Huir de la guerra para instalarse en otro país: refugiados de Guatemala cumplen 40 años de llegar a México y defender sus raíces

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

A principios de los años 80, unas 50 mil personas desplazadas por la guerra civil de Guatemala llegaron a México en busca de refugio. Su entrada se dio en momentos distintos, pero las Naciones Unidas conmemoran el aniversario de su llegada en octubre, pues fue en este mes de 1982 que el gobierno mexicano y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) firmaron un acuerdo para abrir una representación del Alto Comisionado. 

Se cumplen 40 años de la llegada a territorio mexicano de las familias refugiadas, sobrevivientes del genocidio del pueblo maya llevado a cabo por el Ejército de Guatemala.

Kixtup, que en castellano sería Cristóbal

Cristóbal Pérez Tadeo aprendió a hablar su idioma a los 17 años. “Ya no quiero comunicarme con ustedes en castilla, quiero conversar en puro chuj”, dijo a sus papás. En aquella época, sí entendía la lengua de su familia, pero todavía no era capaz de hablarla.

Su padre, Yakin Pérez Hernández, y su madre, Elsa Tadeo García, que se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de refugiados guatemaltecos en Chiapas, entendieron su decisión. Desde hace algunos años, ellos también reflexionaban sobre la importancia de rescatar la lengua chuj, que en los 80 el gobierno mexicano les impuso perder. Ellos no la olvidaron, pero decidieron no enseñarla a sus hijos para que no se sintieran marginados por ser guatemaltecos en tierras chiapanecas.

Pero en realidad, a Cristóbal nunca le dieron vergüenza sus orígenes, así que, junto con otros hijos de refugiados guatemaltecos que habían conseguido una beca para cursar su licenciatura, empezó una reflexión sobre la importancia de recuperar y dignificar la lengua y la cultura que las políticas de mestizaje del gobierno mexicano intentaron borrar. 

“A las familias guatemaltecas el gobierno les dijo: ‘Se pueden quedar, pero bajo mis reglas’. No pueden hablar chuj, no pueden llevar sus vestimentas ni practicar su cultura adentro del territorio mexicano”, dice Melina Arredondo Velázquez, egresada del doctorado del Colegio de la Frontera Sur. De acuerdo con la académica, por temor a que sus hijos fueran discriminados, las familias chujes no solo no les transmitieron su cultura, sino tampoco les contaron la experiencia de la guerra.

Elsa Tadeo García en su milpa en la comunidad El Nuevo Porvenir, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“Por esto, en 2013 decidimos fundar el colectivo Hakib’al, que significa ‘nuestras raíces’. Vimos la importancia de definir quiénes somos y reivindicar nuestra cultura”, dice el joven que desde aquel momento dejó de llamarse Cristóbal y retomó su nombre chuj: Kixtup. 

Yakin, que en castellano sería Diego 

Yakin Pérez Hernández tenía seis años cuando vio a dos hombres caerse del cielo, rotando en el aire como hojas soltadas de un árbol. Habían sido lanzados de un helicóptero por soldados guatemaltecos.

Era 1982 y el niño había encontrado refugio en la colonia Santa Martha, en Chiapas, a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. En aquella época, el Ejército guatemalteco estaba implementando la política de “tierra arrasada” que, con el pretexto de eliminar la base social de la guerrilla, causó la muerte de unas 200 mil personas y barrió con más de 400 comunidades indígenas

Unos meses antes de llegar a Santa Martha, en julio de 1982, Yakin se encontraba en la aldea Chibalasun (municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango), cuando se difundió el rumor de que el Ejército acababa de cometer una masacre en la cercana comunidad de Petenac. Los papás y hermanos de Yakin huyeron, mientras que él y su abuela se escondieron debajo de una piedra. 

Los soldados nunca llegaron y tiempo después unos tíos decidieron acompañar al niño a buscar a sus papás. Caminaron tres días en el monte escondiéndose de los militares, sin comida ni agua, hasta llegar a Santa Martha. Allí, entre los centenares de guatemaltecos que deambulaban con los ojos perdidos en el conflicto que habían dejado atrás, Yakin reconoció a su papá, Mekel Diego Sebastián, y a su madre, Matal Hernández Pérez. Por fin se pudieron abrazar, pero su reencuentro no puso fin al miedo: la frontera era tan porosa que las incursiones del Ejército y de los paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) los alcanzaban hasta en territorio mexicano.

Las familias desplazadas se tuvieron entonces que desplazar más adentro, en una geografía donde todavía no existían carreteras internacionales ni combis, caminando entre monte y veredas. “La gente nos recibía con todo en sus casas: pasen, entren, escóndanse”, recuerda Yakin, que hoy tiene 46 años y vive en la comunidad de Nuevo Porvenir, Chiapas. 

Yakin Pérez Hernández en el voceador que tiene en su casa, en la comunidad El Nuevo Porvenir, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

Fue en Amparo Agua Tinta, a unos 15 kilómetros de la frontera, que los desplazados centroamericanos tuvieron la ilusión de que su peregrinar había terminado: la comunidad les ofreció un terreno en la montaña, en el que construyeron un campamento donde por primera vez recibieron despensas y apoyo: llegó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y, después de ella, la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tomaron la coordinación del campamento, donde seguía llegando gente de Guatemala. 

En aquel tiempo, Yakin decidió dejar la escuela porque su maestro lo golpeaba con una vara por hablar chuj en lugar de castellano. Un joven de Amparo Agua Tinta se ofreció entonces a enseñarle a leer y escribir, marcando la vida de Yakin, que a los 14 años ya enseñaba castellano a los niños del campamento. Tiempo después se volvió traductor y lideró a un grupo de familias que no aceptaron dejarse borrar por el gobierno mexicano.

Matal, que en castellano sería Magdalena

Cuando las autoridades mexicanas ordenaron al pueblo chuj de quemar su vestimenta y llevar ropa occidental —para así supuestamente engañar al Ejército y las PAC que los iban buscando—, Matal Hernández Pérez se negó. Puso en una bolsa de plástico su enagua y su huipil de colores con una estrella bordada en el centro, y la enterró. Cuarenta años después, Matal sigue llevando su vestimenta chuj y nunca aprendió a hablar español.

La vida de Matal fue una eterna peregrinación, desde que en 1982 salió de la aldea Chibalasun con su familia, dejando atrás a su hijito Yakin Pérez Hernández. Durante nueve años vivieron en el campamento de Amparo Agua Tinta y en 1991 fueron reubicados en un lugar llamado El Porvenir, cerca de la frontera con Centroamérica, donde vivían unos 2 mil 500 refugiados. Cinco años después, tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el gobierno mexicano les presentó dos opciones: repatriación voluntaria o reubicación en asentamientos de Campeche y Quintana Roo.

En los años 90, más de 22 mil 800 personas aceptaron regresar a Guatemala y unas 18 mil decidieron reubicarse en la península de Yucatán, donde todavía viven. 

Fue hasta 2011 —29 años después de su llegada a México— que Matal y su familia fueron naturalizados, gracias a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. No todos los desplazados guatemaltecos lo son: algunos todavía no tienen su permiso de residencia permanente y hasta sus hijos nacidos en México siguen siendo discriminados por la burocracia mexicana.

Mekel, que en castellano sería Miguel

En ningún momento, Mekel Diego Sebastián quiso irse a vivir a Campeche o Quintana Roo. Llevaba toda la vida desplazándose con sus hijos y su esposa Matal y no quería seguir haciéndolo. Tampoco quería regresar a Guatemala. “Allá tenía poca tierra y aquí en Chiapas estábamos a gusto”, dice Mekel, al recordar el día en que el gobierno mexicano le impuso elegir si repatriarse o reubicarse. Él y su familia decidieron resistir.

Su hijo Yakin, que era representante de un grupo de desplazados, se acercó a un abogado de la ACNUR para pedirle asesoría para comprar tierra. Siendo que ningún refugiado contaba con documentos para adquirirla legalmente, la compraron a nombre de cinco menores de edad que habían nacido en México.

Mekel Diego Sebastián en la comunidad El Nuevo Porvenir, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

Fue así como en 1998 se fundó la comunidad de Nuevo Porvenir, en el municipio La Trinitaria, donde hoy en día viven 230 chujes. En total, son 12 mil 700 los refugiados guatemaltecos que se quedaron en Chiapas, entre los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa y La Independencia. 

Nuevo Porvenir abarca solo 18 hectáreas; cada familia tiene una parcela muy chiquita y la comida no les alcanza. Por esto, muchos jóvenes acaban migrando a Estados Unidos o a los campos de frambuesa de Jalisco. Las autoridades mexicanas aparecen en la comunidad solo en periodo de campaña electoral y el apoyo del municipio en obras ha sido escaso: en su mayoría fueron construidas por la ONU.

Mekel y su esposa Matal no solían contar la historia de su vida, hasta que su nieto Kixtup le pidió explícitamente hacerlo. Ha sido duro reabrir las heridas, pero les quedó claro que la intención de los jóvenes del colectivo Hakib’al era sanarlas y construir una memoria colectiva. “Admiro mucho la valentía, la fortaleza que tuvieron mi familia y mi pueblo para enfrentar todo esto”, dice Kixtup, que hoy tiene 30 años y está estudiando un doctorado en la UNAM. “Seguido me preguntan si me siento más que guatemalteco o mexicano; yo contesto que me siento chuj”, remarca.

Artículo publicado en Animal Político el 31.10.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/10/refugiados-guatemala-40-anos-mexico/

La caravana migrante que no llegó ni a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Las medidas contra el covid-19 fueron tomadas como pretex-to para frenar la primera caravana migrante desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, salir de Honduras es quizás aún más urgente. Ambos fenómenos meteorológicos han dejado una estela de destrucción.

No salió ninguna “caravana migrante” de San Pedro Sula, en Honduras, el 30 de octubre. Sólo unas 30 personas acudieron a la cita que se convocó en redes sociales en la terminal de autobuses y no sorprende, pues en los grupos de Facebook donde los migrantes centroamericanos se coordinan para organizar su viaje rumbo a los Estados Unidos muchos compartieron sus dudas. No conviene salir pocos días antes de las elecciones norteamericanas – escribieron algunos migrantes – y a causa de las medidas de prevención al Covid19 ahora es aún más difícil que los dejen transitar en Guatemala y México. “Mejor pasar las navidades con la familia y salir a mediados de enero”, concluyeron varios.

Las “caravanas migrantes” son una formula que se inauguró en octubre de 2018, cuando más de 7 mil centroamericanos tocaron a las puertas de México. Se convocaron en redes sociales y no migraron a escondidas, metiéndose a los cerros para hacerse invisibles, pagando a un pollero (traficante) entre 8 y 13 mil dólares según de la comodidad del viaje, con la constante amenaza de ser interceptados por la policía y las organizaciones criminales, que suelen robar, violar, secuestrar y matar a los migrantes.  

Esta vez migraron en masa y a la luz del día. Se fuerza radicó justo en aparecer descaradamente frente a los carros que transitaban en las carreteras y ante las cámaras de los periodistas de todo el mundo; con sus chanclas, sus mochilas, sus cochecitos llenas de bebés y paquetes. Con la dignidad de quien cruza a una frontera porque tiene derecho de irse de su país.

Efectivos de la Guardia Nacional mexicana vigilan a la frontera. Foto: Orsetta Bellani

Aquella vez de hace dos años, los migrantes centroamericanos se congregaron en el puente internacional que divide el poblado guatemalteco de Tecún Umán de la ciudad mexicana de Tapachula, y entre empujones y gases lacrimógenos lograron romper la resistencia de las autoridades mexicanas. Una vez en el país la policía los “escoltó” en su camino, y muchos de ellos llegaron hasta la frontera norte. Algunos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, otros siguen varados en México a la espera de que se resuelvan los trámites de su asilo en el país norteamericano. 

Desde entonces, se sucedieron una decena de caravanas migrantes y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una política de “puertas abiertas” que fue más que nada una declaración de intentos, siendo que en la práctica consistió sólo en la entrega de unas 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios.

Sin embargo, en mayo de 2019 las declaraciones de López Obrador cambiaron de tono: Donald Trump amenazó México con subir del 5% los aranceles a sus importaciones si no detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados». En respuesta, el presidente mexicano envió unos 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera meridional e incrementó del 63% las deportaciones de centroamericanos, que sólo en el primer año llegaron a 124 mil.

Elmer Antonio Rodríguez decidió sumarse a su primera caravana migrante en enero de 2020, pues no vio otra opción que irse de la ciudad hondureña El Progreso: trabajaba en una ferretería en por unos siete euros la semana y no tenía casa. Tras cruzar la frontera mexicana y caminar once kilómetros, la caravana fue interceptada por la Guardia Nacional. Unas 3 mil personas fueron detenidas y encerradas en las estaciones migratorias, tras ser “agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance”, escribe la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 29 de octubre de 2020, que destaca la presencia de niños y adolescentes entre las personas agredidas.

Algunos migrantes lograron escapar a la persecución policial. Entre ellos Elmer Antonio Rodríguez, que en unos diez días recorrió todo México para luego lanzarse al desierto que conduce a Estados Unidos. “Caminé una semana entre nopales y rocas, tenía los pies llenos de ampollas. Me agarraron y me regresaron a Honduras”, dice el joven, que intentó la suerte otra vez a principio de octubre pasado, en la que fue la primera caravana desde el comienzo de la pandemia.

Sólo un par de semanas antes Guatemala, país que divide Honduras de México, había abierto sus fronteras después de un cierre de seis meses debido a la pandemia. “En estos meses hubo una baja en los flujos migratorios por el cierre de las fronteras y también por el miedo al contagio de los mismos migrantes”, afirma Marta Sánchez Soler, coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ong que registró una baja en los flujos migratorios de un 90%. El miedo al contagio sigue entre los migrantes centroamericanos, pero la crisis económica causada por la pandemia es aún más fuerte y los empuja a salir, solos o en caravana, chocando una vez más con las leyes migratorias endurecidas por la pandemia.

“En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras”, dijo el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei el primero de octubre, al enterarse de que miles de hondureños estaban a punto de tocar las puertas de su país.

Cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala en realidad fue sencillo para Elmer Antonio Rodríguez y los demás integrantes de la caravana migrante, pero las carreteras guatemaltecas estaban llenas de retenes de policía y militares, donde han sido detenidos y deportados.

A Elmer Antonio le tocó en Tecún Umán, poblado que se encuentra en la frontera con México, justo cuando estaba a punto de cruzar la línea. Lo encontré mientras estaba encapsulado por la policía y el ejército guatemalteco con otros cien migrantes que se habían acercado a una estructura gestionada por religiosos para recibir comida. En ningún momento las autoridades que los cercaban los obligaron a regresarse a Honduras, a subirse a unos autobuses de los que colgaba una manta que decía “retorno voluntario”. Sin embargo, la presión los ganó: tras un día entero encapsulados, sin poderse mover y empapados de lluvia, con la certidumbre de que muchos migrantes que iban atrás ya habían sido deportados y no hubieran podido compactarse en la frontera mexicana para cruzarla en caravana, con las amenazas del gobierno mexicano de encarcelarlos por no respetar las medidas de prevención al Covid19 y con muchos albergues de migrantes – estructuras de apoyo gestionados por religiosos – cerrados a causa de la pandemia, Elmer Antonio y buena parte de sus compañeros aceptaron subirse al autobús que los regresó a su país.

Migrantes hondureños esperan su expulsión frente a la Casa del Migrante de Tecún Umán, Guatemala. Foto: Orsetta Bellani

“Compadres, ¿son humanos ustedes? ¿Comen o no comen?”, gritó Elmer Antonio a los militares, asomado por la ventanilla. “Lo mismo estamos nosotros, pero tenemos que buscarnos la vida porque no tenemos dinero”.

En el pasado las autoridades guatemaltecas nunca habían bloqueado el camino de la caravana de hondureños, también a causa de un acuerdo de libre tránsito llamado Centroamérica-4, firmado por Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de la caravana del principio de octubre de 2020, el pretexto utilizado para ignorar los convenios internacionales e impedir el paso de los migrantes ha sido la falta de la prueba PCR. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, de los aproximadamente 4 mil migrantes que ingresaron al país por la frontera con Honduras, 3.953 han “retornado voluntariamente”.

Los demás se colaron por las mallas no tan estrechas de la frontera meridional de México, que desde Tecún Umán puede ser atravesada cruzando el río Suchiate en balsa, pagando poco más de un euro. Algunos integrantes de la caravana migrante lo lograron, a pesar de los 300 elementos de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la orilla del Suchiate. Otros más patrullaban las carreteras internas, que estaban vigiladas también con drones, según declaró el Instituto Mexicano de Migración.

“No es momento de migrar. Quédense en casa, la pandemia no ha terminado”, ha afirmado Mario Adolfo Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, quien apareció brevemente en la frontera al momento de la llegada de la Guardia Nacional.

De acuerdo con muchos analistas, el muro de Trump se está corriendo siempre más al sur debido a las presiones del ejecutivo norteamericano sobre México y sobre los países centroamericanos. “La administración de Guatemala ha cambiado política porque no es un gobierno que se mande, es un gobierno que le mandan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Tapachula, en México. “Siempre hemos sido presionados por Estados Unidos, es político lo que está pasando aquí”, incide.

Artículo publicado en El Gara el 19.11.2020.

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