Paramilitarismo y desplazamientos forzados en Chiapas

Renzo D’Alessandro, ALAI (Foto: Padre Marcelo Pérez)

El escalamiento de la violencia derivada de un rancio conflicto de límites territoriales entre Chenalhó y Chalchihuitán, dos de los municipios más pobres de México, ha llegado a niveles alarmantes de más de 5 mil desplazados de los cuales la mayoría son niños y cientos de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las familias desplazadas provienen de las comunidades indígenas de Ch’enmut, C’analumtic, Pom, Tzomolton, Bejelton, Tulantic, Bololchojón, Cruz Acalnam, Cruztón, ubicadas al sur del municipio de Chalchihuitán afectando a su vez a 7 mil personas de una docena de comunidades vecinas en una franja limítrofe con Chenalhó.

“La situación está a punto de un grave derramamiento de sangre”, así lo han reiterado las denuncias de actores locales mientras que las autoridades estatales mantienen una ambigua postura ante esta emergencia social. Tanto el párroco de Chalchihuitán, como el párroco Marcelo Pérez de Simojovel y el reconocido internacionalmente Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) han lanzado alertas y comunicados a las autoridades federales y estatales entre ellas la Secretaría General de Gobierno a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda y la Fiscalía General de Chiapas dirigida por Raciel López Salazar, cuya tímida respuesta ha sido declarar una reunión mixta con policías y militares.

La ola de violencia y desplazamientos es parte de una administración del conflicto errónea que inicia con la incompetencia por omisión de parte de los diferentes niveles de gobiernos estatal y federal para desarmar a grupos paramilitares provenientes de Chenalhó. La situación se agudizó con el asesinato de Samuel Pérez Luna, habitante de Chalchihuitán, perpetrado el pasado 18 de octubre. A partir de mediados de noviembre con la quema de muchas casas, así como de las cosechas, amenazas y balaceras a la población local por parte de cerca de 200 paramilitares fuertemente armados por el Partido Verde Ecologista y por Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó ante la anuencia silenciosa del gobierno estatal.

El conflicto se origina en 1975 ocasionada por la ineficacia e intereses de los gobiernos federal y estatal con una dotación de tierras a favor del municipio de Chenalhó que quedó inconclusa por problemas tributarios. Posteriormente en 1980, el gobierno federal ejecuta una nueva sentencia que reconoce como bienes comunales cerca de 18 mil hectáreas a favor de 1,787 campesinos del municipio de San Pablo Chalchihuitán, sobreponiendo una parte del territorio otorgado sobre los límites que se disputaba Chenalhó.

Según Martín Gómez Pérez, actual presidente municipal de Chalchihuitán, el clima de confusión se acentuó al llegar Rosa Pérez Pérez a la presidencia municipal, quien inició una serie de bloqueos carreteros solapados por el gobierno estatal que impiden el paso a los habitantes de Chalchihuitán. Asimismo existen intereses económicos estipulados en 2012, con la firma de un convenio por parte del gobierno estatal en el que se comprometió al pago de 15 millones de pesos, la construcción de 300 viviendas y la implementación de proyectos productivos para el municipio “perdedor” de juicio de agravio iniciado en 2005 (expediente 181/2005) aún sin resolver en el Tribunal Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez.

En opinión de Pedro Faro, director del Frayba, el bloqueo y la crisis de desplazados implican la necesidad urgente de actualización y adopción de las medidas cautelares que terminen con la confrontación entre municipios garantizando los derechos humanos de los afectados y la libre circulación para el accedo de ayuda. Asimismo, existen diferentes propuestas para encaminar una solución definitiva al conflicto ocasionado por el propio gobierno, mismas que desde el año 2010 han sido conformadas y lanzadas por un grupo de especialistas en el tema pero que solo han recibido indiferencia desde las esferas del gobierno chiapaneco.

Los desplazados en la franja de Chalchihuitán y Chenalhó revelan que el gobierno no está dispuesto a hacer nada contra la “gran amenaza para la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas” que denunció precisamente en Chiapas hace un par de semanas Victoria Tauli-Corpuz, relatora de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El mediocre manejo institucional evidencia un desprecio profundo del gobierno federal y chiapaneco hacia los pueblos indígenas. La situación de desesperanza e inanición alimentaria y médica de las familias que duermen atemorizadas en la intemperie y el frio de la montaña, ha convocado la solidaridad de la sociedad civil para juntar víveres e intentar llevarlos a través de carreteras bloqueadas. Sin embargo, los impulsos de solidaridad aún esperan una respuesta que supere la inoperancia de los representantes del gobierno estatal quienes, plagados de señalamientos de impunidad hacia el paramilitarismo, continúan creando perversamente conflictos económicos y de partidos entre los pueblos indígenas, alcanzando en menos de una semana –por acción u omisión– una de las peores crisis de desplazamiento forzado en este sexenio.

Artículo publicado en ALAI el 27.11.2017: https://www.alainet.org/es/articulo/189458

Honduras niega la reelección a su presidente

Carlos Dada, El Faro (Foto: Orsetta Bellani)

Al final de la jornada electoral, cuando el domingo era ya lunes, una y media de la madrugada, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con apenas docenas de simpatizantes que aún lo esperaban en un salón del Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa. Era la segunda vez en cuatro horas que salía a declararse ganador de la elección. De su reelección. El entusiasmo, inclusive el suyo, ya lucía mermado. Pero trató de disimularlo: “Con el 50 % de las actas procesadas, tenemos siete puntos de ventaja”. Sus simpatizantes celebraron. Apenas. A esas alturas ya ni sus más fieles seguidores estaban seguros de lo que les decía. El día les había dado suficiente munición para la duda.

La transmisión televisiva del discurso presidencial fue interrumpida para conectar en vivo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que a esas horas, 1:45 a.m. del lunes 27 de noviembre, por fin daría sus primeros resultados oficiales. David Matamoros, presidente del cuestionado árbitro electoral, acusado de jugar a favor del presidente Hernández, confirmó una ventaja lo suficientemente significativa como para marcar una tendencia. Con el 57 % de las actas procesadas, el candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, acaparaba el 45.2 % de los votos; el presidente Hernández, el 40,2 %.

Por razones aún no explicadas, Matamoros y los restantes tres magistrados del TSE tardaron demasiado en anunciar lo que ya otros celebraban. Un par de horas antes, harto ya de esperar que los magistrados hicieran su trabajo, Nasralla dio a conocer el recuento de las actas: “Tenemos 45,4 % de los votos. El candidato de la dictadura tiene 40,6. La tendencia no cambia. ¡Soy el nuevo presidente de Honduras!”, dijo Nasralla. El Tribunal Supremo Electoral esas horas no había divulgado ni un solo voto. Cero. Nada. Por primera vez en mucho años, Honduras terminaba el día de las elecciones sin que el Tribunal adelantara resultados, creando una incertidumbre peligrosísima al final de unas elecciones tensas, cuestionadas, delicadas. Muy delicadas. A la 1 de la madrugada, Honduras seguía sin noticias del árbitro electoral.

Aún así, el presidente guatemalteco Jimmy Morales telefoneó al presidente Hernández para felicitarlo por su reelección. Lo hizo sin un solo dato oficial que sustentara su entusiasmo.

La capital, Tegucigalpa, había comenzado a militarizarse horas antes. Desde las 8 de la noche cuando, en un supremo acto de irresponsabilidad, el presidente Hernández se declaró ganador de la elección apenas con datos de sus encuestas a boca de urna. Los rumores inundaron las redes sociales y los mensajes telefónicos: están planificando un golpe de Estado, el Ejército discute qué hará, Juan Orlando está negociando con Mel Zelaya, el presidente decretará el estado de sitio, etc…

Tan absurdos como sonaban, todos circularon de manera viral porque todos eran escenarios creíbles. Cualquier cosa era creíble. Incluso la victoria de Nasralla contra el sistema.

¿Qué pasó en todas las horas de silencio del TSE?

Hubo presión internacional para que el Tribunal hiciera públicos los primeros recuentos, porque su silencio, con dos candidatos autoproclamados, era una bomba de tiempo. Cuando el presidente, a las 2 de la madrugada, salió a proclamarse ganador según sus propias actas, intentaba ya desesperadamente establecer el triunfo –el triunfalismo– como hecho político, aunque para ello mintiera. Las actas, sus actas, eran las mismas que tenía el TSE, las mismas que tenía Salvador Nasralla, las mismas que tenía el tercer candidato en contienda, Luis Zelaya, del Partido Liberal, que ya feliticaba también a Nasralla. ¿Cómo podían esas mismas actas dar al presidente Hernández y su Partido Nacional un resultado distinto?

Por eso, el silencio del TSE bordeaba ya lo delictivo. Ante cámaras, Nasralla denunció lo que ya era un rumor en los círculos políticos hondureños: “Hay dos magistrados que admiten mi triunfo y dos que no quieren reconocerlo”.

Los magistrados salieron y su palabra era tan determinante que los medios de comunicación que abiertamente hicieron campaña por la reelección interrumpieron su autoproclamación y dieron paso a los cuatro magistrados. Apenas habían contado el 57 % de las actas, dijeron. Y eran mayoritariamente urbanas. Faltaba que llegaran los votos de las zonas rurales. Era aún muy poco para proclamar ganador a un candidato que presentaba cinco puntos de ventaja sobre el presidente. Todo eso dijeron. Pero lo que confirmaron fue que Nasralla había dicho la verdad. El presidente, no.

El presidente Hernández envió un audio a sus correligionarios y a los medios de comunicación: “El dato del Tribunal no es concluyente porque únicamente recoge los resultados de las principales ciudades del país, eso representa sólo el 20 % de los votos. El 80 % restante nos favorece a nosotros, así que tenemos que ser cuidadosos, pacientes y llevar el proceso hasta el final”.

Fue un nuevo acto de irresponsabilidad más en una jornada en la que el presidente de la República estuvo a punto de desatar un caos. Pero quien se sorprenda es porque no sabe todo lo que está en juego en esta elección para los sectores más poderosos de Honduras. No se pueden dar el lujo de perder.

Hace dos años, el presidente Hernández logró autorización de la Corte Suprema de Justicia para correr por la reelección aun cuando la Constitución lo prohíbe. Pero lo hizo con el respaldo de empresarios, de su partido, de políticos corruptos acusados de graves delitos, del Ejército, con fondos del Estado y con el apoyo abierto pero cauteloso de Estados Unidos. Ninguno de ellos podía admitir una derrota porque en riesgo están multimillonarios contratos con el Estado, prisión para algunos funcionarios y empresarios, el desmontaje de un contubernio entre la empresa privada y el Estado que es la causa principal de conflictos sociales y de asesinatos de ambientalistas.

Para Estados Unidos, el presidente Hernández es un aliado más confiable que Salvador Nasralla, particularmente porque detrás de él está el expresidente Manuel Zelaya, principal operador de la oposición y hombre cercano al Socialismo del Siglo XXI. Pero incluso la Alianza Opositora cree que Washington ha retirado su apoyo a las intentonas del presidente Hernández para mantenerse en el poder.

“Estamos ante una crisis tremenda porque Juan Orlando no quiere aceptar la derrota”, dice Hugo Noé Pino, exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. “En ninguna elección habíamos visto el escenario ante el que estamos ahora”, agrega.

Salvo la representación estadounidense, los demás sectores poderosos de Honduras intentaron –y aún intentan– mantener a Juan Orlando Hernández en Casa Presidencial a toda costa. La elección del domingo era ya irregular con un padrón sin depurar que incluía 30 % de convocados muertos o en el extranjero y nula representación del partido opositor en el TSE. Hernández controla incluso el árbitro de la elección, los medios de comunicación y la institucionalidad del Estado, a la que volcó en la campaña eliminando las fronteras entre el Estado y el partido.

Todas las encuestas, salvo las de la Alianza Opositora, le daban diez puntos de ventaja sobre Salvador Nasralla. Eran sus propias encuestas, de sus medios aliados. No importaba. No se trataba de retratar la intención de voto, sino de establecer un hecho político. De convencer a la gente de que su triunfo era inevitable. Pero la sorpresiva victoria de Salvador Nasralla en las urnas transformó todo el panorama.

Rodolfo Pastor, el hombre a cargo del plan de gobierno de la Alianza, dice que se despidió de los magistrados del TSE a las 3 de la mañana de este lunes 27 de noviembre. “En ese momento ellos hablaban de más de 70 % de las actas procesadas, y la ventaja de nuestro candidato había aumentado a siete puntos. La ventaja es definitiva. Los magistrados usaron otra palabra: irreversible”. ¿Por qué no lo han dicho en público? “Juan Orlando es un hombre muy poderoso y ahora mismo intenta negociar. No quiere reconocer su derrota y, si lo hace, pretende otras cuotas de poder y garantías de amnistía. Pero no tengo idea con quién puede negociar a estas alturas”.

La mañana de este lunes, los principales periódicos hondureños amanecieron con Salvador Nasralla en las portadas. Fueron cautelosos esta vez, e informaron con precisión que el candidato opositor llevaba ventaja. Pero esas portadas enviaban otro mensaje: los sectores más fieles al presidente han comenzado a admitir la posibilidad de una derrota.

A media mañana, sin embargo, cambiaron sus portadas en línea: citando a empresa encuestadora Ingeniería Gerencial, la misma que 24 horas antes daba al presidente Hernández una ventaja de más de diez puntos, El Heraldo tituló: “Se acorta distancia entre Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández”. Era otra maniobra coordinada: el gerente de esa empresa, Arturo Corrales, es un exfuncionario del gobierno de Hernández. Un conspirador político con acceso directo al TSE que, a pesar del probado fracaso de sus proyecciones, tuvo media mañana ante las cámaras de la principal cadena televisiva del país, Televicentro, para sembrar la idea de que el presidente Hernández está remontando la diferencia. Un propagandista maniobrando a última hora. El presidente todavía no se ha rendido.

Artículo publicado en El Faro el 27.11.2017: https://elfaro.net/es/201711/centroamerica/21212/Honduras-niega-la-reelecci%C3%B3n-a-su-presidente.htm

Elecciones en Honduras: mucho más que un simple voto

Giorgio Trucchi, Rel-UITA (Foto: Orsetta Bellani)
 
 
Este 26 de noviembre, el pueblo hondureño está convocado a ejercer nuevamente su derecho al voto para elegir al presidente, 128 diputados al Congreso de Honduras, 20 diputados al Parlacen (Parlamento centroamericano) y 298 alcaldes y vicealcaldes.
 Por primera vez en la historia democrática del país, un presidente buscará reelegirse por un segundo período, y esto a pesar de que la Carta Magna de Honduras lo prohiba tajantemente.

En 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos declarando la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial.

Un año después, cumpliendo las sentencias del máximo poder judicial, el TSE (Tribunal Supremo Electoral) aceptó la inscripción de la candidatura del actual mandatario Juan Orlando Hernández.

Los mismos magistrados electorales rechazaron sucesivamente un recurso presentado por la Convergencia contra el Continuismo, instancia conformada por diferentes organizaciones y sectores sociales, populares, sindicales y estudiantiles que considera dicha candidatura inconstitucional e ilegal.

 

Foto: Orsetta Bellani, noviembre de 2013
 
 
Es así que este domingo, mientras el ambiente se vuelve cada vez más tenso, se multiplican los asesinatos políticos, se cercena el derecho a informar de varios medios internacionales y el partido de gobierno lanza una cacería de brujas contra la supuesta injerencia del gobierno de Venezuela y de «agentes internacionales» para generar el caos en el país, los tres principales candidatos -de un total de nueve- buscarán la presidencia para el período 2018-2022.

Candidatos

Juan Orlando Hernández, candidato del oficialista Partido Nacional, se presenta con una propuesta electoral muy sencilla: continuar por cuatro años más el camino ya emprendido durante su gobierno, cosechar lo que ha sembrado y profundizar las medidas económicas y de seguridad.

En su propuesta de gobierno, Hernández refuerza los ejes temáticos de su primer mandato: generación de empleo (precario), estabilidad macroeconómica, apertura al capital nacional y transnacional con la promoción de las zonas de empleo y desarrollo económico (Zede o ciudad modelo), concesión de bienes comunes y territorios, programas sociales para los sectores más pobres -que en Honduras siguen representando a más del 60% de la población-, control férreo de las instituciones públicas, seguridad, defensa y militarización del territorio.

Sin duda alguna, el actual mandatario es el candidato que, a pesar de roces y tensiones, más representa los intereses del gran capital nacional y transnacional, así como de los «grupos fácticos» que controlan la política y la economía hondureña y de la actual administración norteamericana.

Su principal contrincante será Salvador Nasralla, histriónico conductor de televisión y candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que reúne al Partido Libertad y Refundación (Libre), al Partido Innovación y Unidad (Pinu) y a una parte de la base del Partido Anticorrupción (Pac).

En su programa, Nasralla recoge buena parte de las propuestas políticas y sociales que surgen desde los sectores que en su momento se opusieron al golpe de Estado del 2009.

Salud y educación universal y gratuita, viviendas dignas, plan de seguridad comunitaria enfocada en la prevención del delito, lucha contra la corrupción y la impunidad, servicios básicos sometidos a control público, acceso al credito para pequeños y medianos productores, reforma agraria integral, derogación de las leyes que precarizan el trabajo, cercenan derechos de la ciudadanía y ponen en venta bienes comunes y territorios.

Además, se propone velar por el respeto a la igualdad irrestricta de género, impulsar un nuevo pacto fiscal, reducir el costo de los combustibles, indexar el salario mínimo al costo de la canasta básica.

El candidato del Partido Liberal es Luis Zelaya. Con muy pocas posibilidades de ganar la contienda electoral en cuanto no controla el aparato del partido y arrastra las consecuencias de la división interna originada a raíz del golpe de 2009, Zelaya propone fortalecer la institucionalidad, una lucha férrea contra la corrupción y la impunidad, reactivación económica y generación de empleo a través de parques agroindustriales, inversión en educación y salud, entre otros.

 
Foto: Orsetta Bellani, noviembre de 2013
 
 

Mucho más que un voto

Para aquellos sectores de la sociedad hondureña que han sido constantemente y sistemáticamente excluidos y olvidados, la del 26 de noviembre es mucho más que un simple elección de nuevas autoridades públicas.

«El actual gobierno ha venido violentando derechos, cercenando territorios, empobreciendo a la población. Para la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras este proceso electoral no significa una votación más, sino que se está definiendo el futuro del pueblo hondureño. De ganar el actual mandatario y candidato ilegal e inconstitucional Juan Orlando Hernández se profundizaría la dictadura que se ha venido instalando durante su mandato, y que ha sido apoyada por los grupos fácticos y por los militares», dijo Miriam Miranda, miembro de la Plataforma.

Para la dirigente garífuna es fundamental que cualquier agenda electoral ponga como eje principal el cambio de modelo económico.

«El modelo neoliberal y extractivista que ha implementado el actual gobierno ha  venido arrebatando y saqueando bienes comunes. Ahora quieren profundizar el mismo modelo con la implementación de las Zede, subastando territorios donde justamente están radicados los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Como Plataforma nos sumamos al llamamiento hecho desde la Convergencia contra el Continuismo para que la gente razone su voto y no contribuya a la continuidad de la dictadura», aseveró Miranda.

La también coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dijo que, independientemente de quien será el ganador de esta contienda electoral, la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras continuará impulsando una agenda que prevé cambios estructurales a través de la instalación de una asamblea nacional constituyente popular, democrática, incluyente e originaria.

«Vamos a seguir respaldando las luchas territoriales para generar una sociedad diferente. Las comunidades deben seguir preparándose para defender los territorios de este modelo destructivo y avasallante que acaba con la vida de los bienes comunes y las personas. También vamos a seguir exigiendo el cese de la criminalización, persecución e impunidad. Vamos a exigir justicia para nuestra hermana Berta Cáceres y para todas las defensoras y defensores asesinados.

Decimos NO a este proyecto de muerte. Gane quien gane esta es la agenda que vamos a proponer desde los territorios, articulándonos con todos los movimientos sociales que hay en Honduras como el movimiento estudiantil, obrero, campesino, la comunidad LGTBI, las mujeres», concluyó Miranda.

Artículo publicado en Lista Informativa Niguaragua y Más el 23.11.2017: https://nicaraguaymasespanol.blogspot.mx/2017/11/elecciones-en-honduras-mucho-mas-que-un.html