“No voy a huir porque soy inocente”, dice el sacerdote chiapaneco a quien la fiscalía estatal acusa de desaparición

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

En su vida, el padre Marcelo Pérez ha sido perseguido en varias ocasiones. Por las amenazas de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, tuvo que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó, Chiapas. Por las presiones de Juan y Ramiro Gómez, dos expresidentes municipales que según el sacerdote se beneficiaban de tráficos ilegales, tuvo que dejar Simojovel. “Ya llevábamos tres peregrinaciones en contra de la violencia en el municipio y es cuando reaccionan los Gómez y contratan personas. Le dan precio a mi vida: de 100 a 150 mil pesos”, recordaba entonces en entrevista. 

Ahora, quien da caza al cura tzotzil es la Fiscalía General de Chiapas, que emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas en Pantelhó, aunque familiares hablan de hasta 21 personas retenidas.

Los pobladores del municipio de los Altos de Chiapas están desaparecidos desde hace un año, cuando los habitantes del municipio se levantaron en contra del crimen organizado, sacaron a los políticos supuestamente coludidos y crearon un grupo de autodefensas llamado El Machete. El 26 de julio de 2021, día en que miles de personas tomaron la cabecera municipal, 21 hombres fueron expuestos en el parque central con las manos esposadas y acusados de tener vínculos con la criminalidad organizada. Desde entonces no se sabe nada de ellos. 

Sus familiares afirman que el responsable del delito es El Machete, que siempre rechazó las acusaciones. “Aquel día llegaron miles de personas de los municipios colindantes, todo el mundo iba encapuchado, no fuimos nosotros en retenerlos”, se defendió el comandante de El Machete en febrero, en ocasión de la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Hasta el cierre de edición, el organismo no respondido a este medio las preguntas sobre el caso.

El padre Marcelo ya demostró ante la fiscalía que se encontraba en Simojovel el 26 de julio de 2021, cuando la población de Pantelhó tomó la presidencia municipal. Llegó el día después, para calmar los ánimos y entablar su trabajo de mediación entre el gobierno y los pobladores.

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El 5 de julio, alrededor de 20 mil integrantes del Pueblo Creyente, un movimiento católico que tiene mucha presencia en Chiapas y enfrenta represión, se movilizaron en unos 10 municipios. Las peregrinaciones se dieron en ocasión del primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que solía alentar a los feligreses de la parroquia de Santa Catalina de Pantelhó a denunciar la presencia del crimen organizado en la zona. Fue justo a unos días de su asesinato que la población organizada de este municipio, harta de tanta violencia, decidió rebelarse. 

En Nuevo Israelita, la comunidad de Simón Pedro, unos centenares de personas peregrinaron para conmemorar su vida y su legado. Frente a la casa de su familia, donde se encuentra su tumba, dejaron flores y tocaron música, algunos lloraron.

En San Cristóbal de Las Casas, la peregrinación del Pueblo Creyente del 5 de julio fue sobre todo un acto de solidaridad con el padre Marcelo Pérez. Unas mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, desfilaron por las calles de la ciudad hasta su zócalo, llevando flores e imágenes religiosas. El cura chiapaneco encabezó la movilización; como siempre, llevaba una boina negra y cargaba una bandera blanca con la palabra “paz”. 

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre al cierre de la peregrinación. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”. 

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Desde hace meses existían versiones que señalaban una relación entre el padre Marcelo y la desaparición de los pobladores de Pantelhó. “El cura dice que están vivos”, dijo un funcionario público a los familiares de los ausentes que se manifestaban frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, el 30 de septiembre de 2021

“Quien dijo esto es un irresponsable, yo no tengo ninguna información sobre las personas desaparecidas”, replicó el sacerdote en entrevista, el día después. 

El funcionario habló detrás de las rejas de un Palacio de Justicia cerrado, al que los manifestantes no tuvieron acceso. Desde hace un año, los familiares de los desaparecidos de Pantelhó, que no paran de tocar puertas de fiscalías y dependencias estatales y federales, acusan a El Machete de la desaparición de sus seres queridos y denuncian el involucramiento del sacerdote tzotzil. 

El 21 de junio, Pedro Cortés López, expresidente del Concejo Municipal de Pantelhó —elegido por usos y costumbres en agosto de 2021 tras el levantamiento popular—, ofreció una rueda de prensa frente al Congreso de Chiapas. Tras su ruptura con las autodefensas, que lo destituyeron por no haber supuestamente cumplido con la Cuenta Pública, Cortés aseguró que El Machete tiene a los secuestrados con vida y que durante la visita de la CNB los mantuvo escondidos. Justo después de la rueda de prensa, el presidente del Concejo Municipal fue detenido con el exregidor concejal Diego Mendoza Cruz por el delito de desaparición cometida por particulares, y se encuentra ahora en prisión preventiva en el penal El Amate de Cintalapa, Chiapas. 

“Empezamos a tener un poco de esperanza y fe en recibir una respuesta alentadora sobre el paradero de nuestros familiares”, escribieron entonces los familiares de los desaparecidos en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Exigimos la detención de los comandantes del grupo paramilitar El Machete por los delitos de secuestro y desaparición forzada de nuestros 21 familiares”.

Fue unos 10 días después que las versiones sobre el supuesto involucramiento del padre Marcelo Pérez se volvieron acusaciones formales.

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Cuando en octubre de 2021 el padre Marcelo Pérez llegó como párroco a la iglesia de la Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, muchos coletos no estuvieron contentos. En varias ocasiones, esta ciudad recibió a sacerdotes que caminaban “al lado de los pobres” (empezando con Fray Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI y pasando por Samuel Ruiz en los años 90, cuya predicación puso involuntariamente las bases al nacimiento del EZLN) y algunos feligreses temían la cercanía del padre Marcelo con los movimientos sociales.

El cura tzotzil, originario de San Andrés Larráinzar, fue acompañante de varias peregrinaciones del Pueblo Creyente en contra de la violencia y en defensa del territorio. En marzo de 2015, unas 15 mil personas encabezadas por el padre Marcelo cruzaron las montañas de medio Chiapas para manifestarse en favor de la paz y en contra de las actividades ilícitas en Simojovel. Salieron de la cabecera municipal y caminaron durante cuatro días, cargando cruces y pancartas, hasta llegar exhaustos a la abrasadora capital chiapaneca. 

Padre Marcelo Pérez (a la derecha) durante la peregrinación del pueblo zoque en contra de la ronda petrolera. Foto: Orsetta Bellani, junio de 2017

El sacerdote regresó allí dos años después, cuando la movilización del pueblo zoque acabó en una peregrinación masiva y en la suspensión de la ronda petrolera 2.2. “No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra iglesia. Dios es el primero que levanta la voz diciendo: ‘no matarás’. Y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirmó el cura durante la misa que celebró frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, al cierre de la caminata.  

El padre Marcelo Pérez también acompañó a los sobrevivientes de las masacre de Acteal y a los tzeltales de San Juan Cancuc y Chilón que defienden su territorio y luchan en contra de la militarización. En navidad de 2017, el cura chiapaneco celebró la misa en las montañas de Chalchihuitán, donde más de 5 mil personas llevaban casi dos meses desplazadas tras el ataque de un grupo armado de Chenalhó.

Así que nadie se sorprendió cuando, al llegar a San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los episodios de violencia están creciendo de forma exponencial, el padre Marcelo empezó a hablar de un “movimiento de la vida por la paz de San Cristóbal”. El 16 de junio pasado, en ocasión del Corpus Christi y a dos días de que un grupo de hombres armados tomó durante cinco horas la zona norte de la ciudad, el padre Marcelo y un puñado de feligreses peregrinaron por primera vez por el cese de la violencia en la ciudad chiapaneca.

Artículo publicado en Animal Político el 8.07.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/07/sacerdote-chiapas-acusado-desaparicion-personas/

5 defensores de la tierra son vinculados a proceso por el presunto homicidio de un policía municipal

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Fueron vinculados a proceso los cinco defensores del territorio tseltales que la semana pasada habían sido detenidos por el presunto homicidio de Antonio Aguilar Pérez, policía municipal de San Juan Cancuc. 

En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Integrantes del Pueblo Creyente frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, el sábado 4 de junio de 2022. Foto: Orsetta Bellani

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del policía municipal fallecido Antonio Aguilar Pérez, pide justicia por su padre frente al penal de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/procesan-5-defensores-tierra-presunto-homicidio-policia/

En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.

En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.

“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).

Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

Peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente. 

Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.

“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.

Otra imágen de la peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.

Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos. 

“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo. 

“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.

Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control. 

Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. 

Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado. 

Foto: Orsetta Bellani

El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una. 

La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando. 

“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.

Artículo publicado en Animal Político el 6.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/chiapas-defensores-pueblos-indigenas-acusados-homicidio-policia/

Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

“Ya me voy”, dijo Marcelino.

“¿Adónde?”, preguntó ella con un poco de sarcasmo.

“Me acaban de decir que hoy me puedo ir”, contestó.

Durante 20 años, 3 meses y 2 días, Marcelino Ruíz peregrinó entre las cárceles de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Yajalón y Comitán. Desde el comienzo luchó por su libertad. Al no haber tenido acceso a un traductor a su idioma, el tsotsil, decidió aprender el castellano. Estudió historia, leyó biografías: “En la cárcel descubrí que me encanta leer, es un hábito que ahora tengo”, dice. Se dedicó a hacer dibujos y escribir comunicados para denunciar las violaciones a los derechos humanos que padecen los presos en las cárceles chiapanecas, y que difundía gracias al apoyo de No estamos Todxs, un grupo de trabajo anticarcelario que acompaña a varios presos en lucha de Chiapas.

En marzo de 2019, Marcelino Ruíz fundó la organización Viniketic en Resistencia, que es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y empezó a articularse con otros colectivos de presos en lucha: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate.  

Organizaron dos huelgas de hambre: la primera etapa, de 60 días, empezó en marzo de 2019 y terminó cuando les prometieron revisar sus expedientes. Entre los huelguistas, el primero en salir de la cárcel fue Juan de la Cruz Ruíz, que todavía seguía detenido tres años después de que la Mesa de Reconciliación — un órgano que revisa los expedientes de los internos y que está formado por los tres poderes del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos—, había determinado su excarcelación. Fue liberado en diciembre de 2019 y aún no soporta el olor a chile molido, que fue lo que le introdujeron en la nariz durante las torturas.

“Uno de los agentes judiciales me pidió 80 mil pesos a cambio de que me soltaran en ese momento y, como yo no tenía esa cantidad, ya fue que ordenó de que ya no me estén torturando, que porque no vaya a morir yo en sus manos pero, todo lo contrario… me pusieron cables eléctricos en mis partes íntimas”, Juan de la Cruz Ruíz.

La segunda etapa de la huelga de hambre empezó en los primeros meses de pandemia, en mayo de 2020. “Ingerí pura agua con miel durante 75 días. Me empalagaba, me asqueaba, ya no quería ni beberla”, recuerda Marcelino Ruíz.

Adrián Gómez Jiménez salió de la cárcel poco después, en septiembre de 2021, a pesar de que su sentencia absolutoria había sido pronunciada 26 meses antes. Estuvo preso injustamente durante 15 años, y padeció torturas que revive cada vez que ve a un policía en la calle, o escucha el sonido del metal.

“Mi dignidad, mi inocencia, y moralmente estaba por los suelos. No me quedaba otra salida que autoinculparme para que me dejaran de torturar. Me prefabricaron los delitos de privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y robo de auto”, Adrián Gómez Jiménez.

Fue justo después de su liberación que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la opinión 43/2021 . En ella se reconoce que Juan de la Cruz, Adrián Gómez, Marcelino Ruíz y los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y no les fue garantizado su derecho al debido proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU insta al Estado mexicano a poner en libertad inmediata a Marcelino Ruíz y a Abraham y Germán López Montejo, y solicita el otorgamiento de indemnizaciones y otros tipos de reparaciones para los cinco presos y ex presos en lucha.

Marcelino Ruíz salió de la cárcel el 7 de mayo junto con otras 231 personas, detenidas en distintas cárceles de Chiapas, después de que la Mesa de Reconciliación revisara sus expedientes. Había sido acusado de homicidio el 5 de febrero de 2002, tras haber sido detenido en su bicicleta en la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas por unos hombres que iban de civiles, y que lo torturaron hasta que firmó su condena. Tres delitos más le fueron fincados unos años después, cuando la policía nuevamente lo detuvo y golpeó, al encontrarlo en casa de su mamá tras una fuga masiva de reos. 

Su huida rocambolesca de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, que lo llevó a vagar sin rumbo en el monte durante tres días, se dio en 2004. Marcelino estaba tejiendo una bolsa cuando escuchó unos disparos y vio a los presos amontonarse frente a una puerta que se encontraba abierta: “Los compañeros se veían como borregos en un potrero, iban de un lado al otro. Levanto la mirada y me doy de cuentas de que nos estaban disparando desde la torre”, dice. El miedo fue tan fuerte que sus recuerdos de que aquel día son imágenes obscuras, como si fuera de noche, a pesar de que eran las dos de la tarde.

Durante la fuga un interno fue asesinado por un disparo y la responsabilidad fue atribuida a Marcelino. Además, fue acusado por fuga y por el homicidio de otro hombre.

“Mi defensor investigó y nos enteramos de que esta persona existía solo en el papel, no en la realidad. No existían ni el muerto, ni su familia. Era totalmente fabricado, entonces no pudieron condenarme”, afirma Marcelino Ruíz. Si la Mesa de Reconciliación no hubiera revisado su caso, se habría quedado en la cárcel hasta 2033.

La libertad para Abraham y Germán López Montejo llegó este 18 de mayo. Los hermanos originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán salieron del CERSS no. 5 de San Cristóbal de Las Casas tras un cautiverio de 11 años, 3 meses y 28 días. Habían sido detenidos en enero de 2011, mientras se encontraban sentados en el parque central de su pueblo; los esposaron y trasladaron a la comisaría, donde fueron torturados. 

“Me dolía todo el cuerpo y la garganta, me sentía la muerte. Escuché que sacó su arma, le cortó el cartucho: ‘habla, hijo de tu puta madre, traga esa agua me vale madre matarte, no vales nada’. Los demás se reían, risotadas cuando me estaba diciendo esas palabras. Me desmayé varias veces y me seguían amenazando de mi familia”, Germán López Montejo.

“Le dije que no, que no iba a firmar nada. Ahí es donde me falsificaron mi declaración, me hicieron firmar a la fuerza, como encontraron mi credencial de elector con esto copiaron mi firma”, Abraham López Montejo.

Ahora, los cinco presos en lucha beneficiarios de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se encuentran libres. Después de tantos años de cautiverio, su regreso a casa no es tan sencillo.

“Salir es otro reto, se trata de volver a empezar de nuevo, de salir a la calle y ver otro mundo diferente aquí afuera”, dice Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz e integrante del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha de Chiapas. “Tras su liberación, los compañeros suelen tener miedo a salir a la calle, pues cuando se topan con policías le regresa el recuerdo de la detención y de las torturas. Además, a menudo tienen pesadillas de que siguen en la prisión”.

Cuando regresó a San Cristóbal de Las Casas tras casi 20 años de estar preso, Marcelino Ruíz Gómez quedó asombrado al ver tantos carros y tantos turistas en el centro de su ciudad. Se sintió desubicado y no podía creer que en el campo de árboles de peras que diario cruzaba cuando era chavo, ahora surge la colonia de casas de tablas y bloques donde vive su familia. “Le exijo al gobierno mexicano reparación de daño para mí y mis cuatro compañeros”, dice. “Hay daños que son irreparables, como los psicológicos y emocionales, además del sufrimiento de nuestras familias. Pero sí exigimos una reparación de daño por todo lo que hemos perdido”. 

Artículo publicado el 19.05.2022 en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/05/presos-chiapas-onu-tortura-huelgas-hambre/

Las Abejas de Acteal rechazan propuesta del presunto asesino del defensor Simón Pedro

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Diez días de reflexión colectiva para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Diez días de debates internos para decidir sobre la propuesta de la defensa del presunto asesino de Simón Pedro Pérez López, catequista que en 2020 fue presidente de la mesa directiva de la organización.

Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel, Chiapas. Su sicario llevaba todo el día siguiéndolo y, como muestra un video que los legales de su familia presentaron ante el juez como prueba, le disparó a la cabeza desde atrás. Se cayó bocabajo, en el mercado alborotado de la cabecera municipal.

El representante legal de la familia de Simón Pedro, Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que el crimen fue desde el principio considerado como homicidio calificado, “o sea como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión”.

El abogado afirma que, sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo en el Juzgado de Control de Cintalapa, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, consistente en la admisión de responsabilidad a cambio de que el delito fuera reducido a homicidio simple, sin más calificaciones, con una penalidad de entre 8 y 20 años de prisión.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas analizaron en detalle la propuesta presentada por la defensa, desde su fe y su creencia. No es fácil tomar una decisión de este tipo, cuando la persona que falta es tu compañero, tu esposo o tu hijo. Y duele aún más cuando conoces al presunto asesino, pues es originario de la misma comunidad de Simón Pedro y su familia.

Simón Pedro Pérez durante una entrevista en Acteal Chiapas,, el 22 de noviembre de 2020. Foto: Orsetta Bellani

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado la organización tsotsil.

De acuerdo con Gómez Hernández, con esta decisión Las Abejas de Acteal quisieron trazar un camino que no fuera sólo para este caso, sino también para los de todos los defensores de derechos humanos asesinados. “Esperamos que el estado ejerza todo su poder de investigar y dar con los autores intelectuales del asesinado, porque esta persona no actuó solita”, afirma el abogado.

Simón Pedro Pérez López era originario de la comunidad Nuevo Israelita, que se encuentra en Simojovel, pero su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio continuo de Pantelhó, en la parroquia de Santa Catalina. Allí, el militante tsotsil no sólo predicaba los Evangelios, sino también invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que azotaba la región. Unos días antes de su asesinato la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recibió un documento elaborado en una serie de reuniones en las que Simón Pedro había participado, donde se detalla cómo las comunidades de Pantelhó estaban secuestradas por grupos armados que gestionaban los tráficos ilícitos en la zona, con la participación de políticos locales y policías. Por esto, Las Abejas de Acteal están convencidas de que la criminalidad organizada está detrás de su asesinato.

Y por esto, un par de días después de su homicidio, la situación en Pantelhó estalló: la población se levantó en contra del crimen organizado, formó un grupo de autodefensa llamado El Machete, sacó a los políticos coludidos con los criminales e instauró un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que ha sido reconocido por el Congreso de Chiapas.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21.04.2022: https://desinformemonos.org/las-abejas-de-acteal-rechazan-propuesta-del-presunto-asesino-del-defensor-simon-pedro/

Un Vía Crucis por la libertad absoluta de los tseltales Cesar y José Luis

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, Chiapas. Los dos estaban golpeados, sangrientos y en shock. Era el 15 de octubre de 2020 y se estaban manifestando pacíficamente con otros ejidatarios para pedir que en San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, no se instalara un cuartel de la Guardia Nacional, cuando fueron golpeados, arrastrados y subidos a una patrulla por la policía.

“Estamos en contra del cuartel de la Guardia Nacional porque trae problemas: ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”, afirma José Luis Gutiérrez Hernández, que como Cesar es militante de la organización católica Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). “Lo sabemos porque en nuestro territorio ya tuvimos un cuartel militar. Lo construyeron en los 90 tras el levantamiento del EZLN y con la lucha logramos que se cerrara, pues nos trajo muchos problemas”.

José Luis Gutiérrez Hernánde (izquierda) y Cesar Hernández Feliciano (derecha). Foto: Orsetta Bellani

José Luis contaba su historia, sentado en una banca de la iglesia de la comunidad de Pamal Nahbil, municipio de Chilón, un templo nuevo y monumental en el medio de la Selva Lacandona. José Luis, Cesar y el Pueblo Creyente de Chilón estaban esperando a que parara la lluvia que azotaba el techo de lamina de la iglesia, y así poder emprender el Via Crucis que organizaron para el 8 de abril: 4 kilómetros de procesión, hasta la comunidad de San Miguel C’anxanil, en contra de los megaproyectos y la militarización, y para pedir libertad absoluta para los dos defensores comunitarios.

Cuando los dos militantes de Modevite se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, no podían imaginar que durante 17 días compartirían una celda en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) El Amate, ni que a un año y medio de su tortura y detención arbitraria hubieran seguido en libertad condicional: ahora viven en sus comunidades, pero tienen la obligación de firmar cada dos semanas en el Juzgado de Control de Ocosingo, que se encuentra a horas de viaje de sus hogares.

A pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas tseltales, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí construyó el cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón. Fue autorizado únicamente por el comisariado municipal y el presidente municipal de Chilón, pero a pesar de que está terminado es el único de los diez cuarteles chiapanecos que todavía no ha sido inaugurado. Esto se debe con toda probabilidad a la demanda de amparo en contra del cuartel interpuesta por el CDH Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y al CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que tomaron la defensa legal del pueblo indígena tseltal.

El Vía Crucis que se llevó a cabo en la iglesia de Pamal Nahbil pide un alto a los megaproyectos y a la militarización, y libertad absoluta para José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano. Foto: Orsetta Bellani

“Cancelación del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián”, se lee en una de las pancartas que acompañaban el Via Crucis del viernes, que finalmente se realizó adentro de la iglesia de Pamal Nahbil, pues el frente frío que cayó como un balde de agua en la Lacandona no permitió llevar a cabo la procesión al aire libre. Las demás pancartas pedían la exoneración de los cargos en contra de José Luis y Cesar, el fin de la militarización del territorio tseltal y la prohibición a la entrada de empresas transnacionales intencionadas a construir hidroeléctricas o a explotar los manantiales, como la Coca Cola.

El próximo sábado, Cesar y José Luis se encontrarán una vez más en el Juzgado de Control de Ocosingo para firmar. “El pasaje para Ocosingo es caro y difícil de sostener para nuestras familias”, dice Cesar Hernández Feliciano. Cada vez que viajan a Ocosingo, a los dos defensores comunitarios les toca revivir la violencia y las humillaciones que sufrieron durante los días de su arresto y detención.

Artículo publicado en Desinformémonos el 11.04.2022: https://desinformemonos.org/un-via-crucis-por-la-libertad-absoluta-de-los-tseltales-cesar-y-jose-luis/

Entre quema de casillas y robo de documentación electoral, 4 municipios de Chiapas realizan elecciones extraordinarias

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: Twitter del IEPC)

“Se lo dijimos y no nos hicieron caso. Por esto mismo nos vemos en la necesidad de quemar las urnas y estar preparados para esta noche, que no se lleven las elecciones”, advierte en un video que circula en redes sociales un hombre encapuchado, parado frente a un cúmulo de cartones. Su compañero rocía una botella de gasolina y el material electoral se convierte en hoguera. 

“Se le hace responsable al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por no hacer caso al pueblo”, concluye el hombre encapuchado antes de tirar a la fogata un cartel de la institución que dice: “El voto es libre y secreto”.

Robos y quema de papelería electoral se registraron en la noche del sábado en las comunidades de San Francisco Pujiltic y Soyatitán, del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, donde ayer —junto con Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral— se llevaron a cabo elecciones extraordinarias. Más de 83 mil personas tuvieron la oportunidad de elegir sus presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

La jornada electoral se convocó en los seis municipios de Chiapas donde el 6 de junio de 2021 no se pudieron llevar a cabo los comicios por “condiciones sociales adversas”. En algunos casos, las condiciones no han mejorado, y el pasado viernes las autoridades electorales decidieron cancelar las elecciones extraordinarias en el municipio de Honduras de la Sierra, debido a un conflicto social, y en Frontera Comalapa, por la inseguridad causada por el crimen organizado. 

Desde hace semanas, había amenazas de boicot a las elecciones extraordinarias también en Venustiano Carranza, donde las dos organizaciones campesinas que tienen un gran número de bases en la región —la Alianza San Bartolomé de Los Llanos y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC)— anunciaron que no iban a participar en el proceso electoral. 

Desde hace unos 50 años, las dos agrupaciones se disputan más de 18 mil hectáreas de tierra. Su conflicto se agravó hace poco más de un año, cuando hubo muertos y heridos, y a causa de ello las autoridades decidieron suspender las elecciones del 6 de junio de 2021. Ahora, las dos organizaciones se encuentran en proceso de diálogo, pero ambas optaron por no votar. 

“En nuestra asamblea general del 6 de marzo decidimos que no se iba a permitir la instalación de las tres casillas en nuestra comunidad Paraíso del Grijalva, siendo que no nos han atendido como debe de ser, las autoridades nos tienen en el abandono”, afirma en entrevista Andrés Gómez Vázquez, vocero de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos. 

En las semanas siguientes, las tensiones en Venustiano Carranza crecieron. El sábado aparecieron pintas en contra de las elecciones; un grupo de transportistas de San Francisco Pujiltic se manifestó a favor de la cancelación de los comicios “porque no es prudente que abran las casillas”

Los dirigentes de algunos partidos políticos de Chiapas solicitaron la suspensión de las elecciones en el municipio como “acto de responsabilidad social”, y hasta la secretaria de Gobierno de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, envió una carpeta al consejero presidente del IEPC con reportes y evidencias “del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente”, expresando su preocupación por la “integridad de los habitantes de citado municipio”. 

Durante la sesión del Consejo General del IEPC de ayer, el consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, contestó a las críticas sobre la decisión de llevar a cabo el proceso electoral en Venustiano Carranza. “Me preocupa que se genere una falsa narrativa del desarrollo de esta jornada electoral”, afirmó. “Se está llevando a cabo porque no hubo ningún reporte de la propia ciudadanía, de los funcionarios de casillas, de que no hubiera condiciones para llevar a cabo esta jornada electoral. La gente quería elecciones”. 

Finalmente, las elecciones sí se pudieron llevar a cabo en el municipio, aunque solo se instaló el 63% de las casillas. Fueron 25 las que de último momento no se establecieron: en algunos casos, a los funcionarios les fue sustraída la documentación electoral en sus domicilios; en otros casos, fueron atacados durante el traslado o en el lugar donde se iban a instalar las casillas. También se reportaron robos de urnas por parte de sujetos armados en las comunidades de Aguatenango y Pujiltic, al cierre de la jornada electoral.

Las elecciones se llevaron a cabo de forma ordenada en El Parral, en Emiliano Zapata y en Siltepec, aunque —mientras los resultados preliminares empiezan a fluir— los sucesos de Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra y Venustiano Carranza hacen temer por la consulta de revocación de mandato del próximo domingo.

“No creo que los problemas en Chiapas desaparezcan en ocho días. Lamentablemente, sí hay motivos para suponer que los mismos riesgos que se presentaron en esta elección extraordinaria pudieran existir para el proceso de revocación de mandato”, afirma en entrevista el consejero presidente del IEPC. 

Artículo publicado en Animal Político el 4.04.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/04/elecciones-extraordinarias-chiapas-tensiones-municipios/

Por inseguridad, cancelan en dos de seis municipios de Chiapas las elecciones extraordinarias

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: Twitter del IEPC)

El jueves 31 de marzo, en Frontera Comalapa, Chiapas, aparecieron unas mantas: “En Frontera Comalapa no queremos elecciones, responsabilizamos al gobierno de lo que pase”, se leía en una de ellas. El día siguiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la decisión de no instalar casillas en el municipio, “toda vez que las autoridades competentes determinaron que no existen condiciones ni garantías de seguridad para llevar a cabo la jornada electoral este 3 de abril”.

Más tarde se cancelaron los comicios también en Honduras de la Sierra, otro de los seis municipios de la entidad donde para hoy estaban programadas las elecciones extraordinarias de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, en la que participarán 14 partidos políticos y dos coaliciones: una entre Morena y el PVEM y otra entre el PAN y el PRD.

El 23 de marzo, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad comprometiéndose a una contienda electoral ordenada, pacifica y apegada a la ley, sin embargo hay inquietud entre los pobladores y las instituciones electorales.

“Las problemáticas sociales y las condiciones de ingobernabilidad en muchas de las regiones de este estado no están permitiendo el desarrollo de la democracia”, afirma en entrevista Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.

El viernes, el consejero presidente del IEPC recibió una carta de Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno del Estado, que expresa preocupación por la seguridad también de los habitantes de Venustiano Carranza, municipio donde finalmente este domingo sí habrá elecciones extraordinarias.

“Me permito hacerle llegar la carpeta anexa con reportes, evidencias y documentales del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente, dado el reciente historial violento para que cuente con los elementos necesarios que le permita tomar decisiones certeras y oportunas que privilegien la vida y la integridad de los habitantes”, escribe la secretaria.

La convocatoria a la jornada electoral extraordinaria de hoy, que se celebrará en Venustiano Carranza, Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral, se debe a la anulación de las elecciones del 6 de junio de 2021. Aquel día, en Frontera Comalapa hombres armados quemaron 67 de las 90 casillas instaladas. Entonces los medios todavía no cubrían lo que pasaba en esta región colindante con Guatemala, pero en las semanas y meses siguientes empezaron a circular imágenes que parecían grabadas en la otra frontera mexicana: carros quemados, balaceras, convoyes de personas armadas. Las muertes y desapariciones causadas por la presunta lucha entre grupos de la criminalidad organizada por el control de esta plaza empezaron a ser visibles.

El 6 de junio de 2021, se registraron quema de boletas y casillas también en los municipios chiapanecos de El Parral y Emiliano Zapata, con la consiguiente anulación de los comicios, pues fue imposible reconstruir el resultado del computo. En otros tres casos, las elecciones ni siquiera se llevaron a cabo. Es el caso de Siltepec, donde antes de los comicios unos hombres armados y encapuchados entraron en la sede local del IEPC, amedrentaron los presentes y se robaron las boletas.

En Venustiano Carranza, las elecciones se suprimieron debido a la violencia causada por un conflicto agrario y en Honduras de la Sierra se cancelaron por la oposición de una parte de la población, que no aceptaba la creación de este nuevo municipio, el más joven de Chiapas. En Honduras de la Sierra y en Frontera Comalapa, los problemas siguen sin atenderse y hoy por segunda vez impidieron el desarrollo de la jornada electoral.

“Metimos oficios pidiendo medidas cautelares y precautorias en los seis municipios para llevar a cabo esta elección. A pesar de todo eso estamos enfrentando este tipo de adversidades y problemáticas, lo cual tengo que decirlo, es frustrante”, afirma Oswaldo Chacón Rojas, presidente del IEPC.

Para llenar el vacío de poder que se creó tras las abortadas elecciones del 6 de junio de 2021, el 30 de septiembre pasado el Congreso del Estado nombró Concejos Municipales en cada uno de los seis municipios. Se estableció que iban a finalizar el 30 de septiembre de 2024; sin embargo algunos ciudadanos interpusieron recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), siendo que la ley contempla que los concejos municipales sólo deben de funcionar por tres meses y hay que convocar a elecciones extraordinarias. En los dos municipios donde hoy no se celebrarán las elecciones, el Congreso del Estado tendrá que nombrar nuevos concejos.

“En estos casos la decisión de quiénes van a gobernar ya no lo toma la ciudadanía, sino un grupo de políticos en un escritorio”, advierte Oswaldo Chacón del IEPC.

“Eso es muy peligroso porque pudiera convertirse en una tendencia, en una moda. Por eso estamos éticamente obligados a indignarnos por esta situación, a manifestar nuestro rechazo de que no se convierta en algo normal”.

Artículo publicado en Animal Político el 3.04.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/04/inseguridad-cancelan-municipios-chiapas-elecciones-extraordinarias/

El presunto asesino de Simón Pedro Pérez, de Las Abejas de Acteal, propone reconocer su culpabilidad a cambio de reducir su pena

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un bebé pasaba de brazo en brazo. Tenía el cabello recogido en un moñito y una playera blanca con la imagen de un hombre y una frase: “Quien lucha por la vida nunca muere”. El rostro del mismo hombre enmarcado por un sombrero de paja, con los ojos pensativos mirando al cielo, aparecía en las lonas que ayer se encontraban frente al Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas. Se trata de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, a quien el 5 de julio del año pasado le dispararon en la cabeza mientras se encontraba en el mercado de la cabecera municipal de Simojovel.

Ayer, un grupo de integrantes de Las Abejas se manifestó en Cintalapa en ocasión de la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas relacionada con el asesinato de su compañero. 

“Venimos hasta aquí para exigirle a la Fiscalía General y al Poder Judicial del estado de Chiapas que lleven a cabo su trabajo en aplicar la justicia, e investiguen no solo al autor material del asesinato, sino también a quienes dieron la orden de matar”, escribió en un comunicado la organización tzotzil, cuyos integrantes viajaron unas cuatro horas en redila para llegar a Cintalapa. 

Leyeron el comunicado frente al Cerss 14 El Amate, donde se encuentra en prisión preventiva el presunto asesino de Simón Pedro, un hombre que vivía en la misma comunidad —Nuevo Israelita, del municipio de Simojovel— y que fue detenido tras las declaraciones de dos testigos oculares.

Integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reza frente al Cerss 14 El Amate, en ocasión de la audiencia del caso de su compañero Simón Pedro Pérez López. Foto: Orsetta Bellani

Don Juan Pérez, padre de Simón Pedro, y su abogado, Jorge Alberto Gómez Hernández, del CDH Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entraron al Juzgado de Control. Llevaban consigo 14 pruebas que presentaron al juez y que ayer fueron admitidas para el juicio oral. Entre ellas, hay un video del momento del asesinato, que refuerza lo que los testigos oculares manifiestan.

Con estas 14 pruebas, los representantes legales de la familia quieren demostrar que Simón Pedro Pérez López, que como catequista en la parroquia Santa Catalina de Pantelhó denunciaba la violencia en el municipio, fue asesinado por su labor en defensa de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a que investigara si este asesinato tenía relación con el trabajo político de Simón Pedro.

“Detrás del homicidio de nuestro compañero está el crimen organizado. Simón Pedro estaba apoyando a los que estaban sufriendo mucha violencia en Pantelhó, su culpa fue defender la vida y los derechos humanos y por esto lo asesinaron”, afirmó Guadalupe Vázquez Luna, de Las Abejas, organización que convirtió esta exigencia de justicia en una de sus principales demandas, junto con la lucha en contra de la impunidad por la masacre de Acteal.  

El asesinato del expresidente de la mesa directiva de la organización trajo consecuencias en Pantelhó: fue la gota que derramó la paciencia de sus pobladores, que a los pocos días de su muerte presentaron públicamente un grupo de autodefensas llamado El Machete, sacaron a los políticos que según ellos abrieron las puertas al crimen organizado e instauraron un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que fue reconocido por el Congreso del estado.

Don Juan Pérez, padre de Simón Pedro López Pérez, frente al Cerss 14 El Amate en Cintalapa de Figueroa, Chiapas

“Nosotros como organización de Las Abejas siempre hemos caminado por la vía pacífica, nunca hemos estado a favor de las armas”, dijo Guadalupe Vázquez Luna. “Pero tampoco condenamos este acto porque es el reflejo del hartazgo de la gente y de la misma sociedad, que se organiza para defenderse”.

Nuevamente, el cancel del Juzgado de Control de Cintalapa crujió ayer y el padre de Simón Pedro y su representante legal salieron. “La audiencia se canceló, la defensa ha solicitado que se defiera. Se está viendo la posibilidad de que el acusado reconozca su culpabilidad a cambio de que los años de prisión se reduzcan”, expuso frente a los manifestantes Jorge Alberto Gómez Hernández, abogado del Frayba.

La sociedad civil Las Abejas de Acteal recogió sus lonas y subió a sus redilas. El padre de Simón Padre regresará a la comunidad de Nuevo Israelita, donde en 10 días recibirá una propuesta más detallada de procedimiento abreviado por parte de la defensa del presunto asesino de su hijo, donde se puntualizarán los años de prisión que el acusado está dispuesto a cumplir y las reparaciones que propone entregar. Tocará a don Juan y a su familia decidir si aceptan o no sus condiciones. 

Artículo publicado en Animal Político el 29.03.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/03/presunto-asesino-simon-pedro-perez-caso/

EZLN marcha en todo Chiapas contra la guerra en Ucrania y demás conflictos capitalistas

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un grupo de mujeres sube corriendo por el camino principal del Caracol zapatista de Oventic, que está hundido en la neblina de los Altos de Chiapas. Traen unos ponchos de plástico para protegerse de la llovizna y unos morrales donde guardan sus pasamontañas. Trepan en las redilas que las esperan en la carretera y pronto, justo antes de que el sol se asome, la caravana de vehículos zapatistas se dirige a San Cristóbal de Las Casas.

Ayer miles de zapatistas marcharon en San Cristóbal de Las Casas y en otras cinco cabeceras municipales chiapanecas – Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano – en repudio a “todas las guerras capitalistas actualmente en curso en varios rincones del planeta”: desde el conflicto en contra del pueblo mapuche a las guerras de Palestina, Siria, Kurdistán y Ucrania. “Y tantos y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados, distorsionados”, escribe el EZLN en su último comunicado. 

El EZLN marcha en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraína y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

Cuando la caravana zapatista llega al periférico de San Cristóbal de Las Casas, en las redilas aparecen las capuchas: los bases de apoyo se ponen sus pasamontañas y se arreglan el paliacate al cuello. Están listos para marchar y demonstrar una vez más su fuerza política y organizativa. Se dispondrán en filas detrás de sus mantas y de un carro con perifoneo. 

“Pueblo de México y del mundo, nosotras las mujeres zapatistas decimos que tu dolor es nuestro dolor”, dirá al micrófono una voz femenina. “Llamamos a que nosotras como mujeres organicemos a nuestros pueblos para movilizarse cada quien en su geografía y su calendario, para parar la guerra injusta, porque las más afectadas somos nosotras por ser mujeres y por ser madres”.

* * *

Desde hace casi 8 años las bases zapatistas no marchaban en San Cristóbal de Las Casas. Era octubre de 2014 cuando la solidaridad con los familiares de los 43 de Ayotzinapa convocó unos 20 mil encapuchados a manifestarse con mantas que decían “su dolor es nuestro dolor”, “su rabia es nuestra”.

El EZLN marcha en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraína y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

En los años siguientes el EZLN organizó festivales de artes y ciencias, de cine, de danza y seminarios de análisis de la coyuntura política nacional e internacional. El zapatismo aprovechó la campaña electoral de 2018 para presentar a una candidata indígena – María de Jesús Patricio Martínez -, con la intención de posicionar en el debate público temas relacionados con la defensa de tierra y territorio.

Luego llegó la pandemia, el EZLN emitió una alerta roja y los Caracoles cerraron. Durante sus meses de cuarantena, los zapatistas gestaron su iniciativa más ambiciosa: un viaje de unas 140 bases de apoyo en todo Europa para encontrar y conocer a las luchas locales. Lo hicieron discretamente: no buscaron a los reflectores cuando salieron de Chiapas, ni durante su gira europea.

De acuerdo con este espíritu internacionalista, ayer el EZLN volvió a tomar pacíficamente las calles de todo Chiapas. Sus pancartas hablaban de conflictos lejanos, pero las miradas detrás de los pasamontañas conocen el dolor de la guerra. La comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, por ejemplo, vive cercada por un grupo llamado “de los 40 invasores”, que quitó 152 hectáreas de tierras a las familias zapatistas, dejándoles sólo unas 3. También la comunidad autónoma Moisés y Gandhi vive bajo ataques constantes, en su caso por el grupo armado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que dispara en contra de las casas zapatistas, ha incendiado las instalaciones autónomas y ha secuestrado tres bases de apoyo del EZLN, dos de ellos integrantes de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva. 

Mujeres del EZLN se manifiestan en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraina y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

“Chiapas al borde de una guerra civil” es el titulo de un comunicado que el EZLN emitió en septiembre de 2021, tras el secuestro de sus dos compañeros. De hecho, hay conflictos en muchos municipios del Estado que llevaban años gestándose, fueron descuidados por las autoridades y finalmente estallaron. En algunos casos no se trata de ataques directos a la población zapatista, pues afectan a ella como a los partidistas.

En Oxchuc, el grupo armado María Tulukes controla la cabecera municipal desde mediados de diciembre, cuando las elecciones por usos y costumbres acabaron en enfrentamientos entre grupos de pobladores. En Chenalhó operan unos grupos armados que atacan a la población de Chalchihuitán y Aldama, causando muertos, heridos y miles de desplazados. En Pantelhó, en julio de 2021 la población se rebeló en contra de la familia caciquil que abrió la puerta a la entrada de las organizaciones criminales, responsables de unas 200 muertes, y formó algo inédito en Chiapas: un grupo de autodefensas. Unos meses después, siguiendo su ejemplo, se presentaron públicamente otros tres grupos de autodefensas en un Estado donde, hace menos de un año, no había ninguno.

* * *

La marcha zapatista recorre a buen paso las calles del centro histórico de San Cristóbal de Las Casas. Los turistas observan estupefactos, los sancristobalenses salen de las tiendas y enmudecen. 

“¿Qué pasa?”, pregunta maravillada una mujer con un bebé. 

“Es por lo de Ucrania”, le contesta un hombre que graba el desfile con su celular.

“Alto a la guerra. Ni Putin ni Zelensky”, dice una de las mantas del EZLN, que una vez más no toma partido con ningún Estado y se solidariza con los pueblos en resistencia de ambos países.

El EZLN marcha en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraína y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

Un helicóptero sobrevuela la ciudad, mientras los tercios compas – los comunicadores del EZLN – corren de un lado al otro de la marcha registrando cada momento con sus grabadoras y cámaras. Un zapatista reparte volantes a las personas que pasean en uno de los andadores turísticos.

Cuando la marcha entra en el zócalo de la ciudad colonial – la misma plaza que el EZLN tomó con las armas en 1994 y en muchas más ocasiones ocupó pacíficamente – empiezan los aplausos de los simpatizantes zapatistas. “Bienvenidos”, gritan algunos. “Gracias”, dicen otros. Una turista norteña se cuela entre ellos y se coloca al frente de la marcha, a lado de dos mujeres encapuchadas que cargan una bandera con una estrella roja. Posa feliz para la foto. 

La marcha zapatista sigue en la ciudad de las contradicciones. Son más de 6 mil los marchantes en San Cristóbal de Las Casas y otros miles se manifestaron en otras cabeceras municipales chiapanecas. “Somos millones de hermanos y hermanas en el mundo que sufrimos la misma guerra injusta del capitalismo, por eso: ¡A organizarnos!”, es la invitación del EZLN.

Artículo publicado en Animal Político el 14.03.2021: https://www.animalpolitico.com/2022/03/ezln-marcha-chiapas-guerra-ucrania-conflictos-capitalistas/