Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Los disparos duraron siete horas. Guadalupe Vázquez Luna los escuchaba escondida debajo de un cafetal, donde llegó después de mucho correr. «Vete de aquí!», le dijo su papá cuando la niña vio matar a su mamá con un balazo disparado por un paramilitar de un grupo priista (afiliado al oficialista Partido Revolucionario Institucional-PRI). Y Guadalupe corrió, hasta ocultarse en la maleza que rodea la aldea de Acteal.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Foto: Orsetta Bellani

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

Foto: Orsetta Bellani

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017.

Viaje en territorio zapatista con Marichuy

Orsetta Bellani, Zazpika (Foto: O.B)

Centenares de zapatistas corren. Con sus botas de lluvia, pisan el asfalto mojado que lleva al Caracol de Morelia, uno de los cinco “centros administrativos” zapatistas. Llevan pasamontañas y cargan sus bebés en unos foulards colorados. Se disponen frente a una manta amarrada a dos palos que dice: «Bienvenidos! Compañera María de Jesús Patricio Martínez y compañeros y compañeras del Concejo Indígena de Gobierno», formando dos largas vallas humanas en las orillas de la carretera.

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Los riesgos y realidades sobre La Ley de Seguridad Interior en México

Francisco J. Trejo Corona, Tercera Vía

Los indicadores disponibles muestran que la violencia creció en 2016 en buena parte del país. En ese contexto, se han presentado iniciativas legislativas que proponen la militarización de la seguridad pública. ¿Estamos en riesgo de virar hacia un régimen de vigilancia castrense? ¿Somos conscientes de que, en caso de aprobarse dichas leyes, los militares podrían prevenir, investigar y castigar delitos o tener la facultad de replegar manifestaciones por la fuerza? Tercera Vía recupera las claves de la propuesta para mantenerte informado de lo que realmente importa.

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LOS DATOS

Es un hecho que vivimos una crisis de seguridad en México. El número de homicidios registrados por el Gobierno Federal en 2016 ha sido el más alto desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin que se tengan oficialmente el total de asesinatos del año pasado, el Secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha estimado que en 2016 más de 19 mil personas fueron asesinadas. Esta cifra supera al incremento registrado en 2015, con 15 mil 566, a los 14 mil 382 de 2014 y los 16 890 de 2013. De acuerdo con especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, el aumento de los homicidios en el país se debe a la existencia de grupos criminales pequeños, pero muy violentos, que pelean por el control de actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

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Uno de los fenómenos más importantes en materia de seguridad del 2016 fue el aumento de la violencia en estados de la república que antes no se catalogaban violentos. Por ejemplo, Colima registró un aumento en la tasa de homicidios en un 292%; Campeche incrementó su tasa en un 64% y Zacatecas en un 92%. Por otro lado, estados que habían experimentado fuertes operativos de seguridad dirigidos por las fuerzas armadas también han elevado sus niveles de violencia. Mientras Veracruz subió la tasa de homicidios en un 123%, Michoacán no ha logrado parar la ola de violencia, y experimentó un incremento en un 63%.

Dos casos que muestran las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto son Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas ciudades habían presenciado una disminución en la tasa de homicidios desde 2011. Sin embargo, 2016 representó un aumento considerable en el número de asesinatos acaecidos en ambos lugares. Ciudad Juárez experimentó un incremento del 72% en un año, pasando de 311 en 2015 a 536 asesinados en 2016. Del otro lado, Tijuana experimentó un aumento del 29% respecto a 2015 y un 65% en comparación con 2014. Además de las fallas de seguridad por parte del gobierno federal, la violencia en ambas entidades se encuentra relacionada por el conflicto entre distintos grupos del crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa, lo que queda del Cartel de los Arellano Félix, algunos grupos relacionado al ya extinto Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La extorsión y el secuestro también se incrementaron con respecto a los años anteriores. Con base en información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), los secuestros se elevaron en un 7% respecto al 2015, alcanzando los 1,700 casos reportados. Los estados que registraron en 2016 la mayor cantidad de secuestros fueron Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos y Zacatecas. Por otro lado, las extorsiones registraron un incremento del 3.6% entre 2015 y 2016.

Este aumento de la violencia en sus distintos ámbitos se puede palpar en las opiniones de la ciudadanía, en acuerdo a la ENVIPE 2016 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública). De acuerdo con los datos del estudio realizado el año pasado, el 70% de la población mexicana dice vivir con inseguridad. Solamente en 4 estados de la república la mayoría dice sentirse segura. Estos lugares son Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit y Yucatán. Por el contrario, los habitantes del Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla y Morelos son quienes más sensación de inseguridad perciben dentro de sus comunidades.

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UNA INICIATIVA PELIGROSA

¿Y si en este contexto de violencia, el Ejército pudiera actuar a discreción, hacer las funciones de policía, reprimir manifestaciones pacíficas de manera letal y no rendir cuentas? Puede suceder: actualmente se está discutiendo en el Senado y la Cámara de Diputados la llamada Ley de Seguridad Interior, como resultado de dos iniciativas, una propuestas por el PRI (en Cámara de Diputados) y otra por el PAN (en el Senado). En cualquier caso, ambas pretenden legalizar y legitimar la presencia del Ejército en las calles, bajo el supuesto de que la fuerza civil (la policía convencional) ha sido rebasada.

Algunos especialistas en políticas públicas y seguridad han apuntado que las leyes propuestas reducen considerablemente la influencia de legisladores y jueces ante el actuar de las fuerzas armadas en México, las cuales actuarían bajo órdenes directas del Gobierno Federal. El ejército tendría discrecionalidad para accionar armas de fuego contra los manifestantes, por ejemplo, si así lo consideran los encargados de los operativos. Para hacer esto posible, el gasto militar se incrementaría casi en un 600%, con el objetivo de financiar los recursos humanos, de inteligencia y los equipos de intervención.

En suma, la ley busca dar facultades al Ejército para hacer las funciones de policía, incluyendo los roles de prevención, investigación, detención y seguimiento de los delitos. La milicia conservaría además sus atributos, sin posibilidad de escrutinio público, amparándose bajo la figura de “Asuntos de Seguridad Interior”.

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¿Cuáles son los riesgos?

Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de CIDE, ha argumentado que el Congreso no está facultado para legislar en materia de Seguridad Interior, por lo que la ley propuesta sólo podría hacerse realidad llevándola hacia la zona gris de la laguna legal. Esto implicaría además reconocer el fracaso de las policías y organismos de Seguridad Pública en todo el país, incumpliendo la obligación de los poderes de proveer seguridad a los ciudadanos de manera civil y no militar.

El principal problema, asegura, tiene que ver con el uso discrecional de la fuerza y la poca transparencia que se le exigiría al Ejército, sumado a que no existiría el contrapeso de los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, se deponen las obligaciones sustanciales del Estado, que puede protegerse sin la necesidad de represión o seguridad militar, con acciones efectivas en salud, educación y bienestar, en lugar de concentrar su esfuerzo “en retenes militares y convoyes”.

Un ejemplo de los riesgos de esta ley ha sido expuesto por Tania Ixchel Atilano Camacho (Doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín), que recupera la idea de que las fuerzas armadas tendrían la facultad de “controlar” a una persona cuando al ser detenida en flagrancia, oponga resistencia. ¿Qué significa en éste contexto “controlar”? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de equipos de ataque? Por otro lado, ¿Se permitirán tanques para “controlar” multitudes?”.

Por su parte, Carlos Silva Forné, especialista del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en un foro que en esas condiciones “empeorarán los riesgos que México vive en material de seguridad, con uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos”.

¿Quiénes proponen la ley? ¿Qué argumentos existen a su favor?

Roberto Gil Zuarth (PAN) en el Senado y César Camacho Quiroz (PRI) en la Cámara de Diputados son los principales promotores de la iniciativa. El panista indicó que es necesario abrir el debate para dar certidumbre jurídica en el accionar del Ejército en tareas de seguridad pública. Además, justifica su iniciativa en la idea de que estados y municipios han dejado de invertir en seguridad pública “porque el Ejército ya se encuentra de facto realizando sus labores”. Camacho Quiroz, por su parte, defiende la propuesta bajo la premisa de que la falta de legislación solo mete en aprietos a los militares cuando están sobre el terreno.

Por ahora la iniciativa de Gil Zuarth está en comisiones, mientras que la propuesta de César Camacho permanece a la espera de dictaminación. Cabe destacar que en caso de prosperar sería necesaria la modificación del artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz los militares no puede intervenir en conflictos que no sean estrictamente castrenses.

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¿Está preparado el Ejército para algo así?

La realidad es que el 36% (una tercera parte) de las operaciones mixtas de las fuerzas armadas se encuentran sólo en dos estados: Guerrero y Estado de México. Es un hecho que la estructura actual del Ejército tampoco alcanza para establecer el control de todo el país.

Respecto al problema de la opacidad, en 2016 el diputado Vidal Llerenas (Morena) advertía que serían entregados para 2017 más de 9 mil millones de pesos para seguridad pública, una erogación enorme que no es sometida a mecanismos transparencia. Por su parte, Ixchel Atilano apuntó que de 90 millones de dólares destinados a gastos para equipamiento militar en 2014, se incrementaron a 500 mdd en 2015, principalmente para adquirir vehículos de ataque aéreo. La especialista explica que: “un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos unidades black hawk, desde los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos”.

¿Hay voces a favor de la Ley de Seguridad Interior?

El senador priísta Raúl Aaron Pozos expresó en una columna del Sol de México que es importante regular el actuar del Ejército en las calles por “los roces entre la sociedad civil y cuerpos militares, particularmente en lo correspondiente a “supuestas” violaciones a los derechos humanos”. El legislador asegura que “el enfado de los militares para continuar en estas responsabilidades es comprensible” y también que  reconocer los derechos humanos es algo importante, “pero que es necesario que el Estado Mexicano dé certidumbre a los soldados”.
Juan Ibarrola, por su parte ofreció en Milenio un texto en el que da un paso más adelante en la defensa de la Ley de Seguridad Interior: el descontento con el gasolinazo y la desacelaración en inversión extranjera obliga a que el país “deba estar preparado para enfrentar retos de seguridad interior”.

Artículo publicado por Tercera Vía el 16.01.2017: http://terceravia.mx/2017/01/lo-debes-saber-la-ley-seguridad-interior/