#JusticiaparaMariana exigen sus compañeros estudiantes en Chiapas

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y feministas se manifestaron este domingo en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez tras el feminicidio de la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos, cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del viernes en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. 

La joven de 24 años prestaba su servicio social en la clínica de esta comunidad de la Selva Lacandona, de donde hace dos meses pidió ser reubicada por haber sido víctima de agresión sexual. Lo único que la Secretaría de Salud de Chiapas le otorgó fue un periodo de descanso sin goce de sueldo. 

“UNACH omisa, queremos justicia”, corearon las manifestantes, que en San Cristóbal de Las Casas marcharon por las calles principales del centro histórico y tuvieron un mitin frente a la Facultad de Derecho. “El feminicidio es la cumbre de la violencia machista hacia las mujeres, producto de una cultura patriarcal que promueve el odio y permite el abuso y el acoso”, afirman en un comunicado que leyeron durante el acto.

Manifestantes en San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

Las compañeras y compañeros de la Facultad de Medicina de Mariana Sánchez Dávalos, que declararon un paro indefinido de las actividades, aseguran que “le harán justicia” y abrieron una petición en change.org para pedir la destitución de Ana María Flores García, directora de la Facultad de Medicina de la UNACH, a quien acusan de haber dado la espalda a Mariana. 

“Gracias a Dios, Mariana no sufrió algo que es vil ante los humanos: hacer algo que tú no quieras”, afirmó Ana María Flores García tras enterarse del feminicidio de su alumna. “Siento cuando un hombre o mujer son asesinados, pero en el caso de Mariana, tenemos que ser respetuosos con la carpeta de investigación que se abrió”. 

En noviembre, Mariana Sánchez había denunciado la agresión ante la Universidad de Chiapas y también ante la Fiscalía de Chiapas, que las manifestantes consideran responsable del crimen por omisión. “Con la impunidad, esta violencia se vuelve institucional”, afirman en su comunicado.

El Comité de Estudiantes de Medicina de Chiapas informó este domingo que iniciaron un paro infefinido de actividades «con el fin de exigir justicia en la resolución del feminicidio de nuestra compañera médica pasane del servicio social.

Feministas y estudiantes protestan frente a la sede de la Unach en San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

La comunidad estudiantil exigieron que se tomen las medidas correspondientes en contra de quienes hicieron caso omiso a las denuncias de Mariana.

La Fiscalía de Chiapas inició una carpeta de investigación como feminicidio, conforme a protocolo. El sábado, la FGE señaló que la necropsia determinó que la causa de la muerte de la joven doctora es “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”, y que “el cuerpo no presentaba huellas de violencia y tampoco de agresión sexual”. 

“¿El ahorcamiento no es huella de violencia?”, se preguntaron las usuarias en redes sociales, que con el hashtag #JusticiaParaMariana están pidiendo que el feminicidio no quede impune. María Guadalupe Cruz Acuña, fiscal contra Homicidio y Feminicidio de la FGE, afirmó que se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio, y aseguró que “se agotarán todas las líneas de investigación hasta el total esclarecimiento”.

Este domingo, la Secretaría de Salud federal dijo en un comunicado que reforzará vículos entre instituciones para que tanto estudiantes de Medicina como servidoras públicas a cargo de programas de educación tengan las herramientas necesarias para prevenir, denunciar y atenderlas violencias de género.

En el comunicado firmado por el titular de la dependencia Jorge Alcocer, la Secretaría se dijo indignafa y asguró que hay «cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género y contra las mujeres».

Antes, la Secretaría de Gobernación aseguró que el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la Fiscalía de Chiapas trabajan en conjunto para aclarar la muerte de la joven.

Artículo publicado en Pie de Página el 31 de enero de 2021: https://piedepagina.mx/justiciaparamariana-exigen-sus-estudiantes-en-chiapas/

Resistir dentro de la resistencia

Orsetta Bellani, editorial Descontrol y Pikara Magazine (Foto: O.B.)

La eterna postergación de las demandas de las mujeres en nombre de las
urgencias del movimiento.
Francesca Gargallo

El sol aún no ilumina la comunidad cuando Fabiana me despierta, como cada mañana, a las cuatro y media. Soñolienta, descuelgo las piernas de la cama sin colchón y me protejo de la penetrante humedad lacandona.

Fabiana tiene 23 años, es maya tzotzil y base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como casi todas las mujeres indígenas trabaja en casa todo el día, todos los días, con su hijo de dos años siempre colgado a la espalda, envuelto en un chal de colores.

En la cocina, una construcción de madera con suelo de tierra batida, nos espera una olla repleta de maíz en grano hervido. Lo echamos en un molinillo y giramos esforzadamente la manivela, hasta que sale una harina suficientemente fina para confeccionar una gran hogaza amarilla, con la que preparamos las tortillas, esas tortitas de maíz que son la base de la alimentación.

El marido, que regresa del campo hacia el mediodía, ayuda a Fabiana en algunas tareas tradicionalmente consideradas “de mujeres” –como desgranar el maíz o desplumar los pollos– y, a menudo, juega con los niños mientras ella cocina. No es una imagen corriente en las comunidades indígenas mexicanas, donde la división del trabajo es muy rígida dentro de la familia.

“Nací en el pueblo de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas. Cuando tenía diez años, mi familia entró en la organización. Pero en la zona de Oventic, donde vivíamos, no había tierra que repartir”, me cuenta, mientras coloca los leños sobre la repisa que hace las veces de cocina. Una gallina se pasea por la habitación, en busca de las migajas caídas al suelo. Fabiana enciende el fuego para poner agua a calentar y, al poco, la cocina se llena de humo. “Fuimos a hablar con la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha, que nos dio un terreno en esta comunidad –relata–. Aquí conocí a mi marido, estamos contentos con nuestros dos hijos y hemos decidido no tener más”.

Foto: Orsetta Bellani

La posibilidad de planificar la maternidad es uno de los derechos establecidos por la Ley Revolucionaria de Mujeres, que las zapatistas aprobaron en marzo de 1993, antes de la insurrección armada. La ley está vigente en los territorios autónomos zapatistas y prevé el derecho de las mujeres a un salario digno, a la salud y la educación, a ocupar cargos políticos y militares, a no ser víctimas de maltrato y a elegir libremente su pareja. La comandanta Susana, que viajó de comunidad en comunidad durante el proceso de elaboración de la ley, explica los cambios que ha comportado: “Que estén libres, que lo piensen ellas, que sean libres, muy libres. Que puedan hacer lo que pidan, lo que quieran hacer. Que va a ir allá o que quiere estudiar algo y sí puede. Antes no se podía para nada, ni ir a la escuela ni nada. Yo hasta ahorita no sé leer ni escribir, porque mi papá no me dejaba ir a la escuela, pensaba que es malo, no le gustaba. Ya cambió mucho, ahorita ya toda mi familia, todas sus hijas van a la escuela, ya estudian, es muy diferente que antes”, recoge Guiomar Rovira en Mujeres de maíz: la voz de las indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista.

Las zapatistas han propuesto además otros 33 puntos, que van desde la paridad de derechos entre los géneros –por ejemplo, la posibilidad de viajar fuera de la comunidad o de poseer tierras– hasta el derecho a que se haga efectivo el castigo a sus agresores. También han prohibido la venta y el consumo de alcohol en los territorios autónomos, puesto que se consideran causas principales de la violencia intrafamiliar.

Los malos tratos dentro de las familias no han desaparecido desde que se instauró la prohibición, pero han disminuido sensiblemente, y ahora las mujeres son más propensas a denunciar la violencia, que se castiga con cárcel.

“Nos sentimos bien porque ya tenemos ese valor, ya tenemos esa idea que podemos decir que ya basta”, explica una mujer del Caracol de la Realidad. Tal vez los jóvenes, que ahora crecen en un clima familiar no violento, tendrán menos inclinación a serlo en el futuro con su mujer y sus hijos.

Mujer, indígena y pobre

Para las indígenas de Chiapas, la Ley Revolucionaria de Mujeres representa una auténtica revolución. “Históricamente, la condición de la población indígena en Chiapas ha sido de exclusión. Las mujeres han sufrido una triple opresión, por ser mujeres, indígenas y pobres –explica Guadalupe Cárdenas Zitle, del Colectivo Feminista Mercedes Oliveira (COFEMO)–. Su participación política siempre se ha invisibilizado, pero con la Ley Revolucionaria de Mujeres la situación ha cambiado. Ahora las mujeres van a las manifestaciones, toman el micrófono para hablar y ocupan cargos políticos. Se ha producido un gran cambio de sensibilidad en Chiapas, incluso más allá del movimiento zapatista. Los hombres han empezado a valorar a las mujeres, por lo menos a nivel de discurso; ahora no es políticamente correcto excluirlas de la participación”.

Milicianas zapatistas. Foto: Orsetta Bellani

En las comunidades autónomas hay hombres que afirman defender los derechos de las mujeres, pero luego impiden que sus propias esposas contribuyan a la vida política de la organización. En cualquier caso, con sus prácticas cotidianas de resistencia y transformación, las zapatistas han logrado que el discurso hegemónico entre en crisis y han llevado a las asambleas los problemas derivados de las desigualdades de género, que hasta entonces no se concebían como tales, sino que se consideraban inevitables y parte de la vida[recoge Violeta Zylbergberg Panebianco enDissident Women. Gender and Cultural Politics in Chiapas].

Antes de la llegada de los conquistadores europeos, en las comunidades indígenas no había paridad de género. Según la feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabnal, existe un patriarcado ancestral originario, desarrollado sobre la base de principios y valores cosmogónicos, que luego se fusionó con el patriarcado occidental importado de España y formó lo que se ha denominado «entronque patriarcal». Esto es, el machismo actual. [El feminismo comunitario nació en comunidades indígenas de Bolivia y Guatemala, y luego se difundió a otras regiones. Se opone a la cultura dual, patriarcal y jerárquica impuesta por la colonización. En primer lugar aspira a crear las condiciones de una vida buena de las mujeres dentro de la propia comunidad, para luego abrirse hacia el exterior].

De todas formas, en general, durante el período precolombino los pueblos indígenas respetaban a la mujer como creadora de vida. Incluso llegó a haber mujeres en la cúspide del poder religioso y político, como la reina maya chol Zac-Huk, que en el año 650 a.C. fundó la dinastía de Palenque (Chiapas), cuenta Raúl Zibechi en Il paradosso zapatista.

Según Silvia Federici, la caza de brujas fue una estrategia de los colonos españoles para quebrar ese antiguo orden político-social, sembrar el terror entre la población y destruir la resistencia colectiva. La corona española recalcaba la necesidad de convertir a los indígenas para encubrir el auténtico propósito de la conquista: el saqueo de los recursos naturales americanos. Para lograrlo, construyó una máquina propagandística que denigraba a las poblaciones americanas, describiéndolas como adoradoras del diablo, sodomitas y caníbales.

Las principales víctimas de la violencia colonial eran mujeres, porque representaban el mayor obstáculo a la expansión de la nueva estructura de poder: muchas de ellas se negaban a ir a misa o a bautizar a sus hijos, y se oponían a cualquier tipo de colaboración con las autoridades coloniales y los sacerdotes.

Cuando en 1524 los españoles lanzaron una campaña para someter a los chiapanecos, una sacerdotisa dirigió las tropas rebeldes. Y, 60 años más tarde, durante un viaje a Chiapas, el obispo Pedro de Feria supo que muchos jefes indígenas seguían practicando los antiguos ritos, guiados por mujeres.

En su lucha antipatriarcal, las zapatistas tratan de superar el concepto de dualidad sexual. “Es una idea de los colonizadores y es portadora de una cultura jerárquica: se impone un sistema de género binario, o eres hombre o eres mujer, y si eres mujer debes ocuparte de determinadas cosas. El régimen colonial estableció qué es femenino y qué es masculino –explica la escritora Francesca Gargallo, que ve en el feminismo una pieza fundamental en la construcción del buen vivir–. Cuando la búsqueda de una vida buena parte de la reflexión entre mujeres, creo que se puede hablar de feminismo, aunque muchas no utilicen esta palabra. Para mí es una forma de traducir un concepto mucho más complejo y, como todas las traducciones, es reductiva”.

Foto: Orsetta Bellani

Pero el feminismo académico occidental, que a menudo considera universales y necesarias las ideas surgidas de una única región ideológica del planeta8, es criticado por las zapatistas. “Hay mujeres de las ciudades que nos desprecian porque no sabemos de la lucha de las mujeres, porque no hemos leído libros donde las feministas explican cómo debe ser», afirmaba la insurgente Erika durante el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan.

Un encuentro internacional de mujeres que luchan

Lucía lleva puesto un traje maya tzeltal, un pasamontañas y un sombrero envuelto en un paliacate. Lleva un walkie-talkie en la cintura y de vez en cuando interrumpe la conversación, responde y se disculpa ante las presentes.

Nos cuenta de la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas y del funcionamiento de los sistemas autónomos de salud, educación y justicia. Habla también de la alianza del EZLN con los otros pueblos indígenas que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), y de su encuentro con el Movimiento de Mujeres del Kurdistán.

“Nunca en mi vida, desde que nací en la selva, nunca había conocido a personas como las que se han reunido aquí. Casi pensaba que sólo existíamos nosotras”, afirma Lucía con una sonrisa.

Una trenza asoma del pasamontañas de la miliciana que hace la ronda dentro de la sala, y desde fuera nos llega el ruido del silbato que pone orden en un partido de voleibol. Estamos en el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, organizado por las zapatistas en marzo de 2018, en el Caracol de Morelia. Tres días de torneos deportivos, teatro, proyección de documentales, conciertos de grupos provenientes de varios países del mundo y de bandas zapatistas; talleres y debates sobre salud, educación, lesbianismo, violencia de género y violencia de Estado, en un país donde el machismo mata a siete mujeres cada día.

Participan más de 5.000 personas procedentes de los cinco continentes: mujeres indígenas, afro, blancas y mestizas. Sin lugar a dudas, es el evento más exitoso de los organizados en los últimos años en territorio zapatista.

“Entonces pensamos de hacer este encuentro y de invitar a todas las mujeres que luchan […]. Sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, lenguas, culturas, profesiones, pensamientos y formas de lucha. Pero decimos que somos mujeres y además que somos mujeres que luchan. Entonces somos diferentes pero somos iguales […]. [También] nos hace iguales la violencia y la muerte que nos hacen – afirmaba la insurgenta Erika durante la inauguración del evento, mientras las tiendas de campaña de las participantes iban cubriendo poco a poco las laderas de la montaña, ocupando cada rincón del Caracol de Morelia–. [El] trabajo del sistema capitalista patriarcal es mantenernos sometidas. Si queremos ser libres tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas como mujeres que somos”.

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Los hombres no han sido invitados al encuentro y se quedan en los márgenes del Caracol, cocinando y limpiando. Por cada mujer zapatista que participa –más de 2.000– un marido se queda en la comunidad ocupándose de los hijos y de la casa. Eso no significa que las mujeres quieran excluir a los hombres de su camino de lucha, al contrario les parece importante implicarlos, como explica Yolanda del Caracol de Oventic: “Es como una construcción de humanidad lo que se quiere, es lo que estamos tratando de cambiar, otro mundo es lo que se quiere. Es la lucha de todo lo que estamos haciendo, hombres y mujeres, porque no es una lucha de mujeres ni es una lucha de hombres. Cuando se quiere hablar de una revolución es que van juntos, va para todos entre hombres y mujeres, así se hace la lucha”.

En el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, las zapatistas han decidido crear un espacio exclusivamente femenino, pero no para apartarse permanentemente de los hombres, sino porque saben que, en su ausencia, las mujeres se sienten más seguras para intervenir en los debates, no tienen tanto miedo a ser juzgadas y bailan con más libertad.

“Pienso que es importante que existan espacios solo de mujeres, porque en los espacios mixtos los hombres dirigen y se apoderan del espacio y de la palabra – afirma la académica afrodominicana Ochy Curiel, integrante del grupo colombiano Tremenda Revoltosa Batucada Feminista–. Sin embargo, creo que los hombres deben ser antipatriarcales. Tienen privilegios, pero si ellos mismos los cuestionan pueden ser feministas, o mejor dicho, deberían serlo –añade Curiel–. El feminismo es una propuesta para el mundo, de transformación de las relaciones de desigualdad y explotación, de discriminación y racismo”.

Un poco más allá, una zapatista se acerca a una niña indígena nasa colombiana. Se quita el pasamontañas y se lo pone a la chiquilla, que parece que se hubiera caído dentro.

“Tienes que quedarte aquí, a luchar con nosotras”, le dice.

“No, yo me voy a luchar a mi casa”.

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Un camino lleno de obstáculos

Teresa vive en el mismo pueblo que Fabiana. Tiene 15 años y al caer la tarde, antes de ir a ver a los chicos jugar en la plazoleta, se sienta con su prima frente a la tienda de comestibles de la cooperativa de mujeres.

Las zapatistas han creado numerosas cooperativas, convencidas como están de la importancia de independizarse económicamente de sus maridos. La más conocida es la Sociedad Cooperativa Artesanal de Mujeres por la Dignidad, que tiene su sede en el Caracol de Oventic y gestiona una tienda en San Cristóbal de Las Casas. Fundada en 1997, cuenta con el trabajo de alrededor de 150 mujeres, que producen artesanalmente tejidos con fibras naturales, trabajan colectivamente y administran su actividad económica sin necesidad de intermediarios.

Teresa explica que ha ejercido tres veces de votana [figura mitológica precolombina, una especie de guía fundadora del pueblo maya, de la que ya se habla en antiguas crónicas de los conquistadores] en la Escuelita Zapatista, la iniciativa organizada por el EZLN para dar a conocer las comunidades autónomas a gente de todo el mundo. Durante la Escuelita, cada participante tiene la oportunidad de convivir durante una semana con una familia zapatista, acompañado de un votán, que es su base de apoyo, la persona a la que puede recurrir en todo momento ante cualquier eventualidad.

Pese a su juventud, Teresa está muy implicada en la organización. Ser zapatista no es una simple afiliación política; es una identidad que impregna todos los aspectos de la vida, creada y recreada a lo largo de 30 años de lucha, y que los jóvenes asumen con la mayor naturalidad, escribe Zibechi: se es humano e, inmediatamente después, zapatista.

Teresa es hija de una pareja de braceros-siervos liberados por la insurrección zapatista y ha crecido escuchando historias sobre trabajo esclavo, hambre y falta de escolarización. A ella, nacida en una comunidad autónoma zapatista, no le han faltado ni escuela ni comida, y está orgullosa de su hermana, que estudia para ser promotora de salud, como llaman a los médicos zapatistas. Hasta hace pocos decenios, ni siquiera podía concebirse que una mujer ejerciese una función tan importante para la colectividad.

La participación activa de las mujeres en la organización ha tenido altibajos. En la época de la insurrección, el 30 por ciento de los combatientes del EZLN eran mujeres, como la mayor Ana María, que dirigió el batallón que el primero de enero de 1994 ocupó San Cristóbal de Las Casas. El desaparecido subcomandante Marcos afirma que el ejemplo dado por las guerrilleras en aquellos momentos abrió espacios que las leyes zapatistas no habían podido liberar: “Las que pelearon mejor en Ocosingo [en la batalla del 1 de enero de 1994] fueron las mujeres oficiales, ellas sacaron a la gente herida del cerco. Algunas traen todavía pedazos de esquirlas dentro del cuerpo. Sacaron a la gente, la sacaron viva. Ahí se acabó el problema de si las mujeres pueden mandar o no pueden mandar dentro de la tropa regular”.

Después de eso, las zapatistas volvieron a dedicarse sobre todo a la vida doméstica, contribuyendo de ese modo a la organización, pero encerradas en los roles tradicionalmente asignados.

Aunque todavía minoritaria, la presencia de mujeres en las Juntas de Buen Gobierno ha ido en aumento en los últimos años. Algunas comunidades incluso establecen una cuota para su participación como autoridades políticas. Hay mujeres educadoras o que trabajan en los medios de información del EZLN, y también están las funciones que la asamblea de la comunidad –el órgano que establece los cargos– asigna habitualmente a mujeres, como el de partera (comadrona), huesera (masajista) o yerbera (herborista). Se trata de cometidos que ya en la época precolonial y hasta los siglos XVI y XVII eran casi exclusivamente femeninos19.

Para estas mujeres es muy importante saber que gozan de la confianza de la comunidad y que contribuyen al crecimiento de la organización. Muy a menudo, para estudiar, tienen que trasladarse durante una temporada al Caracol, donde pueden socializar, hacer amistades y salir de la experiencia más conscientes y seguras de sí mismas.

Ciertamente, el proceso de emancipación de las mujeres zapatistas no está exento de obstáculos. Si deciden no dedicarse a tiempo completo a las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, pueden tener problemas con la familia. Ana fue escogida por la comunidad para formarse como yerbera y contaba con el apoyo de su marido, exguerrillero del EZLN; pero cuando la suegra empezó a insinuar que iba al curso de formación para conocer a otros hombres, el marido le prohibió dedicarse a la medicina. Finalmente, la joven decidió acudir a la asamblea comunitaria, que convenció al marido para que le pidiera disculpas, cuenta Melissa M. Forbis.

Prácticas profundamente enraizadas

Entre las masas de selva tropical que se extienden frente a la aldea se encuentra el Caracol de la Garrucha y, un poco más allá, la ciudad de Ocosingo. Teresa dice que le gusta visitar la ciudad, ver toda la gente por las calles, las luces y las tiendas, pero no sabe si le gustaría ir a vivir allí. Y que quizá algún día quiera tener marido e hijos, pero todavía es joven.

A propósito de un chico que pasa, Teresa comenta que hace poco lo dejó con su novia y ahora está con otra chica, no zapatista, que al parecer quiere entrar en la organización. Si no lo hace él tendrá que salir, porque así lo establece el reglamento. Teresa dice que en las comunidades en resistencia las parejas se eligen, mientras que antes de 1994 el hombre elegía a la novia y luego negociaba con la familia de la chica el pago de la dote.

En el pueblo no zapatista de San Juan Chamula, en Chiapas, las mujeres se casan siendo niñas. El 12 de marzo de 2015, una muchacha de 14 años abandonó a su marido después de tres años de maltratos. Un juez ordenó el arresto de la adolescente y la condenó a pagar una multa de 27.400 pesos (unos 1.500 euros). La chiquilla, a la que habían comprado por 15.000 pesos (alrededor de 850 euros), denunció haber pasado un día y una noche en la cárcel municipal, sin comida ni mantas, entre basura y excrementos humanos. Según UNICEF, en el mundo hay cerca de 700 millones de niñas esposas.

La ley zapatista no permite sentencias de este tipo, tan abiertamente lesivas para la dignidad humana; pero tampoco se debe pensar que ha sido capaz de cambiar, a golpe de decreto, un conjunto de prácticas profundamente arraigadas en la cultura y las conciencias. En los cuadernos sobre participación política de las mujeres que se distribuyeron a los alumnos de las Escuelitas, las zapatistas hablan de los muchos progresos realizados dentro de las comunidades en los últimos 20 años, pero también de que aún no es posible hablar de paridad entre los géneros.

Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

En sus textos, las zapatistas cuentan que la dificultad para aceptar la participación política femenina no es solo cosa de los hombres, sino también de las mujeres, a causa de la formación recibida. Hablan de la vergüenza a exponerse, del miedo a hablar en público durante las asambleas por temor a equivocarse, de la angustia que les produce que vayan a reírse de ellas o las juzguen. Es emocionante leer estas páginas en las que, sin pelos en la lengua, se critican a sí mismas y a sus compañeras, a los maridos y a su cultura.

“En una ocasión en que varias guerrilleras se quedaron embarazadas, la Comandancia zapatista les ordenó abortar, con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales. De haber querido continuar con el embarazo se habrían tenido que convertir en amas de casa, mientras que no hubo ninguna consecuencia para los hombres que las dejaron embarazadas –explica Guadalupe Cárdenas Zitle, del COFEMO, que trabajó en territorio zapatista hasta el año 2000–. De todos modos, creo que las zapatistas están aprendiendo a resistir dentro de la resistencia, son clandestinas entre los clandestinos. No están de acuerdo con muchas cosas de la organización y de su cultura y las están cambiando. Es un proceso lento, pero se están haciendo cargo de los cambios que necesitan”.

Este texto es un capitulo del libro Indios sin Rey, editado por Descontrol: http://descontrol.cat/portfolio/indios-sin-rey/

Ha sido publicado también por Pikara Magazine: https://www.pikaramagazine.com/2020/12/resistir-dentro-de-la-resistencia/

La caravana migrante que no llegó ni a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Las medidas contra el covid-19 fueron tomadas como pretex-to para frenar la primera caravana migrante desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, salir de Honduras es quizás aún más urgente. Ambos fenómenos meteorológicos han dejado una estela de destrucción.

No salió ninguna “caravana migrante” de San Pedro Sula, en Honduras, el 30 de octubre. Sólo unas 30 personas acudieron a la cita que se convocó en redes sociales en la terminal de autobuses y no sorprende, pues en los grupos de Facebook donde los migrantes centroamericanos se coordinan para organizar su viaje rumbo a los Estados Unidos muchos compartieron sus dudas. No conviene salir pocos días antes de las elecciones norteamericanas – escribieron algunos migrantes – y a causa de las medidas de prevención al Covid19 ahora es aún más difícil que los dejen transitar en Guatemala y México. “Mejor pasar las navidades con la familia y salir a mediados de enero”, concluyeron varios.

Las “caravanas migrantes” son una formula que se inauguró en octubre de 2018, cuando más de 7 mil centroamericanos tocaron a las puertas de México. Se convocaron en redes sociales y no migraron a escondidas, metiéndose a los cerros para hacerse invisibles, pagando a un pollero (traficante) entre 8 y 13 mil dólares según de la comodidad del viaje, con la constante amenaza de ser interceptados por la policía y las organizaciones criminales, que suelen robar, violar, secuestrar y matar a los migrantes.  

Esta vez migraron en masa y a la luz del día. Se fuerza radicó justo en aparecer descaradamente frente a los carros que transitaban en las carreteras y ante las cámaras de los periodistas de todo el mundo; con sus chanclas, sus mochilas, sus cochecitos llenas de bebés y paquetes. Con la dignidad de quien cruza a una frontera porque tiene derecho de irse de su país.

Efectivos de la Guardia Nacional mexicana vigilan a la frontera. Foto: Orsetta Bellani

Aquella vez de hace dos años, los migrantes centroamericanos se congregaron en el puente internacional que divide el poblado guatemalteco de Tecún Umán de la ciudad mexicana de Tapachula, y entre empujones y gases lacrimógenos lograron romper la resistencia de las autoridades mexicanas. Una vez en el país la policía los “escoltó” en su camino, y muchos de ellos llegaron hasta la frontera norte. Algunos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, otros siguen varados en México a la espera de que se resuelvan los trámites de su asilo en el país norteamericano. 

Desde entonces, se sucedieron una decena de caravanas migrantes y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una política de “puertas abiertas” que fue más que nada una declaración de intentos, siendo que en la práctica consistió sólo en la entrega de unas 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios.

Sin embargo, en mayo de 2019 las declaraciones de López Obrador cambiaron de tono: Donald Trump amenazó México con subir del 5% los aranceles a sus importaciones si no detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados». En respuesta, el presidente mexicano envió unos 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera meridional e incrementó del 63% las deportaciones de centroamericanos, que sólo en el primer año llegaron a 124 mil.

Elmer Antonio Rodríguez decidió sumarse a su primera caravana migrante en enero de 2020, pues no vio otra opción que irse de la ciudad hondureña El Progreso: trabajaba en una ferretería en por unos siete euros la semana y no tenía casa. Tras cruzar la frontera mexicana y caminar once kilómetros, la caravana fue interceptada por la Guardia Nacional. Unas 3 mil personas fueron detenidas y encerradas en las estaciones migratorias, tras ser “agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance”, escribe la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 29 de octubre de 2020, que destaca la presencia de niños y adolescentes entre las personas agredidas.

Algunos migrantes lograron escapar a la persecución policial. Entre ellos Elmer Antonio Rodríguez, que en unos diez días recorrió todo México para luego lanzarse al desierto que conduce a Estados Unidos. “Caminé una semana entre nopales y rocas, tenía los pies llenos de ampollas. Me agarraron y me regresaron a Honduras”, dice el joven, que intentó la suerte otra vez a principio de octubre pasado, en la que fue la primera caravana desde el comienzo de la pandemia.

Sólo un par de semanas antes Guatemala, país que divide Honduras de México, había abierto sus fronteras después de un cierre de seis meses debido a la pandemia. “En estos meses hubo una baja en los flujos migratorios por el cierre de las fronteras y también por el miedo al contagio de los mismos migrantes”, afirma Marta Sánchez Soler, coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ong que registró una baja en los flujos migratorios de un 90%. El miedo al contagio sigue entre los migrantes centroamericanos, pero la crisis económica causada por la pandemia es aún más fuerte y los empuja a salir, solos o en caravana, chocando una vez más con las leyes migratorias endurecidas por la pandemia.

“En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras”, dijo el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei el primero de octubre, al enterarse de que miles de hondureños estaban a punto de tocar las puertas de su país.

Cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala en realidad fue sencillo para Elmer Antonio Rodríguez y los demás integrantes de la caravana migrante, pero las carreteras guatemaltecas estaban llenas de retenes de policía y militares, donde han sido detenidos y deportados.

A Elmer Antonio le tocó en Tecún Umán, poblado que se encuentra en la frontera con México, justo cuando estaba a punto de cruzar la línea. Lo encontré mientras estaba encapsulado por la policía y el ejército guatemalteco con otros cien migrantes que se habían acercado a una estructura gestionada por religiosos para recibir comida. En ningún momento las autoridades que los cercaban los obligaron a regresarse a Honduras, a subirse a unos autobuses de los que colgaba una manta que decía “retorno voluntario”. Sin embargo, la presión los ganó: tras un día entero encapsulados, sin poderse mover y empapados de lluvia, con la certidumbre de que muchos migrantes que iban atrás ya habían sido deportados y no hubieran podido compactarse en la frontera mexicana para cruzarla en caravana, con las amenazas del gobierno mexicano de encarcelarlos por no respetar las medidas de prevención al Covid19 y con muchos albergues de migrantes – estructuras de apoyo gestionados por religiosos – cerrados a causa de la pandemia, Elmer Antonio y buena parte de sus compañeros aceptaron subirse al autobús que los regresó a su país.

Migrantes hondureños esperan su expulsión frente a la Casa del Migrante de Tecún Umán, Guatemala. Foto: Orsetta Bellani

“Compadres, ¿son humanos ustedes? ¿Comen o no comen?”, gritó Elmer Antonio a los militares, asomado por la ventanilla. “Lo mismo estamos nosotros, pero tenemos que buscarnos la vida porque no tenemos dinero”.

En el pasado las autoridades guatemaltecas nunca habían bloqueado el camino de la caravana de hondureños, también a causa de un acuerdo de libre tránsito llamado Centroamérica-4, firmado por Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de la caravana del principio de octubre de 2020, el pretexto utilizado para ignorar los convenios internacionales e impedir el paso de los migrantes ha sido la falta de la prueba PCR. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, de los aproximadamente 4 mil migrantes que ingresaron al país por la frontera con Honduras, 3.953 han “retornado voluntariamente”.

Los demás se colaron por las mallas no tan estrechas de la frontera meridional de México, que desde Tecún Umán puede ser atravesada cruzando el río Suchiate en balsa, pagando poco más de un euro. Algunos integrantes de la caravana migrante lo lograron, a pesar de los 300 elementos de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la orilla del Suchiate. Otros más patrullaban las carreteras internas, que estaban vigiladas también con drones, según declaró el Instituto Mexicano de Migración.

“No es momento de migrar. Quédense en casa, la pandemia no ha terminado”, ha afirmado Mario Adolfo Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, quien apareció brevemente en la frontera al momento de la llegada de la Guardia Nacional.

De acuerdo con muchos analistas, el muro de Trump se está corriendo siempre más al sur debido a las presiones del ejecutivo norteamericano sobre México y sobre los países centroamericanos. “La administración de Guatemala ha cambiado política porque no es un gobierno que se mande, es un gobierno que le mandan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Tapachula, en México. “Siempre hemos sido presionados por Estados Unidos, es político lo que está pasando aquí”, incide.

Artículo publicado en El Gara el 19.11.2020.

Seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: los dos gramos de fragmento óseo que cambiaron la versión oficial

Orsetta Bellani, Público (Foto: O.B.)

El recién hallazgo de un fragmento óseo confirma que las autoridades judiciales intentaron cubrir la participación de policías y militares. Las investigaciones avanzan, pero la verdad parece todavía lejana.

Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde también resultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

Foto: Orsetta Bellani

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020: https://www.publico.es/internacional/mexico-seis-anos-desaparicion-43-estudiantes-ayotzinapa-gramos-fragmento-oseo-cambiaron-version-oficial.html

Así se cuidan de covid-19 en territorio zapatista

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: Isabel Mateos)

¿Cómo protegen los zapatistas su territorio del coronavirus? Con un territorio difuso y extenso, el EZLN ha apostado por la prevención y la desmovilización física de los habitantes

El doctor Luis Enrique Fernández Máximo se enteró de la alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a través del Internet. Se alejó de la clínica autónoma zapatista de la comunidad de Las Tazas, donde colabora, y compró una ficha que permite conectarse a la red hasta en esta zona de la Selva Lacandona donde no hay señal. Desde que dejó Tlaxcala para trabajar con la organizacion no gubernamental Sadec (Salud y Desarrollo Comunitario) en esta comunidad, el joven doctor descubrió no sólo que le encantan la vida sencilla y los silencios nocturnos de la selva, sino que su real necesidad de conectarse al Internet es de un par de horas por semana.

Era el 16 de marzo de 2020 y en México había sólo 82 personas positivas al coronavirus. Luis Enrique Fernández leyó en su celular el comunicado del EZLN:

“Considerando la amenaza real, comprobada científicamente, para la vida humana que representa el contagio de covid19; considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos”, escribe el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) – Comandancia General del EZLN.

“Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como la ausencia de un plan real para enfrentar la amenaza. Considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida. Hemos decidido: declarar la alerta roja en nuestros pueblos, comunidades, barrios y en todas las instancias organizativas zapatistas”.

Al leer el comunicado, el joven doctor pensó que el EZLN lo iba a invitar a salir de su territorio. Así se hizo con los demás cuatro médicos y dos odontólogos de Sadec, que trabajan en cuatro comunidades de los municipios de Palenque y Ocosingo. Sin embargo, no fue así. Se permitió su permanencia para apoyar a la única “promotora de salud”, como se les dice a las y los zapatistas que curan con las plantas y con la medicina occidental. 

Cuando en 1994 se levantó en armas, el EZLN recuperó más de 150 mil hectáreas de tierra, donde construyó un sistema de gobierno, justicia, educación y salud totalmente autónomos del Estado; esto en regiones donde no llegaban maestros, doctores ni abogados. Lo hizo con el apoyo solidario de algunos colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, como Sadec. Éste, desde 1995 colabora en la consulta médica en algunas comunidades autónomas y en cursos de formación para los promotores de salud, muchos de los cuales son a su vez formadores de sus propios colegas. 

Las Tazas, Chiapas. Aspectos de la Clínica Autónoma de los Pobres en la comunidad de Las Tazas. Foto: Isabel Mateos

Joel Heredia, fundador de Sadec, dice que de ellos aprendió que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad; y tiene que ver con “la capacidad de sentirse con ánimo de despertar, caminar, reírse, ir a la milpa. Salud es que su corazón esté contento, que uno se sienta a gusto consigo mismo y los demás”.

Paralelamente a la declaración de alerta roja, el EZLN cerró los Caracoles y los Centros de Resistencias y Rebeldías; asimismo, los “centros administrativos” que son sedes de su gobierno y de las clínicas autónomas más grandes y equipadas. Los promotores de salud fueron capacitados sobre la prevención del covid-19; luego fueron enviados a sus propias comunidades, también a las más remotas, donde existen pequeñas casas de salud autónomas.  

“Es un planteamiento claramente estratégico: no tener movilidad para impedir la difusión del virus y tener capacidad de atender estacionalmente, localmente, en cada punto donde hay un promotor de salud”, explica Joel Heredia. “Me sorprende que no hayan instalado un “Centro Covid autónomo”, para aislar a los casos sospechosos. Supongo que al hacer un cálculo frío de costos y beneficios asumieron que no valía la pena intentar atender en la parte asistencial; esto, dado el alto riesgo de contagio del personal de salud y se enfocaron a la acción preventiva comunitaria. Sin duda pusieron en la balanza que esto conlleva unos costos, pues no se están atendiendo personas con otras enfermedades”.  

El elemento que complica esta estrategia es que el territorio bajo influencia del EZLN no está delimitado claramente; en él, los zapatistas conviven con los partidistas, y resulta muy difícil para las autoridades autónomas ejercer un control sanitario estricto.

“Cuando el coronavirus llegó a México, en la comunidad Arroyo Granizo las autoridades zapatistas convocaron a toda la población – zapatista y partidista – para plantear las medidas de seguridad”, explica Joel Heredia. “Funcionó unos días y luego se perdió la capacidad de mantener la vigilancia, sobretodo debido a la gente migrante que regresó”.

Como en muchos rincones del mundo, una de las mayores preocupaciones del EZLN es la recepción de los migrantes que regresan a sus comunidades tras haber perdido su empleo en las maquilas del norte o en las playas del Caribe. La recomendación de la Comandancia zapatista es ponerlos en cuarentena. 

“Nosotros sabemos que los hermanos de algunas comunidades que vienen de fuera los han aislado. Después de 15 o 30 días ingresan con sus familias”, dice el comandante Tacho en un audio de Whatsapp que se difundió entre los bases de apoyo del EZLN. «Ese cuidado que ustedes han hecho es lo correcto. Así estamos seguros que estamos evitando un contagio que pueda llegar de afuera. No lo deseamos para nadie, pero tenemos que tomar las precauciones necesarias. Para que todos salgamos con vida para enfrentar esta enfermedad que tanto se ha extendido en diversas partes del mundo”.

Las Tazas, Chiapas. Aspectos de la Clínica Autónoma de los Pobres en la comunidad de Las Tazas. Foto: Orsetta Bellani

La Clínica Autónoma de los Pobres

La clínica autónoma de Las Tazas se inauguró en 1995; y se encuentra en la zona Dolores Hidalgo, uno de los nuevos Caracoles zapatistas anunciados hace poco más de un año. Es un edificio de barro pintado de azul, con murales de mujeres con estetoscopios, plantas y rostros encapuchados. Una lona de plástico que cuelga de un muro externo explica los síntomas del nuevo coronavirus y sus medidas de prevención. Afuera, un cartel advierte las nuevas reglas: “Por motivos de contingencia sólo pasarán dos personas a la vez adentro de la clínica. Atte: los compas”.

La Clínica Autónoma de los Pobres tiene una farmacia; las consultas son gratuitas pero las medicinas tienen un costo. también cuenta con un consultorio dental y uno médico con aparato de ultrasonido y doppler. La promotora de salud zapatista y el médico de turno de Sadec atienden todos los días de la semana; en la tarde y en la mañana. Antes de la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus hacían también consultas a domicilio. Reciben unos diez pacientes al día, originarios de Las Tazas y de otras ocho comunidades. 

El servicio de la clínica autónoma es fundamental para la población de la zona: zapatista y partidista; ya que la Unidad Médica Rural del IMSS de Las Tazas abre sólo tres días a la semana, y en el mes de mayo la doctora llegó sólo unos pocos días. 

“Muchas personas que acuden a la clínica autónoma ya estuvieron en la del IMSS y llegan preguntándonos si el diagnóstico del otro médico está bien”, dice Luis Enrique Fernández de Sadec.

Cada veinte días, Luis Enrique se turna en la clínica autónoma de Las Tazas con Juan Carlos Martínez Vásquez. Éste es otro joven médico originario de Ciudad de México, que antes de llegar a la Selva Lacandona no tenía conocimiento alguno sobre el pensamiento y la práctica zapatista. Su dificultad más grande es la comunicación en tzeltal, pues buena parte de los pacientes no hablan castellano; aunque la promotora de salud lo ayuda con la traducción. Gracias a ella, Juan Carlos Martínez conoció las plantas medicinales y aprendió lo que no se enseña en universidades: tratar con personas en lugar de enfermedades. “Si un día vieras un promotor hablar con un paciente es de verdad el acercamiento más humano que llegarías a tener”, dice. 

Foto: Isabel Mateos

Hasta ahora a las clínicas de Las Tazas han llegado seis pacientes con síntomas de Covid19, que se están resguardando en sus casas. A los casos más graves habría que trasladarlos al Centro de Atención Respiratoria abierto por la Secretaría de Salud en Ocosingo. Éste se encuentra a tres horas de distancia. 

Según Joel Heredia, fundador de Sadec, en Ocosingo y Palenque, la atención en el sistema de salud pública paradójicamente mejoró con la pandemia. “Antes, los hospitales no tenían áreas ni ambulancias de cuidados intensivos; porque las que más lo necesitaban eran mujeres indígenas que tenían complicaciones durante el parto”.

“Esta pandemia nos dejó ver la vulnerabilidad de todo el mundo, hasta de un presidente municipal o de un diputado. No es la bondad de la pandemia, es lo terrible de la pandemia” remató Heredia. 

Artículo publicado por Pie de Página el 4 de julio de 2020: https://piedepagina.mx/asi-se-cuidan-del-covid-19-en-territorio-zapatista/