recupera las claves de la propuesta para mantenerte informado de lo que realmente importa.

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LOS DATOS

Es un hecho que vivimos una crisis de seguridad en México. El número de homicidios registrados por el Gobierno Federal en 2016 ha sido el más alto desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin que se tengan oficialmente el total de asesinatos del año pasado, el Secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha estimado que en 2016 más de 19 mil personas fueron asesinadas. Esta cifra supera al incremento registrado en 2015, con 15 mil 566, a los 14 mil 382 de 2014 y los 16 890 de 2013. De acuerdo con especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, el aumento de los homicidios en el país se debe a la existencia de grupos criminales pequeños, pero muy violentos, que pelean por el control de actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

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Uno de los fenómenos más importantes en materia de seguridad del 2016 fue el aumento de la violencia en estados de la república que antes no se catalogaban violentos. Por ejemplo, Colima registró un aumento en la tasa de homicidios en un 292%; Campeche incrementó su tasa en un 64% y Zacatecas en un 92%. Por otro lado, estados que habían experimentado fuertes operativos de seguridad dirigidos por las fuerzas armadas también han elevado sus niveles de violencia. Mientras Veracruz subió la tasa de homicidios en un 123%, Michoacán no ha logrado parar la ola de violencia, y experimentó un incremento en un 63%.

Dos casos que muestran las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto son Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas ciudades habían presenciado una disminución en la tasa de homicidios desde 2011. Sin embargo, 2016 representó un aumento considerable en el número de asesinatos acaecidos en ambos lugares. Ciudad Juárez experimentó un incremento del 72% en un año, pasando de 311 en 2015 a 536 asesinados en 2016. Del otro lado, Tijuana experimentó un aumento del 29% respecto a 2015 y un 65% en comparación con 2014. Además de las fallas de seguridad por parte del gobierno federal, la violencia en ambas entidades se encuentra relacionada por el conflicto entre distintos grupos del crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa, lo que queda del Cartel de los Arellano Félix, algunos grupos relacionado al ya extinto Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La extorsión y el secuestro también se incrementaron con respecto a los años anteriores. Con base en información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), los secuestros se elevaron en un 7% respecto al 2015, alcanzando los 1,700 casos reportados. Los estados que registraron en 2016 la mayor cantidad de secuestros fueron Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos y Zacatecas. Por otro lado, las extorsiones registraron un incremento del 3.6% entre 2015 y 2016.

Este aumento de la violencia en sus distintos ámbitos se puede palpar en las opiniones de la ciudadanía, en acuerdo a la ENVIPE 2016 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública). De acuerdo con los datos del estudio realizado el año pasado, el 70% de la población mexicana dice vivir con inseguridad. Solamente en 4 estados de la república la mayoría dice sentirse segura. Estos lugares son Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit y Yucatán. Por el contrario, los habitantes del Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla y Morelos son quienes más sensación de inseguridad perciben dentro de sus comunidades.

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UNA INICIATIVA PELIGROSA

¿Y si en este contexto de violencia, el Ejército pudiera actuar a discreción, hacer las funciones de policía, reprimir manifestaciones pacíficas de manera letal y no rendir cuentas? Puede suceder: actualmente se está discutiendo en el Senado y la Cámara de Diputados la llamada Ley de Seguridad Interior, como resultado de dos iniciativas, una propuestas por el PRI (en Cámara de Diputados) y otra por el PAN (en el Senado). En cualquier caso, ambas pretenden legalizar y legitimar la presencia del Ejército en las calles, bajo el supuesto de que la fuerza civil (la policía convencional) ha sido rebasada.

Algunos especialistas en políticas públicas y seguridad han apuntado que las leyes propuestas reducen considerablemente la influencia de legisladores y jueces ante el actuar de las fuerzas armadas en México, las cuales actuarían bajo órdenes directas del Gobierno Federal. El ejército tendría discrecionalidad para accionar armas de fuego contra los manifestantes, por ejemplo, si así lo consideran los encargados de los operativos. Para hacer esto posible, el gasto militar se incrementaría casi en un 600%, con el objetivo de financiar los recursos humanos, de inteligencia y los equipos de intervención.

En suma, la ley busca dar facultades al Ejército para hacer las funciones de policía, incluyendo los roles de prevención, investigación, detención y seguimiento de los delitos. La milicia conservaría además sus atributos, sin posibilidad de escrutinio público, amparándose bajo la figura de “Asuntos de Seguridad Interior”.

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¿Cuáles son los riesgos?

Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de CIDE, ha argumentado que el Congreso no está facultado para legislar en materia de Seguridad Interior, por lo que la ley propuesta sólo podría hacerse realidad llevándola hacia la zona gris de la laguna legal. Esto implicaría además reconocer el fracaso de las policías y organismos de Seguridad Pública en todo el país, incumpliendo la obligación de los poderes de proveer seguridad a los ciudadanos de manera civil y no militar.

El principal problema, asegura, tiene que ver con el uso discrecional de la fuerza y la poca transparencia que se le exigiría al Ejército, sumado a que no existiría el contrapeso de los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, se deponen las obligaciones sustanciales del Estado, que puede protegerse sin la necesidad de represión o seguridad militar, con acciones efectivas en salud, educación y bienestar, en lugar de concentrar su esfuerzo “en retenes militares y convoyes”.

Un ejemplo de los riesgos de esta ley ha sido expuesto por Tania Ixchel Atilano Camacho (Doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín), que recupera la idea de que las fuerzas armadas tendrían la facultad de “controlar” a una persona cuando al ser detenida en flagrancia, oponga resistencia. ¿Qué significa en éste contexto “controlar”? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de equipos de ataque? Por otro lado, ¿Se permitirán tanques para “controlar” multitudes?”.

Por su parte, Carlos Silva Forné, especialista del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en un foro que en esas condiciones “empeorarán los riesgos que México vive en material de seguridad, con uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos”.

¿Quiénes proponen la ley? ¿Qué argumentos existen a su favor?

Roberto Gil Zuarth (PAN) en el Senado y César Camacho Quiroz (PRI) en la Cámara de Diputados son los principales promotores de la iniciativa. El panista indicó que es necesario abrir el debate para dar certidumbre jurídica en el accionar del Ejército en tareas de seguridad pública. Además, justifica su iniciativa en la idea de que estados y municipios han dejado de invertir en seguridad pública “porque el Ejército ya se encuentra de facto realizando sus labores”. Camacho Quiroz, por su parte, defiende la propuesta bajo la premisa de que la falta de legislación solo mete en aprietos a los militares cuando están sobre el terreno.

Por ahora la iniciativa de Gil Zuarth está en comisiones, mientras que la propuesta de César Camacho permanece a la espera de dictaminación. Cabe destacar que en caso de prosperar sería necesaria la modificación del artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz los militares no puede intervenir en conflictos que no sean estrictamente castrenses.

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¿Está preparado el Ejército para algo así?

La realidad es que el 36% (una tercera parte) de las operaciones mixtas de las fuerzas armadas se encuentran sólo en dos estados: Guerrero y Estado de México. Es un hecho que la estructura actual del Ejército tampoco alcanza para establecer el control de todo el país.

Respecto al problema de la opacidad, en 2016 el diputado Vidal Llerenas (Morena) advertía que serían entregados para 2017 más de 9 mil millones de pesos para seguridad pública, una erogación enorme que no es sometida a mecanismos transparencia. Por su parte, Ixchel Atilano apuntó que de 90 millones de dólares destinados a gastos para equipamiento militar en 2014, se incrementaron a 500 mdd en 2015, principalmente para adquirir vehículos de ataque aéreo. La especialista explica que: “un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos unidades black hawk, desde los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos”.

¿Hay voces a favor de la Ley de Seguridad Interior?

El senador priísta Raúl Aaron Pozos expresó en una columna del Sol de México que es importante regular el actuar del Ejército en las calles por “los roces entre la sociedad civil y cuerpos militares, particularmente en lo correspondiente a “supuestas” violaciones a los derechos humanos”. El legislador asegura que “el enfado de los militares para continuar en estas responsabilidades es comprensible” y también que  reconocer los derechos humanos es algo importante, “pero que es necesario que el Estado Mexicano dé certidumbre a los soldados”.
Juan Ibarrola, por su parte ofreció en Milenio un texto en el que da un paso más adelante en la defensa de la Ley de Seguridad Interior: el descontento con el gasolinazo y la desacelaración en inversión extranjera obliga a que el país “deba estar preparado para enfrentar retos de seguridad interior”.

Artículo publicado por Tercera Vía el 16.01.2017: http://terceravia.mx/2017/01/lo-debes-saber-la-ley-seguridad-interior/