Comisión inicia búsqueda de desaparecidos en zona de autodefensas de Pantelhó, Chiapas

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un integrante de las autodefensas El Machete de Pantelhó, en Chiapas, escribe rápido en su libreta. Copia los datos de la cedula de identidad de un soldado, se la devuelve y la pide a otro militar sentado en la camioneta. Les exige que se quiten los cubrebocas para poderles ver el rostro.

“Necesitamos revisar porque a veces hay sicarios entre ellos, los ubicamos porque son de acá”, explica el comandante de El Machete, grupo integrado por unos 500 elementos que tiene el apoyo de 86 comunidades del municipio de Pantelhó. Las autodefensas aparecieron públicamente el 7 de julio de 2021 para expulsar a los Herrera, familia que desde hace dos décadas tenía el control sobre la Presidencia Municipal. La acusaban de estar coludida con el crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores.

En Pantelhó hay muchos rastros de las batallas de julio. En el puesto de control que las autodefensas pusieron la semana pasada en la entrada del pueblo ante la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), hay un edificio vandalizado que tiene todavía sus vidrios rotos. En su fachada, cuelgan dos mantas que recuerdan a los muertos,  a los desaparecidos y los nombres de los responsables de los crímenes: políticos e integrantes del crimen organizado.

Vehículos del ejército y de la Guardia Nacional escoltan la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otras dependencias gubernamentales en Pantelhó, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

El vehículo de la Sedena pasa el puesto de control y le toca al que sigue. El Machete revisará los documentos de todos los militares que se encuentran en las siete camionetas de ejército y Guardia Nacional, además de los carros que trasportan a los representantes de la CNB, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y del Gobierno de Chiapas, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Una vez terminadas las verificaciones, la columna de vehículos arrancará su camino en la carretera que conduce al cerro de La Pelona, donde se llevarán acabo labores de búsqueda en una posible fosa clandestina.

Un par de horas antes, el 10 de febrero pasado, hubo una inédita junta en la Presidencia Municipal de Pantelhó, edificio que el 26 de julio fue tomado por la población y donde ahora opera un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres.

Los representantes de la Comisión de Búsqueda y de las demás dependencias gubernamentales se reunieron con El Machete, con un teniente del Ejército y con un mayor de la Guardia Nacional, para platicar sobre las operaciones de búsqueda de desaparecidos que empezaron a llevarse a cabo en Pantelhó la semana pasada, y cuyos resultados todavía no son públicos.

“Para no poner en riesgo las operaciones, pedimos al Machete y a la prensa que no entren a los puntos que vamos a revisar, o nos retiraremos”, advirtió Misael Rojas Mejía de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las autodefensas avisaron que, de todos modos, la carretera que conduce al cerro de La Pelona será resguardada por sus elementos. “No están allí para atacar a la Guardia Nacional o al Ejército, sino para seguridad. Queremos que su trabajo salga”, afirmó el comandante del Machete.

Las autodefensas El Machete en el camino entre Pantelhó, Chiapas, y el municipio de Simojovel, a la altura de la comunidad San José Buenavista Tercero. Foto: Orsetta Bellani

El funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos recordó también que, a pesar de que por protocolo los familiares de los desaparecidos suelen acompañar las actividades de búsqueda, en este caso “no participarán para no aumentar la conflictividad”.

De hecho, hay tensión entre las familias de las 21 personas que la comisión está buscando y El Machete. El 26 de julio de 2021, más de 2 mil pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó. A partir de entonces, ya no se supo nada de 21 ellos y sus parientes aseguran que fueron secuestrados y desaparecidos por El Machete.

Durante seis meses, estas familias estuvieron tocando puertas de dependencias estatales y federales, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, organizaron bloqueos y plantones, y fue hasta mediados de enero que las autoridades anunciaron su entrada a Pantelhó para buscar a sus parientes desaparecidos.

La caravana de vehículos del gobierno y de las fuerzas de seguridad atraviesan la carretera, en buena parte de terracería, que conecta Pantelhó con el municipio de Simojovel. Aquí es territorio del Machete. Las autodefensas colocaron a sus elementos en tres puntos a lo largo del camino para vigilar el paso del convoy. Están armados y encapuchados, algunos son apenas adolescentes, muchos traen una playera y una gorra azul con estrella roja que dice “el pueblo manda y el gobierno obedece”. La gente sale de sus casas para observar el desfile, los niños saludan.

La caravana pasa en frente al Rancho El Progreso, lugar revisado por la CNB en días anteriores. Se trata de una expropiedad de los Herrera, la familia que de acuerdo con los pobladores controlaba los tráficos ilícitos en la zona y tenía cocodrilos en su laguna para desaparecer cadáveres. El rancho fue expropiado en julio de 2021 por la población insurrecta de Pantelhó, y al mes siguiente allí se celebraron las elecciones por usos y costumbres de su Concejo Municipal, que luego ha sido reconocido por el Congreso local.

Esta vez, la larga caravana de militares y funcionarios federales pasa de largo al Rancho El Progreso y se dirige al cerro de La Pelona, un banco de arena y grava donde se podrían haber dado entierros clandestinos. Desde allí se puede observar, en la orilla del río que corre más abajo, la comunidad de Guadalupe Victoria, otro punto que fue visitado por la CNB la semana pasada.

Por otros rumbos, hacia el municipio de San Juan Cancuc, se encuentra otro lugar revisado por la comisión: la comunidad de Oniltik y la cueva donde al principio de diciembre fueron halladas las osamentas de dos personas. El día después, lo que más destacaron los titulares de los periódicos fue que los restos encontrados no eran de los 21 desaparecidos.

Las autodefensas El Machete se reúnen en el camino entre Pantelhó, Chiapas, y el municipio de Simojovel, a la altura de la comunidad San José Buenavista Tercero. Foto: Orsetta Bellani

“También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dice el comandante de El Machete, y pide a las autoridades que no busquen solo a los 21 sino a todos los desaparecidos.

“Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, dice el líder indígena rodeado por sus elementos, en un retén que las autodefensas tienen frente a la entrada de San José Buenavista Tercero, una comunidad que en las dos décadas de dominio de los Herrera puso muertos, desaparecidos y decenas de desplazados.

Artículo publicado en Animal Político el 15.02.2021: https://www.animalpolitico.com/2022/02/busqueda-desaparecidos-autodefensas-pantelho-chiapas/

Búsqueda de desaparecidos en el rancho La Gallera, campo de exterminio de una organización criminal mexicana

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

A Enrique Chávez Ortega lo identificaron pocos meses después de encontrarlo. Su familia lo reconoció por un tatuaje, por la ropa que llevaba y por una bandita amarrada a su pierna. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) había hallado su cadáver desmembrado en febrero de 2017, en un campo de exterminio que la organización criminal de Los Zetas había instalado en un rancho llamado La Gallera, en el municipio de Tiahuatlán, en el estado de Veracruz. Se trata de una región del sur de México que junto con otras cuatro entidades concentra alrededor de la mitad de los más de 84.000 desaparecidos que se registran en el país, víctimas de la militarización del país iniciada en 2006 con el pretexto de combatir a las organizaciones criminales.

Pages: 1 2

Madres de migrantes desaparecidos buscan a sus hijos en México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Desde hace 15 años viajan de Centroamérica en caravana y encontraron a más de 310 migrantes desaparecidos.

La mirada de Erlinda Ramírez no se mueve de la fila de jóvenes de camiseta anaranjada. Caminan arrastrando sus chanclas y observan las fotos que las mujeres de la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos han puesto en la cancha de baloncesto del penal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado de Veracruz. Son imágenes de hombres y mujeres jóvenes, de sus hijos desaparecidos.

Ramírez tiembla y llora, sus nervios no aguantan. Una joven psicóloga le recomienda respirar hondo y su compañera Eva Ramírez, que como ella integra a la caravana, le acaricia un brazo y la tranquiliza: “Por allí tu hijo tiene que venir en las filas”.

Hace más de siete años el joven migró de Honduras a Estados Unidos, pero en el sur de México fue detenido y acusado de asesinato, extorsión y violación. En un primer momento llamaba seguido a su familia desde la cárcel de Coatzacoalcos, pero pronto acabó el dinero que las guardias le arrebataban cada vez que quería hacer o recibir llamadas. Desapareció. A veces Erlinda se pensaba con alas, volando encima de las montañas y de las aguas para alcanzarlo. Otras veces imaginaba hacerse invisible para cruzar la frontera de México y encontrarlo.

Luego una mujer que da clases de yoga adentro de la cárcel de Coatzacoalcos llamó al Movimiento Migrante Mesoamericano – la organización que cada año coordina la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos -, quien se encargó de buscar a Erlinda y la invitó a la caravana.

Madres de la caravana enseñan las fotos de sus seres queridos a los migrantes centroamericanos en Coatzacoalcos, Veracruz (Foto: Orsetta Bellani)

Hoy es justo el día de su rencuentro. Parada en la cancha de baloncesto bajo el sol veracruzano del mediodía, Erlinda Ramírez no despega sus ojos de aquella extraña procesión de detenidos, que observan las fotos para eventualmente brindar pistas para encontrarlos. Cuando por fin su mirada encuentra la de su hijo, en un instante se envuelven en un abrazo. Las demás integrantes de la caravana lloran; de felicidad por el rencuentro de su compañera Erlinda, de tristeza porque a ellas todavía no les ha tocado.

Los rostros de sus seres queridos, y de los hijos de otras mujeres que no pudieron emprender el viaje, siguen apareciendo sólo en las fotos plastificadas que ordenaron en la cancha del penal. Son imágenes que cargan todo el tiempo durante la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, formada por unas 40 personas – en su mayoría mujeres – de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en sus propios países integran organizaciones dedicadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Llevan las fotos de sus seres queridos colgadas al cuello y no se las quitan ni para comer.

Hasta hoy, las mujeres de la caravana han viajado por quinceava vez por los mismos paisajes que atravesaron sus hijos en su viaje rumbo al norte. Desde el clima tropical de la frontera meridional de México hasta el desierto del Estado de Nuevo León, a un paso de los Estados Unidos.

Los buscan en los albergues de migrantes (gestionados por religiosos que les brindan hospedaje y comida), en las cárceles, en las vías del tren de carga llamado La Bestia, en cuyo techo viajan los migrantes. Van de casa en casa enseñando las fotos de sus seres queridos, o las exponen en las plazas públicas, con la esperanza que los transeúntes los puedan reconocer y brindar una pista. A veces un pequeño detalle puede abrir un camino que lleva a su localización.

Madres centroamericanas enseñan sus fotos casa por casa en Huixtla, Chiapas

La búsqueda con vida de los migrantes desaparecidos comienza antes de la salida de la caravana, cuando el MMM recibe las denuncias de desaparición. El activista Rubén Figueroa sigue sus huellas en México a partir de la última llamada que hicieron a sus familias o del último envío de dinero que recibieron, busca sus nombres en las listas de los detenidos de los penales y en Google, para averiguar si la prensa local los reporta como victimas de algún accidente. Una vez recolectados los indicios, Figueroa viaja por México para buscar a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Muchas veces los encuentra: en 15 años el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) encontró con vida a más de 310 personas. Sus familiares han sido invitados a participar en la caravana para que se pudieran rencontrar.

Este año las madres centroamericanas están acompañadas por activistas internacionalistas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, uno de los organizadores de la Caravana Abriendo Fronteras, iniciativa que nació en 2016 y que en julio pasado se dirigió a Andalucía y Ceuta. El colectivo vasco decidió participar junto con el colectivo italiano Carovane Migranti para aprender de la experiencia de sus integrantes y tejer redes de solidaridad y lucha. “Compartimos la concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar y la defensa de los derechos de las personas migrantes, también durante su tránsito hacia los países de destino”, explica Dida Marin Astobieta, activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Esta caravana se enfrenta a la negación extrema de estos derechos, desde el secuestro a la desaparición e incluso el asesinato”.

Anita Celaya del Salvador (Foto: Orsetta Bellani)

Para que las denuncias de las mujeres centroamericanas lleguen a Europa, cada año dos integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas están invitadas a participar en la caravana europea, que cada vez se realiza en un país distinto.

En 2019 viajó al Estado Español Ana Enamorado, una mujer hondureña que lleva 7 años sin noticias de su hijo Oscar. Después de su primer viaje con la caravana, Enamorado decidió quedarse en México para trabajar en el MMM y dedicarse completamente a la búsqueda de Oscar. Para ella, la caravana representa un espacio de formación política y de sanación: “cuando una está sola encerrada en casa le parece que no le está pasando a nadie más y no sabe qué hacer con este dolor, pero cuando estás con otras familias aprende que no estás solas”.

Se calcula que entre 80 mil y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México durante su viaje rumbo a Estados Unidos. El MMM asegura que son mucho más y que no aparecen ni siquiera en los informes oficiales: las autoridades suelen mencionar sólo a las 40 mil personas desaparecidas de nacionalidad mexicana. “Qué bueno que me recuerdas!”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Karla Quintana a Ana Enamorado, cuando ésta le señaló la falla del gobierno mexicano.  

“Lo que más importa es sensibilizar a la población civil, siendo que nunca vamos a sensibilizar a las autoridades”, afirma la activista. “Son indolentes y viven de nuestro dolor: se han creado muchas dependencias gubernamentales que de esto viven, generaron buenos salarios de nuestro dolor. Por esto jamás van a hacer nada porque se detenga el problema de las desapariciones”.

Las familias de los migrantes desaparecidos no saben si han sido asesinados por las organizaciones criminales mexicanas- que muchas veces operan en conjunto con las autoridades -, si han sido obligados a trabajar para ellas, si entraron en alguna red de trata de personas o si están vivos y libres, pero por algún motivo han perdido contacto con su familia.

Doña Mari de Honduras (Foto: Orsetta Bellani)

A veces los migrantes dejan de comunicarse con sus seres queridos porque durante el viaje les han robado la cartera donde guardaban los números telefónicos, porque el número cambió, o porque la familia se ha mudado a otra casa. “Muchos migrantes se fueron de Centroamérica cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares, sólo había un teléfono publico a la entrada de la aldea y las calles no tenían nombres”, explica Martha Sánchez Soler, fundadora del MMM.

La violación sexual es otro factor que en muchos casos lleva las migrantes a interrumpir cada contacto con su familia, por la vergüenza que los abusos hicieron nacer en ellas.

“Hay muchas cosas por las cuales no quieren que una madre sepa adónde están. A veces si han sufrido violaciones, o si han hecho algo ilícito y lo han agarrado; tal vez a ellos les da vergüenza que su madre sepa. O si han cambiado de sexo, quizá se sienten mal porque una se va a incomodar”, afirma Hilda Luz Rivera, de El Salvador, al notar unas mujeres transgenero entre las detenidas que observan la foto de su hijo René Wilmaris Ramírez Rivera. “Tal vez se sienten como que ya no tienen familia. Pero para una madre no importa lo que hayan hecho y no hay feo ni delincuente; aunque cometan sus errores, una mamá siempre perdona”.

Integrantes de la caravana procedentes de Guatemala (Foto: Orsetta Bellani)

Erlinda Ramírez no tuvo que perdonar a su hijo, pues está convencida de que no cometió los delitos que se le imputan. Al salir de la cárcel de Coatzacoalcos se siente “descansada”. Su rostro está más relajado, su voz es más firme, ya no tiembla ni llora. Encontró a su hijo en buena salud y sabe que en dos años será otra vez libre y regresará a su casa. Frente a la entrada del penal la esperan las cámaras de los periodistas y su mensaje es para los jóvenes que todavía faltan, y las madres que siguen esperándolos: “Estoy segura de que como apareció mi hijo van a seguir apareciendo los hijos de mis compañeras que están perdidas en este flagelo”.

Artículo publicado en El Gara el 3 de diciembre de 2019.

Cinco años esperando una respuesta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

No es un día de mucho trafico en la autopista Cuernavaca-Ciudad de México. Los carros desaceleran llegando a la caseta de cobro de Tlapa, una de las puertas de la metrópoli. Allí los espera una imagen inusual: una manta con el rostro de Emiliano Zapata cuelga de la caseta, pidiendo verdad y justicia por Ayotzinapa.

O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”.

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Foto: Orsetta Bellani

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes.

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

Así fue el primer día del histórico juicio por la desaparición del niño guatemalteco Marco Antonio Molina Theissen

Javier Estrada Tobar, Nómada

Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo. Continue reading…

“Fuimos los guías de la Operación Orión”

Orsetta Bellani, ¡Pacifista!

Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, fue uno de los fundadores del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el bloque paramilitar con que Don Berna ejerció desde 2001 control sobre Medellín. Hace pocos días lo entrevisté en exclusiva en la cárcel La Picota de Bogotá, donde paga una condena de cuarenta años en la justicia ordinaria por haber asesinado a un hombre y haber dejado herida a una mujer.

Continue reading…

Mapuche: el nuevo enemigo público

Diana Lenton, Revista Anfibia

En los últimos días una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o “terrorismo mapuche”. Continue reading…

Prepara la ONU informe sobre las inhumaciones ilegales en Morelos (México)

Rubicela Morelos Cruz, La Jornada (Foto: Orsetta Bellani)

Carolina Moreno y Gabriela Gorjón, representantes en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se entrevistaron en esta localidad con familiares de desaparecidos, autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de elaborar un informe sobre las fosas comunes en las cuales la FGE inhumó cuerpos de personas no identificadas sin respetar los protocolos de ley.

Continue reading…