Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Los disparos duraron siete horas. Guadalupe Vázquez Luna los escuchaba escondida debajo de un cafetal, donde llegó después de mucho correr. «Vete de aquí!», le dijo su papá cuando la niña vio matar a su mamá con un balazo disparado por un paramilitar de un grupo priista (afiliado al oficialista Partido Revolucionario Institucional-PRI). Y Guadalupe corrió, hasta ocultarse en la maleza que rodea la aldea de Acteal.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Foto: Orsetta Bellani

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

Foto: Orsetta Bellani

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017.

Paramilitarismo y desplazamientos forzados en Chiapas

Renzo D’Alessandro, ALAI (Foto: Padre Marcelo Pérez)

El escalamiento de la violencia derivada de un rancio conflicto de límites territoriales entre Chenalhó y Chalchihuitán, dos de los municipios más pobres de México, ha llegado a niveles alarmantes de más de 5 mil desplazados de los cuales la mayoría son niños y cientos de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las familias desplazadas provienen de las comunidades indígenas de Ch’enmut, C’analumtic, Pom, Tzomolton, Bejelton, Tulantic, Bololchojón, Cruz Acalnam, Cruztón, ubicadas al sur del municipio de Chalchihuitán afectando a su vez a 7 mil personas de una docena de comunidades vecinas en una franja limítrofe con Chenalhó.

“La situación está a punto de un grave derramamiento de sangre”, así lo han reiterado las denuncias de actores locales mientras que las autoridades estatales mantienen una ambigua postura ante esta emergencia social. Tanto el párroco de Chalchihuitán, como el párroco Marcelo Pérez de Simojovel y el reconocido internacionalmente Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) han lanzado alertas y comunicados a las autoridades federales y estatales entre ellas la Secretaría General de Gobierno a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda y la Fiscalía General de Chiapas dirigida por Raciel López Salazar, cuya tímida respuesta ha sido declarar una reunión mixta con policías y militares.

La ola de violencia y desplazamientos es parte de una administración del conflicto errónea que inicia con la incompetencia por omisión de parte de los diferentes niveles de gobiernos estatal y federal para desarmar a grupos paramilitares provenientes de Chenalhó. La situación se agudizó con el asesinato de Samuel Pérez Luna, habitante de Chalchihuitán, perpetrado el pasado 18 de octubre. A partir de mediados de noviembre con la quema de muchas casas, así como de las cosechas, amenazas y balaceras a la población local por parte de cerca de 200 paramilitares fuertemente armados por el Partido Verde Ecologista y por Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó ante la anuencia silenciosa del gobierno estatal.

El conflicto se origina en 1975 ocasionada por la ineficacia e intereses de los gobiernos federal y estatal con una dotación de tierras a favor del municipio de Chenalhó que quedó inconclusa por problemas tributarios. Posteriormente en 1980, el gobierno federal ejecuta una nueva sentencia que reconoce como bienes comunales cerca de 18 mil hectáreas a favor de 1,787 campesinos del municipio de San Pablo Chalchihuitán, sobreponiendo una parte del territorio otorgado sobre los límites que se disputaba Chenalhó.

Según Martín Gómez Pérez, actual presidente municipal de Chalchihuitán, el clima de confusión se acentuó al llegar Rosa Pérez Pérez a la presidencia municipal, quien inició una serie de bloqueos carreteros solapados por el gobierno estatal que impiden el paso a los habitantes de Chalchihuitán. Asimismo existen intereses económicos estipulados en 2012, con la firma de un convenio por parte del gobierno estatal en el que se comprometió al pago de 15 millones de pesos, la construcción de 300 viviendas y la implementación de proyectos productivos para el municipio “perdedor” de juicio de agravio iniciado en 2005 (expediente 181/2005) aún sin resolver en el Tribunal Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez.

En opinión de Pedro Faro, director del Frayba, el bloqueo y la crisis de desplazados implican la necesidad urgente de actualización y adopción de las medidas cautelares que terminen con la confrontación entre municipios garantizando los derechos humanos de los afectados y la libre circulación para el accedo de ayuda. Asimismo, existen diferentes propuestas para encaminar una solución definitiva al conflicto ocasionado por el propio gobierno, mismas que desde el año 2010 han sido conformadas y lanzadas por un grupo de especialistas en el tema pero que solo han recibido indiferencia desde las esferas del gobierno chiapaneco.

Los desplazados en la franja de Chalchihuitán y Chenalhó revelan que el gobierno no está dispuesto a hacer nada contra la “gran amenaza para la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas” que denunció precisamente en Chiapas hace un par de semanas Victoria Tauli-Corpuz, relatora de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El mediocre manejo institucional evidencia un desprecio profundo del gobierno federal y chiapaneco hacia los pueblos indígenas. La situación de desesperanza e inanición alimentaria y médica de las familias que duermen atemorizadas en la intemperie y el frio de la montaña, ha convocado la solidaridad de la sociedad civil para juntar víveres e intentar llevarlos a través de carreteras bloqueadas. Sin embargo, los impulsos de solidaridad aún esperan una respuesta que supere la inoperancia de los representantes del gobierno estatal quienes, plagados de señalamientos de impunidad hacia el paramilitarismo, continúan creando perversamente conflictos económicos y de partidos entre los pueblos indígenas, alcanzando en menos de una semana –por acción u omisión– una de las peores crisis de desplazamiento forzado en este sexenio.

Artículo publicado en ALAI el 27.11.2017: https://www.alainet.org/es/articulo/189458