La sombra de los asesinatos selectivos reaparece en Colombia

Orsetta Bellani, Público (Foto: O.B.)

Cuando le preguntaron si su hermano Jaime pertenecía a la guerrilla, Jacqueline Castillo se quedó sorprendida. “Es que figura aquí como guerrillero muerto en combate”, le dijeron las autoridades.

Lo mismo dijeron a Zoraida Muñoz unos hombres de la Fiscalía, cuando le enseñaron la foto de su hijo Jonny Duvián Soto Muñoz. Estaba boca arriba y con tres tiros en la espalda. “Me explicaron que había sido un enfrentamiento con el ejército, que mi hijo traía un revolver”, recuerda la mujer. “Pero mi hijo jamás ha sido guerrillero”.

Era 2008, y desde hace algunos meses los noticieros reportaban una noticia alarmante: soldados asesinaban jóvenes, les sembraban armas y los presentaban a la opinión pública como guerrilleros caídos en combate. Por esto, pronto las dos mujeres entendieron que se encontraban donde nunca hubieran querido estar.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz aún no sabían que Jaime y Jonny Duvián habían sido entregados a los militares en un falso retén por un hombre llamado Alexander Carretero Díaz, quien a cambio recibió unos 300 euros por cada uno de ellos. Se había presentado a los dos, que soñaban con ser soldados, como reclutador del ejército. Por esto confiaron en él. Poco después a Jaime y Jonny Duvián los encontraron en una fosa de Ocaña, en el Departamento de Norte de Santander.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz integran la asociación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), que pide verdad y justicia para las víctimas de “falsos positivos”.

Así se conoce en Colombia este tipo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los soldados para cobrar premios, en dinero o en vacaciones, que el Estado les otorgaba por cada baja realizada en su guerra contrainsurgente. Una práctica que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, recientemente resurgió en Colombia.

Zoraida Muñoz de MAFAPO. Foto: O.B.

Cuando en 2007 el escandalo se hizo público, el gobierno afirmó que los “falsos positivos” obedecieron a unas “manzanas podridas”. Pero las organizaciones civiles las consideran como una política de Estado, pues los altos mandos favorecían las muertes sobre las capturas: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”, decía una directiva interna del general Mario Montoya. Ningún general llegó a ser condenado por “falsos positivos”, pero sí tuvieron sentencia 1300 soldados y oficiales de rango medio.

Entre 1988 y 2014 en Colombia se registraron 2248 víctimas de “falsos positivos”. El 59% de estas ejecuciones extrajudiciales se presentaron entre 2006 y 2008, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y el Secretario de Defensa era Juan Manuel Santos, ex presidente que en 2016 ha sido galardonado con el Nobel por la Paz por haber firmado un acuerdo de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un pacto que, a pesar de haber llevado a la reincorporación a la vida civil de unos 14 mil guerrilleros, no acabó con el conflicto en el país, donde hay territorios controlados por Grupos Armados Organizados – herederos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -, por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por las “disidencias de las FARC”, personas que no aceptaron los acuerdos firmados en 2016 por los mandos guerrilleros.

Es en el marco de esta nueva geopolítica del conflicto colombiano que reaparece la sombra de los falsos positivos. Una investigación del New York Times, basada en entrevistas con tres altos oficiales del ejército colombiano, ha revelado la existencia de nuevas ordenes finalizadas a intensificar los ataques sin “exigir perfección” al momento de ejecutarlos. A cambio, como en la peor época de los mal llamados “falsos positivos”, se les ofrecía a los soldados incentivos como vacaciones extras. Las directivas han sido emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel quien, como otros nueve generales, estaría supuestamente involucrado con algunos casos de “falsos positivos” ocurridos en la pasada década.

La situación preocupa a las familiares de las víctimas de “falsos positivos”. “El nuevo pronunciamiento del general Nicacio Martínez prendió nuevamente las alarmas”, afirma Jacqueline Castillo de MAFAPO. “Al exigir al ejército doblar las bajas que implica que podrían caer nuevamente muchos civiles y que sean presentados como bajas en combate”.

Jacqueline Castillo y Raúl Carvajal de MAFAPO. Foto: O.B.

Una sucesiva investigación publicada por Semana documenta que se han presentado casos de falsos positivos en 2019. La revista colombiana revela también la existencia de una cacería adentro del ejército colombiano, finalizada a individuar y sancionar a los militares que filtraron informaciones a la prensa sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales y otro relacionado con actos de corrupción. Algunos oficiales, sospechosos de haber hablado, habrían sido interrogados usando el polígrafo y unos cien ya habrían sido trasladados.

Para hacer claridad sobre los hechos, el gobierno colombiano dispuso la creación de una Comisión Presidencial de Excelencia Militar, que investigará hasta noviembre. En su informe preliminar presentado al presidente Iván Duque a finales de julio, la comisión afirma que no se reportó ningún caso de “falso positivo” durante este año, y se felicita con el general Nicacio Martínez por haber retirado a las directivas cuestionadas por el New York Times.

“El informe de los expertos está plagado de errores”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien resaltó que la Comisión no ha evaluado algunas evidencias que eran de conocimiento público y que el ejército sacó solo una de estas directrices.

Intimidaciones y hasta amenazas de muerte se estarían ejerciendo, siempre de acuerdo con la información publicada en Semana, también sobre los militares que están rindiendo sus testimonios frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se trata del tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz para juzgar a los crímenes de guerra y favorecer la reconciliación a través de un mecanismo de justicia que imparte penas alternativas a la cárcel. Allí se abrió el caso 003 sobre “falsos positivos”, al que se acogieron 55 militares.

“Los militares llegan a la JEP para hacer un show mediático y su perdón que no es sincero”, afirma Carmenza Gómez, integrante de MAFAPO y madre de Víctor Fernando Gómez Romero, quien ha sido víctima de falso positivo. “Queremos saber la verdad, empezando por las responsabilidades de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y del general Mario Montoya”.

Artículo publicado en Público el 24.08.2019: https://www.publico.es/internacional/falsos-positivos-sombra-asesinatos-selectivos-reaparece-colombia.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

El regreso a la vida civil de las FARC: un proceso irreversible

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

En su nueva vida sin armas, los ex combatientes de las FARC-EP están residiendo en «aldeas» propias e impulsando actividades productivas, pero aseguran que el Gobierno de Iván Duque no está cumpliendo lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana.

Un bebé gordito sonríe en el fondo de pantalla del celular de Jeison Murillo Pachón. Es su hijo. Nació hace pocos meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en el Departamento de Tolima. Se trata de una de las 24 “aldeas” donde viven una parte de los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de los acuerdo de paz con el gobierno colombiano y la entrega de sus armas.

El bebé de Jeison es uno de los 90 niños que nacieron en el ETCR Antonio Nariño: en los meses siguientes a la firma de los acuerdos se registró un verdadero baby boom entre los ex combatientes. Les dicen “hijos de la paz”. “Estamos construyendo un jardín autogestionado, casi todas las instalaciones que se encuentran aquí lo son. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no nos ha apoyado”, afirma Jeison Murillo.

La ETCR Antonio Nariño. Foto: O.B.

La postguerra en Colombia se caracteriza por numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo de los Acuerdos de La Habana. Más aún ahora que el Gobierno está dirigido por Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que intentó poner trabas al acuerdo desde el comienzo de las negociaciones de paz con las FARC.

Jeison Murillo Pachón tiene 40 años, un par de gafas rectangulares y una barba espesa y bien cuidada. Mientras habla se pasa su celular de una mano a la otra como si fuera una pelota antiestrés. Cuando combatía en el frente urbano Antonio Nariño era conocido como Alirio Arango. La vida de combatiente es para él un recuerdo muy lejano: en 2003, un compañero lo entregó al ejército, que lo capturó en Bogotá acusándolo de haber organizado una serie de atentados contra miembros del gobierno, instalaciones militares y de policía, centros comerciales, hoteles, empresas de transportes público y medios de comunicación.

Murillo Pachón se encontraba en su celda en agosto de 2016, cuando supo que en La Habana la cúpula de las FARC-EP había llegado a un acuerdo con el gobierno. Pensó que difícilmente iba a ser algo solido, le parecía imposible que su organización dejara de luchar con el Estado colombiano. Se equivocaba.

Proceso irreversible.

A diferencia de ocasiones pasadas, el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil parece hoy irreversible, aunque sigue siendo incompleto y está atravesando muchas complicaciones. “Los ETCR son la demostración más palpable de la voluntad de las FARC-EP de cumplir lo pactado”, afirma. De hecho, casi todos los ex combatientes han aceptado lo pactado en La Habana y se han concentrado en las ETCR, donde hace dos años entregaron casi 9 mil armas.

Con ellas, la artista colombiana Doris Salcedo creó un “contramonumento” que se puede apreciar en el centro de Bogotá. Se llama “Fragmentos” y consiste en una habitación cuyo piso está formado por 1300 placas de metal fundido de estas armas aplastadas a martillazos por mujeres que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado. “Fragmentos” se puede caminar para percibir la dureza y la frialdad de su superficie, y el silencio que la rodea.

De todos modos, en Colombia la guerra no se ha acabado realmente: el Estado sigue combatiendo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el país está constelado de Grupos Armados Organizados, organizaciones criminales herederas de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La violencia sigue azotando el país y, en especial, a los movimientos sociales: 59 lideres sociales han sido ejecutados en los primeros 4 meses de 2019, frente a 81 en el mismo periodo del año anterior. Además, se ha matado a 133 ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

Foto: Orsetta Bellani

“Mataron a muchos compañeros pero ya no es exterminio, como ocurrió en pasado”, afirma Jeison al recordar lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC-EP tras los llamados “acuerdos de la Uribe” de 1984 que enfrentó una verdadera matanza con el asesinato de miles de militantes.

“Yo no renuncié al socialismo”

Lo que sí terminó con la firma de los acuerdos de paz de La Habana es la guerra entre el gobierno y las FARC-EP, aunque una parte de los combatientes decidieron no entregar sus armas. Les llaman “disidencias de las FARC” y se calcula que son unas mil personas las que no aceptaron lo acordado y siguen combatiendo al Estado, financiándose en buena parte con el dinero proveniente del narcotráfico. Están reclutando militantes y expandiendo su base, y acusan a la ex cúpula guerrillera de haber traicionado los principios socialistas al aceptar los acuerdos de La Habana. “Sabemos que no es cierto que traicionamos al proyecto socialista como ellos dicen”, explica Jeison Murillo Pachón. “Yo no renuncié al socialismo, en ningún momento las FARC-EP dijimos que la única vía para el socialismo es la vía armada”, subraya.

Actualmente, la guerrilla más longeva del mundo eligió la opción electoral como vía para el socialismo. En 2017 formó su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en sus primeras elecciones tuvo que enfrentarse a una rotunda derrota: sólo el 1.5% de los votantes lo eligieron. Sin embargo, los acuerdos de paz aseguran al partido FARC diez escaños en el Congreso a pesar del resultado de los comicios.

“No se sale de ser una guerrilla durante 54 años a ser el partido más votado en el país. Y no se sale de hacer la guerra – donde nuestro único contacto con las elecciones era quemar urnas u obligar los elegidos a renunciar a su cargo – a tener todo el respaldo del pueblo en las urnas”, afirma Jeison Murillo Pachón al comentar la derrota electoral.

Lo que sí preocupa a este ex combatiente son los incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados, que empezaron – asegura – desde el día en que unos 6 mil guerrilleros y guerrilleras aceptaron reincorporarse a la vida civil y marcharon desde sus campamentos rumbo a los ETCR, entonces llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

A principios de 2017, unas 300 personas marcharon desde el Departamento del Meta, por última vez en armas, a un terreno trepado en la montaña del Departamento de Tolima, en la vereda La Fila, a una hora de carretera sin asfaltar del pueblo de Icononzo. El Ejecutivo debería de haberles entregado casas y servicios. De acuerdo con lo pactado, el día de su llegada, la ETCR Antonio Nariño ya tenía que estar lista. Pero no había nada. La construyeron por su cuenta los ex guerrilleros, con el  material que el gobierno les entregó y que en buena parte está hecho con asbesto, material que en otros países ha sido prohibido por provocar cáncer.

Hoy en día, el ETCR Antonio Nariño tiene un restaurante, una tienda con billar, un hospedaje, un auditorio, baños comunales y casas. Algunas son muy sencillas – una litera, un mosquitero, la comida guardada en una reja – otras están más cuidadas y tienen pequeños lujos: televisores, masetas colgadas, muebles un poco más finos, lavadoras. Hay quienes sembraron hortalizas frente a su casa y quienes han construido un porche o un techado donde estacionar su moto.

Muchos edificios están adornados con murales, que recuerdan a comandantes de las FARC muertos en combate, o el Che Guevara, o Simón Bolívar; otros tienen pintada una hoz y martillo o una rosa, símbolo del nuevo partido nacido de la ex guerrilla.

Foto: Orsetta Bellani

Alrededor del ETCR Antonio Nariño se extienden las montañas del Tolima con su vegetación tropical. Los habitantes cuentan que cuando las FARC estaban en armas, en la zona había mucha violencia. Pero ahora la región está tranquila, a parte algunos casos de delincuencia común. Quizá también por esto, y a diferencia de otras regiones de Colombia donde los pobladores no ven de buen ojo la presencia de las “aldeas” de ex combatientes, en Icononzo no hay tensiones entre la población y las personas que viven en el ETCR. De ellos piensan que son campesinos, personas comunes y corrientes.

“Mucha gente [ex guerrilleros] se ha sentido obligada a salir de acá para buscar alternativas económicas a causa de la precariedad de la reincorporación”, sostiene Jeison Murillo Pachón, quien critica los fallos del gobierno en su apoyo a las cooperativas impulsadas por los ex guerrilleros, lo que les permitirían tener una entrada económica e insertarse nuevamente en la sociedad de forma colectiva. “Aquí tenemos tres cooperativas con varios proyectos: una agropecuaria, una multiactiva de manufactura, una multiactiva de servicios, una fundación de cultura y una asociación productora de cerveza”, enumera.

Sólo un proyecto aprobado

De todos estos proyectos, sólo uno ha sido aprobado por el gobierno, los demás han sido impulsados de forma autónoma. En total, de los 52 proyectos productivos colectivos presentados a las mesas técnicas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) por los ex combatientes de los 24 ETCR, únicamente 17 fueron aprobados y financiados por el gobierno. Y de los 13.039 excombatientes en proceso de reincorporación apenas 366 han sido beneficiados.

El futuro les preocupa un poco a Jeison Murillo y a sus compañeros: a partir del 15 de agosto, el gobierno colombiano ya no estará obligado a apoyar económicamente a los 13 mil integrantes de las FARC que están participando en el proceso de reincorporación – actualmente les entrega unos 200 euros al mes – y se acabará la figura legal de las ETCR. El presidente, Iván Duque, afirma que el Estado comprará el predio donde se encuentra el ETCR Antonio Nariño, que hasta ahora está en arriendo, además de los terrenos donde se encuentran otras 12 “aldeas” de las ex guerrilla, para que puedan consolidar su presencia en estos territorios. Las restantes 11 ETCR deberán de reubicarse en otras regiones, pues no hay condiciones para que se queden. Un anuncio que ha generado malestar entre quienes llevan más de dos años en sus nuevos hogares, intentando acostumbrarse a su nueva vida sin armas.

Artículo publicado en El Gara el 5 de julio de 2019.

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