Madres de migrantes desaparecidos buscan a sus hijos en México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Desde hace 15 años viajan de Centroamérica en caravana y encontraron a más de 310 migrantes desaparecidos.

La mirada de Erlinda Ramírez no se mueve de la fila de jóvenes de camiseta anaranjada. Caminan arrastrando sus chanclas y observan las fotos que las mujeres de la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos han puesto en la cancha de baloncesto del penal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado de Veracruz. Son imágenes de hombres y mujeres jóvenes, de sus hijos desaparecidos.

Ramírez tiembla y llora, sus nervios no aguantan. Una joven psicóloga le recomienda respirar hondo y su compañera Eva Ramírez, que como ella integra a la caravana, le acaricia un brazo y la tranquiliza: “Por allí tu hijo tiene que venir en las filas”.

Hace más de siete años el joven migró de Honduras a Estados Unidos, pero en el sur de México fue detenido y acusado de asesinato, extorsión y violación. En un primer momento llamaba seguido a su familia desde la cárcel de Coatzacoalcos, pero pronto acabó el dinero que las guardias le arrebataban cada vez que quería hacer o recibir llamadas. Desapareció. A veces Erlinda se pensaba con alas, volando encima de las montañas y de las aguas para alcanzarlo. Otras veces imaginaba hacerse invisible para cruzar la frontera de México y encontrarlo.

Luego una mujer que da clases de yoga adentro de la cárcel de Coatzacoalcos llamó al Movimiento Migrante Mesoamericano – la organización que cada año coordina la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos -, quien se encargó de buscar a Erlinda y la invitó a la caravana.

Madres de la caravana enseñan las fotos de sus seres queridos a los migrantes centroamericanos en Coatzacoalcos, Veracruz (Foto: Orsetta Bellani)

Hoy es justo el día de su rencuentro. Parada en la cancha de baloncesto bajo el sol veracruzano del mediodía, Erlinda Ramírez no despega sus ojos de aquella extraña procesión de detenidos, que observan las fotos para eventualmente brindar pistas para encontrarlos. Cuando por fin su mirada encuentra la de su hijo, en un instante se envuelven en un abrazo. Las demás integrantes de la caravana lloran; de felicidad por el rencuentro de su compañera Erlinda, de tristeza porque a ellas todavía no les ha tocado.

Los rostros de sus seres queridos, y de los hijos de otras mujeres que no pudieron emprender el viaje, siguen apareciendo sólo en las fotos plastificadas que ordenaron en la cancha del penal. Son imágenes que cargan todo el tiempo durante la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, formada por unas 40 personas – en su mayoría mujeres – de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en sus propios países integran organizaciones dedicadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Llevan las fotos de sus seres queridos colgadas al cuello y no se las quitan ni para comer.

Hasta hoy, las mujeres de la caravana han viajado por quinceava vez por los mismos paisajes que atravesaron sus hijos en su viaje rumbo al norte. Desde el clima tropical de la frontera meridional de México hasta el desierto del Estado de Nuevo León, a un paso de los Estados Unidos.

Los buscan en los albergues de migrantes (gestionados por religiosos que les brindan hospedaje y comida), en las cárceles, en las vías del tren de carga llamado La Bestia, en cuyo techo viajan los migrantes. Van de casa en casa enseñando las fotos de sus seres queridos, o las exponen en las plazas públicas, con la esperanza que los transeúntes los puedan reconocer y brindar una pista. A veces un pequeño detalle puede abrir un camino que lleva a su localización.

Madres centroamericanas enseñan sus fotos casa por casa en Huixtla, Chiapas

La búsqueda con vida de los migrantes desaparecidos comienza antes de la salida de la caravana, cuando el MMM recibe las denuncias de desaparición. El activista Rubén Figueroa sigue sus huellas en México a partir de la última llamada que hicieron a sus familias o del último envío de dinero que recibieron, busca sus nombres en las listas de los detenidos de los penales y en Google, para averiguar si la prensa local los reporta como victimas de algún accidente. Una vez recolectados los indicios, Figueroa viaja por México para buscar a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Muchas veces los encuentra: en 15 años el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) encontró con vida a más de 310 personas. Sus familiares han sido invitados a participar en la caravana para que se pudieran rencontrar.

Este año las madres centroamericanas están acompañadas por activistas internacionalistas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, uno de los organizadores de la Caravana Abriendo Fronteras, iniciativa que nació en 2016 y que en julio pasado se dirigió a Andalucía y Ceuta. El colectivo vasco decidió participar junto con el colectivo italiano Carovane Migranti para aprender de la experiencia de sus integrantes y tejer redes de solidaridad y lucha. “Compartimos la concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar y la defensa de los derechos de las personas migrantes, también durante su tránsito hacia los países de destino”, explica Dida Marin Astobieta, activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Esta caravana se enfrenta a la negación extrema de estos derechos, desde el secuestro a la desaparición e incluso el asesinato”.

Anita Celaya del Salvador (Foto: Orsetta Bellani)

Para que las denuncias de las mujeres centroamericanas lleguen a Europa, cada año dos integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas están invitadas a participar en la caravana europea, que cada vez se realiza en un país distinto.

En 2019 viajó al Estado Español Ana Enamorado, una mujer hondureña que lleva 7 años sin noticias de su hijo Oscar. Después de su primer viaje con la caravana, Enamorado decidió quedarse en México para trabajar en el MMM y dedicarse completamente a la búsqueda de Oscar. Para ella, la caravana representa un espacio de formación política y de sanación: “cuando una está sola encerrada en casa le parece que no le está pasando a nadie más y no sabe qué hacer con este dolor, pero cuando estás con otras familias aprende que no estás solas”.

Se calcula que entre 80 mil y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México durante su viaje rumbo a Estados Unidos. El MMM asegura que son mucho más y que no aparecen ni siquiera en los informes oficiales: las autoridades suelen mencionar sólo a las 40 mil personas desaparecidas de nacionalidad mexicana. “Qué bueno que me recuerdas!”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Karla Quintana a Ana Enamorado, cuando ésta le señaló la falla del gobierno mexicano.  

“Lo que más importa es sensibilizar a la población civil, siendo que nunca vamos a sensibilizar a las autoridades”, afirma la activista. “Son indolentes y viven de nuestro dolor: se han creado muchas dependencias gubernamentales que de esto viven, generaron buenos salarios de nuestro dolor. Por esto jamás van a hacer nada porque se detenga el problema de las desapariciones”.

Las familias de los migrantes desaparecidos no saben si han sido asesinados por las organizaciones criminales mexicanas- que muchas veces operan en conjunto con las autoridades -, si han sido obligados a trabajar para ellas, si entraron en alguna red de trata de personas o si están vivos y libres, pero por algún motivo han perdido contacto con su familia.

Doña Mari de Honduras (Foto: Orsetta Bellani)

A veces los migrantes dejan de comunicarse con sus seres queridos porque durante el viaje les han robado la cartera donde guardaban los números telefónicos, porque el número cambió, o porque la familia se ha mudado a otra casa. “Muchos migrantes se fueron de Centroamérica cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares, sólo había un teléfono publico a la entrada de la aldea y las calles no tenían nombres”, explica Martha Sánchez Soler, fundadora del MMM.

La violación sexual es otro factor que en muchos casos lleva las migrantes a interrumpir cada contacto con su familia, por la vergüenza que los abusos hicieron nacer en ellas.

“Hay muchas cosas por las cuales no quieren que una madre sepa adónde están. A veces si han sufrido violaciones, o si han hecho algo ilícito y lo han agarrado; tal vez a ellos les da vergüenza que su madre sepa. O si han cambiado de sexo, quizá se sienten mal porque una se va a incomodar”, afirma Hilda Luz Rivera, de El Salvador, al notar unas mujeres transgenero entre las detenidas que observan la foto de su hijo René Wilmaris Ramírez Rivera. “Tal vez se sienten como que ya no tienen familia. Pero para una madre no importa lo que hayan hecho y no hay feo ni delincuente; aunque cometan sus errores, una mamá siempre perdona”.

Integrantes de la caravana procedentes de Guatemala (Foto: Orsetta Bellani)

Erlinda Ramírez no tuvo que perdonar a su hijo, pues está convencida de que no cometió los delitos que se le imputan. Al salir de la cárcel de Coatzacoalcos se siente “descansada”. Su rostro está más relajado, su voz es más firme, ya no tiembla ni llora. Encontró a su hijo en buena salud y sabe que en dos años será otra vez libre y regresará a su casa. Frente a la entrada del penal la esperan las cámaras de los periodistas y su mensaje es para los jóvenes que todavía faltan, y las madres que siguen esperándolos: “Estoy segura de que como apareció mi hijo van a seguir apareciendo los hijos de mis compañeras que están perdidas en este flagelo”.

Artículo publicado en El Gara el 3 de diciembre de 2019.

Cinco años esperando una respuesta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

No es un día de mucho trafico en la autopista Cuernavaca-Ciudad de México. Los carros desaceleran llegando a la caseta de cobro de Tlapa, una de las puertas de la metrópoli. Allí los espera una imagen inusual: una manta con el rostro de Emiliano Zapata cuelga de la caseta, pidiendo verdad y justicia por Ayotzinapa.

O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”.

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Foto: Orsetta Bellani

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez.

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

Foto: Orsetta Bellani

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes.

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

La sombra de los asesinatos selectivos reaparece en Colombia

Orsetta Bellani, Público (Foto: O.B.)

Cuando le preguntaron si su hermano Jaime pertenecía a la guerrilla, Jacqueline Castillo se quedó sorprendida. “Es que figura aquí como guerrillero muerto en combate”, le dijeron las autoridades.

Lo mismo dijeron a Zoraida Muñoz unos hombres de la Fiscalía, cuando le enseñaron la foto de su hijo Jonny Duvián Soto Muñoz. Estaba boca arriba y con tres tiros en la espalda. “Me explicaron que había sido un enfrentamiento con el ejército, que mi hijo traía un revolver”, recuerda la mujer. “Pero mi hijo jamás ha sido guerrillero”.

Era 2008, y desde hace algunos meses los noticieros reportaban una noticia alarmante: soldados asesinaban jóvenes, les sembraban armas y los presentaban a la opinión pública como guerrilleros caídos en combate. Por esto, pronto las dos mujeres entendieron que se encontraban donde nunca hubieran querido estar.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz aún no sabían que Jaime y Jonny Duvián habían sido entregados a los militares en un falso retén por un hombre llamado Alexander Carretero Díaz, quien a cambio recibió unos 300 euros por cada uno de ellos. Se había presentado a los dos, que soñaban con ser soldados, como reclutador del ejército. Por esto confiaron en él. Poco después a Jaime y Jonny Duvián los encontraron en una fosa de Ocaña, en el Departamento de Norte de Santander.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz integran la asociación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), que pide verdad y justicia para las víctimas de “falsos positivos”.

Así se conoce en Colombia este tipo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los soldados para cobrar premios, en dinero o en vacaciones, que el Estado les otorgaba por cada baja realizada en su guerra contrainsurgente. Una práctica que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, recientemente resurgió en Colombia.

Zoraida Muñoz de MAFAPO. Foto: O.B.

Cuando en 2007 el escandalo se hizo público, el gobierno afirmó que los “falsos positivos” obedecieron a unas “manzanas podridas”. Pero las organizaciones civiles las consideran como una política de Estado, pues los altos mandos favorecían las muertes sobre las capturas: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”, decía una directiva interna del general Mario Montoya. Ningún general llegó a ser condenado por “falsos positivos”, pero sí tuvieron sentencia 1300 soldados y oficiales de rango medio.

Entre 1988 y 2014 en Colombia se registraron 2248 víctimas de “falsos positivos”. El 59% de estas ejecuciones extrajudiciales se presentaron entre 2006 y 2008, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y el Secretario de Defensa era Juan Manuel Santos, ex presidente que en 2016 ha sido galardonado con el Nobel por la Paz por haber firmado un acuerdo de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un pacto que, a pesar de haber llevado a la reincorporación a la vida civil de unos 14 mil guerrilleros, no acabó con el conflicto en el país, donde hay territorios controlados por Grupos Armados Organizados – herederos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -, por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por las “disidencias de las FARC”, personas que no aceptaron los acuerdos firmados en 2016 por los mandos guerrilleros.

Es en el marco de esta nueva geopolítica del conflicto colombiano que reaparece la sombra de los falsos positivos. Una investigación del New York Times, basada en entrevistas con tres altos oficiales del ejército colombiano, ha revelado la existencia de nuevas ordenes finalizadas a intensificar los ataques sin “exigir perfección” al momento de ejecutarlos. A cambio, como en la peor época de los mal llamados “falsos positivos”, se les ofrecía a los soldados incentivos como vacaciones extras. Las directivas han sido emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel quien, como otros nueve generales, estaría supuestamente involucrado con algunos casos de “falsos positivos” ocurridos en la pasada década.

La situación preocupa a las familiares de las víctimas de “falsos positivos”. “El nuevo pronunciamiento del general Nicacio Martínez prendió nuevamente las alarmas”, afirma Jacqueline Castillo de MAFAPO. “Al exigir al ejército doblar las bajas que implica que podrían caer nuevamente muchos civiles y que sean presentados como bajas en combate”.

Jacqueline Castillo y Raúl Carvajal de MAFAPO. Foto: O.B.

Una sucesiva investigación publicada por Semana documenta que se han presentado casos de falsos positivos en 2019. La revista colombiana revela también la existencia de una cacería adentro del ejército colombiano, finalizada a individuar y sancionar a los militares que filtraron informaciones a la prensa sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales y otro relacionado con actos de corrupción. Algunos oficiales, sospechosos de haber hablado, habrían sido interrogados usando el polígrafo y unos cien ya habrían sido trasladados.

Para hacer claridad sobre los hechos, el gobierno colombiano dispuso la creación de una Comisión Presidencial de Excelencia Militar, que investigará hasta noviembre. En su informe preliminar presentado al presidente Iván Duque a finales de julio, la comisión afirma que no se reportó ningún caso de “falso positivo” durante este año, y se felicita con el general Nicacio Martínez por haber retirado a las directivas cuestionadas por el New York Times.

“El informe de los expertos está plagado de errores”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien resaltó que la Comisión no ha evaluado algunas evidencias que eran de conocimiento público y que el ejército sacó solo una de estas directrices.

Intimidaciones y hasta amenazas de muerte se estarían ejerciendo, siempre de acuerdo con la información publicada en Semana, también sobre los militares que están rindiendo sus testimonios frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se trata del tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz para juzgar a los crímenes de guerra y favorecer la reconciliación a través de un mecanismo de justicia que imparte penas alternativas a la cárcel. Allí se abrió el caso 003 sobre “falsos positivos”, al que se acogieron 55 militares.

“Los militares llegan a la JEP para hacer un show mediático y su perdón que no es sincero”, afirma Carmenza Gómez, integrante de MAFAPO y madre de Víctor Fernando Gómez Romero, quien ha sido víctima de falso positivo. “Queremos saber la verdad, empezando por las responsabilidades de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y del general Mario Montoya”.

Artículo publicado en Público el 24.08.2019: https://www.publico.es/internacional/falsos-positivos-sombra-asesinatos-selectivos-reaparece-colombia.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

El regreso a la vida civil de las FARC: un proceso irreversible

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

En su nueva vida sin armas, los ex combatientes de las FARC-EP están residiendo en «aldeas» propias e impulsando actividades productivas, pero aseguran que el Gobierno de Iván Duque no está cumpliendo lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana.

Un bebé gordito sonríe en el fondo de pantalla del celular de Jeison Murillo Pachón. Es su hijo. Nació hace pocos meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en el Departamento de Tolima. Se trata de una de las 24 “aldeas” donde viven una parte de los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de los acuerdo de paz con el gobierno colombiano y la entrega de sus armas.

El bebé de Jeison es uno de los 90 niños que nacieron en el ETCR Antonio Nariño: en los meses siguientes a la firma de los acuerdos se registró un verdadero baby boom entre los ex combatientes. Les dicen “hijos de la paz”. “Estamos construyendo un jardín autogestionado, casi todas las instalaciones que se encuentran aquí lo son. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no nos ha apoyado”, afirma Jeison Murillo.

La ETCR Antonio Nariño. Foto: O.B.

La postguerra en Colombia se caracteriza por numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo de los Acuerdos de La Habana. Más aún ahora que el Gobierno está dirigido por Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que intentó poner trabas al acuerdo desde el comienzo de las negociaciones de paz con las FARC.

Jeison Murillo Pachón tiene 40 años, un par de gafas rectangulares y una barba espesa y bien cuidada. Mientras habla se pasa su celular de una mano a la otra como si fuera una pelota antiestrés. Cuando combatía en el frente urbano Antonio Nariño era conocido como Alirio Arango. La vida de combatiente es para él un recuerdo muy lejano: en 2003, un compañero lo entregó al ejército, que lo capturó en Bogotá acusándolo de haber organizado una serie de atentados contra miembros del gobierno, instalaciones militares y de policía, centros comerciales, hoteles, empresas de transportes público y medios de comunicación.

Murillo Pachón se encontraba en su celda en agosto de 2016, cuando supo que en La Habana la cúpula de las FARC-EP había llegado a un acuerdo con el gobierno. Pensó que difícilmente iba a ser algo solido, le parecía imposible que su organización dejara de luchar con el Estado colombiano. Se equivocaba.

Proceso irreversible.

A diferencia de ocasiones pasadas, el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil parece hoy irreversible, aunque sigue siendo incompleto y está atravesando muchas complicaciones. “Los ETCR son la demostración más palpable de la voluntad de las FARC-EP de cumplir lo pactado”, afirma. De hecho, casi todos los ex combatientes han aceptado lo pactado en La Habana y se han concentrado en las ETCR, donde hace dos años entregaron casi 9 mil armas.

Con ellas, la artista colombiana Doris Salcedo creó un “contramonumento” que se puede apreciar en el centro de Bogotá. Se llama “Fragmentos” y consiste en una habitación cuyo piso está formado por 1300 placas de metal fundido de estas armas aplastadas a martillazos por mujeres que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado. “Fragmentos” se puede caminar para percibir la dureza y la frialdad de su superficie, y el silencio que la rodea.

De todos modos, en Colombia la guerra no se ha acabado realmente: el Estado sigue combatiendo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el país está constelado de Grupos Armados Organizados, organizaciones criminales herederas de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La violencia sigue azotando el país y, en especial, a los movimientos sociales: 59 lideres sociales han sido ejecutados en los primeros 4 meses de 2019, frente a 81 en el mismo periodo del año anterior. Además, se ha matado a 133 ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

Foto: Orsetta Bellani

“Mataron a muchos compañeros pero ya no es exterminio, como ocurrió en pasado”, afirma Jeison al recordar lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC-EP tras los llamados “acuerdos de la Uribe” de 1984 que enfrentó una verdadera matanza con el asesinato de miles de militantes.

“Yo no renuncié al socialismo”

Lo que sí terminó con la firma de los acuerdos de paz de La Habana es la guerra entre el gobierno y las FARC-EP, aunque una parte de los combatientes decidieron no entregar sus armas. Les llaman “disidencias de las FARC” y se calcula que son unas mil personas las que no aceptaron lo acordado y siguen combatiendo al Estado, financiándose en buena parte con el dinero proveniente del narcotráfico. Están reclutando militantes y expandiendo su base, y acusan a la ex cúpula guerrillera de haber traicionado los principios socialistas al aceptar los acuerdos de La Habana. “Sabemos que no es cierto que traicionamos al proyecto socialista como ellos dicen”, explica Jeison Murillo Pachón. “Yo no renuncié al socialismo, en ningún momento las FARC-EP dijimos que la única vía para el socialismo es la vía armada”, subraya.

Actualmente, la guerrilla más longeva del mundo eligió la opción electoral como vía para el socialismo. En 2017 formó su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en sus primeras elecciones tuvo que enfrentarse a una rotunda derrota: sólo el 1.5% de los votantes lo eligieron. Sin embargo, los acuerdos de paz aseguran al partido FARC diez escaños en el Congreso a pesar del resultado de los comicios.

“No se sale de ser una guerrilla durante 54 años a ser el partido más votado en el país. Y no se sale de hacer la guerra – donde nuestro único contacto con las elecciones era quemar urnas u obligar los elegidos a renunciar a su cargo – a tener todo el respaldo del pueblo en las urnas”, afirma Jeison Murillo Pachón al comentar la derrota electoral.

Lo que sí preocupa a este ex combatiente son los incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados, que empezaron – asegura – desde el día en que unos 6 mil guerrilleros y guerrilleras aceptaron reincorporarse a la vida civil y marcharon desde sus campamentos rumbo a los ETCR, entonces llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

A principios de 2017, unas 300 personas marcharon desde el Departamento del Meta, por última vez en armas, a un terreno trepado en la montaña del Departamento de Tolima, en la vereda La Fila, a una hora de carretera sin asfaltar del pueblo de Icononzo. El Ejecutivo debería de haberles entregado casas y servicios. De acuerdo con lo pactado, el día de su llegada, la ETCR Antonio Nariño ya tenía que estar lista. Pero no había nada. La construyeron por su cuenta los ex guerrilleros, con el  material que el gobierno les entregó y que en buena parte está hecho con asbesto, material que en otros países ha sido prohibido por provocar cáncer.

Hoy en día, el ETCR Antonio Nariño tiene un restaurante, una tienda con billar, un hospedaje, un auditorio, baños comunales y casas. Algunas son muy sencillas – una litera, un mosquitero, la comida guardada en una reja – otras están más cuidadas y tienen pequeños lujos: televisores, masetas colgadas, muebles un poco más finos, lavadoras. Hay quienes sembraron hortalizas frente a su casa y quienes han construido un porche o un techado donde estacionar su moto.

Muchos edificios están adornados con murales, que recuerdan a comandantes de las FARC muertos en combate, o el Che Guevara, o Simón Bolívar; otros tienen pintada una hoz y martillo o una rosa, símbolo del nuevo partido nacido de la ex guerrilla.

Foto: Orsetta Bellani

Alrededor del ETCR Antonio Nariño se extienden las montañas del Tolima con su vegetación tropical. Los habitantes cuentan que cuando las FARC estaban en armas, en la zona había mucha violencia. Pero ahora la región está tranquila, a parte algunos casos de delincuencia común. Quizá también por esto, y a diferencia de otras regiones de Colombia donde los pobladores no ven de buen ojo la presencia de las “aldeas” de ex combatientes, en Icononzo no hay tensiones entre la población y las personas que viven en el ETCR. De ellos piensan que son campesinos, personas comunes y corrientes.

“Mucha gente [ex guerrilleros] se ha sentido obligada a salir de acá para buscar alternativas económicas a causa de la precariedad de la reincorporación”, sostiene Jeison Murillo Pachón, quien critica los fallos del gobierno en su apoyo a las cooperativas impulsadas por los ex guerrilleros, lo que les permitirían tener una entrada económica e insertarse nuevamente en la sociedad de forma colectiva. “Aquí tenemos tres cooperativas con varios proyectos: una agropecuaria, una multiactiva de manufactura, una multiactiva de servicios, una fundación de cultura y una asociación productora de cerveza”, enumera.

Sólo un proyecto aprobado

De todos estos proyectos, sólo uno ha sido aprobado por el gobierno, los demás han sido impulsados de forma autónoma. En total, de los 52 proyectos productivos colectivos presentados a las mesas técnicas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) por los ex combatientes de los 24 ETCR, únicamente 17 fueron aprobados y financiados por el gobierno. Y de los 13.039 excombatientes en proceso de reincorporación apenas 366 han sido beneficiados.

El futuro les preocupa un poco a Jeison Murillo y a sus compañeros: a partir del 15 de agosto, el gobierno colombiano ya no estará obligado a apoyar económicamente a los 13 mil integrantes de las FARC que están participando en el proceso de reincorporación – actualmente les entrega unos 200 euros al mes – y se acabará la figura legal de las ETCR. El presidente, Iván Duque, afirma que el Estado comprará el predio donde se encuentra el ETCR Antonio Nariño, que hasta ahora está en arriendo, además de los terrenos donde se encuentran otras 12 “aldeas” de las ex guerrilla, para que puedan consolidar su presencia en estos territorios. Las restantes 11 ETCR deberán de reubicarse en otras regiones, pues no hay condiciones para que se queden. Un anuncio que ha generado malestar entre quienes llevan más de dos años en sus nuevos hogares, intentando acostumbrarse a su nueva vida sin armas.

Artículo publicado en El Gara el 5 de julio de 2019.

Torturas sexuales en Atenco: el Estado mexicano, culpable

Orsetta Bellani, Pikara Magazine (Foto: O.B.)

Lo de Atenco fue un crimen de Estado. Lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de diciembre de 2018, con una sentencia donde afirma que el Estado mexicano es responsable de las violaciones y torturas sexuales cometidas durante el operativo policial llevado a cabo entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

La sentencia de la corte internacional, que llega después de más de diez años de litigio, afirma que las torturas y las violaciones sexuales han sido cometidas para humillar y castigar a las mujeres de Atenco, y obliga el Estado mexicano a brindar una disculpa pública y a empezar investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos”. Entre los responsables del operativo se encuentran los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, que había tachado a las mujeres de mentirosas.

En la noche del 3 de mayo de 2006, unos 2500 agentes de la Policía Municipal, Estatal y Federal entraron en el pueblo ubicado en el Estado de México, tomando a pretexto una riña entre vendedores de flores en el mercado municipal. En realidad, con este operativo de control poblacional el Estado mexicano quiso vengarse de la victoria que el campesinado de Atenco, reunido en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), había registrado en 2002, cuando lograron congelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en su territorio.

Mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco. Foto: Orsetta Bellani

Los enfrentamientos entre la población de Atenco y la policía empezaron el 2 de mayo de 2006, y muchas personas acudieron para solidarizarse con el vecindario. Entre ellas Italia Méndez, militante filozapatista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En la noche del 3 de mayo, Méndez se encontraba en una casa particular de Atenco, donde entró un grupo de policías federales y la detuvo a pesar de que no estaba cometiendo ningún delito, no había ninguna orden de aprensión en su contra ni alguna orden de cateo.

La sometieron a interrogatorio y la golpearon, la insultaron y la arrastraron hacia un autobús. En el pasillo habían pilas de personas sometidas y los policías caminaban encima de ellas. Italia Méndez fue depositada en los últimos asientos del autobús, encima de otras personas, como si fuera un bulto de papas.

“Allí empezaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte. Rompieron mi ropa interior y me desnudaron. Me subieron la blusa hasta la cabeza y bajaron mis pantalones hasta los tobillos; permanecí desnuda durante todo el viaje. Utilizaron varios instrumentos que hasta la fecha no puedo decir qué eran, para introducirlos adentro de mi vagina”, recuerda. “Todo esto acompañado por amenazas de muerte, con un lenguaje totalmente misógino sobre mi persona, sobre mi ser mujer. Creo que lo más grave es que estaba escuchando como torturaban a otras personas”, añade.

El autobús se dirigió al penal Santiaguito de Toluca donde no había personal médico, a pesar de que las personas detenidas llegaron muy golpeadas. Según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 victimas del operativo padecieron un trato “cruel, inhumano y degradante”, dos estudiantes fueron asesinados – un adolescente de 14 años y un joven de 20 –, y 23 mujeres fueron torturadas sexualmente por la policía.

“La tortura se puede sexualizar hacia hombres o hacia mujeres. Hacia las mujeres siempre lleva una connotación misógina, a través del utilizo de frases, de tocamientos en partes íntimas o sexuales, y atienden a los roles de género que los policías, militares o marinos tienen muy introyectados”, explica Araceli Olivos Portugal, abogada de las demandantes e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH). “Se considera tortura sexual el llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas le gusta esto, que este es su papel. Por ejemplo, en el caso de las compañeras de Atenco, les decían que debían quedarse en su casa haciendo tortillas, que ¿qué hacían de revoltosas?, y que por esto las violaban”, relata.

Barbara Italia Méndez. Foto: Orsetta Bellani

La lucha de las mujeres de Atenco y su campaña Rompiendo el Silencio visibilizó otros 19 casos de tortura sexual cometidos por agentes del Estado mexicano: policías, militares o marinos. Llevó a la atención pública historias como la de Belinda Garza Melo, detenida en el Estado de Coahuila en 2007 por policías que la torturaron física, sexual y psicológicamente por más de 40 horas. Tres meses después, fue presentada ante los medios de comunicación como integrante del cártel del Golfo. La campaña visibilizó la lucha de otras mujeres como Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa del Estado de Guerrero que en 2002 fueron torturadas sexualmente por militares, delito reconocido por un tribunal local en junio de 2018, cuando condenó a los dos militares imponiéndoles una pena de más de 19 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Las mujeres de Atenco empezaron a denunciar los abusos de los policías ya mientras se encontraban en el penal Santiaguito de Toluca. Tras años de búsqueda de justicia en los tribunales mexicanos, donde el único juicio que llegó a conclusión llevó a una sentencia de absolución, once de ellas decidieron presentar su demanda ante la CIDH: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas.

“Para las demandantes la denuncia no ha sido un fin en sí mismo: se han ido construyendo su propio ideario de justicia, que no es tener a personas en prisión o recibir dinero por parte del Estado – aunque tienen derecho a recibirlo –, sino es todo este caminar de años, el denunciar los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes”, explica Araceli Olivos Portugal.

De acuerdo con las mujeres de Atenco, la sentencia no es en beneficio sólo de ellas, pues crea las condiciones de no repetición y disminuye las posibilidades de que alguien más pase por esto. Afirman que la violencia de los agentes del Estado no es episódica sino que se trata de un problema estructural, y exigen que la agenda sobre derechos humanos del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea guiada por algunos puntos clave contenidos en la sentencia, como la creación de políticas públicas que establezcan controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales.

En sus doce años de lucha, las mujeres de Atenco a menudo encontraron autoridades que hicieron de todo por evadir sus responsabilidades. “De allí radicaba nuestra negativa a tener una solución amistosa con el Estado mexicano y la exigencia de una justicia que fuera integral. Hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; nosotras cargamos con el peso del estigma de la violación, con el haber sido mostrada públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrar nuestros rostros brinda más fuerza a nuestra lucha”, afirma Italia Méndez. “El Estado tiene que responder, no sólo a nosotras y a nuestras familias, sino a la sociedad misma, de cómo es capaz de utilizar estas estrategias de control social en contra de las organizaciones a través del cuerpo de las mujeres”, añade.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 29.05.2019: https://www.pikaramagazine.com/2019/05/torturas-sexuales-en-atenco-el-estado-mexicano-culpable/

“Feminismo es la lucha de las mujeres para su buen vivir”

Orsetta Bellani, Pikara Magazine

Francesca Gargallo empezó a reconocerse como feminista en temprana edad. La dinámica de opresión de las mujeres fue la clave que le permitió entender la sociedad y luchar en contra de todo tipo de injusticias. Su amor por América Latina nació a los 23 años. Cuando en 1980 llegó a Nicaragua conoció el entusiasmo revolucionario, pero también “muchísimo machismo”. Había salido de Italia empujada por un sentimiento internacionalista que en esta época movió muchos jóvenes a conocer y apoyar la revolución sandinista nicaragüense. Sin embargo, después de un año decidió dejar el país pues no soportaba que el machismo fuera defendido por los revolucionarios: “Si te rebelabas en contra de las expresiones machistas te acusaban de ser una contrarevolucionaria”.

La escritora feminista siciliana decidió mudarse a México, donde vive desde entonces. Ha sido docente de Filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y no ha parado de escribir: en su biografía se encuentran novelas, poemas, ensayos y cuentos para niños. En sus casi 40 años de vivir y viajar por América Latina ha tenido la posibilidad de conocer muchas mujeres indígenas que se organizan entre en pos del cambio social. De su encuentro con ellas nació su libro Feminismos desde Abya Yala, que publicado en 2012.

Tras tu encuentro con mujeres de 607 pueblos indígenas de América afirmas que existe una relación entre el feminismo y la búsqueda del buen vivir. ¿Todas las mujeres que luchan por mejorar sus condiciones se pueden decir feministas?

Definitivamente. Feminismo es una palabra que condensa y que traduce; como todas las traducciones es reductiva, pero nos puede dar una idea general de lo que es agruparse y reflexionar entre mujeres para el bienestar de las mujeres adentro de su sociedad. Decirse feminista es traducir un concepto mucho más amplio, mucho más complejo o mucho más específico de cada cultura y lengua, de cada grupo de mujeres que se reúne. Hay mujeres indígenas que utilizan verdaderas metáforas para decir lo qué son: algunas se reconocen como “las mujeres del corazón”, otras dicen “somos las mujeres que luchamos”, otras más afirman que son “las mujeres que buscan una buena vida”. Cada vez que la búsqueda de esta buena vida parte de la reflexión entre mujeres y para el bienestar de las mujeres, yo creo que se puede hablar de feminismo.

Al mismo tiempo eres muy crítica con el feminismo académico occidental. ¿Por qué?

El feminismo académico occidental es una de las tantas formas en que la sociedad del conocimiento encausa hacia su beneficio todos los saberes que vienen de la sociedad. El feminismo era una lucha desde todos los sectores populares, desde las mujeres reunidas en su cocina para cambiar el mundo, y la Universidad quiso captar este conocimiento, llevarlo a las aulas, insertarlo en ciertos sistemas de especialización. Claro, el feminismo académico occidental tiene también sus aspectos positivos: hay una filosofía critica que viene del feminismo. Pero fue llevado a las aulas para desarmarlo, para quitarle su contundencia política.

¿Al feminismo latinoamericano no le ha pasado lo mismo?

En América Latina hay una parte del feminismo que está en las aulas. En México existe una enorme valoración de un pensamiento que no es latinoamericano, y es evidente cuando en los programas de estudio no te encuentras a Margarita Pisano, no te encuentras a Julieta Kirkwood pero te encuentras a Judith Butler. De otro lado, hay también muchos grupos de encuentro de mujeres que están aprendiendo su propia ley, haciendo su propia justicia que se distancia de lo que el patriarcado impone a las mujeres, por ejemplo la vergüenza después de la violación. Las mujeres hoy se unen para crear una justicia que resuelva su derecho a la vida y al bienestar.

Un feminismo en que se reconocen muchas mujeres latinoamericanas es el feminismo comunitario. ¿De qué se trata?

Es un modo de definir feminismos que han surgido en el interior de comunidades indígenas de Bolivia y Guatemala y que hoy se ha difundido entre mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, o que han llegado desde las ciudades a trabajar con ellas y a vivir con ellas. De acuerdo con los feminismos comunitarios, la colonización de América fue una colonización de género. Es decir, cambió la relación entre las mujeres y los hombres, entre otras cosas porque fijó lo que es masculino y lo que es femenino, dejando afuera las mujeres masculinas, a los hombres femeninos, a las personas con una sexualidad no reproductiva y a las mujeres que no querían vivir en una relación de pareja. La colonización impuso un sistema de género de corte binario: o eres mujer o eres hombre; si eres mujer te ocupas de ciertas cosas, si eres hombre te ocupas de otras. En muchos pueblos que vivían en América antes de la llegada de los españoles esta condición era más igualitaria, o igual de diferenciada pero con niveles dialogantes mayores, y no necesariamente había una diferencia tan marcada entre lo privado y lo público. Además, de acuerdo con los feminismos comunitarios, la cultura de la propia comunidad pone las bases para vivir bien al interior de esta comunidad, y después una se puede abrir al mundo. Es decir, antes de abrirnos al mundo tenemos que encontrar nuestra historia de resistencia a la colonización como mujeres y nuestra historia de buena vida ahora y como mujeres de esta comunidad especifica, que necesita sanarse a sí misma del colonialismo y del patriarcado que ha crecido con el colonialismo. La colonización impuso la dote y los matrimonios obligados, que no existían antes.

De acuerdo con el feminismo comunitario, el encuentro entre las culturas americanas y la cultura europea dio origen a una forma original de patriarcado. ¿Cómo se define y qué características tiene?

Se llama “entronque patriarcal” y es una definición desarrollada por dos pensadoras que viven en lugares muy distintos. Una es una indígena xinca guatemalteca que se llama Lorena Cabnal, y la otra es una indígena aymara de Bolivia que se llama Julieta Paredes. Trabajaron la idea del machismo contemporáneo como fruto de un largo proceso histórico que tiene un momento crítico durante la colonización de América: el patriarcado de las comunidades se reforzó con el patriarcado cristiano colonialista. El patriarcado latinoamericano es especialmente violento porque tiene una característica colonialista, genocida, y es profundamente contraria a las poblaciones originarias de las cuales las mujeres son el 50 por ciento de la población y son además la estructura portante de la economía comunitaria. Esto es el “entronque patriarcal”, es la exacerbación de los patriarcados originales causada por la impronta colonial y asesina del patriarcado cristiano occidental.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 21.11.2018: http://www.pikaramagazine.com/2018/11/francesca-gargallo/

El nuevo aeropuerto de México, a consulta

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

A Jesús Javier Ramos le dispararon en la cabeza el 28 de setiembre. Sucedió frente a la puerta de su casa de Tlalmanalco, uno de los 40 municipios del Estado de México afectados por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Era ingeniero forestal y pertenecía a la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto. Llevaba meses recibiendo amenazas de muerte por su oposición a la obra y, en particular, a la explotación del Tenayo, un cerro desde donde se envían materiales pétreos para la construcción del NAICM.

Son decenas las familias del Valle de México que viven rodeadas por más 160 minas a cielo abierto que carecen de permisos, donde se explotan tezontle, basalto y materiales pétreos. Las minas contaminan el aire y el agua. Ya son cuatro millones los metros cúbicos de lodos tóxicos que han sido extraídos de la zona de construcción, y las vibraciones hacen vivir a los habitantes de la zona con el temor de que sus casas se derrumben.

Sin embargo, el Gobierno mexicano afirma que el NAICM, cuya construcción fue anunciada en setiembre de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, es una obra ambientalmente sostenible y necesaria, pues el actual aeropuerto Benito Juárez está saturado. El NAICM es la segunda terminal más grande en construcción a nivel mundial y cuadruplicaría la operación aérea para dar servicio a 120 millones de pasajeros al año.

Décadas de resistencia

Al ver tirar las casas de sus vecinos, Nieves Rodríguez Hernández sintió mucha tristeza y pensó que no hubiera permitido a las maquinas tirar los muros de su hogar como si fueran castillos de naipes.

Ella decidió quedarse en su casa a pesar de que la autopista Teotihuacán-Texcoco, una obra complementaria al NAICM, debería de pasar justo por encima. Decidió quedarse con sus cultivos de verdolaga y nopal, vendiendo frascos de conservas preparada con los duraznos de sus arboles, aunque la autopista ya rodea su casa. Está por delante y por atrás: dos tiras de concreto cortadas en el medio por su casa.

Junto a los demás pobladores de San Salvador Atenco llevan 17 años en resistencia en contra de la obra. Ya en 2001, el Gobierno mexicano tenía pensado construir en el Valle de México el nuevo aeropuerto internacional. Una ciudad que parece infinita y que, sin embargo, termina justo allí, donde empieza el vaso del ex lago de Texcoco, una zona de uso rural ubicada en los municipios de Atenco y Texcoco.

Mujeres de Atenco se manifiestan en contra del NAICM (septiembre de 2014). Foto: Orsetta Bellani

En 2002, la resistencia de los pobladores reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) logró la congelación del megaproyecto. La represión llegó con cuatro años de retraso. En 2006, el desalojo de unos vendedores de flores del mercado municipal provocó un enfrentamiento y la entrada en Atenco de unos tres mil policías estatales y federales. Fue uno de los mayores crímenes cometidos por el Estado mexicano: 202 victimas del operativo han sido sometidas a un trato «cruel, inhumano y degradante» y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la Policía. Once de ellas llevaron al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y se espera una sentencia en los próximos meses.

Diferentes posturas

La construcción del NAICM ya ha empezado, pero hay tanta inconformidad alrededor de la obra que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido en julio y tomará posesión el 1 de diciembre, ha convocado una consulta pública para decidir sobre su futuro. Su lanzamiento se hizo a pesar de que sólo el aún mandatario Peña Nieto puede hacerlo y de que para que ésta tenga carácter vinculante tiene que ser orga- nizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien se niega a hacerlo en lo que resta de 2018. Sin embargo, López Obrador aseguró que la consulta se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de octubre.

La población será llamada a decidir si continuar con la construcción del NAICM, ampliar la base aérea militar de Santa Lucía o modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el que ya existe en Toluca, inversión que se realizará a pesar del resultado de la consulta.

La posición de López Obrador sobre la construcción del NAICM cambió varias veces durante los meses anteriores a las elecciones: «Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco», aseguró en abril.

«Texcoco es la mejor opción para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto», afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y algunos expertos aseguran que es un riesgo para la seguridad nacional utilizar la base militar de Santa Lucía como terminal para vuelos civiles.

Por su parte, el FPDT y la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto organizan campañas en redes y foros públicos donde reconocidos expertos hablan de las afectaciones que conlleva la construcción del NAICM. «El Gobierno tiene sus especialistas, nosotros también», afirmó Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. «No es una lucha sólo de los pueblos de la Cuenca de México sino de todos los mexicanos», subrayó. De acuerdo con los opositores al NAICM, la consulta debería de ser cancelada así como la obra.

Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. Foto: Orsetta Bellani

El cerro Huatepec afloró del gran lago de Texcoco hace 40.000 años. Aquí llegaron los aztecas a finales del siglo XIII y encontraron la señal que su deidad les había indicado: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Decidieron asentarse y fundar Tenochtitlán, la capital de su imperio.

El montículo de piedras que se encuentra en la cumbre del cerro Huatepec es llamado Silla de Nezahualcóyotl, el hombre que fue rey de Texcoco en el siglo XV. Desde allí se puede apreciar todo el antiguo lago, un área de 14.500 hectáreas que estuvo cubierta por agua y bosques.

Hoy en día, la cuna de la civilización azteca fue en gran parte «comida» por el crecimiento incontrolado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, un área formada por la capital y 60 municipios donde viven más de 22 millones de personas. En la cuenca aún queda una zona verde donde se encuentran 11 ríos y 6 lagos, y es justo allí donde se está edificando el NAICM. A su lado se construirá también la Aerotrópolis, un complejo urbano de lujo que, según sus detractores, pondrá en riesgo el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que de por sí sufre de este problema.

Algunos expertos están a favor de la obra. Entre ellos el Colegio de Ingenieros Geólo- gos, que sin embargo concluye que no es posible «garantizar la sustentabilidad del funcionamiento de la terminal aérea» por riesgos como «inundación, colapso, hundimiento diferencial, agrietamiento, deslizamiento, alta concentración de biogás».

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, el NAICM alterará el milenario paisaje de la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde existe uno de los más importantes sitios arqueológicos del país. La plataforma afirma también que desde diciembre de 2017 se está secando deliberadamente el lago Nabor Carrillo, para que las 150.000 aves acuáticas que allí encuentran refugio desaparezcan y no choquen con los aviones. La acusación es rechazada por la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Algunos investigadores señalaron también irregularidades y falta de transparencia en el sistema de contratación de empresas por parte del Gobierno. «De 292 contratos sólo 30 fueron otorgados por medio de un concurso público», afirma María Julieta Lamberti, de la organización Proyecto Poder. «El 90% fue otorgado por adjudicación directa e invitación restringida», sostiene.

La persona que más se benefició de estos contratos es el empresario mexicano Carlos Salim Helú, uno de los hombres más ricos del planeta. A través de INBURSA, Slim financia también gran parte del préstamo inicial para la construcción del NAICM, dinero privado que se consiguió vía emisión de bonos de deuda pública. De esta forma, a pesar de que, según la versión oficial, sólo el 36% de los gastos se cubrirán con dinero público, la obra en realidad se pagará en su totalidad con impuestos. Y su costo desde 2014 ya escaló un 68%.

Artículo publicado en El Gara el 23.10.2018.

Miles de mujeres de todo el mundo llegan a Chiapas para luchar junto a las zapatistas por sus derechos

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Entrando al Caracol zapatista de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, Angélica Ávila de Fuerzas Unidas por Nuestrxs Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL) sintió una “energía de lucha” muy fuerte. Con mochila al hombro fue recibida con una manta que decía “Bienvenidas mujeres del mundo”, para después encontrarse con casitas de madera pintada con murales de colores, rodeadas por pasto verde y bosque. Continue reading…

Así fue el primer día del histórico juicio por la desaparición del niño guatemalteco Marco Antonio Molina Theissen

Javier Estrada Tobar, Nómada

Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo. Continue reading…