Huir de la guerra para instalarse en otro país: refugiados de Guatemala cumplen 40 años de llegar a México y defender sus raíces

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

A principios de los años 80, unas 50 mil personas desplazadas por la guerra civil de Guatemala llegaron a México en busca de refugio. Su entrada se dio en momentos distintos, pero las Naciones Unidas conmemoran el aniversario de su llegada en octubre, pues fue en este mes de 1982 que el gobierno mexicano y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) firmaron un acuerdo para abrir una representación del Alto Comisionado. 

Se cumplen 40 años de la llegada a territorio mexicano de las familias refugiadas, sobrevivientes del genocidio del pueblo maya llevado a cabo por el Ejército de Guatemala.

Kixtup, que en castellano sería Cristóbal

Cristóbal Pérez Tadeo aprendió a hablar su idioma a los 17 años. “Ya no quiero comunicarme con ustedes en castilla, quiero conversar en puro chuj”, dijo a sus papás. En aquella época, sí entendía la lengua de su familia, pero todavía no era capaz de hablarla.

Su padre, Yakin Pérez Hernández, y su madre, Elsa Tadeo García, que se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de refugiados guatemaltecos en Chiapas, entendieron su decisión. Desde hace algunos años, ellos también reflexionaban sobre la importancia de rescatar la lengua chuj, que en los 80 el gobierno mexicano les impuso perder. Ellos no la olvidaron, pero decidieron no enseñarla a sus hijos para que no se sintieran marginados por ser guatemaltecos en tierras chiapanecas.

Pero en realidad, a Cristóbal nunca le dieron vergüenza sus orígenes, así que, junto con otros hijos de refugiados guatemaltecos que habían conseguido una beca para cursar su licenciatura, empezó una reflexión sobre la importancia de recuperar y dignificar la lengua y la cultura que las políticas de mestizaje del gobierno mexicano intentaron borrar. 

“A las familias guatemaltecas el gobierno les dijo: ‘Se pueden quedar, pero bajo mis reglas’. No pueden hablar chuj, no pueden llevar sus vestimentas ni practicar su cultura adentro del territorio mexicano”, dice Melina Arredondo Velázquez, egresada del doctorado del Colegio de la Frontera Sur. De acuerdo con la académica, por temor a que sus hijos fueran discriminados, las familias chujes no solo no les transmitieron su cultura, sino tampoco les contaron la experiencia de la guerra.

Elsa Tadeo García en su milpa en la comunidad El Nuevo Porvenir, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“Por esto, en 2013 decidimos fundar el colectivo Hakib’al, que significa ‘nuestras raíces’. Vimos la importancia de definir quiénes somos y reivindicar nuestra cultura”, dice el joven que desde aquel momento dejó de llamarse Cristóbal y retomó su nombre chuj: Kixtup. 

Yakin, que en castellano sería Diego 

Yakin Pérez Hernández tenía seis años cuando vio a dos hombres caerse del cielo, rotando en el aire como hojas soltadas de un árbol. Habían sido lanzados de un helicóptero por soldados guatemaltecos.

Era 1982 y el niño había encontrado refugio en la colonia Santa Martha, en Chiapas, a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. En aquella época, el Ejército guatemalteco estaba implementando la política de “tierra arrasada” que, con el pretexto de eliminar la base social de la guerrilla, causó la muerte de unas 200 mil personas y barrió con más de 400 comunidades indígenas

Unos meses antes de llegar a Santa Martha, en julio de 1982, Yakin se encontraba en la aldea Chibalasun (municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango), cuando se difundió el rumor de que el Ejército acababa de cometer una masacre en la cercana comunidad de Petenac. Los papás y hermanos de Yakin huyeron, mientras que él y su abuela se escondieron debajo de una piedra. 

Los soldados nunca llegaron y tiempo después unos tíos decidieron acompañar al niño a buscar a sus papás. Caminaron tres días en el monte escondiéndose de los militares, sin comida ni agua, hasta llegar a Santa Martha. Allí, entre los centenares de guatemaltecos que deambulaban con los ojos perdidos en el conflicto que habían dejado atrás, Yakin reconoció a su papá, Mekel Diego Sebastián, y a su madre, Matal Hernández Pérez. Por fin se pudieron abrazar, pero su reencuentro no puso fin al miedo: la frontera era tan porosa que las incursiones del Ejército y de los paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) los alcanzaban hasta en territorio mexicano.

Las familias desplazadas se tuvieron entonces que desplazar más adentro, en una geografía donde todavía no existían carreteras internacionales ni combis, caminando entre monte y veredas. “La gente nos recibía con todo en sus casas: pasen, entren, escóndanse”, recuerda Yakin, que hoy tiene 46 años y vive en la comunidad de Nuevo Porvenir, Chiapas. 

Yakin Pérez Hernández en el voceador que tiene en su casa, en la comunidad El Nuevo Porvenir, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

Fue en Amparo Agua Tinta, a unos 15 kilómetros de la frontera, que los desplazados centroamericanos tuvieron la ilusión de que su peregrinar había terminado: la comunidad les ofreció un terreno en la montaña, en el que construyeron un campamento donde por primera vez recibieron despensas y apoyo: llegó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y, después de ella, la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tomaron la coordinación del campamento, donde seguía llegando gente de Guatemala. 

En aquel tiempo, Yakin decidió dejar la escuela porque su maestro lo golpeaba con una vara por hablar chuj en lugar de castellano. Un joven de Amparo Agua Tinta se ofreció entonces a enseñarle a leer y escribir, marcando la vida de Yakin, que a los 14 años ya enseñaba castellano a los niños del campamento. Tiempo después se volvió traductor y lideró a un grupo de familias que no aceptaron dejarse borrar por el gobierno mexicano.

Matal, que en castellano sería Magdalena

Cuando las autoridades mexicanas ordenaron al pueblo chuj de quemar su vestimenta y llevar ropa occidental —para así supuestamente engañar al Ejército y las PAC que los iban buscando—, Matal Hernández Pérez se negó. Puso en una bolsa de plástico su enagua y su huipil de colores con una estrella bordada en el centro, y la enterró. Cuarenta años después, Matal sigue llevando su vestimenta chuj y nunca aprendió a hablar español.

La vida de Matal fue una eterna peregrinación, desde que en 1982 salió de la aldea Chibalasun con su familia, dejando atrás a su hijito Yakin Pérez Hernández. Durante nueve años vivieron en el campamento de Amparo Agua Tinta y en 1991 fueron reubicados en un lugar llamado El Porvenir, cerca de la frontera con Centroamérica, donde vivían unos 2 mil 500 refugiados. Cinco años después, tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el gobierno mexicano les presentó dos opciones: repatriación voluntaria o reubicación en asentamientos de Campeche y Quintana Roo.

En los años 90, más de 22 mil 800 personas aceptaron regresar a Guatemala y unas 18 mil decidieron reubicarse en la península de Yucatán, donde todavía viven. 

Fue hasta 2011 —29 años después de su llegada a México— que Matal y su familia fueron naturalizados, gracias a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. No todos los desplazados guatemaltecos lo son: algunos todavía no tienen su permiso de residencia permanente y hasta sus hijos nacidos en México siguen siendo discriminados por la burocracia mexicana.

Mekel, que en castellano sería Miguel

En ningún momento, Mekel Diego Sebastián quiso irse a vivir a Campeche o Quintana Roo. Llevaba toda la vida desplazándose con sus hijos y su esposa Matal y no quería seguir haciéndolo. Tampoco quería regresar a Guatemala. “Allá tenía poca tierra y aquí en Chiapas estábamos a gusto”, dice Mekel, al recordar el día en que el gobierno mexicano le impuso elegir si repatriarse o reubicarse. Él y su familia decidieron resistir.

Su hijo Yakin, que era representante de un grupo de desplazados, se acercó a un abogado de la ACNUR para pedirle asesoría para comprar tierra. Siendo que ningún refugiado contaba con documentos para adquirirla legalmente, la compraron a nombre de cinco menores de edad que habían nacido en México.

Mekel Diego Sebastián en la comunidad El Nuevo Porvenir, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

Fue así como en 1998 se fundó la comunidad de Nuevo Porvenir, en el municipio La Trinitaria, donde hoy en día viven 230 chujes. En total, son 12 mil 700 los refugiados guatemaltecos que se quedaron en Chiapas, entre los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa y La Independencia. 

Nuevo Porvenir abarca solo 18 hectáreas; cada familia tiene una parcela muy chiquita y la comida no les alcanza. Por esto, muchos jóvenes acaban migrando a Estados Unidos o a los campos de frambuesa de Jalisco. Las autoridades mexicanas aparecen en la comunidad solo en periodo de campaña electoral y el apoyo del municipio en obras ha sido escaso: en su mayoría fueron construidas por la ONU.

Mekel y su esposa Matal no solían contar la historia de su vida, hasta que su nieto Kixtup le pidió explícitamente hacerlo. Ha sido duro reabrir las heridas, pero les quedó claro que la intención de los jóvenes del colectivo Hakib’al era sanarlas y construir una memoria colectiva. “Admiro mucho la valentía, la fortaleza que tuvieron mi familia y mi pueblo para enfrentar todo esto”, dice Kixtup, que hoy tiene 30 años y está estudiando un doctorado en la UNAM. “Seguido me preguntan si me siento más que guatemalteco o mexicano; yo contesto que me siento chuj”, remarca.

Artículo publicado en Animal Político el 31.10.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/10/refugiados-guatemala-40-anos-mexico/

Desplazados de Chenalhó exigen desarme de grupos armados y retorno seguro en Chiapas

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Javier Ruiz Pérez estuvo dos días escondido con su familia en las montañas del sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas. No tenían comida ni agua, pues tuvieron que salir corriendo de su casa tras el asesinato de su padre, el agente rural municipal Juan Ruiz Morales.

“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

Foto: Orsetta Bellani

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.

Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.

La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

Foto: Orsetta Bellani

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

Foto: Orsetta Bellani

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022: https://desinformemonos.org/desplazados-de-chenalho-exigen-desarme-de-grupos-armados-y-retorno-seguro-en-chiapas/

“La guerra contra las drogas está hecha para que el narcotráfico persista”: Marta Ruíz

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

No se puede garantizar la paz si el paradigma es la guerra en contra de las drogas. Lo asegura Marta Ruíz, excomisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia, entrevistada por Desinformémonos en el foro internacional Construcción de Paz en México, que se llevó a cabo este 25 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

“La guerra en contra de las drogas es el mejor negocio de los narcotraficantes: en la medida en que es más riesgoso, el precio de la droga sube porque cuesta más producirla y transportarla. Es una guerra hecha para que el narcotráfico persista”, dice Marta Ruíz. De acuerdo con la excomisionada, la paz se construye a nivel local, reforzando el tejido social a través de la organización: “la paz se pacta arriba y el conflicto luego se recicla en el territorio, en dinámicas locales”.

Marta Ruiz en San Cristóbal de Las Casas

Los datos que Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame presentó durante el foro Construcción de Paz en México le dan la razón: en el país, entre 80 y 90 por ciento de los ataques a candidatos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes se dan en contra de personas que trabajan a nivel municipal, y han aumentado de forma exponencial tras la militarización impulsada por el gobierno federal a partir de 2006.

De acuerdo con el académico, históricamente existe una “zona gris” donde se yuxtaponen el Estado y las organizaciones criminales, dando forma a estructuras criminales integradas por sicarios, empresarios, policías, agentes del Ministerio Público y políticos. A partir de la “política de decapitación” de estas estructuras criminales impulsada por Felipe Calderón, en la “zona gris” se formaron unos 200 grupos delincuenciales que tienen conflictos profundos entre sí. Este espacio se ha vuelto entonces más complejo y resulta más difícil entender cuál es el sujeto, la estructura criminal con la que se podría entablar una negociación.

¿Sería ético negociar con los criminales, sentarse a una mesa con ellos?, se le pregunta a Marta Ruíz. “Sí es ético. En Colombia las negociaciones se dieron entre enemigos que han hecho cosas horripilantes e imperdonables. Pero hay que tomar en cuenta que, si estos grupos criminales tienen mucho poder y legitimidad, difícilmente se van a sentar a negociar”, contesta la excomisionada colombiana. “Creo que en México se podrían hacer negociaciones a pesar de los altos niveles de violencia que existen, se podría llegar a treguas y pactos puntuales como se hizo en Colombia y El Salvador. El problema es que estos acuerdos locales no disminuyen realmente el poder del crimen organizado; lo que haría falta en un proceso de negociación es una estrategia integral y de largo plazo”.

Durante la ponencia que presentó en el foro Construcción de Paz en México, el académico y consultor internacional Luis Jorge Garay destacó que en países como México y Colombia hay agentes poderosos de la ilegalidad enquistados en el poder. “Se ha construido una institucionalidad extractivista que busca repartir las rentas a favor de las élites que tienen un poder fáctico. Este rentismo abre la posibilidad de la ilegalidad, que muchas veces se reproduce a través de la violencia”. Para él, el narcotráfico ahora está manejado por cárteles y mafias que pueden tener origen mexicano, pero su carácter es transnacional. “Cuando hablamos de paz no habría que hacerlo sólo por país, si el problema es transnacional hay que crear cooperación entre sociedades”, afirmó el académico.

El foro internacional Construcción de Paz en México. Foto: Orsetta Bellani

Durante el foro se recordó que analizar el fenómeno a nivel transnacional no implica dejar de mirar el nivel local, de analizar sus dinámicas a través también de enfoques que hace unas pocas décadas no se tomaban en cuenta. Jenny Pears, de la London School of Economics, destacó la importancia que adquirieron las investigaciones sobre los aspectos psicológicos relacionados con la violencia, las que ponen al centro las emociones y los procesos de construcción de memoria.

Es en el nivel local donde la población padece la violencia y, al mismo tiempo, resiste a ella: de acuerdo con Marta Ruíz es allí donde se puede generar el cambio social capaz de erradicar la exclusión social y el cambio cultural necesario a la construcción de paz. Es en los territorios que se dan los procesos organizativos de los pueblos, como la experiencia autonómica y ecologista de Cherán, en Michoacán, y la resistencia al despojo de las comunidades de Guerrero, señalaron los expositores en el foro.

Artículo publicado en Desinformémonos el 26.10.2022: https://desinformemonos.org/la-guerra-contra-las-drogas-esta-hecha-para-que-el-narcotrafico-persista-marta-ruiz/

En Chiapas, militares frenan operativo para entrar en Santa Martha, de donde 138 personas se desplazaron por la violencia

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Margarita Velasco Velasco ya no quiere ni comer. Le arde la panza, le duele la cabeza y tiene los pies rasgados por las espinas que pisó en el monte. En la madrugada del sábado antepasado, tras tres días de tiroteos, la mujer tuvo que huir a un cerro con su marido y sus cuatro hijos. Dejaron atrás su casa en el sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas, que ha sido quemada con todas sus pertenencias por un grupo armado que se quiere adueñar de 22.5 hectáreas de tierra que su familia y otras están cultivando desde hace un par de años.

Fue tras muchas horas de camino que, el domingo antepasado, Margarita se pudo reunir con familias procedentes de distintas comunidades de Santa Martha en un campamento de desplazados que se improvisó en la localidad Majomut, en el colindante municipio de San Juan Chamula. Allí se juntaron 138 personas; entre ellas, hay niñas y niños, dos mujeres embarazadas y algunas enfermas de gravedad. Estuvieron totalmente abandonadas durante cinco días y fue hasta la mañana del viernes que Protección Civil de Chiapas informó haber entregado despensas, colchonetas, agua y pañales a los desplazados. Aseguró que se encuentran albergados con familiares y que se mantiene la posibilidad de activar unos refugios temporales.

Mujeres desplazadas del Sector Santa Martha, Municipio de Chenalhó, a causa de los enfrentamientos que se dieron a partir del 29 de septiembre de 2022. Foto: Orsetta Bellani

“Según mis contactos en Santa Martha, el conflicto que empezó el 29 de septiembre ha cobrado la vida de unas 20 personas y muchas casas fueron quemadas”, dice Reynaldo Pérez, del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que está acompañando a las familias refugiadas en Majomut. “También hay personas desplazadas en San Cristóbal de Las Casas y otras siguen desaparecidas en el monte tras el desplazamiento forzado: hay familias que durante la fuga se tuvieron que dividir y perdieron a sus seres queridos”. 

Reynaldo Pérez desmiente además los rumores que llegan de varias partes, y que acusan a los desplazados de ser parte de uno de los grupos armados que operan en Santa Martha. Se trata de un sector del municipio de Chenalhó donde hay presencia de grupos armados a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las agrupaciones de hoy no son las mismas que entonces y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), actualmente operan cinco grupos que la población reconoce y nombra por sus vestimentas: les dicen ninjas, exmilicianos, soldados, militares y rambos.

Estos grupos armados mantienen fuertes disputas de tierras con dos municipios colindantes: Aldama y Chalchihuitán, donde a partir de 2017 causaron muertes y el desplazamiento forzado de miles de personas. La población de ambos municipios vive bajo el acoso constante de los balazos de los hombres armados de Santa Martha, que ni los acuerdos que se firmaron en 2020 pudieron apaciguar. Lo que sí hicieron estos convenios fue otorgar tierras a los habitantes de este sector de Chenalhó: el acuerdo de noviembre de 2020 con Aldama les brindó 27.5 hectáreas, el que se firmó el mes anterior los volvió legítimos dueños de 22.5 hectáreas de tierras que anteriormente pertenecían a Emiliano Zapata, en el municipio de Chalchihuitán. 

Según afirman las familias desplazadas, es por el reparto de estas tierras que se recrudecieron las tensiones internas entre los grupos de Santa Martha. “Llevamos años cultivando las 22.5 hectáreas que eran de Emiliano Zapata y que ahora nos corresponden, pero el comisariado y los agentes de bienes comunales se organizaron para sacarnos a balazos y quitarnos el terreno”, dice Vicente Gómez Velasco. 

El campesino ya había tenido que desplazarse por la violencia el 25 de junio pasado, junto con unos 100 hombres más. Luego se abrieron unas mesas de negociación que permitieron su retorno, hasta que la semana pasada escuchó a unos hombres decir en el radio que iban a quemar su casa y asesinar a quienes allí se encontraban. Decidió entonces meterse otra vez al monte, ahora con toda su familia y otras 25 personas. Huyeron hasta llegar al campamento de desplazados, desde donde piden que el gobierno pacifique Santa Martha y desarme a los grupos armados que allí operan.

El convoy militar se detiene en la comunidad de Belisario Domínguez, instantes antes de decidir no entrar a Santa Martha y darse vuelta atrás. Foto: Orsetta Bellani

En la mañana del jueves, un convoy integrado por 14 elementos del Ejército, 12 de la Guardia Nacional y 30 policías estatales y municipales salió de la cabecera municipal de Chenalhó para ir a Santa Martha, donde hasta el momento ninguna autoridad ha ingresado. Sin embargo, a la altura de la comunidad Belisario Domínguez, el convoy hizo marcha atrás.

“Ya allá está tranquilo, ya no hay ningún problema, la gente que se desplazó en estos días regresó a sus viviendas”, dijo el jueves a la prensa Jesús Jiménez Velasco, comisariado ejidal de Santa Martha, antes de subirse al convoy militar. En realidad, ni los soldados todavía se atreven a entrar a la zona. 

Artículo publicado en Animal Político el 8.10.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/10/chiapas-militares-operativo-santa-martha-desplazados/