«Estamos hartos de represión, de falta de salud, de educación…»

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Cuando era niño, Héctor Carabalí Charrupí buscaba entrar en las reuniones de los adultos de su comunidad en el Municipio de Buenos Aires, a orillas del río Timba, en el Departamento del Cauca. Con el tiempo fue líder juvenil, maestro y fundó la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (CONAFRO), que es parte del movimiento Marcha Patriótica, y la asociación de víctimas Renacer Siglo XXI.

Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

Policía Nacional de Colombia durante una marcha en 2015 en Bogotá. Foto: Orsetta Bellani

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto?

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos.

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Icononzo, Departamento de Tolima, donde viven unos centenares de ex combatientes de las Farc. Foto: Orsetta Bellani

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

El regreso a la vida civil de las FARC: un proceso irreversible

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

En su nueva vida sin armas, los ex combatientes de las FARC-EP están residiendo en «aldeas» propias e impulsando actividades productivas, pero aseguran que el Gobierno de Iván Duque no está cumpliendo lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana.

Un bebé gordito sonríe en el fondo de pantalla del celular de Jeison Murillo Pachón. Es su hijo. Nació hace pocos meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en el Departamento de Tolima. Se trata de una de las 24 “aldeas” donde viven una parte de los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de los acuerdo de paz con el gobierno colombiano y la entrega de sus armas.

El bebé de Jeison es uno de los 90 niños que nacieron en el ETCR Antonio Nariño: en los meses siguientes a la firma de los acuerdos se registró un verdadero baby boom entre los ex combatientes. Les dicen “hijos de la paz”. “Estamos construyendo un jardín autogestionado, casi todas las instalaciones que se encuentran aquí lo son. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no nos ha apoyado”, afirma Jeison Murillo.

La ETCR Antonio Nariño. Foto: O.B.

La postguerra en Colombia se caracteriza por numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo de los Acuerdos de La Habana. Más aún ahora que el Gobierno está dirigido por Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que intentó poner trabas al acuerdo desde el comienzo de las negociaciones de paz con las FARC.

Jeison Murillo Pachón tiene 40 años, un par de gafas rectangulares y una barba espesa y bien cuidada. Mientras habla se pasa su celular de una mano a la otra como si fuera una pelota antiestrés. Cuando combatía en el frente urbano Antonio Nariño era conocido como Alirio Arango. La vida de combatiente es para él un recuerdo muy lejano: en 2003, un compañero lo entregó al ejército, que lo capturó en Bogotá acusándolo de haber organizado una serie de atentados contra miembros del gobierno, instalaciones militares y de policía, centros comerciales, hoteles, empresas de transportes público y medios de comunicación.

Murillo Pachón se encontraba en su celda en agosto de 2016, cuando supo que en La Habana la cúpula de las FARC-EP había llegado a un acuerdo con el gobierno. Pensó que difícilmente iba a ser algo solido, le parecía imposible que su organización dejara de luchar con el Estado colombiano. Se equivocaba.

Proceso irreversible.

A diferencia de ocasiones pasadas, el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil parece hoy irreversible, aunque sigue siendo incompleto y está atravesando muchas complicaciones. “Los ETCR son la demostración más palpable de la voluntad de las FARC-EP de cumplir lo pactado”, afirma. De hecho, casi todos los ex combatientes han aceptado lo pactado en La Habana y se han concentrado en las ETCR, donde hace dos años entregaron casi 9 mil armas.

Con ellas, la artista colombiana Doris Salcedo creó un “contramonumento” que se puede apreciar en el centro de Bogotá. Se llama “Fragmentos” y consiste en una habitación cuyo piso está formado por 1300 placas de metal fundido de estas armas aplastadas a martillazos por mujeres que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado. “Fragmentos” se puede caminar para percibir la dureza y la frialdad de su superficie, y el silencio que la rodea.

De todos modos, en Colombia la guerra no se ha acabado realmente: el Estado sigue combatiendo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el país está constelado de Grupos Armados Organizados, organizaciones criminales herederas de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La violencia sigue azotando el país y, en especial, a los movimientos sociales: 59 lideres sociales han sido ejecutados en los primeros 4 meses de 2019, frente a 81 en el mismo periodo del año anterior. Además, se ha matado a 133 ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

Foto: Orsetta Bellani

“Mataron a muchos compañeros pero ya no es exterminio, como ocurrió en pasado”, afirma Jeison al recordar lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC-EP tras los llamados “acuerdos de la Uribe” de 1984 que enfrentó una verdadera matanza con el asesinato de miles de militantes.

“Yo no renuncié al socialismo”

Lo que sí terminó con la firma de los acuerdos de paz de La Habana es la guerra entre el gobierno y las FARC-EP, aunque una parte de los combatientes decidieron no entregar sus armas. Les llaman “disidencias de las FARC” y se calcula que son unas mil personas las que no aceptaron lo acordado y siguen combatiendo al Estado, financiándose en buena parte con el dinero proveniente del narcotráfico. Están reclutando militantes y expandiendo su base, y acusan a la ex cúpula guerrillera de haber traicionado los principios socialistas al aceptar los acuerdos de La Habana. “Sabemos que no es cierto que traicionamos al proyecto socialista como ellos dicen”, explica Jeison Murillo Pachón. “Yo no renuncié al socialismo, en ningún momento las FARC-EP dijimos que la única vía para el socialismo es la vía armada”, subraya.

Actualmente, la guerrilla más longeva del mundo eligió la opción electoral como vía para el socialismo. En 2017 formó su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en sus primeras elecciones tuvo que enfrentarse a una rotunda derrota: sólo el 1.5% de los votantes lo eligieron. Sin embargo, los acuerdos de paz aseguran al partido FARC diez escaños en el Congreso a pesar del resultado de los comicios.

“No se sale de ser una guerrilla durante 54 años a ser el partido más votado en el país. Y no se sale de hacer la guerra – donde nuestro único contacto con las elecciones era quemar urnas u obligar los elegidos a renunciar a su cargo – a tener todo el respaldo del pueblo en las urnas”, afirma Jeison Murillo Pachón al comentar la derrota electoral.

Lo que sí preocupa a este ex combatiente son los incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados, que empezaron – asegura – desde el día en que unos 6 mil guerrilleros y guerrilleras aceptaron reincorporarse a la vida civil y marcharon desde sus campamentos rumbo a los ETCR, entonces llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

A principios de 2017, unas 300 personas marcharon desde el Departamento del Meta, por última vez en armas, a un terreno trepado en la montaña del Departamento de Tolima, en la vereda La Fila, a una hora de carretera sin asfaltar del pueblo de Icononzo. El Ejecutivo debería de haberles entregado casas y servicios. De acuerdo con lo pactado, el día de su llegada, la ETCR Antonio Nariño ya tenía que estar lista. Pero no había nada. La construyeron por su cuenta los ex guerrilleros, con el  material que el gobierno les entregó y que en buena parte está hecho con asbesto, material que en otros países ha sido prohibido por provocar cáncer.

Hoy en día, el ETCR Antonio Nariño tiene un restaurante, una tienda con billar, un hospedaje, un auditorio, baños comunales y casas. Algunas son muy sencillas – una litera, un mosquitero, la comida guardada en una reja – otras están más cuidadas y tienen pequeños lujos: televisores, masetas colgadas, muebles un poco más finos, lavadoras. Hay quienes sembraron hortalizas frente a su casa y quienes han construido un porche o un techado donde estacionar su moto.

Muchos edificios están adornados con murales, que recuerdan a comandantes de las FARC muertos en combate, o el Che Guevara, o Simón Bolívar; otros tienen pintada una hoz y martillo o una rosa, símbolo del nuevo partido nacido de la ex guerrilla.

Foto: Orsetta Bellani

Alrededor del ETCR Antonio Nariño se extienden las montañas del Tolima con su vegetación tropical. Los habitantes cuentan que cuando las FARC estaban en armas, en la zona había mucha violencia. Pero ahora la región está tranquila, a parte algunos casos de delincuencia común. Quizá también por esto, y a diferencia de otras regiones de Colombia donde los pobladores no ven de buen ojo la presencia de las “aldeas” de ex combatientes, en Icononzo no hay tensiones entre la población y las personas que viven en el ETCR. De ellos piensan que son campesinos, personas comunes y corrientes.

“Mucha gente [ex guerrilleros] se ha sentido obligada a salir de acá para buscar alternativas económicas a causa de la precariedad de la reincorporación”, sostiene Jeison Murillo Pachón, quien critica los fallos del gobierno en su apoyo a las cooperativas impulsadas por los ex guerrilleros, lo que les permitirían tener una entrada económica e insertarse nuevamente en la sociedad de forma colectiva. “Aquí tenemos tres cooperativas con varios proyectos: una agropecuaria, una multiactiva de manufactura, una multiactiva de servicios, una fundación de cultura y una asociación productora de cerveza”, enumera.

Sólo un proyecto aprobado

De todos estos proyectos, sólo uno ha sido aprobado por el gobierno, los demás han sido impulsados de forma autónoma. En total, de los 52 proyectos productivos colectivos presentados a las mesas técnicas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) por los ex combatientes de los 24 ETCR, únicamente 17 fueron aprobados y financiados por el gobierno. Y de los 13.039 excombatientes en proceso de reincorporación apenas 366 han sido beneficiados.

El futuro les preocupa un poco a Jeison Murillo y a sus compañeros: a partir del 15 de agosto, el gobierno colombiano ya no estará obligado a apoyar económicamente a los 13 mil integrantes de las FARC que están participando en el proceso de reincorporación – actualmente les entrega unos 200 euros al mes – y se acabará la figura legal de las ETCR. El presidente, Iván Duque, afirma que el Estado comprará el predio donde se encuentra el ETCR Antonio Nariño, que hasta ahora está en arriendo, además de los terrenos donde se encuentran otras 12 “aldeas” de las ex guerrilla, para que puedan consolidar su presencia en estos territorios. Las restantes 11 ETCR deberán de reubicarse en otras regiones, pues no hay condiciones para que se queden. Un anuncio que ha generado malestar entre quienes llevan más de dos años en sus nuevos hogares, intentando acostumbrarse a su nueva vida sin armas.

Artículo publicado en El Gara el 5 de julio de 2019.

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