En Oxchuc: “Los partidos como siglas no están, pero los actores políticos siguen”

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Un hombre deja caer una piedra en el suelo, quebrándola. Agarra unos trozos y se pierde en una calle que se desprende del parque de Oxchuc, Chiapas. Una lluvia de piedras y palos llega del otro bando, mientras las detonaciones retumban.

Los observadores electorales del IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana) se han ido horas antes y nunca llegará la Policía Estatal que está posicionada a pocos kilómetros de la cabecera municipal, con camionetas y hasta tanquetas. En la plaza quedan sólo sillas rotas, gente resguardada en el porche de la presidencia municipal y una neblina espesa causada por los cohetes. Poco después, en la explanada de Oxchuc desfilará el grupo armado de corte paramilitar María Tulukes, cuya entrada causará dos heridos leves, dos heridos de bala de gravedad y un muerto: Pedro Santiz López de la comunidad de Ts’ununilja, un agricultor de unos 33 años que se encontraba detrás del parque cuando un tiro lo alcanzó. 

Las violencias se dieron tras la celebración, el miércoles pasado, del plebiscito en este municipio tseltal, primero en Chiapas en obtener el reconocimiento legal de sus elecciones por usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos.

Enfrentamientos en Oxchuc. Video: Orsetta Bellani

“Los llamados usos y costumbres forman parte del derecho electoral consuetudinario de los pueblos indígenas y han existido antes de la presencia de los estados nacionales. En este sentido estamos frente a una restitución de derechos”, explica Araceli Burguete Cal y Mayor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). “Hay 470 municipios indígenas en Oaxaca que eligen a sus autoridades por usos y costumbres y no lo hacen de manera violenta. Oxchuc lleva por lo menos 15 años de muertos y enfrentamientos en la lucha por el poder, el cambio de régimen no ha podido modificar la clase política, que se ha apropiado de los sistemas normativos. Los partidos como siglas no están, pero los actores políticos siguen”.

Previo a las elecciones, el presidente del Órgano Electoral Comunitario (OEC) de Oxchuc, Belisario Méndez Gómez, habló de la fiesta cívica y democrática que significaba la jornada electoral.

“Se determinó la elección de autoridades municipales por nuestros sistemas normativos internos, como resultado de una gran batalla jurídica que dio nuestro pueblo ante los tribunales de México”, dijo. 

En este poblado de los Altos de Chiapas, los usos y costumbres prevén que los candidatos a la presidencia municipal –5 hombres y 5 mujeres, nombrados en asambleas comunitarias– suban al templete y sean votados por alzada de mano durante una asamblea general a la que pueden participar todas las personas que cuenten con credencial electoral. 

Uno de los candidatos en las elecciones por usos y costumbres de Oxchuc. Foto: Orsetta Bellani

El miércoles han sido muchas las manos alzadas para Hugo Gómez Santiz, y muchas también para Enrique Gómez López. La plaza estaba repleta de gente, más de 13 mil personas procedentes de 129 comunidades y 23 barrios de la cabecera municipal se presentaron para elegir a sus autoridades. Era difícil afirmar con seguridad quién tenía la mayoría entre los dos punteros.

“Ganó Enrique Gómez López”, dijo al micrófono el presidente del Órgano Electoral Comunitario. Se levantaron las protestas. 

“¡Hugo, Hugo!”, clamaban los seguidores de Gómez Santiz. 

“Sí se pudo, sí se pudo”, gritaban del otro bando. 

Hugo Gómez Santiz se acercó a las periodistas. “No es posible que a simple vista tengan una cifra matemática. Los lineamientos dicen que si la mayoría no es visible debemos pasar al conteo pormenorizado de los votos”, dijo enfurecido, mientras los gritos y la tensión crecían.

El templete donde se encontraba la mesa de debate se llenaba de sus partidarios, en la explanada la gente brincaba y gritaba, nadie parecía tener la capacidad de poner orden en el caos. Los seguidores de Hugo Gómez Santiz se pasaban el micrófono y acusaban a su contrincante de compra de votos con el apoyo del actual presidente municipal Alfredo Santiz Gómez, elegido en 2019 por usos y costumbres. Cuando finalmente el Órgano Electoral Comunitario reconoció el empate, era demasiado tarde. 

“¡Hugo, Hugo!”, seguían gritando sus partidarios, que ya no estaban dispuestos a aceptar el empate. Algunos se acercaron a la mesa de debate, la aventaron y golpearon algunos miembros del Órgano Electoral Comunitario. Pocos instantes después, empezaron las detonaciones y los lanzamientos de piedras, sillas y palos en contra del templete. Era un grupo de seguidores de Enrique Gómez López.

“Los actos de agresión tuvieron su origen en un grupo reducido de personas, y no involucraron a los varios miles de asistentes, hombres y mujeres, ciudadanos de ese municipio que asistieron a celebrar una fiesta cívica”, destacó en comunicado un grupo de observadoras electorales e invitadas especiales. “Reconocemos los esfuerzos que realizó el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc para construir un clima de acuerdos previos, que mostraron voluntad de inclusión a toda la diversidad política que se manifiesta en el municipio”.

Pobladores de Oxchuc durante sus elecciones por usos y costumbres. Foto: Orsetta Bellani

Llamaré Juan el joven que encontré en la explanada de Oxchuc y que tras los enfrentamientos me pidió no publicar su verdadero nombre para resguardar su seguridad. Juan cree que la violencia en Oxchuc no ha cesado porque los caciques siguen aferrados a su poder. 

“Los partidos políticos tienen todavía influencia dentro de las elecciones, siguen dándole recursos a candidatos que ven favorables y hay compra de votos de forma generalizada. Pero el problema no es el sistema por uso y costumbres, sino la gente que quiere que regresen los partidos. Vienen a provocar para mostrar que nuestro propio sistema normativo no sirve y que el partidista es mejor, pero la mayoría del pueblo de Oxchuc sigue firme en querer los usos y costumbres”.

Desde sus comienzos, Juan participa en el movimiento que llevó a la salida -por lo menos formal- de los partidos políticos y al reconocimiento por parte del Tribunal Estatal Electoral de Chiapas del sistema electoral tzeltal. 

Todo empezó en octubre de 2015, cuando los pobladores de Oxchuc empezaron a manifestarse en contra del matrimonio de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz López, que durante 12 años compartió el poder municipal transitando del PRI al PVEM.

“Era mucho porque sólo una familia gobernaba el municipio: salía el hombre y entraba su esposa, además prácticamente todos los que trabajaban en el ayuntamiento eran sus familiares. Fue allí cuando Ovidio López Santiz convocó a la gente”, dice Juan.

De acuerdo con sus usos y costumbres, en Oxchuc se elige el presidente municipal por alzada de mano. Foto: Orsetta Bellani

Ovidio López Santíz fue uno de los líderes de la protesta que llevó a la toma del palacio municipal y a la primera expulsión de la presidenta municipal María Gloria Sánchez, en febrero de 2016. Esta rebelión abrió camino, y unos tres años después, llevó al reconocimiento legal del sistema normativo indígena. 

El líder comunitario Ovidio López Santíz fue asesinado el 24 de enero de 2018 junto con otras dos personas, en uno de los días más tristes para este poblado tseltal: entonces 27 personas resultaron heridas y hubo quema de viviendas y negocios.

Los pobladores atribuyen estos hechos al grupo armado María Tulukes, conformado por personas ajenas a la comunidad. Afirman que la agrupación está al sueldo del matrimonio caciquil y que es responsable también de la muerte de Pedro Sántiz López, este 15 de diciembre, y de las cuatro personas heridas.

Este jueves, Oxchuc amaneció tranquilo, pero en las comunidades hay preocupación de que las tensiones puedan estallar otra vez. Antes de los enfrentamientos, la última palabra del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc fue que, de acuerdo con lo que establecen los lineamientos en caso de empate, se organizarán nuevas conteos comunidad por comunidad, para que el voto sea pormenorizado.

Artículo publicado en Pie de Página el 16.12.2021: https://piedepagina.mx/en-oxchuc-los-partidos-como-siglas-no-estan-pero-los-actores-politicos-siguen/

Las comunidades tseltales que resisten a la Guardia Nacional

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

César Hernández Feliciano tomaba su pozol sentado frente a una tiendita en el crucero de Temó, Chiapas, cuando percibió que la tensión iba a estallar. El director de la Policía Municipal de Chilón había cortado con su navaja la manta de los ejidatarios de Bachajón, que aquel 15 de octubre de 2020 se estaban manifestando contra la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, y el forcejeo estaba empezando. 

Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

Cesar Hernández Feliciano en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, Municipio de Chilón. Foto: Orsetta Bellani

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

Evento por el 4 aniversario del Gobierno Comunitario de Chilón, que se celebró el 20 de noviembre en la comunidad de Centro Chic. Foto: Orsetta Bellani

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

Mujeres tseltales debaten durante el evento por el 4 aniversario del Gobierno Comunitario de Chilón, que se celebró el 20 de noviembre en la comunidad de Centro Chic. Foto: Orsetta Bellani

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021: https://piedepagina.mx/las-comunidades-tseltales-que-resisten-a-la-guardia-nacional/

Cherán, el pueblo que hizo frente al crimen organizado

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Cuando vieron la camioneta bajar del cerro llena de leña talada, María Guadalupe García Macías y sus compañeras salieron de sus casas con unos palos. Era el 15 de abril de 2011 y las mujeres indígenas purépechas del pueblo de Cherán, en el mexicano estado de Michoacán, ya se habían hartado de ver procesiones de vehículos de las organizaciones criminales llevarse los arboles de su bosque, sagrado para los indígenas purépecha. Llegaron a contar hasta 200 camiones diarios que subían y bajaban de sus cerros.

Aquel día de 2011, las mujeres de Cherán se acercaron a la camioneta de los talamontes, los obligaron a bajar y los retuvieron. Las campanas de la capilla del Calvario empezaron a tocar y la gente salió a la calle; los hombres se sumaron a la revuelta de las mujeres y así empezó a tomar forma una de las experiencias de autogobierno y autodefensa indígena más reconocida de México.

«Todo el pueblo, primero las mujeres y después los hombres, los niños y las personas mayores nos reunimos para frenar a los talamontes», recuerda García Macías. «Somos luchadoras, las mujeres somos muy valientes, lo traemos en la sangre», dice. Tras el levantamiento, la gente de Cherán atravesó troncos y amontonó piedras en las tres entradas del pueblo impidiendo que los integrantes de las organizaciones criminales entraran para rescatar a sus compañeros. Al día siguiente, los cuatro barrios de Cherán que se habían levantado en defensa de su bosque y por la seguridad se reunieron en asamblea: desconocieron a la Policía, a los partidos políticos y a la Presidencia municipal, por su colusión con los criminales.

Guardabosques patrullan los cerros de Cherán. Foto: Orsetta Bellani

Además, prohibieron el cultivo de aguacate en su territorio, pues la tala criminal de los bosques no estaba dirigida sólo a vender su preciada madera en el mercado ilegal, sino a «liberar» espacio para implantar este árbol que desertifica la tierra y causa problemas de acceso al agua para la población, al requerir cien metros cúbicos de agua al mes por hectárea, once veces más que el pino.

«Sacamos a los partidos políticos y desde entonces no hubo elecciones en Cherán. Formamos nuestro propio Gobierno, el Concejo Mayor, que elegimos por usos y costumbres», dice María Guadalupe García Macías, que es una de sus doce concejales, llamados k’eris en idioma purépecha.

Su «candidatura» fue propuesta en mayo de 2018 por una fogata de vecinos. Cada noche, cuando el sol se esconde detrás del cerro y el frío abraza la meseta purépecha se prenden fogatas en cada esquina del pueblo para presidiar las calles, compartir atole, café y palabras entre vecinos. Es allí donde se debate sobre los problemas de la comunidad y se hace política. En tiempos de elecciones, por usos y costumbres, las fogatas proponen una lista de nombres de pobladores que se postulan al cargo de k’eri a la asamblea de los barrios de Cherán, que elegirá el nuevo Concejo Mayor. Ser parte de este órgano para los cheranenses no es un privilegio, sino servicio a la comunidad.

«Buscamos retomar y fortalecer instituciones que como pueblo purépecha teníamos antes de la colonia, como el Concejo Mayor de Gobierno», explica el abogado David Daniel Romero, poblador de Cherán.

El Gobierno autónomo purépecha está reconocido por el Estado. El 2 de noviembre de 2011, con base en la Constitución de la República y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió a favor de los comuneros, reconociendo el derecho de sus 15.000 habitantes de elegir a sus autoridades por usos y costumbres.

La Ronda Comunitaria

La sede del Concejo Mayor es la Casa Comunal de Cherán, un edificio de estilo colonial que en 2011 fue tomado por la población insurrecta. Afuera, en la bella plaza principal del pueblo, las familias pasean y disfrutan de los puestos de comida, las personas ancianas descansan en los bancos y los niños juegan a la pelota hasta en las noches.

Es una de las conquistas de la rebelión de los comuneros. Hasta 2011, Cherán estaba tomado por grupos criminales ligados a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. En los bosques que rodean el pueblo se dedicaban a la tala ilegal y a abrir rudimentales narcolaboratorios para la producción de drogas químicas, al mismo tiempo de que extorsionaban, mataban, desaparecían comuneros y cobraban «cuotas» a los comerciantes. Después de las 9 de la noche, la gente de Cherán no salía de sus casas.

Guardabosques patrullan los cerros de Cherán. Foto: Orsetta Bellani

La situación ha sido revertida gracias a la acción de la Ronda Comunitaria, un cuerpo de seguridad autónomo y comunitario integrado por unas 60 personas entre hombres y mujeres. Son elegidas por la asamblea de Cherán, que puede destituirlas de su cargo si no cumplen con su mandato.

La Ronda Comunitaria presidia las tres entradas al pueblo: allí donde en abril de 2011 fueron levantadas las barricadas hoy en día existen puestos fijos de vigilancia. Los «rondines» paran cada carro, preguntan el motivo de la visita, controlan que no entren los criminales, políticos o la propaganda de sus partidos. Tienen uniforme, armas y un sueldo pagado por el Estado, que tuvo que reconocer su función tras la sentencia del Tepjf de 2011.

La rebelión de Cherán expulsó a la Policía Municipal y cerró la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos acusados de no cumplir con sus funciones y de tener nexos con las redes criminales. La Procuraduría fue sustituida por el Consejo Procuración y Mediación de Justicia, órgano comunitario y autónomo, y en la sede de la Ronda Comunitaria de Cherán existe una pequeña prisión donde se detiene a personas acusadas de delitos menores. Los delitos graves son remitidos a la Agencia del Ministerio Público de Zamora.

Desde la sede de la Ronda Comunitaria salen los «rondines» para patrullar el pueblo varias veces al día. Y cada madrugada, antes de que el sol se asome para calentar el aire frío de la meseta purépecha, salen las camionetas de los guardabosques para cuidar a sus cerros sagrados.

El negocio del «oro verde»

«A todos los que encontraban aquí los agarraban: los desaparecían o los mataban. Solamente ellos eran libres para tumbar arboles», señala Juan Chávez mirando a una cruz que recuerda que allí, entre árboles de pino y encino, el crimen organizado ha matado a un hombre.

Juan Chávez camina por los senderos que rodean Cherán con la agilidad de un joven. Los conoce en detalle pues son sus bosques, pertenecen al pueblo purépecha. Lo acompañan dos guardabosques, un cuerpo de seguridad que acompaña a la Ronda Comunitaria en las tareas de seguridad. Cargan rifles y tienen un uniforme azul oscuro con la bandera purépecha cosida la manga.

Los guardabosques no sólo patrullan a los bosques para asegurarse de que no entren los talamontes, sino que reforestan las áreas que han sido taladas en años pasados. El periodo de despojo más intenso en Cherán fue, de acuerdo con un estudio académico de María Luisa España y Omar Champo, entre 2010 y 2011. En total, fueron deforestadas más de 9.000 hectáreas, «lo que equivale al 71% de la superficie vegetal existente en 2006». Alrededor del 80% ya ha sido reforestado por los guardabosques comunitarios, que gestionan un vivero que tiene capacidad de producir dos millones y medio de plantas por año.

«Tenemos muchos árboles nuevos, los hemos replantado, pero tenemos que seguir reforestando y patrullando para que no entren a talar para sembrar aguacates, que aquí está prohibido», indica Juan Chávez mirando a las montañas que se extienden frente a nosotros. «Miren allá, se ve la diferencia, el bosque cambia de color. A partir de allí, donde termina el Municipio de Cherán, hay aguacates».

Desde los cerros de Cherán se pueden ver los monocultivos de aguacates que están sembrados en los municipios limítrofes. Foto: Orsetta Bellani

Donde antes se sembraba maíz, amaranto, frijol, calabaza, cacao o tomate, hoy en día se extienden largas hileras de monocultivos de «oro verde». Michoacán es el mayor productor de aguacate del mundo. Este fruto rico de vitaminas, grasas nutritivas y fibras deja divisas por unos 1.150 millones de euros y, de acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana, más de 31 millones de euros provienen del Estado Español, cuyo consumo de aguacate michoacano entre 2015 y 2016 creció de más del 140%.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mexicana, en 2019 Michoacán produjo un millón 725.000 toneladas de aguacate, alrededor del 76% de la producción nacional. En marzo de 2019, el gobernador, Silvano Aureoles, afirmó que la mitad de las 200.000 hectáreas de cultivo de «oro verde» que se encuentran en el estado son irregulares. A los productores se les exige una «cuota» por cada hectárea cultivada, a los jornaleros se les cobra para poder trabajar en la cosecha y buena parte de la línea de producción y comercialización acaba enriqueciendo a las organizaciones criminales.

Artículo publicado en El Gara el 15 de enero de 2021.

Cherán, el pueblo que se rebeló contra el crimen, organiza sus elecciones sin partidos

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Al dejar su cargo de gobierno, María Dolores Santa Clara tendrá más tiempo para pasear por los cerros de Cherán, Michoacán. Desde septiembre de 2015, cuando tomó protesta como integrante del Concejo Mayor de su pueblo, sus días se van entre oficina y reuniones, y poco le queda para disfrutar de su jubilación de maestra. Continue reading…

Afromexicanos: La lucha contra el olvido

Orsetta Bellani, Newsweek en Español (Foto: O.B.)

Medhin Tewolde descubrió ser negra a los seis años. Estaba jugando con unas amigas cuando un niño le gritó “negra”. Los demás empezaron a reír.

“En aquel momento me pregunté: ¿a quién le habla? Era la primera vez que yo era negra”, recuerda Medhin. “Además me di cuenta de que esto era motivo de burla, o sea que ser negra no era cualquier cosa. Fue entonces que me cayó el veinte”. Continue reading…

A 14 años de la Operación Orión en Colombia, víctimas piden que se implemente ya acuerdo de paz

Andrea Aldana, El Espectador (Foto: Orsetta Bellani)

“Uno no puede ser victimario y después pretender ser vocero de las víctimas”, manifestó Luz Elena Galeano, integrante Mujeres Caminado por la Verdad, un grupo que reúne a 143 madres, hijas, esposas y hermanas, que buscan a familiares que fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, refiriéndose a la vocería que ha adquirido el expresidente Uribe en cuanto a las correcciones que se pretenden hacer para el acuerdo de paz firmado en La Habana. Continue reading…

Las autodefensas que no son

Fernando Montiel, Rebelión (Foto: Cuartoscuro)

“No saben el problema en el que se están metiendo,

desactívenlas de inmediato, de verdad no saben…”

Mayor de la Policía Nacional de Colombia,

Bogotá, noviembre, 2013

 

Primera estación: Colombia

El Mayor –en aquél entonces todavía Capitán- de la Policía Nacional de Colombia hablaba viendo el fenómeno de las llamadas “autodefensas” en México a través del cristal colombiano. En Colombia el concepto autodefensa indica algo diferente -muy diferente- de lo que se entiende en México. Continue reading…