El flujo migratorio hacia Estados Unidos bate récords

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: Orsetta Bellani)

América tiene dieciocho años y migró por primera vez cuando tenía cinco, con su hermano poco mayor que él. Sus intentos de llegar a Estados Unidos suman ya veinte, más que los años que tiene. Esta vez América ha decidido dejar Honduras con una «caravana», como se denomina desde octubre de 2018 a la estrategia de los migrantes de viajar en grandes grupos para sentirse más seguros durante el camino.

Esta caravana avanza en un año especial, pues en 2021 los flujos migratorios hacia el norte se han triplicado, con unas 200.000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. Del otro lado del límite fronterizo también se registró un récord: ningún Gobierno mexicano ha arrestado a un número tan grande de migrantes en un año como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. La explicación no es solo que el número de personas que viajan hacia el norte ha aumentado, sino también que las políticas migratorias se han endurecido.

En una ocasión, América fue detenido por las autoridades mexicanas y deportado a Honduras. Otra vez, cuando se encontraba en el sur de México, fue secuestrado por el grupo criminal Jalisco Nueva Generación. «Son buenas personas: me quitaron el dinero que tenía, pero me dieron comida y cigarrillos, y me llevaron al tren para que pudiera seguir mi viaje», dice América cuando nos encontramos a finales de octubre, en el momento en el que la caravana de migrantes cumplía unos pocos días de camino en el sureño estado de Chiapas.

Durante sus veinte viajes, América se ha desplazado por México sin tener un rumbo claro, con la vaga idea de querer llegar a Estados Unidos, buscando trabajitos allí donde la suerte lo llevara. Pero a veces lo vencía la nostalgia y regresaba a Honduras para ver a su mamá. Se quedaba allí una temporada y luego emprendía el camino otra vez. «Puedo dormir donde sea: en el suelo, junto a las vías del tren o bajo un aguacero», asegura el adolescente. Tiene acné en las mejillas, un polo de flores y una gorra para protegerse del sol. A su alrededor, los demás migrantes descansan buscando la sombra, esperando a que la tarde apague el sol para emprender otra vez la ruta.

Veinte kilómetros diarios
La Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad del Pueblo Migrante en Camino recorre unos 20 kilómetros al día, sin importar si el calor abrasa o la lluvia no da tregua. Uno de sus objetivos es visibilizar las dificultades que vive la población migrante y protestar contra las políticas migratorias de los dos países norteamericanos.

La caravana salió el 26 de octubre de la ciudad chiapaneca de Tapachula y llegó a Ciudad de México el 12 de diciembre, donde las autoridades ofrecieron a sus integrantes una visa por razones humanitarias. Algunos se quedarán en México, pero la mayoría seguirá su viaje hacia Estados Unidos. Cuando salió del sur de México la integraban unas 2.000 personas adultas y centenares de menores. La mayoría de ellos son centroamericanos, pero hay también personas procedentes Haití y Cuba, y hasta algunos de procedencia africana.

Han dormido en las plazas de los pueblos o en los arcenes, cuando los hay, de las carreteras. A veces ayuntamientos, párrocos o pobladores les apoyan suministrándoles agua y comida. En muchos casos no aparece nadie para ofrecerles víveres o desinfectante para curarse las ampollas producidas por las largas caminatas. América no tiene ampollas en los pies ni una meta clara, pero está seguro de que Honduras es demasiado peligroso para vivir.

Durante las ocho semanas y más de 1.100 kilómetros de camino recorrido, la caravana se ha ido deshilando y reconfigurando. Algunas personas se han separado y han seguido el viaje por su cuenta, al mismo tiempo que otras nuevas se han sumado a esta marcha. La mayoría de quienes salieron de Tapachula en caravana llevaban meses varadas en el lugar a la espera de recibir una respuesta a su solicitud de refugio. Esa tardanza se debe a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está saturada: se calcula que antes de terminar el año habrá recibido unas 130.000 solicitudes de asilo, cifra que representa un 46% más que el año anterior. Para intentar aliviar la situación de esta ciudad que muchos migrantes consideran como una cárcel, el Gobierno prometió trasladarlos en autobús a otras regiones de México y ofrecerles una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Desde hace semanas, miles de solicitantes de asilo están acampando en el estadio de Tapachula, a la espera de ser trasladados a otros lugares del país.

Una política migratoria más dura
Este año los flujos migratorios han sido especialmente intensos debido, sobre todo, a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, a los huracanes que azotaron Centroamérica, al terremoto de Haití y a la crisis social que desató el magnicidio de su presidente, Jovenel Moise. También ha influido la falsa ilusión de que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca conllevaría un viraje en las políticas migratorias estadounidenses.

Todo esto ha ocurrido simultáneamente al endurecimiento de la política migratoria del Ejecutivo mexicano: en mayo de 2019, Donald Trump amenazó a López Obrador con subir los aranceles del 5% si no se comprometía a frenar los flujos migratorios, y éste decidió desplegar más efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México con el objetivo específico de detener a las personas migrantes. Los intentos de la Guardia Nacional de desarticular la caravana han sido varios a lo largo de su trayecto. El último, cuando entraba a Ciudad de México y se topó con un muro de policías.

La violencia contra la población migrante por parte de la Guardia Nacional tiene un largo historial, que va desde los intentos de bloquear las caravanas a los tiroteos contra los vehículos que los transportan, que han provocado muertos. Además, en más de una ocasión sus vehículos han tenido accidentes en la carretera.
En noviembre doce personas murieron calcinadas en el interior de dos camionetas tras un choque en Chiapas. Pero el accidente más grave ocurrió el pasado 9 de diciembre, en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), donde volcó un camión en el que viajaban hacinados 166 migrantes, en su mayoría guatemaltecos.
Murieron 56, muchos de ellos aplastados por sus propios compañeros de viaje. Antes de volcar, el camión había pasado junto a tres retenes policiales, pero nadie lo detuvo para revisarlo, lo que levantó la sospecha de la posibilidad de que las autoridades estuvieran encubriendo el tráfico de personas. Se trata de un negocio muy lucrativo: los migrantes habían pagado casi 10 mil euros para ser trasladados desde Chiapas hasta Texas. «Las causas más profundas de accidentes como estos tienen que ver con el recrudecimiento de la política migratoria: está probado que a mayor fortalecimiento de la política de rechazo de personas migrantes, más se fortalecen las redes de tráfico de personas, pues aumenta el beneficio económico», afirma Rita Robles de la ONG Alianza Américas.

«Quédate en México»
Carmen saca de su bolso unos papeles que le entregó un juzgado de El Salvador. «Un tribunal me avala, no tengo sólo mi palabra», dice mientras muestra los documentos. Se trata de la denuncia contra su expareja y unos amigos suyos pandilleros. «Fueron a mi casa diciendo que me daban quince días para que volviera con él, en caso contrario la iba a pagar mi hija de siete años», relata. El miedo no le hizo perder la lucidez. Al día siguiente, Carmen agarró su hija y una maleta y puso rumbo a Estados Unidos. «Tengo que estar lejos de allá para proteger a mi hija. Hay bastantes personas en la caravana que venimos así, huyendo de algo o de alguien», cuenta Carmen, mientras su hija juega con una amiga en la cancha de fútbol del pueblo de Acacoyagua, en Chiapas.

Faltan más de 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos. Aunque llegue hasta allí, a Carmen le tocará pasar un tiempo en alguna ciudad fronteriza de México porque el 6 de diciembre entró nuevamente en vigor el «Quédate en México» (MPP – Migrant Protection Protocols, por sus siglas en inglés), un programa del Gobierno estadounidense que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución a su petición en México, donde se pueden tener que quedar hasta seis meses.

El programa fue creado por Trump y ha dejado a unos 70.000 migrantes varados en la frontera norte de México a la espera de la respuesta de una corte estadounidense. Su cancelación fue una de las promesas electorales
de Biden, que lo ha calificado de «inhumano», pero un tribunal federal de Texas ha ordenado su reimplantación.«La reinstalación de ‘Quédate en México’ ha sido impuesta de forma arbitraria por un tribunal de Estados Unidos y, por jurisdicción no tendríamos que atenderla, es una cuestión de soberanía. Nos regalaron vacunas y bajo ese compromiso lo aceptamos otra vez», afirma Rita Robles.

Carmen tiene miedo de que las pandillas de El Salvador tengan contactos en México para mandarla buscar, y teme la peligrosidad de las ciudades fronterizas del norte del país. Sabe que sólo una vez en Estados Unidos, cuando llegue a casa de su hermana, ella y su hija se sentirán seguras.

Artículo publicado en El Gara el 27.12.2021.

En Oxchuc: “Los partidos como siglas no están, pero los actores políticos siguen”

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Un hombre deja caer una piedra en el suelo, quebrándola. Agarra unos trozos y se pierde en una calle que se desprende del parque de Oxchuc, Chiapas. Una lluvia de piedras y palos llega del otro bando, mientras las detonaciones retumban.

Los observadores electorales del IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana) se han ido horas antes y nunca llegará la Policía Estatal que está posicionada a pocos kilómetros de la cabecera municipal, con camionetas y hasta tanquetas. En la plaza quedan sólo sillas rotas, gente resguardada en el porche de la presidencia municipal y una neblina espesa causada por los cohetes. Poco después, en la explanada de Oxchuc desfilará el grupo armado de corte paramilitar María Tulukes, cuya entrada causará dos heridos leves, dos heridos de bala de gravedad y un muerto: Pedro Santiz López de la comunidad de Ts’ununilja, un agricultor de unos 33 años que se encontraba detrás del parque cuando un tiro lo alcanzó. 

Las violencias se dieron tras la celebración, el miércoles pasado, del plebiscito en este municipio tseltal, primero en Chiapas en obtener el reconocimiento legal de sus elecciones por usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos.

Enfrentamientos en Oxchuc. Video: Orsetta Bellani

“Los llamados usos y costumbres forman parte del derecho electoral consuetudinario de los pueblos indígenas y han existido antes de la presencia de los estados nacionales. En este sentido estamos frente a una restitución de derechos”, explica Araceli Burguete Cal y Mayor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). “Hay 470 municipios indígenas en Oaxaca que eligen a sus autoridades por usos y costumbres y no lo hacen de manera violenta. Oxchuc lleva por lo menos 15 años de muertos y enfrentamientos en la lucha por el poder, el cambio de régimen no ha podido modificar la clase política, que se ha apropiado de los sistemas normativos. Los partidos como siglas no están, pero los actores políticos siguen”.

Previo a las elecciones, el presidente del Órgano Electoral Comunitario (OEC) de Oxchuc, Belisario Méndez Gómez, habló de la fiesta cívica y democrática que significaba la jornada electoral.

“Se determinó la elección de autoridades municipales por nuestros sistemas normativos internos, como resultado de una gran batalla jurídica que dio nuestro pueblo ante los tribunales de México”, dijo. 

En este poblado de los Altos de Chiapas, los usos y costumbres prevén que los candidatos a la presidencia municipal –5 hombres y 5 mujeres, nombrados en asambleas comunitarias– suban al templete y sean votados por alzada de mano durante una asamblea general a la que pueden participar todas las personas que cuenten con credencial electoral. 

Uno de los candidatos en las elecciones por usos y costumbres de Oxchuc. Foto: Orsetta Bellani

El miércoles han sido muchas las manos alzadas para Hugo Gómez Santiz, y muchas también para Enrique Gómez López. La plaza estaba repleta de gente, más de 13 mil personas procedentes de 129 comunidades y 23 barrios de la cabecera municipal se presentaron para elegir a sus autoridades. Era difícil afirmar con seguridad quién tenía la mayoría entre los dos punteros.

“Ganó Enrique Gómez López”, dijo al micrófono el presidente del Órgano Electoral Comunitario. Se levantaron las protestas. 

“¡Hugo, Hugo!”, clamaban los seguidores de Gómez Santiz. 

“Sí se pudo, sí se pudo”, gritaban del otro bando. 

Hugo Gómez Santiz se acercó a las periodistas. “No es posible que a simple vista tengan una cifra matemática. Los lineamientos dicen que si la mayoría no es visible debemos pasar al conteo pormenorizado de los votos”, dijo enfurecido, mientras los gritos y la tensión crecían.

El templete donde se encontraba la mesa de debate se llenaba de sus partidarios, en la explanada la gente brincaba y gritaba, nadie parecía tener la capacidad de poner orden en el caos. Los seguidores de Hugo Gómez Santiz se pasaban el micrófono y acusaban a su contrincante de compra de votos con el apoyo del actual presidente municipal Alfredo Santiz Gómez, elegido en 2019 por usos y costumbres. Cuando finalmente el Órgano Electoral Comunitario reconoció el empate, era demasiado tarde. 

“¡Hugo, Hugo!”, seguían gritando sus partidarios, que ya no estaban dispuestos a aceptar el empate. Algunos se acercaron a la mesa de debate, la aventaron y golpearon algunos miembros del Órgano Electoral Comunitario. Pocos instantes después, empezaron las detonaciones y los lanzamientos de piedras, sillas y palos en contra del templete. Era un grupo de seguidores de Enrique Gómez López.

“Los actos de agresión tuvieron su origen en un grupo reducido de personas, y no involucraron a los varios miles de asistentes, hombres y mujeres, ciudadanos de ese municipio que asistieron a celebrar una fiesta cívica”, destacó en comunicado un grupo de observadoras electorales e invitadas especiales. “Reconocemos los esfuerzos que realizó el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc para construir un clima de acuerdos previos, que mostraron voluntad de inclusión a toda la diversidad política que se manifiesta en el municipio”.

Pobladores de Oxchuc durante sus elecciones por usos y costumbres. Foto: Orsetta Bellani

Llamaré Juan el joven que encontré en la explanada de Oxchuc y que tras los enfrentamientos me pidió no publicar su verdadero nombre para resguardar su seguridad. Juan cree que la violencia en Oxchuc no ha cesado porque los caciques siguen aferrados a su poder. 

“Los partidos políticos tienen todavía influencia dentro de las elecciones, siguen dándole recursos a candidatos que ven favorables y hay compra de votos de forma generalizada. Pero el problema no es el sistema por uso y costumbres, sino la gente que quiere que regresen los partidos. Vienen a provocar para mostrar que nuestro propio sistema normativo no sirve y que el partidista es mejor, pero la mayoría del pueblo de Oxchuc sigue firme en querer los usos y costumbres”.

Desde sus comienzos, Juan participa en el movimiento que llevó a la salida -por lo menos formal- de los partidos políticos y al reconocimiento por parte del Tribunal Estatal Electoral de Chiapas del sistema electoral tzeltal. 

Todo empezó en octubre de 2015, cuando los pobladores de Oxchuc empezaron a manifestarse en contra del matrimonio de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz López, que durante 12 años compartió el poder municipal transitando del PRI al PVEM.

“Era mucho porque sólo una familia gobernaba el municipio: salía el hombre y entraba su esposa, además prácticamente todos los que trabajaban en el ayuntamiento eran sus familiares. Fue allí cuando Ovidio López Santiz convocó a la gente”, dice Juan.

De acuerdo con sus usos y costumbres, en Oxchuc se elige el presidente municipal por alzada de mano. Foto: Orsetta Bellani

Ovidio López Santíz fue uno de los líderes de la protesta que llevó a la toma del palacio municipal y a la primera expulsión de la presidenta municipal María Gloria Sánchez, en febrero de 2016. Esta rebelión abrió camino, y unos tres años después, llevó al reconocimiento legal del sistema normativo indígena. 

El líder comunitario Ovidio López Santíz fue asesinado el 24 de enero de 2018 junto con otras dos personas, en uno de los días más tristes para este poblado tseltal: entonces 27 personas resultaron heridas y hubo quema de viviendas y negocios.

Los pobladores atribuyen estos hechos al grupo armado María Tulukes, conformado por personas ajenas a la comunidad. Afirman que la agrupación está al sueldo del matrimonio caciquil y que es responsable también de la muerte de Pedro Sántiz López, este 15 de diciembre, y de las cuatro personas heridas.

Este jueves, Oxchuc amaneció tranquilo, pero en las comunidades hay preocupación de que las tensiones puedan estallar otra vez. Antes de los enfrentamientos, la última palabra del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc fue que, de acuerdo con lo que establecen los lineamientos en caso de empate, se organizarán nuevas conteos comunidad por comunidad, para que el voto sea pormenorizado.

Artículo publicado en Pie de Página el 16.12.2021: https://piedepagina.mx/en-oxchuc-los-partidos-como-siglas-no-estan-pero-los-actores-politicos-siguen/