‘Las agresiones a las comunidades zapatistas son parte de una guerra global’, Foro Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas

Orsetta Bellani, Programa de las Américas (Foto: O.B.)

El 25 de noviembre se llevó a cabo un foro para reflexionar sobre las agresiones de los grupos armados de corte paramilitar en contra del EZLN. Prácticas de guerra similares se utilizan en distintas partes del mundo.

Cada vez que ve a su casa “lastimada de bala”, una mujer zapatista del ejido Moisés Gandhi tiene ganas de llorar. Otra vive con la sensación de que su compañero “ya está muerto”, asesinado con las palabras de un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que amenazó con matarle y colgarle la tripa en el cuello.

Son algunos de los testimonios de mujeres zapatistas recogidos por la Caravana de Solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi, en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que se realizó el 29 de octubre del 2020.

De acuerdo con las y los zapatistas de Moisés Gandhi, a inicios del 2020 la ORCAO comenzó una serie de agresiones que fueron escalando durante todo el año: robo y destrucción de cultivos, tala de árboles, destrozos en la escuela secundaria autónoma zapatista, amenazas y agresiones físicas. Los integrantes de la ORCAO cercaron a las comunidades zapatistas e invadieron las parcelas que en 1994 el EZLN recuperó, o sea quitó a los terratenientes para dárselas a sus bases, y de las que la ORCAO se considera propietaria.

El 22 de agosto pasado, la ORCAO llegó a saquear la tienda Arco Iris y dos bodegas de café del EZLN, que luego han sido rociadas con gasolina y quemadas junto con el comedor zapatista Compañera Lucha, ubicados en el crucero de Cuxuljá, unos de los puntos donde la presencia zapatista en la carretera que conecta las ciudades de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas es más visible. Las agresiones en Moisés Gandhi culminaron con el secuestro, el 8 de noviembre, del base de apoyo zapatista Felix López Hernández, torturado por unos 20 integrantes de la ORCAO.

Mujeres zapatistas durante el Segundo Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

A finales de agosto, mientras las llamas comían las bodegas de café y los balazos retumbaban en el cielo, a pocos centenares de metros una mujer zapatista estaba pariendo. Ella y sus compañeras viven una angustia constante: no pueden ir a sus parcelas por miedo a ser agredidas, sus cosecha se pierden y sus mesas se quedan vacías. Al arroyo para buscar agua se acercan sólo en grupo. Ver video.

“Los niños no saben si dormir con la bota puesta, porque la bala no tiene horario”, dijo Marisol Culej Culej, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), durante el foro “Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas”, que se llevó a cabo en línea el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento en línea el CDMCH, que participó en la Caravana de Solidaridad que visitó a las comunidades hostigadas por la ORCAO, destacó que las mujeres zapatistas no tienen actitud de víctimas, sino que crearon formas de resistencia a través del trabajo colectivo, en sus talleres de alfarerías o de telar. Denunció también que la ORCAO ocupó las tierras para poder aprovechar del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida, que otorga 5 mil pesos (unos 250 dólares) para supuestamente incrementar la productividad de zonas rurales, y que la acción de este grupo armado de corte paramilitar “tiene un objetivo primordial que es el desgaste”.

Tras la masacre de Acteal de 1997, la estrategia de guerra del Estado en contra de las comunidades autónomas de Chiapas consiste en agotar a la población con actos violentos, pero poco “llamativos”. Es la llamada “guerra integral de desgaste”. Al mismo tiempo, el gobierno impulsa proyectos asistencialistas para que las familias salgan de la resistencia y las comunidades acaben divididas.

“El gobierno incide individualizando a la persona, dándole un dinero y separandola de esta razón colectiva que le ha hecho frente al Estado mexicano, y a cualquier tipo de proyecto progresista”, ha afirmado la socióloga y antropóloga Margara Millán durante su participación en el foro en línea. “Las mujeres están en el centro de este conflicto y articulan varias luchas, entonces se convierten en un objeto a intimidar, a debilitar, porque nos mostraron que no hay que tener miedo”.

Este esquema de violencia, el “mismo miedo a los balazos”, de acuerdo con Rosy Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas afecta a las familias de Aldama, Chalchihuitán y Chilón; a la comunidad Los Chorros en el Municipio de Chenalhó, a Banavil en Tenejapa y al poblado de Viejo Velasco en Palenque. Y va mucho más allá de las fronteras chiapanecas.

De acuerdo con la antropóloga Aída Hernández Castillo, en distintas partes del mundo se utilizan prácticas de guerra similares, y elige una cita de la antropóloga Carolyn Nordstrom de la Universidad de Notre Dame que respalda su tesis: “Después de conducir investigación de campo en los epicentros de guerra en tres continentes durante más de quince años, he aprendido que el concepto mismo de guerras locales, ya sean centrales o periféricas, es una ficción”, escribe Nordstrom.

Niñas zapatistas. durante un acto de solidaridad con los familiares de Ayotzinapa en los Altos de Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“No hay conflictos locales: la industria de guerra internacional está masivamente interconectada y hace posible las guerras en cualquier parte del mundo. He visto los mismos manuales de entrenamiento militar darle la vuelta al mundo, yendo de una guerra a otra. Cuando una nueva técnica de tortura se introduce en un país, la misma técnica puede ser encontrada en todo el mundo a los pocos días”.

Uno de los territorios donde la “industria de guerra internacional” implementa sus estrategias es el Kurdistán. Allí, inspiradas por la lucha de las zapatistas, las mujeres que resisten a la embestida del Estado turco están planteando unir los esfuerzos de las mujeres en lucha de todo el planeta, y crear una organización mundial de mujeres.

“Sin construir una lucha en común no se puede romper el patriarcado”, afirma al cierre del evento Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.

Para ver más material de la Caravana de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas: https://redajmaq.espora.org/materiales-caravana2020

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 30.11.2020: https://www.americas.org/es/las-agresiones-a-las-comunidades-zapatistas-son-parte-de-una-guerra-global-foro-de-violencia-paramilitar-contra-las-mujeres-zapatistas/

La caravana migrante que no llegó ni a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Las medidas contra el covid-19 fueron tomadas como pretex-to para frenar la primera caravana migrante desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, salir de Honduras es quizás aún más urgente. Ambos fenómenos meteorológicos han dejado una estela de destrucción.

No salió ninguna “caravana migrante” de San Pedro Sula, en Honduras, el 30 de octubre. Sólo unas 30 personas acudieron a la cita que se convocó en redes sociales en la terminal de autobuses y no sorprende, pues en los grupos de Facebook donde los migrantes centroamericanos se coordinan para organizar su viaje rumbo a los Estados Unidos muchos compartieron sus dudas. No conviene salir pocos días antes de las elecciones norteamericanas – escribieron algunos migrantes – y a causa de las medidas de prevención al Covid19 ahora es aún más difícil que los dejen transitar en Guatemala y México. “Mejor pasar las navidades con la familia y salir a mediados de enero”, concluyeron varios.

Las “caravanas migrantes” son una formula que se inauguró en octubre de 2018, cuando más de 7 mil centroamericanos tocaron a las puertas de México. Se convocaron en redes sociales y no migraron a escondidas, metiéndose a los cerros para hacerse invisibles, pagando a un pollero (traficante) entre 8 y 13 mil dólares según de la comodidad del viaje, con la constante amenaza de ser interceptados por la policía y las organizaciones criminales, que suelen robar, violar, secuestrar y matar a los migrantes.  

Esta vez migraron en masa y a la luz del día. Se fuerza radicó justo en aparecer descaradamente frente a los carros que transitaban en las carreteras y ante las cámaras de los periodistas de todo el mundo; con sus chanclas, sus mochilas, sus cochecitos llenas de bebés y paquetes. Con la dignidad de quien cruza a una frontera porque tiene derecho de irse de su país.

Efectivos de la Guardia Nacional mexicana vigilan a la frontera. Foto: Orsetta Bellani

Aquella vez de hace dos años, los migrantes centroamericanos se congregaron en el puente internacional que divide el poblado guatemalteco de Tecún Umán de la ciudad mexicana de Tapachula, y entre empujones y gases lacrimógenos lograron romper la resistencia de las autoridades mexicanas. Una vez en el país la policía los “escoltó” en su camino, y muchos de ellos llegaron hasta la frontera norte. Algunos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, otros siguen varados en México a la espera de que se resuelvan los trámites de su asilo en el país norteamericano. 

Desde entonces, se sucedieron una decena de caravanas migrantes y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una política de “puertas abiertas” que fue más que nada una declaración de intentos, siendo que en la práctica consistió sólo en la entrega de unas 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios.

Sin embargo, en mayo de 2019 las declaraciones de López Obrador cambiaron de tono: Donald Trump amenazó México con subir del 5% los aranceles a sus importaciones si no detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados». En respuesta, el presidente mexicano envió unos 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera meridional e incrementó del 63% las deportaciones de centroamericanos, que sólo en el primer año llegaron a 124 mil.

Elmer Antonio Rodríguez decidió sumarse a su primera caravana migrante en enero de 2020, pues no vio otra opción que irse de la ciudad hondureña El Progreso: trabajaba en una ferretería en por unos siete euros la semana y no tenía casa. Tras cruzar la frontera mexicana y caminar once kilómetros, la caravana fue interceptada por la Guardia Nacional. Unas 3 mil personas fueron detenidas y encerradas en las estaciones migratorias, tras ser “agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance”, escribe la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 29 de octubre de 2020, que destaca la presencia de niños y adolescentes entre las personas agredidas.

Algunos migrantes lograron escapar a la persecución policial. Entre ellos Elmer Antonio Rodríguez, que en unos diez días recorrió todo México para luego lanzarse al desierto que conduce a Estados Unidos. “Caminé una semana entre nopales y rocas, tenía los pies llenos de ampollas. Me agarraron y me regresaron a Honduras”, dice el joven, que intentó la suerte otra vez a principio de octubre pasado, en la que fue la primera caravana desde el comienzo de la pandemia.

Sólo un par de semanas antes Guatemala, país que divide Honduras de México, había abierto sus fronteras después de un cierre de seis meses debido a la pandemia. “En estos meses hubo una baja en los flujos migratorios por el cierre de las fronteras y también por el miedo al contagio de los mismos migrantes”, afirma Marta Sánchez Soler, coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ong que registró una baja en los flujos migratorios de un 90%. El miedo al contagio sigue entre los migrantes centroamericanos, pero la crisis económica causada por la pandemia es aún más fuerte y los empuja a salir, solos o en caravana, chocando una vez más con las leyes migratorias endurecidas por la pandemia.

“En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras”, dijo el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei el primero de octubre, al enterarse de que miles de hondureños estaban a punto de tocar las puertas de su país.

Cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala en realidad fue sencillo para Elmer Antonio Rodríguez y los demás integrantes de la caravana migrante, pero las carreteras guatemaltecas estaban llenas de retenes de policía y militares, donde han sido detenidos y deportados.

A Elmer Antonio le tocó en Tecún Umán, poblado que se encuentra en la frontera con México, justo cuando estaba a punto de cruzar la línea. Lo encontré mientras estaba encapsulado por la policía y el ejército guatemalteco con otros cien migrantes que se habían acercado a una estructura gestionada por religiosos para recibir comida. En ningún momento las autoridades que los cercaban los obligaron a regresarse a Honduras, a subirse a unos autobuses de los que colgaba una manta que decía “retorno voluntario”. Sin embargo, la presión los ganó: tras un día entero encapsulados, sin poderse mover y empapados de lluvia, con la certidumbre de que muchos migrantes que iban atrás ya habían sido deportados y no hubieran podido compactarse en la frontera mexicana para cruzarla en caravana, con las amenazas del gobierno mexicano de encarcelarlos por no respetar las medidas de prevención al Covid19 y con muchos albergues de migrantes – estructuras de apoyo gestionados por religiosos – cerrados a causa de la pandemia, Elmer Antonio y buena parte de sus compañeros aceptaron subirse al autobús que los regresó a su país.

Migrantes hondureños esperan su expulsión frente a la Casa del Migrante de Tecún Umán, Guatemala. Foto: Orsetta Bellani

“Compadres, ¿son humanos ustedes? ¿Comen o no comen?”, gritó Elmer Antonio a los militares, asomado por la ventanilla. “Lo mismo estamos nosotros, pero tenemos que buscarnos la vida porque no tenemos dinero”.

En el pasado las autoridades guatemaltecas nunca habían bloqueado el camino de la caravana de hondureños, también a causa de un acuerdo de libre tránsito llamado Centroamérica-4, firmado por Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de la caravana del principio de octubre de 2020, el pretexto utilizado para ignorar los convenios internacionales e impedir el paso de los migrantes ha sido la falta de la prueba PCR. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, de los aproximadamente 4 mil migrantes que ingresaron al país por la frontera con Honduras, 3.953 han “retornado voluntariamente”.

Los demás se colaron por las mallas no tan estrechas de la frontera meridional de México, que desde Tecún Umán puede ser atravesada cruzando el río Suchiate en balsa, pagando poco más de un euro. Algunos integrantes de la caravana migrante lo lograron, a pesar de los 300 elementos de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la orilla del Suchiate. Otros más patrullaban las carreteras internas, que estaban vigiladas también con drones, según declaró el Instituto Mexicano de Migración.

“No es momento de migrar. Quédense en casa, la pandemia no ha terminado”, ha afirmado Mario Adolfo Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, quien apareció brevemente en la frontera al momento de la llegada de la Guardia Nacional.

De acuerdo con muchos analistas, el muro de Trump se está corriendo siempre más al sur debido a las presiones del ejecutivo norteamericano sobre México y sobre los países centroamericanos. “La administración de Guatemala ha cambiado política porque no es un gobierno que se mande, es un gobierno que le mandan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Tapachula, en México. “Siempre hemos sido presionados por Estados Unidos, es político lo que está pasando aquí”, incide.

Artículo publicado en El Gara el 19.11.2020.

«Reconocer los privilegios puede ser un proceso doloroso, pero necesario»

Orsetta Bellani, Pikara Magazine

Medhin Tewolde descubrió ser negra a los siete años. Estaba jugando con unas amigas cuando un niño le dijo “negra”. Tardó un rato en entender que hablaba de ella. Construyó su identidad desde un lugar poco concurrido.

Hija de una mexicana mestiza y de un migrante eritreo, pasó su infancia en Costa Rica y se mudó al norte de México durante la secundaria. Su única comunidad afro era su propia familia y hace no muchos años se enteró de que existe la identidad afromexicana. “Esto es lo que soy”, pensó la documentalista cuando, por primera vez, escuchó esta palabra. Y empezó un proceso de descubrimiento de su propia identidad que todavía no ha acabado. Está formado de charlas, viajes, lecturas y de un documental que ella misma grabó, donde cuenta cómo el racismo estructural impacta la vida de las mujeres afros. Se titula Negra, se ha estrenado este año en México en la Gira de Documentales Ambulante, ha ganado el premio a mejor documental mexicano en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y ha sido seleccionado en el Vancouver Latinamerican Film Festival.

“Sabía que al hablar con las mujeres iba a encontrar historias de racismo a edades muy tempranas. Cuando eres niña no lo reconoces como racismo y lo tomas como algo personal, pero cuando eres más grande, y conoces un poco más sobre el tema, ya tienes capacidad de identificarlo y piensas que lo que te pasó fue racismo”, arranca la conversación Medhin Tewolde. La documentalista cuenta que le costó mucho definir cómo abordar el tema del racismo en la película y desde dónde. Porque una cosa, dice, es el racismo estructural —“esta estructura grande que discrimina, que margina y que mata”— y otra cosa son los racismos simbólicos, que tienen más que ver con el racismo interiorizado —“lo que hemos aprendido que está bien y que está mal, la creencia que lo blanco es bueno y lo negro es malo”—. “Al final decidí hablar sobre el racismo simbólico, porque creo que es más fácil empatizar con este sentimiento de discriminación, de marginación”, concluye.

¿Cuál es la diferencia entre no ser racista y ser antirracista? ¿Qué implica ser antirracista?
Creo que hoy mucha gente dice no ser racista, porque es fácil decirlo. Ser antirracista es mucho más, es un posicionamiento político: se trata de reconocer que hay un sistema racista estructural que organiza a las personas en una jerarquía, que define quienes tienen privilegios y quiénes no, quienes tienen acceso a algo y quienes, no. Esa es la base a partir de la que se toman acciones antirracistas. Reconocerte en el privilegio puede ser un proceso doloroso, pero definitivamente necesario.

¿Cuál es el cambio que quisieras ver el mundo? ¿Tienes esperanzas relacionadas con las protestas antirracistas que se llevaron a cabo en los últimos meses en muchos países?
¡Claro! Te contestaré a esta pregunta desde el territorio que habito. El asesinato de George Floyd fue muy sonado en México y fue interesante ver cómo se condenaron los actos racistas que ocurren en Estados Unidos y no los que suceden acá, porque existe la creencia que en México el racismo no existe. El discurso mediático y dominante sobre el racismo lo tiene Estados Unidos, se construyó en buena parte a través de las películas y es comúnmente ejercido contra cuerpos negros. En México creo que en general hemos estado expuestos a esa importación mediática y aprendimos que el racismo es como el que vemos en la tele. O sea, es comúnmente asociado a las corporalidades negras. Si a eso le sumas la creencia falsa en el imaginario colectivo mexicano de que acá no hay gente negra, entonces se cree que no hay racismo. La población afromexicana aprovechó la coyuntura para denunciar cómo aquí la situación no es muy diferente a la de Estados Unidos y realmente creo que fue muy atinado. Sirvió como un espejo que nos hizo voltear a vernos a nosotros mismos para reconocer el racismo que se vive también en México.

Cuando, hace unos años, empezó a aprender sobre identidad afromexicana, Medhin Tewolde descubrió que en el siglo XVI llegaron a México unas 250.000 personas esclavizadas de África, un número equivalente a las que fueron deportadas a Colombia. La política de mestizaje impulsada por el Gobierno mexicano llevó las poblaciones afros a perder su memoria, sus tradiciones y a percibirse como mestizas; no es que en México no haya personas afros, sino que no hay muchas que así se reconozcan. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015, casi 1,4 millones de mexicanos y mexicanas se asumen como afrodescendientes, y solo en 2019 la Constitución reconoció su presencia en el país y su aporte a la cultura mexicana.

“La identidad afromexicana está en construcción, y va mucho más allá del color de piel, porque también conocí gente que se reconocía como afro que a mí, fenotípicamente, no me llamaba a reconocerla como a una persona afro. Entonces me di cuenta de que en México reconocerse como afromexicana es reconocer la raíz afro en la historia de México, más allá del color ”, reflexiona la documentalista.

¿Cómo es para una mujer afro vivir en un país que históricamente invisibilizó su presencia?
Ha sido muy común en mi vida que me pregunten “¿y tú de dónde eres?”, como si tuviera siempre que estar justificando mi permanencia en un lugar, que además es de donde me siento.

¿A ti nunca te ha pasado conocer a una chica afro y sorprenderte cuando te dice que es, por ejemplo, española? ¿Cómo llamarías este asombro? ¿Se trata de racismo?
Sí, claro que me ha pasado a mí también. El racismo no es un acto individual, sino que responde a una estructura y a una creencia más grande. La presencia y los aportes que han tenido las poblaciones negras en la construcción de la historia han sido negadas e invisibilizadas de tal manera que, cuando nos encontramos frente a ellas, no damos crédito. Hace falta visibilizar más, por eso hice la película Negra.

Hablemos de afrofeminismo, ¿cuál es su mayor aporte a las luchas de las mujeres en el mundo?
Romper con la universalización de la categoría mujer que estaba construida sobre la experiencia de mujer blanca, de clase media, occidental; y ahí, muchas de las mujeres del mundo no nos sentimos representadas.

¿Vale la pena invertir tiempo para que nosotras las blancas reflexionemos sobre nuestro racismo y nuestros privilegios?
Claro, ya lo decía antes. Y creo que ahí está la clave y la tarea que a cada quien le toca hacer para hacer que sus privilegios no favorezcan relaciones de poder y opresión.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 7.10.2020: https://www.pikaramagazine.com/2020/10/reconocer-los-privilegios-puede-proceso-doloroso-necesario/

Seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: los dos gramos de fragmento óseo que cambiaron la versión oficial

Orsetta Bellani, Público (Foto: O.B.)

El recién hallazgo de un fragmento óseo confirma que las autoridades judiciales intentaron cubrir la participación de policías y militares. Las investigaciones avanzan, pero la verdad parece todavía lejana.

Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde también resultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

Foto: Orsetta Bellani

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020: https://www.publico.es/internacional/mexico-seis-anos-desaparicion-43-estudiantes-ayotzinapa-gramos-fragmento-oseo-cambiaron-version-oficial.html

Así se cuidan de covid-19 en territorio zapatista

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: Isabel Mateos)

¿Cómo protegen los zapatistas su territorio del coronavirus? Con un territorio difuso y extenso, el EZLN ha apostado por la prevención y la desmovilización física de los habitantes

El doctor Luis Enrique Fernández Máximo se enteró de la alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a través del Internet. Se alejó de la clínica autónoma zapatista de la comunidad de Las Tazas, donde colabora, y compró una ficha que permite conectarse a la red hasta en esta zona de la Selva Lacandona donde no hay señal. Desde que dejó Tlaxcala para trabajar con la organizacion no gubernamental Sadec (Salud y Desarrollo Comunitario) en esta comunidad, el joven doctor descubrió no sólo que le encantan la vida sencilla y los silencios nocturnos de la selva, sino que su real necesidad de conectarse al Internet es de un par de horas por semana.

Era el 16 de marzo de 2020 y en México había sólo 82 personas positivas al coronavirus. Luis Enrique Fernández leyó en su celular el comunicado del EZLN:

“Considerando la amenaza real, comprobada científicamente, para la vida humana que representa el contagio de covid19; considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos”, escribe el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) – Comandancia General del EZLN.

“Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como la ausencia de un plan real para enfrentar la amenaza. Considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida. Hemos decidido: declarar la alerta roja en nuestros pueblos, comunidades, barrios y en todas las instancias organizativas zapatistas”.

Al leer el comunicado, el joven doctor pensó que el EZLN lo iba a invitar a salir de su territorio. Así se hizo con los demás cuatro médicos y dos odontólogos de Sadec, que trabajan en cuatro comunidades de los municipios de Palenque y Ocosingo. Sin embargo, no fue así. Se permitió su permanencia para apoyar a la única “promotora de salud”, como se les dice a las y los zapatistas que curan con las plantas y con la medicina occidental. 

Cuando en 1994 se levantó en armas, el EZLN recuperó más de 150 mil hectáreas de tierra, donde construyó un sistema de gobierno, justicia, educación y salud totalmente autónomos del Estado; esto en regiones donde no llegaban maestros, doctores ni abogados. Lo hizo con el apoyo solidario de algunos colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, como Sadec. Éste, desde 1995 colabora en la consulta médica en algunas comunidades autónomas y en cursos de formación para los promotores de salud, muchos de los cuales son a su vez formadores de sus propios colegas. 

Las Tazas, Chiapas. Aspectos de la Clínica Autónoma de los Pobres en la comunidad de Las Tazas. Foto: Isabel Mateos

Joel Heredia, fundador de Sadec, dice que de ellos aprendió que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad; y tiene que ver con “la capacidad de sentirse con ánimo de despertar, caminar, reírse, ir a la milpa. Salud es que su corazón esté contento, que uno se sienta a gusto consigo mismo y los demás”.

Paralelamente a la declaración de alerta roja, el EZLN cerró los Caracoles y los Centros de Resistencias y Rebeldías; asimismo, los “centros administrativos” que son sedes de su gobierno y de las clínicas autónomas más grandes y equipadas. Los promotores de salud fueron capacitados sobre la prevención del covid-19; luego fueron enviados a sus propias comunidades, también a las más remotas, donde existen pequeñas casas de salud autónomas.  

“Es un planteamiento claramente estratégico: no tener movilidad para impedir la difusión del virus y tener capacidad de atender estacionalmente, localmente, en cada punto donde hay un promotor de salud”, explica Joel Heredia. “Me sorprende que no hayan instalado un “Centro Covid autónomo”, para aislar a los casos sospechosos. Supongo que al hacer un cálculo frío de costos y beneficios asumieron que no valía la pena intentar atender en la parte asistencial; esto, dado el alto riesgo de contagio del personal de salud y se enfocaron a la acción preventiva comunitaria. Sin duda pusieron en la balanza que esto conlleva unos costos, pues no se están atendiendo personas con otras enfermedades”.  

El elemento que complica esta estrategia es que el territorio bajo influencia del EZLN no está delimitado claramente; en él, los zapatistas conviven con los partidistas, y resulta muy difícil para las autoridades autónomas ejercer un control sanitario estricto.

“Cuando el coronavirus llegó a México, en la comunidad Arroyo Granizo las autoridades zapatistas convocaron a toda la población – zapatista y partidista – para plantear las medidas de seguridad”, explica Joel Heredia. “Funcionó unos días y luego se perdió la capacidad de mantener la vigilancia, sobretodo debido a la gente migrante que regresó”.

Como en muchos rincones del mundo, una de las mayores preocupaciones del EZLN es la recepción de los migrantes que regresan a sus comunidades tras haber perdido su empleo en las maquilas del norte o en las playas del Caribe. La recomendación de la Comandancia zapatista es ponerlos en cuarentena. 

“Nosotros sabemos que los hermanos de algunas comunidades que vienen de fuera los han aislado. Después de 15 o 30 días ingresan con sus familias”, dice el comandante Tacho en un audio de Whatsapp que se difundió entre los bases de apoyo del EZLN. «Ese cuidado que ustedes han hecho es lo correcto. Así estamos seguros que estamos evitando un contagio que pueda llegar de afuera. No lo deseamos para nadie, pero tenemos que tomar las precauciones necesarias. Para que todos salgamos con vida para enfrentar esta enfermedad que tanto se ha extendido en diversas partes del mundo”.

Las Tazas, Chiapas. Aspectos de la Clínica Autónoma de los Pobres en la comunidad de Las Tazas. Foto: Orsetta Bellani

La Clínica Autónoma de los Pobres

La clínica autónoma de Las Tazas se inauguró en 1995; y se encuentra en la zona Dolores Hidalgo, uno de los nuevos Caracoles zapatistas anunciados hace poco más de un año. Es un edificio de barro pintado de azul, con murales de mujeres con estetoscopios, plantas y rostros encapuchados. Una lona de plástico que cuelga de un muro externo explica los síntomas del nuevo coronavirus y sus medidas de prevención. Afuera, un cartel advierte las nuevas reglas: “Por motivos de contingencia sólo pasarán dos personas a la vez adentro de la clínica. Atte: los compas”.

La Clínica Autónoma de los Pobres tiene una farmacia; las consultas son gratuitas pero las medicinas tienen un costo. también cuenta con un consultorio dental y uno médico con aparato de ultrasonido y doppler. La promotora de salud zapatista y el médico de turno de Sadec atienden todos los días de la semana; en la tarde y en la mañana. Antes de la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus hacían también consultas a domicilio. Reciben unos diez pacientes al día, originarios de Las Tazas y de otras ocho comunidades. 

El servicio de la clínica autónoma es fundamental para la población de la zona: zapatista y partidista; ya que la Unidad Médica Rural del IMSS de Las Tazas abre sólo tres días a la semana, y en el mes de mayo la doctora llegó sólo unos pocos días. 

“Muchas personas que acuden a la clínica autónoma ya estuvieron en la del IMSS y llegan preguntándonos si el diagnóstico del otro médico está bien”, dice Luis Enrique Fernández de Sadec.

Cada veinte días, Luis Enrique se turna en la clínica autónoma de Las Tazas con Juan Carlos Martínez Vásquez. Éste es otro joven médico originario de Ciudad de México, que antes de llegar a la Selva Lacandona no tenía conocimiento alguno sobre el pensamiento y la práctica zapatista. Su dificultad más grande es la comunicación en tzeltal, pues buena parte de los pacientes no hablan castellano; aunque la promotora de salud lo ayuda con la traducción. Gracias a ella, Juan Carlos Martínez conoció las plantas medicinales y aprendió lo que no se enseña en universidades: tratar con personas en lugar de enfermedades. “Si un día vieras un promotor hablar con un paciente es de verdad el acercamiento más humano que llegarías a tener”, dice. 

Foto: Isabel Mateos

Hasta ahora a las clínicas de Las Tazas han llegado seis pacientes con síntomas de Covid19, que se están resguardando en sus casas. A los casos más graves habría que trasladarlos al Centro de Atención Respiratoria abierto por la Secretaría de Salud en Ocosingo. Éste se encuentra a tres horas de distancia. 

Según Joel Heredia, fundador de Sadec, en Ocosingo y Palenque, la atención en el sistema de salud pública paradójicamente mejoró con la pandemia. “Antes, los hospitales no tenían áreas ni ambulancias de cuidados intensivos; porque las que más lo necesitaban eran mujeres indígenas que tenían complicaciones durante el parto”.

“Esta pandemia nos dejó ver la vulnerabilidad de todo el mundo, hasta de un presidente municipal o de un diputado. No es la bondad de la pandemia, es lo terrible de la pandemia” remató Heredia. 

Artículo publicado por Pie de Página el 4 de julio de 2020: https://piedepagina.mx/asi-se-cuidan-del-covid-19-en-territorio-zapatista/

Cafeticultores bajo ataque, en los Altos de Chiapas

Orsetta Bellani, Pie de Página (Foto: O.B.)

Desde hace cuatro años habitantes de Aldama viven bajo la constante amenaza de grupos paramilitares que les disparan y obligan a desplazarse. A pesar de un pacto de no agresión, impulsado por Alejandro Encinas en 2019, el conflicto arrecia. Habitantes denuncian la pérdida de sus cosechas, abandonadas por las amenazas.

Araceli tiene tres años y sabe que cuando se escucha un disparo se debe tirar al suelo. Se lo enseñaron después de que la cocina de su casa fue baleada. Era el 22 de enero de 2019 y su madre, su tía y su abuela – todas ellas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) – hacían tortillas frente a su fogón, cuando desde la comunidad de Santa Martha (Municipio de Chenalhó) llegó una ráfaga que agujereó las paredes de tablas y destruyó el techo en lámina. Por fortuna, esa vez no hubo heridos.

“Los grupos armados de corte paramilitar disparan casi diario, día y noche”, dice Abraham, padre de Araceli e integrante de la cooperativa de café zapatista Yach’il Xojolabal. “Estamos pensando en construir un muro de concreto aquí afuera, para que si llegaran a disparar otra vez las balas no entren”. 

Todos en San Pedro Cotzilnam (Aldama), tanto familias zapatistas como partidistas, coinciden: la última semana de enero de 2019 es una de la más violentas. Un conflicto que empezó en 2016, cuando Aldama negó a los habitantes de Santa Martha el permiso para utilizar un ojo de agua. Las tensiones entre los dos municipios remontan en realidad a la década de 1970. Una disputa sobre 60 hectáreas de bosques, milpas y cafetales, que un fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de 2009 otorgó a Aldama. 

Calle de San Pedro Cotzilnam (Aldama). Foto: Orsetta Bellani

Desde 2016 la población de Aldama, que de acuerdo con el último estudio sobre pobreza de Coneval (2015) es el tercer municipio más pobre de México, vive bajo la amenaza constante de unos grupos armados de corte paramilitar. Éstos disparan desde la comunidad de Santa Martha, aprovechando de la ventaja que les da el estar en un campo más alto que Aldama. Tirotean en contra de casas y personas, sean zapatistas o partidistas. Tiran a los carros, aunque transporten heridos, y a los campesinos mientras se dirigen a sus parcelas. 

El conflicto en Aldama ha causado, en total y hasta ahora, 7 muertos, 19 heridos de balas y unas 2 mil personas que constantemente tienen que desplazarse de forma “intermitente”.

Es decir, que durante los tiroteos se esconden en la montaña, en casa de familiares o en refugios, y regresan a sus casas cuando vuelve la calma. 

Al vocero de los desplazados de Aldama, Cristóbal Sántiz Jiménez, lo detuvieron el pasado 14 de marzo por homicidio calificado. Varias organizaciones de derechos humanos denuncian la existencia de irregularidades jurídicas y piden su excarcelación.

Por otro lado, los pobladores de Santa Martha acusan a Sántiz Jiménez de ser responsable de los 19 asesinatos ocurridos en su comunidad. 

“Lo que como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hemos documentado, es que de estos 19 muertos, 15 han sido asesinados antes del comienzo del conflicto más álgido (2016) y con una violencia brutal, lo que nos hace pensar que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales”, afirma Pedro Faro, director del (Frayba).

“Las demás 4 personas pensamos que puedan haber sido asesinadas como respuesta de los pobladores de Aldama a los ataques de Santa Martha”. 

Mujer zapatista. Foto: Orsetta Bellani

El conflicto se da en una región – los Altos de Chiapas – donde en dos años y medio grupos armados de corte paramilitar desplaaron a más de 7 mil indígenas tsotsiles (incluidos los de Aldama).

Varios de los paramilitares se formaron en el Municipio de Chenalhó. En ese municipio, en 1997, masacraron a 45 personas, en la capilla de la comunidad de Acteal.

El Frayba no señala la existencia de una conexión directa entre los grupos armados de corte paramilitar actuales y los que se formaron en los 90 tras la insurrección del EZLN. Pero denuncia que excarcelaron a las personas detenidas por la masacre de Acteal. Muchas de ellas regresaron a Chenalhó; nunca les decomisaron sus armas y algunos de los políticos que los apoyaban siguen operando en la región.

¿Qué hay detrás de los ataques?

De acuerdo con los zapatistas de Aldama, existen intereses van más allá de las 60 hectáreas en disputa, posible motivo real de tanta violencia. “La gente de los grupos armados de Santa Martha son campesinos, ¿dónde encuentran el dinero para comprar las balas?”, pregunta Abraham. 

Abraham es integrante de la cooperativa Yach’il Xojolabal. Afirma que algunos grupos de poder podrían impulsar la violencia como pretexto para militarizar la región. Así lo demostraría la apertura en enero de 2019 de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Cocó, una de las comunidades de Aldama más golpeadas por la violencia. 

De acuerdo con esta teoría, más que garantizar la seguridad de la población, la presencia militar sería funcional a la entrada de las empresas extractivistas. En Aldama hay rumores de un interés en extraer recursos minerales de su subsuelo. Y en construir una hidroeléctrica en el río que cruza el valle que lo divide de Chenalhó.

Sin embargo, el Servicio Geológico Mexicano no señala la presencia de ningún tipo de mineral en el subsuelo del municipio y el Frayba no tiene documentada ninguna de estas actividades.

“Hemos investigado en los presupuestos anuales del gobierno federal y no hay ningún dinero dedicado a la construcción de proyectos de este tipo”, afirma Jorge Luis López, integrante del Frayba.

En un comunicado del 6 de febrero de 2019, la Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció la violencia que afecta a las familias zapatistas de Aldama y Santa Martha. Responsabilizó a los tres niveles de gobierno por no haber solucionado a fondo el problema. “Su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar a las comunidades indígenas. Solo mal acostumbran dando dinero para calmar a la gente. Y eso ¿No es corrupción?”, preguntan las autoridades autónomas zapatistas. 

Un pacto fallido

La administración federal de Andrés Manuel López Obrador impulsó, en junio de 2019, un pacto de no agresión entre Aldama y Santa Martha. Su firma se dio bajo la presencia del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo consideró como “el inicio de una nueva etapa de paz y reconciliación”. 

Sin embargo, los tiroteos empezaron a los pocos días y a finales de julio de 2019 Filiberto Pérez Pérez, un joven de la comunidad de Tabak (Aldama), fue asesinado por un francotirador durante el velorio de su abuela. Una bala le dio en el cuello.

Desplazados, cosechas perdidas

Cuando Abraham llega a su casa Araceli, su hija de 3 años, toma su celular y se pone a ver videos, hasta que su mamá se lo quita y le dice que mejor se vaya a jugar con sus vecinos. 

Cuando Abraham vuelve Araceli, su hija de 3 años, toma su celular y se pone a ver videos, su mamá se lo quita y le dice que mejor se vaya a jugar con sus vecinos. No ha habido balaceras recientes y eso les permite cierta libertad para transitar. 

Según Abraham, la violencia afectó a las familias zapatistas menos que a las partidistas porque están organizadas. Las bases de apoyo del EZLN tienen una disciplina que les impone respetar las indicaciones de las autoridades autónomas zapatistas. Y éstas son claras: no responder al fuego de Santa Martha, no ceder a las provocaciones.

“Si nuestras autoridades nos dicen de no ir tal día a nuestras parcelas porque está peligroso, nosotros no vamos”, dice Abraham. “En muchos casos esto nos salvó, porque los francotiradores nos disparan justo mientras caminamos rumbo a los cafetales”.

Matas de café. Foto: Orsetta Bellani

En un principio, los zapatistas iban a sus parcelas antes del amanecer y regresaban después del atardecer para ocultarse de los grupos armados. Cargaban el café en sus hombros en costales negros en lugar que blancos, que se mimetizaban en la oscuridad. Pero a partir de agosto de 2018, una familia de 5 personas fue asesinada en su carro en una emboscada. Para salvar sus vidas muchos campesinos decidieron abandonar su cosecha en los cafetales. 

“¿Lo ves? De allí tiraban”, dice Juan, integrante de Yach’il Xojolabal, “el año pasado era imposible estar aquí, ahora está más tranquilo”. Juan señala un punto en la ladera de la montaña frente a nosotros, que estamos en los cafetales, a unos doscientos metros: es allí donde los grupos armados de Santa Martha se atrincheran detrás de unos bultos de arena.

La violencia causó graves afectaciones económicas a las 25 familias de Aldama que integran la cooperativa de café Yach’il Xojolabal. Esta cooperativa fue fundada en 2001 y es integrada por un total de unas 700 familias de 8 municipios autónomos de Chiapas. 

En 2019, los cafeticultores zapatistas perdieron el 50 por ciento de sus granos. Aunque este año las pérdidas han sido menores. Justo durante el periodo de la cosecha – entre noviembre de 2019 y el comienzo de marzo de 2020 – en Aldama no hubo tiroteos. 

Granos de café. Foto: Orsetta Bellani

Sin embargo, a causa de las balaceras del año pasado los cafetales no recibieron el mantenimiento que necesitaban, y la cosecha de 2020 de los zapatistasde Aldama alcanzó sólo el 60-70 por ciento de lo estimado.

“De todos modos, la situación de Aldama afecta sólo parcialmente nuestra producción total para 2020”, asegura Yach’il Xojolabal. De los 8 municipios donde producen café “cosechamos alrededor del 87 por ciento de la producción estimada y no vamos a tener problemas en cumplir con los contratos que firmamos”.

Artículo publicado en Pie de Página el 10.04.2020: https://piedepagina.mx/cafeticultores-bajo-ataque-en-los-altos-de-chiapas/

Ya no bromeamos sobre el virus

Orsetta Bellani, Cosecha Roja (Foto: O.B.)

«Era fácil bromear sobre el Covid-19 en aquellos días que parecen tan lejanos», escribe la periodista italiana Orsetta Bellani, que vive en Chiapas. Con su amigo italiano veían las noticias y hacían chistes. Con el paso de los días el humor se convirtió en miedo y preocupación. Hoy intenta adaptarse a una vida de aislamiento lejos de su país.

Llevaba un buen rato sin hablar con Luigi, un amigo de Milán, cuando recibí su mensaje de voz. Era el 28 de febrero. Me contaba que en los aviones donde trabaja de azafato casi no había pasajeros y que la hipocondría de su marido había empeorado, pues ya estaba “legitimada por el Estado”. Luigi se quejaba de la “psicosis total por el coronavirus” y del cierre del bar donde suele tomarse su chela. Una semana después, las medidas se suavizaron y salió para celebrar un “aperi-virus”. Me reí mucho.

Era fácil bromear sobre el Covid-19 en aquellos días que parecen tan lejanos. Las personas contagiadas en Italia eran 888, los muertos 21 y no veíamos de qué preocuparnos. Las de Wuhan nos parecían imágenes de ciencia ficción y no se nos ocurrió pensar que en Europa iba a pasar lo mismo. Ahora me pregunto el porqué tanta ingenuidad: ¿tiene algo que ver con el sentido de superioridad europeo? ¿O se trata de algún tipo de estrategia de sobrevivencia impulsada de forma automática por nuestros cerebros? El virus era para nosotros un “enemigo interno” tomado a pretexto por el gobierno para difundir el pánico y cortar algunas libertades.

Al mes del mensaje de Luigi, Italia tocó su pico epidémico: casi mil muertos en un día. El sistema de salud italiano, uno de los más eficientes del mundo, colapsó bajo el peso de los recortes de las políticas neoliberales: hay tantos casos de Covid-19 que no hay capacidad para atenderlos y a los doctores les toca elegir entre quienes curar y quienes dejar morir.

Luigi y yo ya no bromeamos sobre el virus. Ahora en sus mensajes habla de mamíferos australianos de hace miles de años, tema al que se está dedicando durante sus días de encierro. Italia entró en cuarantena total el 10 de marzo, una medida que causó asombro y que sin embargo pronto se volvió costumbre mundial.

En aquel momento empecé a preocuparme seriamente por mi familia y mis amistades en Italia, pero no pensé que el Covid-19 hubiera podido cambiar mi vida en San Cristóbal de Las Casas, la ciudad mexicana donde vivo. Mis compañeras y yo acabábamos de tener nuestra marcha del 8M y estábamos seguras de que la lucha feminista fuera la única alerta que caminaba por América Latina.

El 14 de marzo con algunas de mis amigas nos fuimos a lo que acá llaman “centro botanero”, un restaurante familiar con alberca. Nos bañamos, comimos camarones al mojo de ajo y tomamos chela en bikini. La pasamos increíble, pero no podíamos dejar de hablar del coronavirus. Por primera vez empecé a fijarme en algunos detalles: no quise compartir mi cuchara, me pregunté si había sido prudente bañarme en la alberca donde unos chamacos no dejaban de gritar y, con el pretexto de haber comido camarones, me lavé las manos muchas veces. Antes de subirnos al carro, con mis amigas nos apretamos en un abrazo colectivo que ahora me parece un lujo haber podido disfrutar.

Al día siguiente empecé a contarle a mis vecinos lo que estaba pasando en Italia, recomendé a una amiga de Ciudad de México dejar de tomar el metro y me encerré en casa.

En ningún momento el gobierno mexicano declaró la cuarantena, pero los que podemos –en San Cristóbal de Las Casas no muchos, siendo que alrededor de la mitad de la población vive en situación de pobreza y no puede hacer home office- salimos poco o nada, hacemos reuniones online y nos saludamos chocando los codos. Cada día en las calles hay menos gente, y a mi vecino que trabaja en un hotel su jefe le impuso tomar sus vacaciones durante la Semana Santa.

A veces pienso que quizá estoy exagerando y que algún día me parecerá ridículo haberme preocupado tanto. Me convenzo de que empezamos a tomar medidas de distanciamiento social con tiempo y que lograremos disminuir la velocidad de transmisión del virus; quizá nos enfermaremos todos pero lo haremos poco a poco y ganaremos nuestra lucha en contra de la curva epidémica.

Otras veces me gana el pesimismo. Pienso en las malas condiciones del sistema de salud público mexicano y que en el hospital de San Cristóbal de Las Casas sólo hay 5 respiradores. En uno de estos brotes de pesimismo llegué a pensar que el Covid-19 podría matar a todos los seres humanos con más de 60 años del planeta, y que nos quedaremos nosotros, sin memoria y sin rumbo.

En estos momentos de incertidumbre acudo a una señora anciana, un poco hippie. “Ya lo vivimos en 1982, cuando explotó el volcán Chichonal y parecía que iba a acabar el mundo”, me dijo el otro día.  “Aquí estuve en 1994 cuando el EZLN tomó la ciudad y pensamos que habíamos perdido todo; sobreviví a la epidemia de H1N1 en 2009 y al sismo de 8.2 grados de 2017, espero sobrevivir a esta también”.

Artículo publicado en Cosecha Roja el 10 de abril de 2020: http://cosecharoja.org/en-mexico-ya-nadie-bromea-sobre-el-virus/

Caminar más para pacificar a México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Una autopista que parte en dos un bosque de pinos. Unas 600 personas que marchan durante más de 80 km, desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, con la esperanza de ser recibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad: deportivas y mochilas, sombreros de paja para cuando el sol está alto y chaquetas para cuando baja detrás del monte. Ruidos de pasos en el concreto y algunas consignas.

“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, claman los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación de personas que se reconocen como víctimas – o supervivientes – de la militarización que el gobierno mexicano desplegó a finales de 2006 para, supuestamente, combatir a la criminalidad organizada, y que causó más de 280 mil muertos, unos 61 mil desaparecidos y entre 1 y 8 millones desplazados internos.

Una crisis humanitaria que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) visibilizó ya en 2011. Las movilizaciones fueron entonces convocadas por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo Juan, y el pequeño grupo que se congregó a su alrededor fue poco a poco creciendo, hasta convocar una marcha – en 2011 – de Cuernavaca a la Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Miles de personas se sumaron en el camino. Luego se organizaron una caravana que atravesó el centro y el norte del país hasta Ciudad Juárez – entonces “capital de los feminicidios” -, una rumbo al sur y una que recorrió 27 ciudades de los Estados Unidos para visibilizar la violencia que se vive en México y exigir un alto a la exportación de armas.

Foto: Orsetta Bellani

«En algo andaban»

Por primera vez se logró articular a los colectivos que desde hace tiempo denunciaban la masacre mexicana: las victimas de la violencia y sus historias recorrían juntas las calles y aparecían en los medios. Se fue desmoronando la versión del gobierno de que los asesinatos y las desapariciones ocurrían a personas que “en algo andaban”, y que sólo se registraban algunos “daños colaterales”.

Magdalena Puente González no participó en las movilizaciones de 2011, pero esta vez viajó más de mil kilómetros para sumarse, pues hace 5 meses asesinaron a su hijo. “Me uno a la marcha para pedir justicia para todas las personas que hemos perdido a un hijo, que es lo más fuerte que te puede pasar en la vida”, afirma la mujer del Estado de Coahuila, mientras algunos coches pitan para dar ánimo a los caminantes que, paso a paso, suben por la empinada autopista Cuernavaca-Ciudad de México.

“El logro principal de las movilizaciones del MPJD de 2011 no es un botín político, sino el hecho de que los caminantes adquirieron capacitad organizativa, pasaron de ser victimas al ser personas que exigen. Se crearon colectivos en todo el país conformados por personas que no piden sólo la resolución de los casos de sus seres queridos sino el esclarecimiento de todos los demás”, enfatiza Norma Garduño, integrante del MPJD, que sostiene el cordón que rodea la Caminata por la Paz. Como muchos de sus compañeros, Garduño es al mismo tiempo superviviente y militante. Por su lucha en contra de la empresa canadiense Esperanza Silver fue secuestrada con tres de sus hijas, y luego se tuvo que desplazar a otra región del país con toda su familia. Hoy, como siempre, su familia la acompaña en la marcha: su marido, sus hijas adolescentes y su bebé de tres años, que lleva una camiseta que dice “no a la minería”.

Foto: Orsetta Bellani

Son muchos los niños que participan en la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad. Hay niños indígenas nahua procedentes de Chilapa, en el Estado de Guerrero, uno de los municipios del país más afectados por la violencia. Hay otros de origen estadounidense que pertenecen a la comunidad mormona LeBarón, asentada en Chihuahua. En noviembre pasado, la familia LeBarón ha sido emboscada por un grupo armado que asesinó 3 mujeres y 6 niños, dos de ellos bebés, de la misma familia.

Fue a raíz de esta masacre que, a 9 años de las caravanas de 2011, Julián LeBaron y Javier Sicilia decidieron convocar una nueva movilización, desde el 23 hasta el 26 de enero de 2020, que ha empezado en Cuernavaca y ha concluido frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. Una movilización cuyo objetivo ha sido visibilizar la violencia y sobre todo recordar al Gobierno algunos compromisos que tomó sobre la implementación de mecanismos de justicia transicionales, que puedan ayudar el Estado a empezar un proceso de transición hacia un periodo de “post-violencia”, como la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación extraordinario para las víctimas de la violencia.

Principal arma, el diálogo

“Ante el colapso de las instituciones ordinarias, hace varios años se empezaron a trabajar unos mecanismos extraordinarios que se podrían implementar para encontrar verdad y justicia. Se abrió una ventana de oportunidad con este gobierno que empezó a hablar de este tema durante la campaña electoral”, explica Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional y justicia transicional.

Dayán participó en las mesas que, hace más de un año, el recién electo gobierno de López Obrador abrió con algunas organizaciones de la sociedad civil para crear una propuesta de justicia transicional. Un compromiso que ha sido olvidado por López Obrador y que los manifestantes piden se retome.

Foto: Orsetta Bellani

Julián LeBarón ha sido una de las cabezas más visible de las movilizaciones de 2011, pero luego rompió con Javier Sicilia. Lo criticó por su excesiva disposición al dialogo con el ex presidente Felipe Calderón, a quien llegó a estrechar la mano frente a las camaras. LeBarón pensaba que era necesario dedicarse más a la movilización en las calles, Sicilia estaba convencido de que dialogo y movilización pudieran caminar en paralelo. El domingo, pese a tener posiciones distintas, volvieron a marchar juntos.

“El MPJD nunca se planteó ser un movimiento radical, nunca pensamos destituir al gobierno como tal y reconocemos al Estado y las obligaciones que tiene”, aclara Norma Garduño. “Muchas de nuestras consideraciones están basadas en los principios gandhianos y la principal arma de la no violencia es el dialogo”.

La disposición al dialogo de Sicilia con el gobierno derechista de Calderón causó muchas criticas adentro del MPJD, y más incomodidad fue causada por el verticalismo y el personalismo del movimiento. Las divisiones de entonces se reflejan en las ausencias de hoy.

Foto: Orsetta Bellani

Algunos colectivos de victimas han decidido no participar en la Caminata por la Paz a pesar de compartir sus demandas, han destacado la presencia de personas cercanas a partidos derechistas y han afirmado que el objetivo de algunos marchantes no era “necesariamente hacer justicia y apoyar a las victimas, sino encontrar la oportunidad de ir en pos de sus propios intereses”. Además, han criticado la decisión de LeBarón de contratar como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del Estado de Sonora, quien hubiera encubierto a los asesinos del activista Nepomuceno Moreno, muerto por buscar su hijo desaparecido Jorge Mario.

En todo caso, el domingo fueron miles las personas llegadas de todo el país para acompañar en silencio a la Caminata por la Paz hasta el Palacio Nacional. Hay opiniones distintas entre los manifestantes sobre López Obrador: algunos afirman haber votado por él y sentirse decepcionados, otros dicen que nunca lo han apoyado, otros no quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, sino exigirle retomar la agenda de víctimas y las medidas para la pacificación del país que prometió.

Artículo publicado en El Gara el 28.01.2020

Las mujeres en lucha del mundo se encuentran en territorio zapatista

Orsetta Bellani, Pikara Magazine (Foto: O.B.)

Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo participan en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas, para hablar de violencias y unir fuerzas.

La niña en el medio de la cancha se llama Esperanza, lleva un pasamontañas y abraza un osito de peluche. Las milicianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchan golpeando sus toletes al ritmo de una cumbia, hasta formar un caracol gigante alrededor de Esperanza. La protegen.

Estamos en la inauguración del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres del EZLN entre el 26 y el 29 de diciembre de 2019 en el Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Más de 4.000 mujeres de 49 países del mundo acudieron a este espacio construido con casas de tablas de maderas pintadas con murales, rodeado por las montañas de bosques del Estado de Chiapas, en el sur de México.

Las milicianas zapatistas llevan uniformes y gorras verdes o café, traen el rostro cubierto por pasamontañas y paliacates rojos al cuello. Algunas cargan arcos y flechas.

– “¡Apunten!”, ordena una comandanta a las arqueras.

– “¡Descansen!”.

Las zapatistas no disparan. Ya dispararon en 1994, cuando se levantaron en armas para recuperar y redistribuir a los pueblos indígenas las tierras que ancestralmente les pertenecían; para impulsar sus sistemas autónomos de justicia, de educación y de salud en las regiones más aisladas de Chiapas, donde nunca habían llegado abogados, doctores y maestros. El EZLN jamás entregó sus armas, pero pronto decidió que la parte civil de su organización prevaleciera sobre la militar y se dedicó a la construcción de “otro mundo”. Un mundo donde sí se dan episodios de violencias en contra de las mujeres – sancionados por las autoridades autónomas zapatistas – pero ninguna de ellas es desaparecida y asesinada. Esto en un país, México, donde se registran 10 feminicidios cada día.

Entrada del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, en la zona zapatista de Morelia. Foto: Orsetta Bellani

Las milicianas zapatistas no disparan sus flechas, pero les dicen a las mujeres presentes que vale defenderse cuando te están matando. “Hermana y compañera: tenemos que defendernos y sobre todo que defendernos organizadas. Y tenemos que empezar ya, y más si una mujer es niñita apenas. La tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos. Y si no tenemos nada, pues con palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues con nuestro cuerpo. Con uñas y dientes hay que proteger y defender”, afirma la Comandanta Amanda desde el escenario. “Nos siguen asesinando y todavía nos piden, nos exigen, nos ordenan que estemos bien portadas. Si las mujeres protestan y rayan sus piedras de arriba, rompen sus vidrios de arriba, le gritan sus verdades a los de arriba, entonces sí gran bulla. Pero si nos desaparecen, si nos asesinan, entonces no más ponen otro número: una victima más, una mujer menos”.

*****

Un micrófono abierto en territorio rebelde. Unas zapatistas con sus pasamontañas preparan la lista de quienes quieren compartir su palabra, las invitan a hablar, las escuchan. El tema del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan es la violencia contra las mujeres. Hoy es el primer día y el espacio está abierto para las denuncias.

Ximena agarra el micrófono. Frente a ella, sentadas en el escenario del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona, las demás mujeres tienen los ojos enrojados por las historias que ya escucharon.

La voz de Ximena tiembla, dice que nunca lo ha hablado en público. Cuenta de haber sido abusada a los cinco años por un hombre anciano que vivía en su casa. Llora.

– “No estás sola compañera”, grita una desde el público.

– “Yo te creo”, añade otra.

Se escucha el respiro de Ximena en el micrófono. Retoma la palabra, cuenta que años después descubrió que el mismo hombre abusaba también de sus tías. Que cuando se le contó a su papá, éste lo mandó a matar.

Las participantes del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan se pasan el micrófono para contar sus historias de violencias, todas parecidas a pesar de las distancias que las separan. Algunas cuentan haber sido abusadas por compañeros de lucha que se dicen feministas, otras relatan de abusos familiares que ocurren generación tras generación, de mujeres violadas que enseñaron a sus hijas que hay que callarse y no denunciar. Cuentan historias de impunidad y de madres convertidas en peritas, expertas de la carpeta de investigación de sus hijas. Mujeres que no sabían de ser feministas antes de que sus hijas fueran desaparecidas o asesinadas.

Una de las asambleas que se llevaron a cabo durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Las mujeres del público se miran entre sí, lloran, se abrazan. Cada dolor que escuchan les recuerda otro vivido en sus propias entrañas. Las mujeres que se reunieron en el Semillero zapatista son un cuerpo colectivo, violado y dolido, que se sana, se organiza y lucha. Están un espacio seguro cuidado por las milicianas del EZLN, donde al atardecer se levanta una neblina que huele a fogón.

Las denuncias no caben en único día, se comen el día siguiente dedicado a las propuestas. Propuestas hay, pero las denuncias desbordan.

“Tú y nosotras sabemos que lo más peligroso ahora en el mundo es ser mujer”, dijo la Comandanta Amanda durante la inauguración del evento. “No importa si es mujer, niña, o jóvena, o adulta, o ya de juicio. No importa si es blanca, amarilla, roja o color de la tierra. No importa si es gorda, delgada, alta, chaparra, bonita o fea. No importa si es de clase baja, o media, o alta. A la hora de la violencia, lo único que importa es ser mujer”.

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Allison llena su vaso de plástico del grifo de uno de los comedores del Semillero Huellas de la Comandanta Ramona. Tiene 23 años, una camiseta blanca, jeans y un paliacate que le cubre la boca. “¿Qué ha cambiado en el EZLN después del Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan?”, dice tomando un trago de agua. “Que las mujeres estamos más organizadas”.
Para esto las zapatistas convocaron a las mujeres del mundo: para que se lleven un “granito de arena” a sus geografías y se organicen con las demás mujeres que no han podido viajar; para que se conozcan entre ellas, intercambien contactos, estrategias, experiencias; para que aprendan de otras mujeres y de las zapatistas, que sí lograron construir un mundo “otro”. En todo el Semillero zapatista se crean reuniones espontaneas, talleres, espacios de compartir. Allí se habla de crear redes de cuidados, de organizarse para responder al llamado de cualquier mujer que lo necesite.

Milicianas y bases de apoyo zapatistas cocinan durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Foto: Orsetta Bellani

Unas comandantas del EZLN hablan con un grupito de mujeres en la entrada del Semillero. Recuerdan cuando no se les permitía estudiar, viajar, hacer otra cosa que no fuera cocinar y criar hijos. Cuentan de cómo ha cambiado su vida desde la insurrección armada del EZLN, en 1994. Afirman que tienen mucho que caminar aún, que a menudo las mujeres discuten entre ellas por tonterías, que la igualdad de género en territorio zapatista aún no existe, pero sí se han hecho grandes pasos.

Toma la palabra Gabriela, que viene de la zona zapatista de Oventic. Para ella, la vida digna es que su compañero se encargue de sus hijos e hijas y de la casa mientras participa en eventos como éste. Dice que las zapatistas decidieron organizar el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan porque leen que hay muchas mujeres asesinadas y desaparecidas. “Cuando se muere una mujer en otro Estado o en otro país llegamos a sentirlo, porque tenemos la misma sangre a pesar de tener otros ojos y otra piel”, dice.

Gabriela, que se ha criado en un mundo sin feminicidios, no entiende por qué todavía las mujeres del mundo no se han logrado organizar, como las zapatistas, para acabar con el problema. “Durante el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan prendimos una lucesita y se la dimos, para que se la llevaran a sus geografías y se organizaran”, dice Gabriela. “Pero después de año y medio vimos que en su mundo siempre más mujeres son asesinadas y desaparecidas. Ustedes saben si se están organizando bien o no”.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 8.01.2020: https://www.pikaramagazine.com/2020/01/las-mujeres-lucha-del-mundo-se-encuentran-territorio-zapatista/

Madres de migrantes desaparecidos buscan a sus hijos en México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Desde hace 15 años viajan de Centroamérica en caravana y encontraron a más de 310 migrantes desaparecidos.

La mirada de Erlinda Ramírez no se mueve de la fila de jóvenes de camiseta anaranjada. Caminan arrastrando sus chanclas y observan las fotos que las mujeres de la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos han puesto en la cancha de baloncesto del penal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado de Veracruz. Son imágenes de hombres y mujeres jóvenes, de sus hijos desaparecidos.

Ramírez tiembla y llora, sus nervios no aguantan. Una joven psicóloga le recomienda respirar hondo y su compañera Eva Ramírez, que como ella integra a la caravana, le acaricia un brazo y la tranquiliza: “Por allí tu hijo tiene que venir en las filas”.

Hace más de siete años el joven migró de Honduras a Estados Unidos, pero en el sur de México fue detenido y acusado de asesinato, extorsión y violación. En un primer momento llamaba seguido a su familia desde la cárcel de Coatzacoalcos, pero pronto acabó el dinero que las guardias le arrebataban cada vez que quería hacer o recibir llamadas. Desapareció. A veces Erlinda se pensaba con alas, volando encima de las montañas y de las aguas para alcanzarlo. Otras veces imaginaba hacerse invisible para cruzar la frontera de México y encontrarlo.

Luego una mujer que da clases de yoga adentro de la cárcel de Coatzacoalcos llamó al Movimiento Migrante Mesoamericano – la organización que cada año coordina la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos -, quien se encargó de buscar a Erlinda y la invitó a la caravana.

Madres de la caravana enseñan las fotos de sus seres queridos a los migrantes centroamericanos en Coatzacoalcos, Veracruz (Foto: Orsetta Bellani)

Hoy es justo el día de su rencuentro. Parada en la cancha de baloncesto bajo el sol veracruzano del mediodía, Erlinda Ramírez no despega sus ojos de aquella extraña procesión de detenidos, que observan las fotos para eventualmente brindar pistas para encontrarlos. Cuando por fin su mirada encuentra la de su hijo, en un instante se envuelven en un abrazo. Las demás integrantes de la caravana lloran; de felicidad por el rencuentro de su compañera Erlinda, de tristeza porque a ellas todavía no les ha tocado.

Los rostros de sus seres queridos, y de los hijos de otras mujeres que no pudieron emprender el viaje, siguen apareciendo sólo en las fotos plastificadas que ordenaron en la cancha del penal. Son imágenes que cargan todo el tiempo durante la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, formada por unas 40 personas – en su mayoría mujeres – de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en sus propios países integran organizaciones dedicadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Llevan las fotos de sus seres queridos colgadas al cuello y no se las quitan ni para comer.

Hasta hoy, las mujeres de la caravana han viajado por quinceava vez por los mismos paisajes que atravesaron sus hijos en su viaje rumbo al norte. Desde el clima tropical de la frontera meridional de México hasta el desierto del Estado de Nuevo León, a un paso de los Estados Unidos.

Los buscan en los albergues de migrantes (gestionados por religiosos que les brindan hospedaje y comida), en las cárceles, en las vías del tren de carga llamado La Bestia, en cuyo techo viajan los migrantes. Van de casa en casa enseñando las fotos de sus seres queridos, o las exponen en las plazas públicas, con la esperanza que los transeúntes los puedan reconocer y brindar una pista. A veces un pequeño detalle puede abrir un camino que lleva a su localización.

Madres centroamericanas enseñan sus fotos casa por casa en Huixtla, Chiapas

La búsqueda con vida de los migrantes desaparecidos comienza antes de la salida de la caravana, cuando el MMM recibe las denuncias de desaparición. El activista Rubén Figueroa sigue sus huellas en México a partir de la última llamada que hicieron a sus familias o del último envío de dinero que recibieron, busca sus nombres en las listas de los detenidos de los penales y en Google, para averiguar si la prensa local los reporta como victimas de algún accidente. Una vez recolectados los indicios, Figueroa viaja por México para buscar a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Muchas veces los encuentra: en 15 años el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) encontró con vida a más de 310 personas. Sus familiares han sido invitados a participar en la caravana para que se pudieran rencontrar.

Este año las madres centroamericanas están acompañadas por activistas internacionalistas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, uno de los organizadores de la Caravana Abriendo Fronteras, iniciativa que nació en 2016 y que en julio pasado se dirigió a Andalucía y Ceuta. El colectivo vasco decidió participar junto con el colectivo italiano Carovane Migranti para aprender de la experiencia de sus integrantes y tejer redes de solidaridad y lucha. “Compartimos la concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar y la defensa de los derechos de las personas migrantes, también durante su tránsito hacia los países de destino”, explica Dida Marin Astobieta, activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Esta caravana se enfrenta a la negación extrema de estos derechos, desde el secuestro a la desaparición e incluso el asesinato”.

Anita Celaya del Salvador (Foto: Orsetta Bellani)

Para que las denuncias de las mujeres centroamericanas lleguen a Europa, cada año dos integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas están invitadas a participar en la caravana europea, que cada vez se realiza en un país distinto.

En 2019 viajó al Estado Español Ana Enamorado, una mujer hondureña que lleva 7 años sin noticias de su hijo Oscar. Después de su primer viaje con la caravana, Enamorado decidió quedarse en México para trabajar en el MMM y dedicarse completamente a la búsqueda de Oscar. Para ella, la caravana representa un espacio de formación política y de sanación: “cuando una está sola encerrada en casa le parece que no le está pasando a nadie más y no sabe qué hacer con este dolor, pero cuando estás con otras familias aprende que no estás solas”.

Se calcula que entre 80 mil y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México durante su viaje rumbo a Estados Unidos. El MMM asegura que son mucho más y que no aparecen ni siquiera en los informes oficiales: las autoridades suelen mencionar sólo a las 40 mil personas desaparecidas de nacionalidad mexicana. “Qué bueno que me recuerdas!”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Karla Quintana a Ana Enamorado, cuando ésta le señaló la falla del gobierno mexicano.  

“Lo que más importa es sensibilizar a la población civil, siendo que nunca vamos a sensibilizar a las autoridades”, afirma la activista. “Son indolentes y viven de nuestro dolor: se han creado muchas dependencias gubernamentales que de esto viven, generaron buenos salarios de nuestro dolor. Por esto jamás van a hacer nada porque se detenga el problema de las desapariciones”.

Las familias de los migrantes desaparecidos no saben si han sido asesinados por las organizaciones criminales mexicanas- que muchas veces operan en conjunto con las autoridades -, si han sido obligados a trabajar para ellas, si entraron en alguna red de trata de personas o si están vivos y libres, pero por algún motivo han perdido contacto con su familia.

Doña Mari de Honduras (Foto: Orsetta Bellani)

A veces los migrantes dejan de comunicarse con sus seres queridos porque durante el viaje les han robado la cartera donde guardaban los números telefónicos, porque el número cambió, o porque la familia se ha mudado a otra casa. “Muchos migrantes se fueron de Centroamérica cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares, sólo había un teléfono publico a la entrada de la aldea y las calles no tenían nombres”, explica Martha Sánchez Soler, fundadora del MMM.

La violación sexual es otro factor que en muchos casos lleva las migrantes a interrumpir cada contacto con su familia, por la vergüenza que los abusos hicieron nacer en ellas.

“Hay muchas cosas por las cuales no quieren que una madre sepa adónde están. A veces si han sufrido violaciones, o si han hecho algo ilícito y lo han agarrado; tal vez a ellos les da vergüenza que su madre sepa. O si han cambiado de sexo, quizá se sienten mal porque una se va a incomodar”, afirma Hilda Luz Rivera, de El Salvador, al notar unas mujeres transgenero entre las detenidas que observan la foto de su hijo René Wilmaris Ramírez Rivera. “Tal vez se sienten como que ya no tienen familia. Pero para una madre no importa lo que hayan hecho y no hay feo ni delincuente; aunque cometan sus errores, una mamá siempre perdona”.

Integrantes de la caravana procedentes de Guatemala (Foto: Orsetta Bellani)

Erlinda Ramírez no tuvo que perdonar a su hijo, pues está convencida de que no cometió los delitos que se le imputan. Al salir de la cárcel de Coatzacoalcos se siente “descansada”. Su rostro está más relajado, su voz es más firme, ya no tiembla ni llora. Encontró a su hijo en buena salud y sabe que en dos años será otra vez libre y regresará a su casa. Frente a la entrada del penal la esperan las cámaras de los periodistas y su mensaje es para los jóvenes que todavía faltan, y las madres que siguen esperándolos: “Estoy segura de que como apareció mi hijo van a seguir apareciendo los hijos de mis compañeras que están perdidas en este flagelo”.

Artículo publicado en El Gara el 3 de diciembre de 2019.