Desplazados de Chenalhó exigen desarme de grupos armados y retorno seguro en Chiapas

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Javier Ruiz Pérez estuvo dos días escondido con su familia en las montañas del sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas. No tenían comida ni agua, pues tuvieron que salir corriendo de su casa tras el asesinato de su padre, el agente rural municipal Juan Ruiz Morales.

“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

Foto: Orsetta Bellani

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.

Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.

La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

Foto: Orsetta Bellani

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

Foto: Orsetta Bellani

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022: https://desinformemonos.org/desplazados-de-chenalho-exigen-desarme-de-grupos-armados-y-retorno-seguro-en-chiapas/

En Chiapas, militares frenan operativo para entrar en Santa Martha, de donde 138 personas se desplazaron por la violencia

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Margarita Velasco Velasco ya no quiere ni comer. Le arde la panza, le duele la cabeza y tiene los pies rasgados por las espinas que pisó en el monte. En la madrugada del sábado antepasado, tras tres días de tiroteos, la mujer tuvo que huir a un cerro con su marido y sus cuatro hijos. Dejaron atrás su casa en el sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas, que ha sido quemada con todas sus pertenencias por un grupo armado que se quiere adueñar de 22.5 hectáreas de tierra que su familia y otras están cultivando desde hace un par de años.

Fue tras muchas horas de camino que, el domingo antepasado, Margarita se pudo reunir con familias procedentes de distintas comunidades de Santa Martha en un campamento de desplazados que se improvisó en la localidad Majomut, en el colindante municipio de San Juan Chamula. Allí se juntaron 138 personas; entre ellas, hay niñas y niños, dos mujeres embarazadas y algunas enfermas de gravedad. Estuvieron totalmente abandonadas durante cinco días y fue hasta la mañana del viernes que Protección Civil de Chiapas informó haber entregado despensas, colchonetas, agua y pañales a los desplazados. Aseguró que se encuentran albergados con familiares y que se mantiene la posibilidad de activar unos refugios temporales.

Mujeres desplazadas del Sector Santa Martha, Municipio de Chenalhó, a causa de los enfrentamientos que se dieron a partir del 29 de septiembre de 2022. Foto: Orsetta Bellani

“Según mis contactos en Santa Martha, el conflicto que empezó el 29 de septiembre ha cobrado la vida de unas 20 personas y muchas casas fueron quemadas”, dice Reynaldo Pérez, del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que está acompañando a las familias refugiadas en Majomut. “También hay personas desplazadas en San Cristóbal de Las Casas y otras siguen desaparecidas en el monte tras el desplazamiento forzado: hay familias que durante la fuga se tuvieron que dividir y perdieron a sus seres queridos”. 

Reynaldo Pérez desmiente además los rumores que llegan de varias partes, y que acusan a los desplazados de ser parte de uno de los grupos armados que operan en Santa Martha. Se trata de un sector del municipio de Chenalhó donde hay presencia de grupos armados a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las agrupaciones de hoy no son las mismas que entonces y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), actualmente operan cinco grupos que la población reconoce y nombra por sus vestimentas: les dicen ninjas, exmilicianos, soldados, militares y rambos.

Estos grupos armados mantienen fuertes disputas de tierras con dos municipios colindantes: Aldama y Chalchihuitán, donde a partir de 2017 causaron muertes y el desplazamiento forzado de miles de personas. La población de ambos municipios vive bajo el acoso constante de los balazos de los hombres armados de Santa Martha, que ni los acuerdos que se firmaron en 2020 pudieron apaciguar. Lo que sí hicieron estos convenios fue otorgar tierras a los habitantes de este sector de Chenalhó: el acuerdo de noviembre de 2020 con Aldama les brindó 27.5 hectáreas, el que se firmó el mes anterior los volvió legítimos dueños de 22.5 hectáreas de tierras que anteriormente pertenecían a Emiliano Zapata, en el municipio de Chalchihuitán. 

Según afirman las familias desplazadas, es por el reparto de estas tierras que se recrudecieron las tensiones internas entre los grupos de Santa Martha. “Llevamos años cultivando las 22.5 hectáreas que eran de Emiliano Zapata y que ahora nos corresponden, pero el comisariado y los agentes de bienes comunales se organizaron para sacarnos a balazos y quitarnos el terreno”, dice Vicente Gómez Velasco. 

El campesino ya había tenido que desplazarse por la violencia el 25 de junio pasado, junto con unos 100 hombres más. Luego se abrieron unas mesas de negociación que permitieron su retorno, hasta que la semana pasada escuchó a unos hombres decir en el radio que iban a quemar su casa y asesinar a quienes allí se encontraban. Decidió entonces meterse otra vez al monte, ahora con toda su familia y otras 25 personas. Huyeron hasta llegar al campamento de desplazados, desde donde piden que el gobierno pacifique Santa Martha y desarme a los grupos armados que allí operan.

El convoy militar se detiene en la comunidad de Belisario Domínguez, instantes antes de decidir no entrar a Santa Martha y darse vuelta atrás. Foto: Orsetta Bellani

En la mañana del jueves, un convoy integrado por 14 elementos del Ejército, 12 de la Guardia Nacional y 30 policías estatales y municipales salió de la cabecera municipal de Chenalhó para ir a Santa Martha, donde hasta el momento ninguna autoridad ha ingresado. Sin embargo, a la altura de la comunidad Belisario Domínguez, el convoy hizo marcha atrás.

“Ya allá está tranquilo, ya no hay ningún problema, la gente que se desplazó en estos días regresó a sus viviendas”, dijo el jueves a la prensa Jesús Jiménez Velasco, comisariado ejidal de Santa Martha, antes de subirse al convoy militar. En realidad, ni los soldados todavía se atreven a entrar a la zona. 

Artículo publicado en Animal Político el 8.10.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/10/chiapas-militares-operativo-santa-martha-desplazados/

Exigen chiapanecas que Congreso despenalice el aborto

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

«El aborto es un asunto de salud pública y el Estado tiene que garantizar este derecho». Con esta convicción, miles de mujeres realizaron marchas y acciones en todo Chiapas por su autonomía corporal y su derecho a decidir: en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula, Ocosingo, Tonalá, San Fernando y Mapastepec.

En el marco de la semana de acción global por la despenalización del aborto en América Latina y en el Caribe, en San Cristóbal de Las Casas se llevó a cabo el “Conversatorio salud sexual, justicia reproductiva y aborto en Chiapas”. Durante el evento se celebraron los logros del movimiento por el aborto a lo largo de las últimas décadas: su despenalización en la Ciudad de México, que sembró esperanza en otros estados; el boom de la Marea Verde que nació en Argentina en 2018 y pronto llegó a México con un impacto en la fuerza de las movilizaciones a nivel nacional, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 septiembre de 2021, que declaró inconstitucional que las mujeres, las personas que las acompañan y el personal médico sean criminalizadas por el aborto.

Marcha por el derecho al aborto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“Esto significa que ningún juez en todo México puede dictar una sentencia por aborto, nadie ya irá a la cárcel y tenemos que dejar de tener miedo de hablar públicamente de esto”, afirmó Alejandra Muñoz Ortiz, de la Red de Justicia Reproductiva en Chiapas. “En nuestro estado y en muchos otros estamos en una laguna legal que debemos usar a nuestro favor”, agregó.

Con su movilización, las chiapanecas pidieron a los legisladores locales armonizar el código penal – que criminaliza a las mujeres que abortan voluntariamente y dispone hasta tres años de cárcel para el personal de salud y el cese de su cédula profesional – a la sentencia de la SCJN de septiembre de 2021 y a las tres que siguieron en la materia. Exigieron además que la Ley General de Salud reconozca el derecho de las mujeres y personas gestantes a un aborto seguro.

Mujer encapuchada durante la marcha del 28S en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

Con este fin, las organizaciones feministas están haciendo labores de incidencia ante el Congreso del Estado y, para que sean más efectivos, en los próximos meses la Red de Justicia Reproductiva en Chiapas y Abortistas MX promoverá un amparo.

Hasta el momento, en Chiapas el aborto es legal y seguro sólo para las víctimas de violación sexual, en el caso en que la vida de la madre corra algún riesgo y por malformación del feto, según dispone la norma 046 de 2009. En todos los hospitales básicos comunitarios de la entidad hay una persona encargada del Programa Aborto Seguro, donde las mujeres pueden acceder sin presentar denuncia penal de violación ante la autoridad y sin que se le pueda cuestionar su buena fe. Además, las menores de edad pueden acudir sin permiso de sus padres.

Las chiapanecas marchan en San Cristóbal de Las Casas por el derecho a un aborto seguro. Foto: Orsetta Bellani

“Qué los médicos cambien su pensar, su sentir, que no discriminen a las mujeres”, urgió Juana Pérez Hernández, indígena tzotzil integrante de Nich Ixim – Movimiento de Parteras de Chiapas. “Hay gente que piensa que es un ser humano que se está matando y te presentan un video con un feto ya desarrollado y descuartizado… eso es inventado. El producto para mí, yo lo veo como una semilla”, señaló en el conversatorio.

Durante el encuentro también se señaló la necesidad de impulsar la educación sexual y el uso de anticonceptivos entre las y los jóvenes para prevenir embarazos no deseados, siendo que “ninguna mujer aborta por gusto”, y se habló de la importancia de que la despenalización legal sea acompañada por una social.

Marcha por el derecho al aborto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

Chiapas busca a sus desaparecidos

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

El aserrín simboliza la arena del desierto y cubre unas zapatillas, una mochila y otros objetos que los migrantes suelen cargar. Se trata de la instalación que el Comité Junax Ko’tantik – Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes puso el martes 30 de agosto en el parque de San Cristóbal de Las Casas, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A su lado colocó un “árbol de la memoria”, con un tendedero donde las familias colgaron las fotos de sus seres queridos desaparecidos y mensajes para ellos.

Junax Ko’tantik es tal vez el único colectivo de familiares de ausentes del sureste de México y reúne personas que están buscando a migrantes desaparecidos en los estados del país, durante su cruce por el desierto o una vez ya instalados en Estados Unidos. Su trabajo está acompañado por la asociación civil Voces Mesoamericanas y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes en 2012 crearon un Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados, junto con otras instituciones.

Acción en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Foto: Orsetta Bellani

“Les exijo a las instituciones públicas que nos escuchen, que se pongan la mano en el corazón y que digan «sí voy a ayudarte a buscar, voy a poner mi granito de arena como funcionario público»”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, durante el foro Desaparición en Chiapas, que se llevó a cabo el lunes 29 de agosto en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el evento, Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que algunas familias de la Costa de Chiapas y de la zona fronteriza con Guatemala –de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde se registran enfrentamientos entre presuntos grupos de la criminalidad organizada– se les acercaron para denunciar la desaparición de sus seres queridos.

El Foro Desaparición Forzada en Chiapas se llevó a cabo en el restaurante Taniperla de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

El Frayba destacó también el registro de decenas de personas ausentes desde la guerra de contrainsurgencia de los años 90 en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Recordó que en la sola zona norte de Chiapas – en los municipios de Tila, Tumbalá y Salto de Agua – entre 1994 y 2000 el grupo paramilitar Paz y Justicia, con el apoyo del estado y del ejército, desapareció a 37 personas, quienes el 30 de agosto fueron conmemoradas en la comunidad Susuclumil, Municipio de Tila, durante un evento convocado por el colectivo Colembij.

En el foro que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, la directora general de Melel Xojobal AC, Jennifer Haza, presentó datos sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, que contrastan con los del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). De acuerdo con la asociación civil, 476 menores de edad que han desaparecido en los últimos 4 años en el Estado aún no han sido localizados, tratándose en su mayoría de mujeres adolescentes. Haza destacó que la lucha de las familias y de la sociedad civil llevó a la aprobación, hace poco más de un año, de un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescente (PABNNA).

Acción en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Foto: Orsetta Bellani

A pesar de la invitación, al Foro Desaparición en Chiapas no acudió ningún representante de la Fiscalía ni del Congreso del estado, pero participó Alejandra Rovelo Cruz. Sólo la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas de Chiapas (CEEAV) se presentó.

“Aunque no se encuentre mi ser querido desaparecido, ya es ganancia que se encuentren a uno, dos, tres al día y si se puede más. Esta es mi exigencia el día de hoy ante las autoridades”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, madre de un joven chiapaneco desaparecido en el WalMart de Nuevo Laredo, Tamaulipas. “A mis compañeras y compañeros les pido que no nos cansemos y sigamos la búsqueda. Yo sé que es difícil, porque de tanta desesperación una cae en depresión, pero tenemos que secarnos estas lágrimas, llorar hasta donde podamos y seguir adelante”, concluyó.

Artículo publicado en Desinformémonos el 1.09.2022: https://desinformemonos.org/chiapas-busca-a-sus-desaparecidos/

“No voy a huir porque soy inocente”, dice el sacerdote chiapaneco a quien la fiscalía estatal acusa de desaparición

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

En su vida, el padre Marcelo Pérez ha sido perseguido en varias ocasiones. Por las amenazas de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, tuvo que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó, Chiapas. Por las presiones de Juan y Ramiro Gómez, dos expresidentes municipales que según el sacerdote se beneficiaban de tráficos ilegales, tuvo que dejar Simojovel. “Ya llevábamos tres peregrinaciones en contra de la violencia en el municipio y es cuando reaccionan los Gómez y contratan personas. Le dan precio a mi vida: de 100 a 150 mil pesos”, recordaba entonces en entrevista. 

Ahora, quien da caza al cura tzotzil es la Fiscalía General de Chiapas, que emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas en Pantelhó, aunque familiares hablan de hasta 21 personas retenidas.

Los pobladores del municipio de los Altos de Chiapas están desaparecidos desde hace un año, cuando los habitantes del municipio se levantaron en contra del crimen organizado, sacaron a los políticos supuestamente coludidos y crearon un grupo de autodefensas llamado El Machete. El 26 de julio de 2021, día en que miles de personas tomaron la cabecera municipal, 21 hombres fueron expuestos en el parque central con las manos esposadas y acusados de tener vínculos con la criminalidad organizada. Desde entonces no se sabe nada de ellos. 

Sus familiares afirman que el responsable del delito es El Machete, que siempre rechazó las acusaciones. “Aquel día llegaron miles de personas de los municipios colindantes, todo el mundo iba encapuchado, no fuimos nosotros en retenerlos”, se defendió el comandante de El Machete en febrero, en ocasión de la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Hasta el cierre de edición, el organismo no respondido a este medio las preguntas sobre el caso.

El padre Marcelo ya demostró ante la fiscalía que se encontraba en Simojovel el 26 de julio de 2021, cuando la población de Pantelhó tomó la presidencia municipal. Llegó el día después, para calmar los ánimos y entablar su trabajo de mediación entre el gobierno y los pobladores.

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El 5 de julio, alrededor de 20 mil integrantes del Pueblo Creyente, un movimiento católico que tiene mucha presencia en Chiapas y enfrenta represión, se movilizaron en unos 10 municipios. Las peregrinaciones se dieron en ocasión del primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que solía alentar a los feligreses de la parroquia de Santa Catalina de Pantelhó a denunciar la presencia del crimen organizado en la zona. Fue justo a unos días de su asesinato que la población organizada de este municipio, harta de tanta violencia, decidió rebelarse. 

En Nuevo Israelita, la comunidad de Simón Pedro, unos centenares de personas peregrinaron para conmemorar su vida y su legado. Frente a la casa de su familia, donde se encuentra su tumba, dejaron flores y tocaron música, algunos lloraron.

En San Cristóbal de Las Casas, la peregrinación del Pueblo Creyente del 5 de julio fue sobre todo un acto de solidaridad con el padre Marcelo Pérez. Unas mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, desfilaron por las calles de la ciudad hasta su zócalo, llevando flores e imágenes religiosas. El cura chiapaneco encabezó la movilización; como siempre, llevaba una boina negra y cargaba una bandera blanca con la palabra “paz”. 

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre al cierre de la peregrinación. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”. 

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Desde hace meses existían versiones que señalaban una relación entre el padre Marcelo y la desaparición de los pobladores de Pantelhó. “El cura dice que están vivos”, dijo un funcionario público a los familiares de los ausentes que se manifestaban frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, el 30 de septiembre de 2021

“Quien dijo esto es un irresponsable, yo no tengo ninguna información sobre las personas desaparecidas”, replicó el sacerdote en entrevista, el día después. 

El funcionario habló detrás de las rejas de un Palacio de Justicia cerrado, al que los manifestantes no tuvieron acceso. Desde hace un año, los familiares de los desaparecidos de Pantelhó, que no paran de tocar puertas de fiscalías y dependencias estatales y federales, acusan a El Machete de la desaparición de sus seres queridos y denuncian el involucramiento del sacerdote tzotzil. 

El 21 de junio, Pedro Cortés López, expresidente del Concejo Municipal de Pantelhó —elegido por usos y costumbres en agosto de 2021 tras el levantamiento popular—, ofreció una rueda de prensa frente al Congreso de Chiapas. Tras su ruptura con las autodefensas, que lo destituyeron por no haber supuestamente cumplido con la Cuenta Pública, Cortés aseguró que El Machete tiene a los secuestrados con vida y que durante la visita de la CNB los mantuvo escondidos. Justo después de la rueda de prensa, el presidente del Concejo Municipal fue detenido con el exregidor concejal Diego Mendoza Cruz por el delito de desaparición cometida por particulares, y se encuentra ahora en prisión preventiva en el penal El Amate de Cintalapa, Chiapas. 

“Empezamos a tener un poco de esperanza y fe en recibir una respuesta alentadora sobre el paradero de nuestros familiares”, escribieron entonces los familiares de los desaparecidos en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Exigimos la detención de los comandantes del grupo paramilitar El Machete por los delitos de secuestro y desaparición forzada de nuestros 21 familiares”.

Fue unos 10 días después que las versiones sobre el supuesto involucramiento del padre Marcelo Pérez se volvieron acusaciones formales.

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Cuando en octubre de 2021 el padre Marcelo Pérez llegó como párroco a la iglesia de la Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, muchos coletos no estuvieron contentos. En varias ocasiones, esta ciudad recibió a sacerdotes que caminaban “al lado de los pobres” (empezando con Fray Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI y pasando por Samuel Ruiz en los años 90, cuya predicación puso involuntariamente las bases al nacimiento del EZLN) y algunos feligreses temían la cercanía del padre Marcelo con los movimientos sociales.

El cura tzotzil, originario de San Andrés Larráinzar, fue acompañante de varias peregrinaciones del Pueblo Creyente en contra de la violencia y en defensa del territorio. En marzo de 2015, unas 15 mil personas encabezadas por el padre Marcelo cruzaron las montañas de medio Chiapas para manifestarse en favor de la paz y en contra de las actividades ilícitas en Simojovel. Salieron de la cabecera municipal y caminaron durante cuatro días, cargando cruces y pancartas, hasta llegar exhaustos a la abrasadora capital chiapaneca. 

Padre Marcelo Pérez (a la derecha) durante la peregrinación del pueblo zoque en contra de la ronda petrolera. Foto: Orsetta Bellani, junio de 2017

El sacerdote regresó allí dos años después, cuando la movilización del pueblo zoque acabó en una peregrinación masiva y en la suspensión de la ronda petrolera 2.2. “No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra iglesia. Dios es el primero que levanta la voz diciendo: ‘no matarás’. Y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirmó el cura durante la misa que celebró frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, al cierre de la caminata.  

El padre Marcelo Pérez también acompañó a los sobrevivientes de las masacre de Acteal y a los tzeltales de San Juan Cancuc y Chilón que defienden su territorio y luchan en contra de la militarización. En navidad de 2017, el cura chiapaneco celebró la misa en las montañas de Chalchihuitán, donde más de 5 mil personas llevaban casi dos meses desplazadas tras el ataque de un grupo armado de Chenalhó.

Así que nadie se sorprendió cuando, al llegar a San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los episodios de violencia están creciendo de forma exponencial, el padre Marcelo empezó a hablar de un “movimiento de la vida por la paz de San Cristóbal”. El 16 de junio pasado, en ocasión del Corpus Christi y a dos días de que un grupo de hombres armados tomó durante cinco horas la zona norte de la ciudad, el padre Marcelo y un puñado de feligreses peregrinaron por primera vez por el cese de la violencia en la ciudad chiapaneca.

Artículo publicado en Animal Político el 8.07.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/07/sacerdote-chiapas-acusado-desaparicion-personas/

5 defensores de la tierra son vinculados a proceso por el presunto homicidio de un policía municipal

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Fueron vinculados a proceso los cinco defensores del territorio tseltales que la semana pasada habían sido detenidos por el presunto homicidio de Antonio Aguilar Pérez, policía municipal de San Juan Cancuc. 

En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Integrantes del Pueblo Creyente frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, el sábado 4 de junio de 2022. Foto: Orsetta Bellani

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del policía municipal fallecido Antonio Aguilar Pérez, pide justicia por su padre frente al penal de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/procesan-5-defensores-tierra-presunto-homicidio-policia/

En Chiapas, 5 defensores de la tierra son acusados del supuesto homicidio de un policía, sin pruebas de que fuera asesinado

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Ya había pasado la medianoche del sábado 28 de mayo, cuando los habitantes del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en Chiapas, salieron a la calle para ver qué estaba pasando. Alguien gritaba desde el fondo de un barranco y no los dejaba dormir en paz. 

Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.

En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.

“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).

Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

Peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente. 

Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.

“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.

Otra imágen de la peregrinación del Pueblo Creyente frente al penal de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad inmediata de los 5 defensores del territorio detenidos en San Juan Cancuc. Foto: Orsetta Bellani

El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.

Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos. 

“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo. 

“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.

Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control. 

Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. 

Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado. 

Foto: Orsetta Bellani

El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una. 

La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando. 

“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.

Artículo publicado en Animal Político el 6.06.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/06/chiapas-defensores-pueblos-indigenas-acusados-homicidio-policia/

Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

“Ya me voy”, dijo Marcelino.

“¿Adónde?”, preguntó ella con un poco de sarcasmo.

“Me acaban de decir que hoy me puedo ir”, contestó.

Durante 20 años, 3 meses y 2 días, Marcelino Ruíz peregrinó entre las cárceles de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Yajalón y Comitán. Desde el comienzo luchó por su libertad. Al no haber tenido acceso a un traductor a su idioma, el tsotsil, decidió aprender el castellano. Estudió historia, leyó biografías: “En la cárcel descubrí que me encanta leer, es un hábito que ahora tengo”, dice. Se dedicó a hacer dibujos y escribir comunicados para denunciar las violaciones a los derechos humanos que padecen los presos en las cárceles chiapanecas, y que difundía gracias al apoyo de No estamos Todxs, un grupo de trabajo anticarcelario que acompaña a varios presos en lucha de Chiapas.

En marzo de 2019, Marcelino Ruíz fundó la organización Viniketic en Resistencia, que es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y empezó a articularse con otros colectivos de presos en lucha: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate.  

Organizaron dos huelgas de hambre: la primera etapa, de 60 días, empezó en marzo de 2019 y terminó cuando les prometieron revisar sus expedientes. Entre los huelguistas, el primero en salir de la cárcel fue Juan de la Cruz Ruíz, que todavía seguía detenido tres años después de que la Mesa de Reconciliación — un órgano que revisa los expedientes de los internos y que está formado por los tres poderes del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos—, había determinado su excarcelación. Fue liberado en diciembre de 2019 y aún no soporta el olor a chile molido, que fue lo que le introdujeron en la nariz durante las torturas.

“Uno de los agentes judiciales me pidió 80 mil pesos a cambio de que me soltaran en ese momento y, como yo no tenía esa cantidad, ya fue que ordenó de que ya no me estén torturando, que porque no vaya a morir yo en sus manos pero, todo lo contrario… me pusieron cables eléctricos en mis partes íntimas”, Juan de la Cruz Ruíz.

La segunda etapa de la huelga de hambre empezó en los primeros meses de pandemia, en mayo de 2020. “Ingerí pura agua con miel durante 75 días. Me empalagaba, me asqueaba, ya no quería ni beberla”, recuerda Marcelino Ruíz.

Adrián Gómez Jiménez salió de la cárcel poco después, en septiembre de 2021, a pesar de que su sentencia absolutoria había sido pronunciada 26 meses antes. Estuvo preso injustamente durante 15 años, y padeció torturas que revive cada vez que ve a un policía en la calle, o escucha el sonido del metal.

“Mi dignidad, mi inocencia, y moralmente estaba por los suelos. No me quedaba otra salida que autoinculparme para que me dejaran de torturar. Me prefabricaron los delitos de privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y robo de auto”, Adrián Gómez Jiménez.

Fue justo después de su liberación que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la opinión 43/2021 . En ella se reconoce que Juan de la Cruz, Adrián Gómez, Marcelino Ruíz y los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y no les fue garantizado su derecho al debido proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU insta al Estado mexicano a poner en libertad inmediata a Marcelino Ruíz y a Abraham y Germán López Montejo, y solicita el otorgamiento de indemnizaciones y otros tipos de reparaciones para los cinco presos y ex presos en lucha.

Marcelino Ruíz salió de la cárcel el 7 de mayo junto con otras 231 personas, detenidas en distintas cárceles de Chiapas, después de que la Mesa de Reconciliación revisara sus expedientes. Había sido acusado de homicidio el 5 de febrero de 2002, tras haber sido detenido en su bicicleta en la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas por unos hombres que iban de civiles, y que lo torturaron hasta que firmó su condena. Tres delitos más le fueron fincados unos años después, cuando la policía nuevamente lo detuvo y golpeó, al encontrarlo en casa de su mamá tras una fuga masiva de reos. 

Su huida rocambolesca de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, que lo llevó a vagar sin rumbo en el monte durante tres días, se dio en 2004. Marcelino estaba tejiendo una bolsa cuando escuchó unos disparos y vio a los presos amontonarse frente a una puerta que se encontraba abierta: “Los compañeros se veían como borregos en un potrero, iban de un lado al otro. Levanto la mirada y me doy de cuentas de que nos estaban disparando desde la torre”, dice. El miedo fue tan fuerte que sus recuerdos de que aquel día son imágenes obscuras, como si fuera de noche, a pesar de que eran las dos de la tarde.

Durante la fuga un interno fue asesinado por un disparo y la responsabilidad fue atribuida a Marcelino. Además, fue acusado por fuga y por el homicidio de otro hombre.

“Mi defensor investigó y nos enteramos de que esta persona existía solo en el papel, no en la realidad. No existían ni el muerto, ni su familia. Era totalmente fabricado, entonces no pudieron condenarme”, afirma Marcelino Ruíz. Si la Mesa de Reconciliación no hubiera revisado su caso, se habría quedado en la cárcel hasta 2033.

La libertad para Abraham y Germán López Montejo llegó este 18 de mayo. Los hermanos originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán salieron del CERSS no. 5 de San Cristóbal de Las Casas tras un cautiverio de 11 años, 3 meses y 28 días. Habían sido detenidos en enero de 2011, mientras se encontraban sentados en el parque central de su pueblo; los esposaron y trasladaron a la comisaría, donde fueron torturados. 

“Me dolía todo el cuerpo y la garganta, me sentía la muerte. Escuché que sacó su arma, le cortó el cartucho: ‘habla, hijo de tu puta madre, traga esa agua me vale madre matarte, no vales nada’. Los demás se reían, risotadas cuando me estaba diciendo esas palabras. Me desmayé varias veces y me seguían amenazando de mi familia”, Germán López Montejo.

“Le dije que no, que no iba a firmar nada. Ahí es donde me falsificaron mi declaración, me hicieron firmar a la fuerza, como encontraron mi credencial de elector con esto copiaron mi firma”, Abraham López Montejo.

Ahora, los cinco presos en lucha beneficiarios de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se encuentran libres. Después de tantos años de cautiverio, su regreso a casa no es tan sencillo.

“Salir es otro reto, se trata de volver a empezar de nuevo, de salir a la calle y ver otro mundo diferente aquí afuera”, dice Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz e integrante del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha de Chiapas. “Tras su liberación, los compañeros suelen tener miedo a salir a la calle, pues cuando se topan con policías le regresa el recuerdo de la detención y de las torturas. Además, a menudo tienen pesadillas de que siguen en la prisión”.

Cuando regresó a San Cristóbal de Las Casas tras casi 20 años de estar preso, Marcelino Ruíz Gómez quedó asombrado al ver tantos carros y tantos turistas en el centro de su ciudad. Se sintió desubicado y no podía creer que en el campo de árboles de peras que diario cruzaba cuando era chavo, ahora surge la colonia de casas de tablas y bloques donde vive su familia. “Le exijo al gobierno mexicano reparación de daño para mí y mis cuatro compañeros”, dice. “Hay daños que son irreparables, como los psicológicos y emocionales, además del sufrimiento de nuestras familias. Pero sí exigimos una reparación de daño por todo lo que hemos perdido”. 

Artículo publicado el 19.05.2022 en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/05/presos-chiapas-onu-tortura-huelgas-hambre/

Las Abejas de Acteal rechazan propuesta del presunto asesino del defensor Simón Pedro

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Diez días de reflexión colectiva para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Diez días de debates internos para decidir sobre la propuesta de la defensa del presunto asesino de Simón Pedro Pérez López, catequista que en 2020 fue presidente de la mesa directiva de la organización.

Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel, Chiapas. Su sicario llevaba todo el día siguiéndolo y, como muestra un video que los legales de su familia presentaron ante el juez como prueba, le disparó a la cabeza desde atrás. Se cayó bocabajo, en el mercado alborotado de la cabecera municipal.

El representante legal de la familia de Simón Pedro, Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que el crimen fue desde el principio considerado como homicidio calificado, “o sea como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión”.

El abogado afirma que, sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo en el Juzgado de Control de Cintalapa, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, consistente en la admisión de responsabilidad a cambio de que el delito fuera reducido a homicidio simple, sin más calificaciones, con una penalidad de entre 8 y 20 años de prisión.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas analizaron en detalle la propuesta presentada por la defensa, desde su fe y su creencia. No es fácil tomar una decisión de este tipo, cuando la persona que falta es tu compañero, tu esposo o tu hijo. Y duele aún más cuando conoces al presunto asesino, pues es originario de la misma comunidad de Simón Pedro y su familia.

Simón Pedro Pérez durante una entrevista en Acteal Chiapas,, el 22 de noviembre de 2020. Foto: Orsetta Bellani

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado la organización tsotsil.

De acuerdo con Gómez Hernández, con esta decisión Las Abejas de Acteal quisieron trazar un camino que no fuera sólo para este caso, sino también para los de todos los defensores de derechos humanos asesinados. “Esperamos que el estado ejerza todo su poder de investigar y dar con los autores intelectuales del asesinado, porque esta persona no actuó solita”, afirma el abogado.

Simón Pedro Pérez López era originario de la comunidad Nuevo Israelita, que se encuentra en Simojovel, pero su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio continuo de Pantelhó, en la parroquia de Santa Catalina. Allí, el militante tsotsil no sólo predicaba los Evangelios, sino también invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que azotaba la región. Unos días antes de su asesinato la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recibió un documento elaborado en una serie de reuniones en las que Simón Pedro había participado, donde se detalla cómo las comunidades de Pantelhó estaban secuestradas por grupos armados que gestionaban los tráficos ilícitos en la zona, con la participación de políticos locales y policías. Por esto, Las Abejas de Acteal están convencidas de que la criminalidad organizada está detrás de su asesinato.

Y por esto, un par de días después de su homicidio, la situación en Pantelhó estalló: la población se levantó en contra del crimen organizado, formó un grupo de autodefensa llamado El Machete, sacó a los políticos coludidos con los criminales e instauró un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que ha sido reconocido por el Congreso de Chiapas.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21.04.2022: https://desinformemonos.org/las-abejas-de-acteal-rechazan-propuesta-del-presunto-asesino-del-defensor-simon-pedro/

Un Vía Crucis por la libertad absoluta de los tseltales Cesar y José Luis

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, Chiapas. Los dos estaban golpeados, sangrientos y en shock. Era el 15 de octubre de 2020 y se estaban manifestando pacíficamente con otros ejidatarios para pedir que en San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, no se instalara un cuartel de la Guardia Nacional, cuando fueron golpeados, arrastrados y subidos a una patrulla por la policía.

“Estamos en contra del cuartel de la Guardia Nacional porque trae problemas: ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”, afirma José Luis Gutiérrez Hernández, que como Cesar es militante de la organización católica Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). “Lo sabemos porque en nuestro territorio ya tuvimos un cuartel militar. Lo construyeron en los 90 tras el levantamiento del EZLN y con la lucha logramos que se cerrara, pues nos trajo muchos problemas”.

José Luis Gutiérrez Hernánde (izquierda) y Cesar Hernández Feliciano (derecha). Foto: Orsetta Bellani

José Luis contaba su historia, sentado en una banca de la iglesia de la comunidad de Pamal Nahbil, municipio de Chilón, un templo nuevo y monumental en el medio de la Selva Lacandona. José Luis, Cesar y el Pueblo Creyente de Chilón estaban esperando a que parara la lluvia que azotaba el techo de lamina de la iglesia, y así poder emprender el Via Crucis que organizaron para el 8 de abril: 4 kilómetros de procesión, hasta la comunidad de San Miguel C’anxanil, en contra de los megaproyectos y la militarización, y para pedir libertad absoluta para los dos defensores comunitarios.

Cuando los dos militantes de Modevite se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, no podían imaginar que durante 17 días compartirían una celda en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) El Amate, ni que a un año y medio de su tortura y detención arbitraria hubieran seguido en libertad condicional: ahora viven en sus comunidades, pero tienen la obligación de firmar cada dos semanas en el Juzgado de Control de Ocosingo, que se encuentra a horas de viaje de sus hogares.

A pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas tseltales, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí construyó el cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón. Fue autorizado únicamente por el comisariado municipal y el presidente municipal de Chilón, pero a pesar de que está terminado es el único de los diez cuarteles chiapanecos que todavía no ha sido inaugurado. Esto se debe con toda probabilidad a la demanda de amparo en contra del cuartel interpuesta por el CDH Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y al CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que tomaron la defensa legal del pueblo indígena tseltal.

El Vía Crucis que se llevó a cabo en la iglesia de Pamal Nahbil pide un alto a los megaproyectos y a la militarización, y libertad absoluta para José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano. Foto: Orsetta Bellani

“Cancelación del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián”, se lee en una de las pancartas que acompañaban el Via Crucis del viernes, que finalmente se realizó adentro de la iglesia de Pamal Nahbil, pues el frente frío que cayó como un balde de agua en la Lacandona no permitió llevar a cabo la procesión al aire libre. Las demás pancartas pedían la exoneración de los cargos en contra de José Luis y Cesar, el fin de la militarización del territorio tseltal y la prohibición a la entrada de empresas transnacionales intencionadas a construir hidroeléctricas o a explotar los manantiales, como la Coca Cola.

El próximo sábado, Cesar y José Luis se encontrarán una vez más en el Juzgado de Control de Ocosingo para firmar. “El pasaje para Ocosingo es caro y difícil de sostener para nuestras familias”, dice Cesar Hernández Feliciano. Cada vez que viajan a Ocosingo, a los dos defensores comunitarios les toca revivir la violencia y las humillaciones que sufrieron durante los días de su arresto y detención.

Artículo publicado en Desinformémonos el 11.04.2022: https://desinformemonos.org/un-via-crucis-por-la-libertad-absoluta-de-los-tseltales-cesar-y-jose-luis/