‘Las agresiones a las comunidades zapatistas son parte de una guerra global’, Foro Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas

Orsetta Bellani, Programa de las Américas (Foto: O.B.)

El 25 de noviembre se llevó a cabo un foro para reflexionar sobre las agresiones de los grupos armados de corte paramilitar en contra del EZLN. Prácticas de guerra similares se utilizan en distintas partes del mundo.

Cada vez que ve a su casa “lastimada de bala”, una mujer zapatista del ejido Moisés Gandhi tiene ganas de llorar. Otra vive con la sensación de que su compañero “ya está muerto”, asesinado con las palabras de un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que amenazó con matarle y colgarle la tripa en el cuello.

Son algunos de los testimonios de mujeres zapatistas recogidos por la Caravana de Solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi, en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que se realizó el 29 de octubre del 2020.

De acuerdo con las y los zapatistas de Moisés Gandhi, a inicios del 2020 la ORCAO comenzó una serie de agresiones que fueron escalando durante todo el año: robo y destrucción de cultivos, tala de árboles, destrozos en la escuela secundaria autónoma zapatista, amenazas y agresiones físicas. Los integrantes de la ORCAO cercaron a las comunidades zapatistas e invadieron las parcelas que en 1994 el EZLN recuperó, o sea quitó a los terratenientes para dárselas a sus bases, y de las que la ORCAO se considera propietaria.

El 22 de agosto pasado, la ORCAO llegó a saquear la tienda Arco Iris y dos bodegas de café del EZLN, que luego han sido rociadas con gasolina y quemadas junto con el comedor zapatista Compañera Lucha, ubicados en el crucero de Cuxuljá, unos de los puntos donde la presencia zapatista en la carretera que conecta las ciudades de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas es más visible. Las agresiones en Moisés Gandhi culminaron con el secuestro, el 8 de noviembre, del base de apoyo zapatista Felix López Hernández, torturado por unos 20 integrantes de la ORCAO.

Mujeres zapatistas durante el Segundo Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

A finales de agosto, mientras las llamas comían las bodegas de café y los balazos retumbaban en el cielo, a pocos centenares de metros una mujer zapatista estaba pariendo. Ella y sus compañeras viven una angustia constante: no pueden ir a sus parcelas por miedo a ser agredidas, sus cosecha se pierden y sus mesas se quedan vacías. Al arroyo para buscar agua se acercan sólo en grupo. Ver video.

“Los niños no saben si dormir con la bota puesta, porque la bala no tiene horario”, dijo Marisol Culej Culej, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), durante el foro “Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas”, que se llevó a cabo en línea el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento en línea el CDMCH, que participó en la Caravana de Solidaridad que visitó a las comunidades hostigadas por la ORCAO, destacó que las mujeres zapatistas no tienen actitud de víctimas, sino que crearon formas de resistencia a través del trabajo colectivo, en sus talleres de alfarerías o de telar. Denunció también que la ORCAO ocupó las tierras para poder aprovechar del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida, que otorga 5 mil pesos (unos 250 dólares) para supuestamente incrementar la productividad de zonas rurales, y que la acción de este grupo armado de corte paramilitar “tiene un objetivo primordial que es el desgaste”.

Tras la masacre de Acteal de 1997, la estrategia de guerra del Estado en contra de las comunidades autónomas de Chiapas consiste en agotar a la población con actos violentos, pero poco “llamativos”. Es la llamada “guerra integral de desgaste”. Al mismo tiempo, el gobierno impulsa proyectos asistencialistas para que las familias salgan de la resistencia y las comunidades acaben divididas.

“El gobierno incide individualizando a la persona, dándole un dinero y separandola de esta razón colectiva que le ha hecho frente al Estado mexicano, y a cualquier tipo de proyecto progresista”, ha afirmado la socióloga y antropóloga Margara Millán durante su participación en el foro en línea. “Las mujeres están en el centro de este conflicto y articulan varias luchas, entonces se convierten en un objeto a intimidar, a debilitar, porque nos mostraron que no hay que tener miedo”.

Este esquema de violencia, el “mismo miedo a los balazos”, de acuerdo con Rosy Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas afecta a las familias de Aldama, Chalchihuitán y Chilón; a la comunidad Los Chorros en el Municipio de Chenalhó, a Banavil en Tenejapa y al poblado de Viejo Velasco en Palenque. Y va mucho más allá de las fronteras chiapanecas.

De acuerdo con la antropóloga Aída Hernández Castillo, en distintas partes del mundo se utilizan prácticas de guerra similares, y elige una cita de la antropóloga Carolyn Nordstrom de la Universidad de Notre Dame que respalda su tesis: “Después de conducir investigación de campo en los epicentros de guerra en tres continentes durante más de quince años, he aprendido que el concepto mismo de guerras locales, ya sean centrales o periféricas, es una ficción”, escribe Nordstrom.

Niñas zapatistas. durante un acto de solidaridad con los familiares de Ayotzinapa en los Altos de Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“No hay conflictos locales: la industria de guerra internacional está masivamente interconectada y hace posible las guerras en cualquier parte del mundo. He visto los mismos manuales de entrenamiento militar darle la vuelta al mundo, yendo de una guerra a otra. Cuando una nueva técnica de tortura se introduce en un país, la misma técnica puede ser encontrada en todo el mundo a los pocos días”.

Uno de los territorios donde la “industria de guerra internacional” implementa sus estrategias es el Kurdistán. Allí, inspiradas por la lucha de las zapatistas, las mujeres que resisten a la embestida del Estado turco están planteando unir los esfuerzos de las mujeres en lucha de todo el planeta, y crear una organización mundial de mujeres.

“Sin construir una lucha en común no se puede romper el patriarcado”, afirma al cierre del evento Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.

Para ver más material de la Caravana de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas: https://redajmaq.espora.org/materiales-caravana2020

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 30.11.2020: https://www.americas.org/es/las-agresiones-a-las-comunidades-zapatistas-son-parte-de-una-guerra-global-foro-de-violencia-paramilitar-contra-las-mujeres-zapatistas/

La caravana migrante que no llegó ni a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Las medidas contra el covid-19 fueron tomadas como pretex-to para frenar la primera caravana migrante desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, salir de Honduras es quizás aún más urgente. Ambos fenómenos meteorológicos han dejado una estela de destrucción.

No salió ninguna “caravana migrante” de San Pedro Sula, en Honduras, el 30 de octubre. Sólo unas 30 personas acudieron a la cita que se convocó en redes sociales en la terminal de autobuses y no sorprende, pues en los grupos de Facebook donde los migrantes centroamericanos se coordinan para organizar su viaje rumbo a los Estados Unidos muchos compartieron sus dudas. No conviene salir pocos días antes de las elecciones norteamericanas – escribieron algunos migrantes – y a causa de las medidas de prevención al Covid19 ahora es aún más difícil que los dejen transitar en Guatemala y México. “Mejor pasar las navidades con la familia y salir a mediados de enero”, concluyeron varios.

Las “caravanas migrantes” son una formula que se inauguró en octubre de 2018, cuando más de 7 mil centroamericanos tocaron a las puertas de México. Se convocaron en redes sociales y no migraron a escondidas, metiéndose a los cerros para hacerse invisibles, pagando a un pollero (traficante) entre 8 y 13 mil dólares según de la comodidad del viaje, con la constante amenaza de ser interceptados por la policía y las organizaciones criminales, que suelen robar, violar, secuestrar y matar a los migrantes.  

Esta vez migraron en masa y a la luz del día. Se fuerza radicó justo en aparecer descaradamente frente a los carros que transitaban en las carreteras y ante las cámaras de los periodistas de todo el mundo; con sus chanclas, sus mochilas, sus cochecitos llenas de bebés y paquetes. Con la dignidad de quien cruza a una frontera porque tiene derecho de irse de su país.

Efectivos de la Guardia Nacional mexicana vigilan a la frontera. Foto: Orsetta Bellani

Aquella vez de hace dos años, los migrantes centroamericanos se congregaron en el puente internacional que divide el poblado guatemalteco de Tecún Umán de la ciudad mexicana de Tapachula, y entre empujones y gases lacrimógenos lograron romper la resistencia de las autoridades mexicanas. Una vez en el país la policía los “escoltó” en su camino, y muchos de ellos llegaron hasta la frontera norte. Algunos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, otros siguen varados en México a la espera de que se resuelvan los trámites de su asilo en el país norteamericano. 

Desde entonces, se sucedieron una decena de caravanas migrantes y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una política de “puertas abiertas” que fue más que nada una declaración de intentos, siendo que en la práctica consistió sólo en la entrega de unas 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios.

Sin embargo, en mayo de 2019 las declaraciones de López Obrador cambiaron de tono: Donald Trump amenazó México con subir del 5% los aranceles a sus importaciones si no detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados». En respuesta, el presidente mexicano envió unos 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera meridional e incrementó del 63% las deportaciones de centroamericanos, que sólo en el primer año llegaron a 124 mil.

Elmer Antonio Rodríguez decidió sumarse a su primera caravana migrante en enero de 2020, pues no vio otra opción que irse de la ciudad hondureña El Progreso: trabajaba en una ferretería en por unos siete euros la semana y no tenía casa. Tras cruzar la frontera mexicana y caminar once kilómetros, la caravana fue interceptada por la Guardia Nacional. Unas 3 mil personas fueron detenidas y encerradas en las estaciones migratorias, tras ser “agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance”, escribe la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 29 de octubre de 2020, que destaca la presencia de niños y adolescentes entre las personas agredidas.

Algunos migrantes lograron escapar a la persecución policial. Entre ellos Elmer Antonio Rodríguez, que en unos diez días recorrió todo México para luego lanzarse al desierto que conduce a Estados Unidos. “Caminé una semana entre nopales y rocas, tenía los pies llenos de ampollas. Me agarraron y me regresaron a Honduras”, dice el joven, que intentó la suerte otra vez a principio de octubre pasado, en la que fue la primera caravana desde el comienzo de la pandemia.

Sólo un par de semanas antes Guatemala, país que divide Honduras de México, había abierto sus fronteras después de un cierre de seis meses debido a la pandemia. “En estos meses hubo una baja en los flujos migratorios por el cierre de las fronteras y también por el miedo al contagio de los mismos migrantes”, afirma Marta Sánchez Soler, coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ong que registró una baja en los flujos migratorios de un 90%. El miedo al contagio sigue entre los migrantes centroamericanos, pero la crisis económica causada por la pandemia es aún más fuerte y los empuja a salir, solos o en caravana, chocando una vez más con las leyes migratorias endurecidas por la pandemia.

“En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras”, dijo el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei el primero de octubre, al enterarse de que miles de hondureños estaban a punto de tocar las puertas de su país.

Cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala en realidad fue sencillo para Elmer Antonio Rodríguez y los demás integrantes de la caravana migrante, pero las carreteras guatemaltecas estaban llenas de retenes de policía y militares, donde han sido detenidos y deportados.

A Elmer Antonio le tocó en Tecún Umán, poblado que se encuentra en la frontera con México, justo cuando estaba a punto de cruzar la línea. Lo encontré mientras estaba encapsulado por la policía y el ejército guatemalteco con otros cien migrantes que se habían acercado a una estructura gestionada por religiosos para recibir comida. En ningún momento las autoridades que los cercaban los obligaron a regresarse a Honduras, a subirse a unos autobuses de los que colgaba una manta que decía “retorno voluntario”. Sin embargo, la presión los ganó: tras un día entero encapsulados, sin poderse mover y empapados de lluvia, con la certidumbre de que muchos migrantes que iban atrás ya habían sido deportados y no hubieran podido compactarse en la frontera mexicana para cruzarla en caravana, con las amenazas del gobierno mexicano de encarcelarlos por no respetar las medidas de prevención al Covid19 y con muchos albergues de migrantes – estructuras de apoyo gestionados por religiosos – cerrados a causa de la pandemia, Elmer Antonio y buena parte de sus compañeros aceptaron subirse al autobús que los regresó a su país.

Migrantes hondureños esperan su expulsión frente a la Casa del Migrante de Tecún Umán, Guatemala. Foto: Orsetta Bellani

“Compadres, ¿son humanos ustedes? ¿Comen o no comen?”, gritó Elmer Antonio a los militares, asomado por la ventanilla. “Lo mismo estamos nosotros, pero tenemos que buscarnos la vida porque no tenemos dinero”.

En el pasado las autoridades guatemaltecas nunca habían bloqueado el camino de la caravana de hondureños, también a causa de un acuerdo de libre tránsito llamado Centroamérica-4, firmado por Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de la caravana del principio de octubre de 2020, el pretexto utilizado para ignorar los convenios internacionales e impedir el paso de los migrantes ha sido la falta de la prueba PCR. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, de los aproximadamente 4 mil migrantes que ingresaron al país por la frontera con Honduras, 3.953 han “retornado voluntariamente”.

Los demás se colaron por las mallas no tan estrechas de la frontera meridional de México, que desde Tecún Umán puede ser atravesada cruzando el río Suchiate en balsa, pagando poco más de un euro. Algunos integrantes de la caravana migrante lo lograron, a pesar de los 300 elementos de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la orilla del Suchiate. Otros más patrullaban las carreteras internas, que estaban vigiladas también con drones, según declaró el Instituto Mexicano de Migración.

“No es momento de migrar. Quédense en casa, la pandemia no ha terminado”, ha afirmado Mario Adolfo Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, quien apareció brevemente en la frontera al momento de la llegada de la Guardia Nacional.

De acuerdo con muchos analistas, el muro de Trump se está corriendo siempre más al sur debido a las presiones del ejecutivo norteamericano sobre México y sobre los países centroamericanos. “La administración de Guatemala ha cambiado política porque no es un gobierno que se mande, es un gobierno que le mandan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Tapachula, en México. “Siempre hemos sido presionados por Estados Unidos, es político lo que está pasando aquí”, incide.

Artículo publicado en El Gara el 19.11.2020.