Tras torturas y huelgas de hambre, liberan a cinco presos en Chiapas que fueron beneficiados por opinión de la ONU

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Como cada sábado, el 7 de mayo pasado Karla Guadalupe Meza Méndez fue al penal de Comitán, Chiapas, para visitar a su marido Marcelino Ruíz Gómez. Cuando entró a su celda lo encontró inquieto, acomodando sus cosas. Estaba pálido.

“Ya me voy”, dijo Marcelino.

“¿Adónde?”, preguntó ella con un poco de sarcasmo.

“Me acaban de decir que hoy me puedo ir”, contestó.

Durante 20 años, 3 meses y 2 días, Marcelino Ruíz peregrinó entre las cárceles de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Yajalón y Comitán. Desde el comienzo luchó por su libertad. Al no haber tenido acceso a un traductor a su idioma, el tsotsil, decidió aprender el castellano. Estudió historia, leyó biografías: “En la cárcel descubrí que me encanta leer, es un hábito que ahora tengo”, dice. Se dedicó a hacer dibujos y escribir comunicados para denunciar las violaciones a los derechos humanos que padecen los presos en las cárceles chiapanecas, y que difundía gracias al apoyo de No estamos Todxs, un grupo de trabajo anticarcelario que acompaña a varios presos en lucha de Chiapas.

En marzo de 2019, Marcelino Ruíz fundó la organización Viniketic en Resistencia, que es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y empezó a articularse con otros colectivos de presos en lucha: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate.  

Organizaron dos huelgas de hambre: la primera etapa, de 60 días, empezó en marzo de 2019 y terminó cuando les prometieron revisar sus expedientes. Entre los huelguistas, el primero en salir de la cárcel fue Juan de la Cruz Ruíz, que todavía seguía detenido tres años después de que la Mesa de Reconciliación — un órgano que revisa los expedientes de los internos y que está formado por los tres poderes del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos—, había determinado su excarcelación. Fue liberado en diciembre de 2019 y aún no soporta el olor a chile molido, que fue lo que le introdujeron en la nariz durante las torturas.

“Uno de los agentes judiciales me pidió 80 mil pesos a cambio de que me soltaran en ese momento y, como yo no tenía esa cantidad, ya fue que ordenó de que ya no me estén torturando, que porque no vaya a morir yo en sus manos pero, todo lo contrario… me pusieron cables eléctricos en mis partes íntimas”, Juan de la Cruz Ruíz.

La segunda etapa de la huelga de hambre empezó en los primeros meses de pandemia, en mayo de 2020. “Ingerí pura agua con miel durante 75 días. Me empalagaba, me asqueaba, ya no quería ni beberla”, recuerda Marcelino Ruíz.

Adrián Gómez Jiménez salió de la cárcel poco después, en septiembre de 2021, a pesar de que su sentencia absolutoria había sido pronunciada 26 meses antes. Estuvo preso injustamente durante 15 años, y padeció torturas que revive cada vez que ve a un policía en la calle, o escucha el sonido del metal.

“Mi dignidad, mi inocencia, y moralmente estaba por los suelos. No me quedaba otra salida que autoinculparme para que me dejaran de torturar. Me prefabricaron los delitos de privación ilegal de la libertad, intento de homicidio y robo de auto”, Adrián Gómez Jiménez.

Fue justo después de su liberación que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la opinión 43/2021 . En ella se reconoce que Juan de la Cruz, Adrián Gómez, Marcelino Ruíz y los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron detenidos de forma arbitraria, torturados y no les fue garantizado su derecho al debido proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU insta al Estado mexicano a poner en libertad inmediata a Marcelino Ruíz y a Abraham y Germán López Montejo, y solicita el otorgamiento de indemnizaciones y otros tipos de reparaciones para los cinco presos y ex presos en lucha.

Marcelino Ruíz salió de la cárcel el 7 de mayo junto con otras 231 personas, detenidas en distintas cárceles de Chiapas, después de que la Mesa de Reconciliación revisara sus expedientes. Había sido acusado de homicidio el 5 de febrero de 2002, tras haber sido detenido en su bicicleta en la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas por unos hombres que iban de civiles, y que lo torturaron hasta que firmó su condena. Tres delitos más le fueron fincados unos años después, cuando la policía nuevamente lo detuvo y golpeó, al encontrarlo en casa de su mamá tras una fuga masiva de reos. 

Su huida rocambolesca de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, que lo llevó a vagar sin rumbo en el monte durante tres días, se dio en 2004. Marcelino estaba tejiendo una bolsa cuando escuchó unos disparos y vio a los presos amontonarse frente a una puerta que se encontraba abierta: “Los compañeros se veían como borregos en un potrero, iban de un lado al otro. Levanto la mirada y me doy de cuentas de que nos estaban disparando desde la torre”, dice. El miedo fue tan fuerte que sus recuerdos de que aquel día son imágenes obscuras, como si fuera de noche, a pesar de que eran las dos de la tarde.

Durante la fuga un interno fue asesinado por un disparo y la responsabilidad fue atribuida a Marcelino. Además, fue acusado por fuga y por el homicidio de otro hombre.

“Mi defensor investigó y nos enteramos de que esta persona existía solo en el papel, no en la realidad. No existían ni el muerto, ni su familia. Era totalmente fabricado, entonces no pudieron condenarme”, afirma Marcelino Ruíz. Si la Mesa de Reconciliación no hubiera revisado su caso, se habría quedado en la cárcel hasta 2033.

La libertad para Abraham y Germán López Montejo llegó este 18 de mayo. Los hermanos originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán salieron del CERSS no. 5 de San Cristóbal de Las Casas tras un cautiverio de 11 años, 3 meses y 28 días. Habían sido detenidos en enero de 2011, mientras se encontraban sentados en el parque central de su pueblo; los esposaron y trasladaron a la comisaría, donde fueron torturados. 

“Me dolía todo el cuerpo y la garganta, me sentía la muerte. Escuché que sacó su arma, le cortó el cartucho: ‘habla, hijo de tu puta madre, traga esa agua me vale madre matarte, no vales nada’. Los demás se reían, risotadas cuando me estaba diciendo esas palabras. Me desmayé varias veces y me seguían amenazando de mi familia”, Germán López Montejo.

“Le dije que no, que no iba a firmar nada. Ahí es donde me falsificaron mi declaración, me hicieron firmar a la fuerza, como encontraron mi credencial de elector con esto copiaron mi firma”, Abraham López Montejo.

Ahora, los cinco presos en lucha beneficiarios de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se encuentran libres. Después de tantos años de cautiverio, su regreso a casa no es tan sencillo.

“Salir es otro reto, se trata de volver a empezar de nuevo, de salir a la calle y ver otro mundo diferente aquí afuera”, dice Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz e integrante del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha de Chiapas. “Tras su liberación, los compañeros suelen tener miedo a salir a la calle, pues cuando se topan con policías le regresa el recuerdo de la detención y de las torturas. Además, a menudo tienen pesadillas de que siguen en la prisión”.

Cuando regresó a San Cristóbal de Las Casas tras casi 20 años de estar preso, Marcelino Ruíz Gómez quedó asombrado al ver tantos carros y tantos turistas en el centro de su ciudad. Se sintió desubicado y no podía creer que en el campo de árboles de peras que diario cruzaba cuando era chavo, ahora surge la colonia de casas de tablas y bloques donde vive su familia. “Le exijo al gobierno mexicano reparación de daño para mí y mis cuatro compañeros”, dice. “Hay daños que son irreparables, como los psicológicos y emocionales, además del sufrimiento de nuestras familias. Pero sí exigimos una reparación de daño por todo lo que hemos perdido”. 

Artículo publicado el 19.05.2022 en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/05/presos-chiapas-onu-tortura-huelgas-hambre/

Las Abejas de Acteal rechazan propuesta del presunto asesino del defensor Simón Pedro

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

Diez días de reflexión colectiva para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Diez días de debates internos para decidir sobre la propuesta de la defensa del presunto asesino de Simón Pedro Pérez López, catequista que en 2020 fue presidente de la mesa directiva de la organización.

Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel, Chiapas. Su sicario llevaba todo el día siguiéndolo y, como muestra un video que los legales de su familia presentaron ante el juez como prueba, le disparó a la cabeza desde atrás. Se cayó bocabajo, en el mercado alborotado de la cabecera municipal.

El representante legal de la familia de Simón Pedro, Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que el crimen fue desde el principio considerado como homicidio calificado, “o sea como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión”.

El abogado afirma que, sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo en el Juzgado de Control de Cintalapa, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, consistente en la admisión de responsabilidad a cambio de que el delito fuera reducido a homicidio simple, sin más calificaciones, con una penalidad de entre 8 y 20 años de prisión.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas analizaron en detalle la propuesta presentada por la defensa, desde su fe y su creencia. No es fácil tomar una decisión de este tipo, cuando la persona que falta es tu compañero, tu esposo o tu hijo. Y duele aún más cuando conoces al presunto asesino, pues es originario de la misma comunidad de Simón Pedro y su familia.

Simón Pedro Pérez durante una entrevista en Acteal Chiapas,, el 22 de noviembre de 2020. Foto: Orsetta Bellani

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado la organización tsotsil.

De acuerdo con Gómez Hernández, con esta decisión Las Abejas de Acteal quisieron trazar un camino que no fuera sólo para este caso, sino también para los de todos los defensores de derechos humanos asesinados. “Esperamos que el estado ejerza todo su poder de investigar y dar con los autores intelectuales del asesinado, porque esta persona no actuó solita”, afirma el abogado.

Simón Pedro Pérez López era originario de la comunidad Nuevo Israelita, que se encuentra en Simojovel, pero su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio continuo de Pantelhó, en la parroquia de Santa Catalina. Allí, el militante tsotsil no sólo predicaba los Evangelios, sino también invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que azotaba la región. Unos días antes de su asesinato la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recibió un documento elaborado en una serie de reuniones en las que Simón Pedro había participado, donde se detalla cómo las comunidades de Pantelhó estaban secuestradas por grupos armados que gestionaban los tráficos ilícitos en la zona, con la participación de políticos locales y policías. Por esto, Las Abejas de Acteal están convencidas de que la criminalidad organizada está detrás de su asesinato.

Y por esto, un par de días después de su homicidio, la situación en Pantelhó estalló: la población se levantó en contra del crimen organizado, formó un grupo de autodefensa llamado El Machete, sacó a los políticos coludidos con los criminales e instauró un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que ha sido reconocido por el Congreso de Chiapas.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21.04.2022: https://desinformemonos.org/las-abejas-de-acteal-rechazan-propuesta-del-presunto-asesino-del-defensor-simon-pedro/

Un Vía Crucis por la libertad absoluta de los tseltales Cesar y José Luis

Orsetta Bellani, Desinformémonos (Foto: O.B.)

José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, Chiapas. Los dos estaban golpeados, sangrientos y en shock. Era el 15 de octubre de 2020 y se estaban manifestando pacíficamente con otros ejidatarios para pedir que en San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, no se instalara un cuartel de la Guardia Nacional, cuando fueron golpeados, arrastrados y subidos a una patrulla por la policía.

“Estamos en contra del cuartel de la Guardia Nacional porque trae problemas: ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”, afirma José Luis Gutiérrez Hernández, que como Cesar es militante de la organización católica Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). “Lo sabemos porque en nuestro territorio ya tuvimos un cuartel militar. Lo construyeron en los 90 tras el levantamiento del EZLN y con la lucha logramos que se cerrara, pues nos trajo muchos problemas”.

José Luis Gutiérrez Hernánde (izquierda) y Cesar Hernández Feliciano (derecha). Foto: Orsetta Bellani

José Luis contaba su historia, sentado en una banca de la iglesia de la comunidad de Pamal Nahbil, municipio de Chilón, un templo nuevo y monumental en el medio de la Selva Lacandona. José Luis, Cesar y el Pueblo Creyente de Chilón estaban esperando a que parara la lluvia que azotaba el techo de lamina de la iglesia, y así poder emprender el Via Crucis que organizaron para el 8 de abril: 4 kilómetros de procesión, hasta la comunidad de San Miguel C’anxanil, en contra de los megaproyectos y la militarización, y para pedir libertad absoluta para los dos defensores comunitarios.

Cuando los dos militantes de Modevite se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, no podían imaginar que durante 17 días compartirían una celda en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) El Amate, ni que a un año y medio de su tortura y detención arbitraria hubieran seguido en libertad condicional: ahora viven en sus comunidades, pero tienen la obligación de firmar cada dos semanas en el Juzgado de Control de Ocosingo, que se encuentra a horas de viaje de sus hogares.

A pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas tseltales, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí construyó el cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón. Fue autorizado únicamente por el comisariado municipal y el presidente municipal de Chilón, pero a pesar de que está terminado es el único de los diez cuarteles chiapanecos que todavía no ha sido inaugurado. Esto se debe con toda probabilidad a la demanda de amparo en contra del cuartel interpuesta por el CDH Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y al CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que tomaron la defensa legal del pueblo indígena tseltal.

El Vía Crucis que se llevó a cabo en la iglesia de Pamal Nahbil pide un alto a los megaproyectos y a la militarización, y libertad absoluta para José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano. Foto: Orsetta Bellani

“Cancelación del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián”, se lee en una de las pancartas que acompañaban el Via Crucis del viernes, que finalmente se realizó adentro de la iglesia de Pamal Nahbil, pues el frente frío que cayó como un balde de agua en la Lacandona no permitió llevar a cabo la procesión al aire libre. Las demás pancartas pedían la exoneración de los cargos en contra de José Luis y Cesar, el fin de la militarización del territorio tseltal y la prohibición a la entrada de empresas transnacionales intencionadas a construir hidroeléctricas o a explotar los manantiales, como la Coca Cola.

El próximo sábado, Cesar y José Luis se encontrarán una vez más en el Juzgado de Control de Ocosingo para firmar. “El pasaje para Ocosingo es caro y difícil de sostener para nuestras familias”, dice Cesar Hernández Feliciano. Cada vez que viajan a Ocosingo, a los dos defensores comunitarios les toca revivir la violencia y las humillaciones que sufrieron durante los días de su arresto y detención.

Artículo publicado en Desinformémonos el 11.04.2022: https://desinformemonos.org/un-via-crucis-por-la-libertad-absoluta-de-los-tseltales-cesar-y-jose-luis/

Entre quema de casillas y robo de documentación electoral, 4 municipios de Chiapas realizan elecciones extraordinarias

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: Twitter del IEPC)

“Se lo dijimos y no nos hicieron caso. Por esto mismo nos vemos en la necesidad de quemar las urnas y estar preparados para esta noche, que no se lleven las elecciones”, advierte en un video que circula en redes sociales un hombre encapuchado, parado frente a un cúmulo de cartones. Su compañero rocía una botella de gasolina y el material electoral se convierte en hoguera. 

“Se le hace responsable al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por no hacer caso al pueblo”, concluye el hombre encapuchado antes de tirar a la fogata un cartel de la institución que dice: “El voto es libre y secreto”.

Robos y quema de papelería electoral se registraron en la noche del sábado en las comunidades de San Francisco Pujiltic y Soyatitán, del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, donde ayer —junto con Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral— se llevaron a cabo elecciones extraordinarias. Más de 83 mil personas tuvieron la oportunidad de elegir sus presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

La jornada electoral se convocó en los seis municipios de Chiapas donde el 6 de junio de 2021 no se pudieron llevar a cabo los comicios por “condiciones sociales adversas”. En algunos casos, las condiciones no han mejorado, y el pasado viernes las autoridades electorales decidieron cancelar las elecciones extraordinarias en el municipio de Honduras de la Sierra, debido a un conflicto social, y en Frontera Comalapa, por la inseguridad causada por el crimen organizado. 

Desde hace semanas, había amenazas de boicot a las elecciones extraordinarias también en Venustiano Carranza, donde las dos organizaciones campesinas que tienen un gran número de bases en la región —la Alianza San Bartolomé de Los Llanos y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC)— anunciaron que no iban a participar en el proceso electoral. 

Desde hace unos 50 años, las dos agrupaciones se disputan más de 18 mil hectáreas de tierra. Su conflicto se agravó hace poco más de un año, cuando hubo muertos y heridos, y a causa de ello las autoridades decidieron suspender las elecciones del 6 de junio de 2021. Ahora, las dos organizaciones se encuentran en proceso de diálogo, pero ambas optaron por no votar. 

“En nuestra asamblea general del 6 de marzo decidimos que no se iba a permitir la instalación de las tres casillas en nuestra comunidad Paraíso del Grijalva, siendo que no nos han atendido como debe de ser, las autoridades nos tienen en el abandono”, afirma en entrevista Andrés Gómez Vázquez, vocero de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos. 

En las semanas siguientes, las tensiones en Venustiano Carranza crecieron. El sábado aparecieron pintas en contra de las elecciones; un grupo de transportistas de San Francisco Pujiltic se manifestó a favor de la cancelación de los comicios “porque no es prudente que abran las casillas”

Los dirigentes de algunos partidos políticos de Chiapas solicitaron la suspensión de las elecciones en el municipio como “acto de responsabilidad social”, y hasta la secretaria de Gobierno de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, envió una carpeta al consejero presidente del IEPC con reportes y evidencias “del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente”, expresando su preocupación por la “integridad de los habitantes de citado municipio”. 

Durante la sesión del Consejo General del IEPC de ayer, el consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, contestó a las críticas sobre la decisión de llevar a cabo el proceso electoral en Venustiano Carranza. “Me preocupa que se genere una falsa narrativa del desarrollo de esta jornada electoral”, afirmó. “Se está llevando a cabo porque no hubo ningún reporte de la propia ciudadanía, de los funcionarios de casillas, de que no hubiera condiciones para llevar a cabo esta jornada electoral. La gente quería elecciones”. 

Finalmente, las elecciones sí se pudieron llevar a cabo en el municipio, aunque solo se instaló el 63% de las casillas. Fueron 25 las que de último momento no se establecieron: en algunos casos, a los funcionarios les fue sustraída la documentación electoral en sus domicilios; en otros casos, fueron atacados durante el traslado o en el lugar donde se iban a instalar las casillas. También se reportaron robos de urnas por parte de sujetos armados en las comunidades de Aguatenango y Pujiltic, al cierre de la jornada electoral.

Las elecciones se llevaron a cabo de forma ordenada en El Parral, en Emiliano Zapata y en Siltepec, aunque —mientras los resultados preliminares empiezan a fluir— los sucesos de Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra y Venustiano Carranza hacen temer por la consulta de revocación de mandato del próximo domingo.

“No creo que los problemas en Chiapas desaparezcan en ocho días. Lamentablemente, sí hay motivos para suponer que los mismos riesgos que se presentaron en esta elección extraordinaria pudieran existir para el proceso de revocación de mandato”, afirma en entrevista el consejero presidente del IEPC. 

Artículo publicado en Animal Político el 4.04.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/04/elecciones-extraordinarias-chiapas-tensiones-municipios/

Por inseguridad, cancelan en dos de seis municipios de Chiapas las elecciones extraordinarias

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: Twitter del IEPC)

El jueves 31 de marzo, en Frontera Comalapa, Chiapas, aparecieron unas mantas: “En Frontera Comalapa no queremos elecciones, responsabilizamos al gobierno de lo que pase”, se leía en una de ellas. El día siguiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la decisión de no instalar casillas en el municipio, “toda vez que las autoridades competentes determinaron que no existen condiciones ni garantías de seguridad para llevar a cabo la jornada electoral este 3 de abril”.

Más tarde se cancelaron los comicios también en Honduras de la Sierra, otro de los seis municipios de la entidad donde para hoy estaban programadas las elecciones extraordinarias de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, en la que participarán 14 partidos políticos y dos coaliciones: una entre Morena y el PVEM y otra entre el PAN y el PRD.

El 23 de marzo, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad comprometiéndose a una contienda electoral ordenada, pacifica y apegada a la ley, sin embargo hay inquietud entre los pobladores y las instituciones electorales.

“Las problemáticas sociales y las condiciones de ingobernabilidad en muchas de las regiones de este estado no están permitiendo el desarrollo de la democracia”, afirma en entrevista Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.

El viernes, el consejero presidente del IEPC recibió una carta de Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno del Estado, que expresa preocupación por la seguridad también de los habitantes de Venustiano Carranza, municipio donde finalmente este domingo sí habrá elecciones extraordinarias.

“Me permito hacerle llegar la carpeta anexa con reportes, evidencias y documentales del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente, dado el reciente historial violento para que cuente con los elementos necesarios que le permita tomar decisiones certeras y oportunas que privilegien la vida y la integridad de los habitantes”, escribe la secretaria.

La convocatoria a la jornada electoral extraordinaria de hoy, que se celebrará en Venustiano Carranza, Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral, se debe a la anulación de las elecciones del 6 de junio de 2021. Aquel día, en Frontera Comalapa hombres armados quemaron 67 de las 90 casillas instaladas. Entonces los medios todavía no cubrían lo que pasaba en esta región colindante con Guatemala, pero en las semanas y meses siguientes empezaron a circular imágenes que parecían grabadas en la otra frontera mexicana: carros quemados, balaceras, convoyes de personas armadas. Las muertes y desapariciones causadas por la presunta lucha entre grupos de la criminalidad organizada por el control de esta plaza empezaron a ser visibles.

El 6 de junio de 2021, se registraron quema de boletas y casillas también en los municipios chiapanecos de El Parral y Emiliano Zapata, con la consiguiente anulación de los comicios, pues fue imposible reconstruir el resultado del computo. En otros tres casos, las elecciones ni siquiera se llevaron a cabo. Es el caso de Siltepec, donde antes de los comicios unos hombres armados y encapuchados entraron en la sede local del IEPC, amedrentaron los presentes y se robaron las boletas.

En Venustiano Carranza, las elecciones se suprimieron debido a la violencia causada por un conflicto agrario y en Honduras de la Sierra se cancelaron por la oposición de una parte de la población, que no aceptaba la creación de este nuevo municipio, el más joven de Chiapas. En Honduras de la Sierra y en Frontera Comalapa, los problemas siguen sin atenderse y hoy por segunda vez impidieron el desarrollo de la jornada electoral.

“Metimos oficios pidiendo medidas cautelares y precautorias en los seis municipios para llevar a cabo esta elección. A pesar de todo eso estamos enfrentando este tipo de adversidades y problemáticas, lo cual tengo que decirlo, es frustrante”, afirma Oswaldo Chacón Rojas, presidente del IEPC.

Para llenar el vacío de poder que se creó tras las abortadas elecciones del 6 de junio de 2021, el 30 de septiembre pasado el Congreso del Estado nombró Concejos Municipales en cada uno de los seis municipios. Se estableció que iban a finalizar el 30 de septiembre de 2024; sin embargo algunos ciudadanos interpusieron recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), siendo que la ley contempla que los concejos municipales sólo deben de funcionar por tres meses y hay que convocar a elecciones extraordinarias. En los dos municipios donde hoy no se celebrarán las elecciones, el Congreso del Estado tendrá que nombrar nuevos concejos.

“En estos casos la decisión de quiénes van a gobernar ya no lo toma la ciudadanía, sino un grupo de políticos en un escritorio”, advierte Oswaldo Chacón del IEPC.

“Eso es muy peligroso porque pudiera convertirse en una tendencia, en una moda. Por eso estamos éticamente obligados a indignarnos por esta situación, a manifestar nuestro rechazo de que no se convierta en algo normal”.

Artículo publicado en Animal Político el 3.04.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/04/inseguridad-cancelan-municipios-chiapas-elecciones-extraordinarias/

El presunto asesino de Simón Pedro Pérez, de Las Abejas de Acteal, propone reconocer su culpabilidad a cambio de reducir su pena

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un bebé pasaba de brazo en brazo. Tenía el cabello recogido en un moñito y una playera blanca con la imagen de un hombre y una frase: “Quien lucha por la vida nunca muere”. El rostro del mismo hombre enmarcado por un sombrero de paja, con los ojos pensativos mirando al cielo, aparecía en las lonas que ayer se encontraban frente al Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas. Se trata de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, a quien el 5 de julio del año pasado le dispararon en la cabeza mientras se encontraba en el mercado de la cabecera municipal de Simojovel.

Ayer, un grupo de integrantes de Las Abejas se manifestó en Cintalapa en ocasión de la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas relacionada con el asesinato de su compañero. 

“Venimos hasta aquí para exigirle a la Fiscalía General y al Poder Judicial del estado de Chiapas que lleven a cabo su trabajo en aplicar la justicia, e investiguen no solo al autor material del asesinato, sino también a quienes dieron la orden de matar”, escribió en un comunicado la organización tzotzil, cuyos integrantes viajaron unas cuatro horas en redila para llegar a Cintalapa. 

Leyeron el comunicado frente al Cerss 14 El Amate, donde se encuentra en prisión preventiva el presunto asesino de Simón Pedro, un hombre que vivía en la misma comunidad —Nuevo Israelita, del municipio de Simojovel— y que fue detenido tras las declaraciones de dos testigos oculares.

Integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reza frente al Cerss 14 El Amate, en ocasión de la audiencia del caso de su compañero Simón Pedro Pérez López. Foto: Orsetta Bellani

Don Juan Pérez, padre de Simón Pedro, y su abogado, Jorge Alberto Gómez Hernández, del CDH Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entraron al Juzgado de Control. Llevaban consigo 14 pruebas que presentaron al juez y que ayer fueron admitidas para el juicio oral. Entre ellas, hay un video del momento del asesinato, que refuerza lo que los testigos oculares manifiestan.

Con estas 14 pruebas, los representantes legales de la familia quieren demostrar que Simón Pedro Pérez López, que como catequista en la parroquia Santa Catalina de Pantelhó denunciaba la violencia en el municipio, fue asesinado por su labor en defensa de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a que investigara si este asesinato tenía relación con el trabajo político de Simón Pedro.

“Detrás del homicidio de nuestro compañero está el crimen organizado. Simón Pedro estaba apoyando a los que estaban sufriendo mucha violencia en Pantelhó, su culpa fue defender la vida y los derechos humanos y por esto lo asesinaron”, afirmó Guadalupe Vázquez Luna, de Las Abejas, organización que convirtió esta exigencia de justicia en una de sus principales demandas, junto con la lucha en contra de la impunidad por la masacre de Acteal.  

El asesinato del expresidente de la mesa directiva de la organización trajo consecuencias en Pantelhó: fue la gota que derramó la paciencia de sus pobladores, que a los pocos días de su muerte presentaron públicamente un grupo de autodefensas llamado El Machete, sacaron a los políticos que según ellos abrieron las puertas al crimen organizado e instauraron un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que fue reconocido por el Congreso del estado.

Don Juan Pérez, padre de Simón Pedro López Pérez, frente al Cerss 14 El Amate en Cintalapa de Figueroa, Chiapas

“Nosotros como organización de Las Abejas siempre hemos caminado por la vía pacífica, nunca hemos estado a favor de las armas”, dijo Guadalupe Vázquez Luna. “Pero tampoco condenamos este acto porque es el reflejo del hartazgo de la gente y de la misma sociedad, que se organiza para defenderse”.

Nuevamente, el cancel del Juzgado de Control de Cintalapa crujió ayer y el padre de Simón Pedro y su representante legal salieron. “La audiencia se canceló, la defensa ha solicitado que se defiera. Se está viendo la posibilidad de que el acusado reconozca su culpabilidad a cambio de que los años de prisión se reduzcan”, expuso frente a los manifestantes Jorge Alberto Gómez Hernández, abogado del Frayba.

La sociedad civil Las Abejas de Acteal recogió sus lonas y subió a sus redilas. El padre de Simón Padre regresará a la comunidad de Nuevo Israelita, donde en 10 días recibirá una propuesta más detallada de procedimiento abreviado por parte de la defensa del presunto asesino de su hijo, donde se puntualizarán los años de prisión que el acusado está dispuesto a cumplir y las reparaciones que propone entregar. Tocará a don Juan y a su familia decidir si aceptan o no sus condiciones. 

Artículo publicado en Animal Político el 29.03.2022: https://www.animalpolitico.com/2022/03/presunto-asesino-simon-pedro-perez-caso/

EZLN marcha en todo Chiapas contra la guerra en Ucrania y demás conflictos capitalistas

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un grupo de mujeres sube corriendo por el camino principal del Caracol zapatista de Oventic, que está hundido en la neblina de los Altos de Chiapas. Traen unos ponchos de plástico para protegerse de la llovizna y unos morrales donde guardan sus pasamontañas. Trepan en las redilas que las esperan en la carretera y pronto, justo antes de que el sol se asome, la caravana de vehículos zapatistas se dirige a San Cristóbal de Las Casas.

Ayer miles de zapatistas marcharon en San Cristóbal de Las Casas y en otras cinco cabeceras municipales chiapanecas – Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano – en repudio a “todas las guerras capitalistas actualmente en curso en varios rincones del planeta”: desde el conflicto en contra del pueblo mapuche a las guerras de Palestina, Siria, Kurdistán y Ucrania. “Y tantos y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados, distorsionados”, escribe el EZLN en su último comunicado. 

El EZLN marcha en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraína y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

Cuando la caravana zapatista llega al periférico de San Cristóbal de Las Casas, en las redilas aparecen las capuchas: los bases de apoyo se ponen sus pasamontañas y se arreglan el paliacate al cuello. Están listos para marchar y demonstrar una vez más su fuerza política y organizativa. Se dispondrán en filas detrás de sus mantas y de un carro con perifoneo. 

“Pueblo de México y del mundo, nosotras las mujeres zapatistas decimos que tu dolor es nuestro dolor”, dirá al micrófono una voz femenina. “Llamamos a que nosotras como mujeres organicemos a nuestros pueblos para movilizarse cada quien en su geografía y su calendario, para parar la guerra injusta, porque las más afectadas somos nosotras por ser mujeres y por ser madres”.

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Desde hace casi 8 años las bases zapatistas no marchaban en San Cristóbal de Las Casas. Era octubre de 2014 cuando la solidaridad con los familiares de los 43 de Ayotzinapa convocó unos 20 mil encapuchados a manifestarse con mantas que decían “su dolor es nuestro dolor”, “su rabia es nuestra”.

El EZLN marcha en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraína y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

En los años siguientes el EZLN organizó festivales de artes y ciencias, de cine, de danza y seminarios de análisis de la coyuntura política nacional e internacional. El zapatismo aprovechó la campaña electoral de 2018 para presentar a una candidata indígena – María de Jesús Patricio Martínez -, con la intención de posicionar en el debate público temas relacionados con la defensa de tierra y territorio.

Luego llegó la pandemia, el EZLN emitió una alerta roja y los Caracoles cerraron. Durante sus meses de cuarantena, los zapatistas gestaron su iniciativa más ambiciosa: un viaje de unas 140 bases de apoyo en todo Europa para encontrar y conocer a las luchas locales. Lo hicieron discretamente: no buscaron a los reflectores cuando salieron de Chiapas, ni durante su gira europea.

De acuerdo con este espíritu internacionalista, ayer el EZLN volvió a tomar pacíficamente las calles de todo Chiapas. Sus pancartas hablaban de conflictos lejanos, pero las miradas detrás de los pasamontañas conocen el dolor de la guerra. La comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, por ejemplo, vive cercada por un grupo llamado “de los 40 invasores”, que quitó 152 hectáreas de tierras a las familias zapatistas, dejándoles sólo unas 3. También la comunidad autónoma Moisés y Gandhi vive bajo ataques constantes, en su caso por el grupo armado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que dispara en contra de las casas zapatistas, ha incendiado las instalaciones autónomas y ha secuestrado tres bases de apoyo del EZLN, dos de ellos integrantes de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva. 

Mujeres del EZLN se manifiestan en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraina y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

“Chiapas al borde de una guerra civil” es el titulo de un comunicado que el EZLN emitió en septiembre de 2021, tras el secuestro de sus dos compañeros. De hecho, hay conflictos en muchos municipios del Estado que llevaban años gestándose, fueron descuidados por las autoridades y finalmente estallaron. En algunos casos no se trata de ataques directos a la población zapatista, pues afectan a ella como a los partidistas.

En Oxchuc, el grupo armado María Tulukes controla la cabecera municipal desde mediados de diciembre, cuando las elecciones por usos y costumbres acabaron en enfrentamientos entre grupos de pobladores. En Chenalhó operan unos grupos armados que atacan a la población de Chalchihuitán y Aldama, causando muertos, heridos y miles de desplazados. En Pantelhó, en julio de 2021 la población se rebeló en contra de la familia caciquil que abrió la puerta a la entrada de las organizaciones criminales, responsables de unas 200 muertes, y formó algo inédito en Chiapas: un grupo de autodefensas. Unos meses después, siguiendo su ejemplo, se presentaron públicamente otros tres grupos de autodefensas en un Estado donde, hace menos de un año, no había ninguno.

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La marcha zapatista recorre a buen paso las calles del centro histórico de San Cristóbal de Las Casas. Los turistas observan estupefactos, los sancristobalenses salen de las tiendas y enmudecen. 

“¿Qué pasa?”, pregunta maravillada una mujer con un bebé. 

“Es por lo de Ucrania”, le contesta un hombre que graba el desfile con su celular.

“Alto a la guerra. Ni Putin ni Zelensky”, dice una de las mantas del EZLN, que una vez más no toma partido con ningún Estado y se solidariza con los pueblos en resistencia de ambos países.

El EZLN marcha en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de la guerra en Ucraína y los demás conflictos capitalistas. Foto: Orsetta Bellani

Un helicóptero sobrevuela la ciudad, mientras los tercios compas – los comunicadores del EZLN – corren de un lado al otro de la marcha registrando cada momento con sus grabadoras y cámaras. Un zapatista reparte volantes a las personas que pasean en uno de los andadores turísticos.

Cuando la marcha entra en el zócalo de la ciudad colonial – la misma plaza que el EZLN tomó con las armas en 1994 y en muchas más ocasiones ocupó pacíficamente – empiezan los aplausos de los simpatizantes zapatistas. “Bienvenidos”, gritan algunos. “Gracias”, dicen otros. Una turista norteña se cuela entre ellos y se coloca al frente de la marcha, a lado de dos mujeres encapuchadas que cargan una bandera con una estrella roja. Posa feliz para la foto. 

La marcha zapatista sigue en la ciudad de las contradicciones. Son más de 6 mil los marchantes en San Cristóbal de Las Casas y otros miles se manifestaron en otras cabeceras municipales chiapanecas. “Somos millones de hermanos y hermanas en el mundo que sufrimos la misma guerra injusta del capitalismo, por eso: ¡A organizarnos!”, es la invitación del EZLN.

Artículo publicado en Animal Político el 14.03.2021: https://www.animalpolitico.com/2022/03/ezln-marcha-chiapas-guerra-ucrania-conflictos-capitalistas/

Comisión inicia búsqueda de desaparecidos en zona de autodefensas de Pantelhó, Chiapas

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Un integrante de las autodefensas El Machete de Pantelhó, en Chiapas, escribe rápido en su libreta. Copia los datos de la cedula de identidad de un soldado, se la devuelve y la pide a otro militar sentado en la camioneta. Les exige que se quiten los cubrebocas para poderles ver el rostro.

“Necesitamos revisar porque a veces hay sicarios entre ellos, los ubicamos porque son de acá”, explica el comandante de El Machete, grupo integrado por unos 500 elementos que tiene el apoyo de 86 comunidades del municipio de Pantelhó. Las autodefensas aparecieron públicamente el 7 de julio de 2021 para expulsar a los Herrera, familia que desde hace dos décadas tenía el control sobre la Presidencia Municipal. La acusaban de estar coludida con el crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores.

En Pantelhó hay muchos rastros de las batallas de julio. En el puesto de control que las autodefensas pusieron la semana pasada en la entrada del pueblo ante la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), hay un edificio vandalizado que tiene todavía sus vidrios rotos. En su fachada, cuelgan dos mantas que recuerdan a los muertos,  a los desaparecidos y los nombres de los responsables de los crímenes: políticos e integrantes del crimen organizado.

Vehículos del ejército y de la Guardia Nacional escoltan la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otras dependencias gubernamentales en Pantelhó, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

El vehículo de la Sedena pasa el puesto de control y le toca al que sigue. El Machete revisará los documentos de todos los militares que se encuentran en las siete camionetas de ejército y Guardia Nacional, además de los carros que trasportan a los representantes de la CNB, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y del Gobierno de Chiapas, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Una vez terminadas las verificaciones, la columna de vehículos arrancará su camino en la carretera que conduce al cerro de La Pelona, donde se llevarán acabo labores de búsqueda en una posible fosa clandestina.

Un par de horas antes, el 10 de febrero pasado, hubo una inédita junta en la Presidencia Municipal de Pantelhó, edificio que el 26 de julio fue tomado por la población y donde ahora opera un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres.

Los representantes de la Comisión de Búsqueda y de las demás dependencias gubernamentales se reunieron con El Machete, con un teniente del Ejército y con un mayor de la Guardia Nacional, para platicar sobre las operaciones de búsqueda de desaparecidos que empezaron a llevarse a cabo en Pantelhó la semana pasada, y cuyos resultados todavía no son públicos.

“Para no poner en riesgo las operaciones, pedimos al Machete y a la prensa que no entren a los puntos que vamos a revisar, o nos retiraremos”, advirtió Misael Rojas Mejía de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las autodefensas avisaron que, de todos modos, la carretera que conduce al cerro de La Pelona será resguardada por sus elementos. “No están allí para atacar a la Guardia Nacional o al Ejército, sino para seguridad. Queremos que su trabajo salga”, afirmó el comandante del Machete.

Las autodefensas El Machete en el camino entre Pantelhó, Chiapas, y el municipio de Simojovel, a la altura de la comunidad San José Buenavista Tercero. Foto: Orsetta Bellani

El funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos recordó también que, a pesar de que por protocolo los familiares de los desaparecidos suelen acompañar las actividades de búsqueda, en este caso “no participarán para no aumentar la conflictividad”.

De hecho, hay tensión entre las familias de las 21 personas que la comisión está buscando y El Machete. El 26 de julio de 2021, más de 2 mil pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó. A partir de entonces, ya no se supo nada de 21 ellos y sus parientes aseguran que fueron secuestrados y desaparecidos por El Machete.

Durante seis meses, estas familias estuvieron tocando puertas de dependencias estatales y federales, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, organizaron bloqueos y plantones, y fue hasta mediados de enero que las autoridades anunciaron su entrada a Pantelhó para buscar a sus parientes desaparecidos.

La caravana de vehículos del gobierno y de las fuerzas de seguridad atraviesan la carretera, en buena parte de terracería, que conecta Pantelhó con el municipio de Simojovel. Aquí es territorio del Machete. Las autodefensas colocaron a sus elementos en tres puntos a lo largo del camino para vigilar el paso del convoy. Están armados y encapuchados, algunos son apenas adolescentes, muchos traen una playera y una gorra azul con estrella roja que dice “el pueblo manda y el gobierno obedece”. La gente sale de sus casas para observar el desfile, los niños saludan.

La caravana pasa en frente al Rancho El Progreso, lugar revisado por la CNB en días anteriores. Se trata de una expropiedad de los Herrera, la familia que de acuerdo con los pobladores controlaba los tráficos ilícitos en la zona y tenía cocodrilos en su laguna para desaparecer cadáveres. El rancho fue expropiado en julio de 2021 por la población insurrecta de Pantelhó, y al mes siguiente allí se celebraron las elecciones por usos y costumbres de su Concejo Municipal, que luego ha sido reconocido por el Congreso local.

Esta vez, la larga caravana de militares y funcionarios federales pasa de largo al Rancho El Progreso y se dirige al cerro de La Pelona, un banco de arena y grava donde se podrían haber dado entierros clandestinos. Desde allí se puede observar, en la orilla del río que corre más abajo, la comunidad de Guadalupe Victoria, otro punto que fue visitado por la CNB la semana pasada.

Por otros rumbos, hacia el municipio de San Juan Cancuc, se encuentra otro lugar revisado por la comisión: la comunidad de Oniltik y la cueva donde al principio de diciembre fueron halladas las osamentas de dos personas. El día después, lo que más destacaron los titulares de los periódicos fue que los restos encontrados no eran de los 21 desaparecidos.

Las autodefensas El Machete se reúnen en el camino entre Pantelhó, Chiapas, y el municipio de Simojovel, a la altura de la comunidad San José Buenavista Tercero. Foto: Orsetta Bellani

“También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dice el comandante de El Machete, y pide a las autoridades que no busquen solo a los 21 sino a todos los desaparecidos.

“Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, dice el líder indígena rodeado por sus elementos, en un retén que las autodefensas tienen frente a la entrada de San José Buenavista Tercero, una comunidad que en las dos décadas de dominio de los Herrera puso muertos, desaparecidos y decenas de desplazados.

Artículo publicado en Animal Político el 15.02.2021: https://www.animalpolitico.com/2022/02/busqueda-desaparecidos-autodefensas-pantelho-chiapas/

Habitantes de Pantelhó rechazan al alcalde electo, quieren desaparición de poderes

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: O.B.)

Las tensiones acumuladas en Pantelhó no han estallado el primero de octubre, día del cambio de administración municipal, disputada entre el alcalde electo y un concejo popular nombrado por usos y costumbres. Algunas casas siguen cerradas, otras quemadas, decenas de elementos de la Guardia Nacional y del ejército todavía resguardan la entrada de la cabecera municipal, ayer el pueblo que se levantó en contra del crimen organizado lucía tranquilo, a pesar de las alertas.

La insurrección en este poblado de Los Altos de Chiapas empezó el 7 de julio, cuando salió a luz pública El Machete, un grupo de autodefensa que acusó a la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores y a su esposo Raquel Trujillo Morales – presidente municipal electo el 6 de junio por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – de formar parte del crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores. Por esto fueron expulsados, junto con otras personas acusadas de pertenecer al grupo criminal de Los Herrera, y fueron retenidos 27 pobladores que están desaparecidos.

“Desde hace dos meses no tenemos noticias de nuestros familiares. Hablamos con las autoridades en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, pero nadie nos da respuesta”, dijo durante una protesta frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas Giovanni Aguilar Moreno, familiar de una de las personas retenidas por El Machete, y asegura que no tiene relación alguna con el presidente municipal electo Raquel Trujillo Morales.

Familiares de las personas retenidas por las autodefensas El Machete protestan frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, el 30 de septiembre de 2021. Foto: Orsetta Bellani

El 9 de agosto los pobladores de Pantelhó nombraron a un concejo municipal que fue luego reconocido legalmente por el Congreso de Chiapas, cuyo periodo de gobierno terminó el 30 de septiembre. Qué iba a pasar después de esta fecha ha sido la gran pregunta, siendo que el concejo municipal quiere seguir gobernando y Raquel Trujillo no está dispuesto a dejar el cargo que, de acuerdo con los pobladores, obtuvo a través de amenazas e irregularidades electorales.

La situación se tensó especialmente cuando el alcalde electo anunció en redes sociales que había regresado a Pantelhó para “liberarlo”, y hasta solicitó a la Secretaría de Gobernación medidas cautelares para entrar al poblado. En Pantelhó creció el temor que su regreso desatara una nueva ola de violencia. 

“Habrá más desplazamientos forzados, narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos armados en que la gente inocente queda atrapada con balas perdidas y/o dirigidas con olor a muerte”, advirtió la parroquia de San Pedro Apóstol del municipio de Chenalhó, que colinda con Pantelhó. El miedo era tan grande y el recuerdo de la violencia de julio tan vivo, que unas 90 personas pertenecientes a la Sociedad Civil Las Abejas dejaron Pantelhó y se refugiaron en Acteal para resguardarse de los posibles enfrentamientos.

También las autodefensas El Machete se prepararon frente a la posible llegada del alcalde electo. En un video en lengua tsotsil, donde aparecen unas trecientas personas con el rostro tapado y armas largas, dicen que tras un periodo de repliegue decidieron activarse nuevamente el 28 de septiembre. “Raquel Trujillo a la fuerza quiere entrar el 1 de octubre junto con los sicarios. Pero como autodefensas estamos dispuestos a luchar. No atacaremos a la Guardia Nacional ni a la gente de gobierno, nosotros solo atacamos a los sicarios si acaso llegan a atacar al pueblo de Pantelhó”, afirmaron.

Pero Raquel Trujillo Morales logró evitar el problema. Tras semanas de peregrinaciones entre Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México – donde denunció que desde la aparición de las autodefensas Pantelhó vive en el caos y aseguró tener el respaldo de la población – en lugar que atreverse a regresar a Pantelhó, celebró su toma de protesta en un hotel frente a un notario. “Aquí tienen un amigo y vamos a trabajar de la mano con todas y todos, por un mejor Pantelhó, para la paz, la justicia y el desarrollo”, dijo Trujillo Morales en un video que difundió ayer, donde asegura que se instaló también su sesión de cabildo.

De acuerdo con el abogado David Daniel Romero Robles, quien acompañó procesos de autonomía indígena como el de Cherán, políticamente la decisión de Raquel Trujillo Morales no es la más correcta, pero constitucionalmente es presidente municipal y va a poder disponer de los recursos, aunque no esté ejerciendo en la cabecera municipal.

Retén de la Guardia Nacional en la entrada de Pantelhó, 1 de octubre de 2021. Foto: Orsetta Bellani

“Las tomas de protesta son simbólicas y políticas, para ellas no está establecido un procedimiento específico. La constancia que se recibe del Instituto Electoral de cada Estado brinda validez al ejercicio en función de los presidentes municipales”, afirma David Daniel Romero Robles. “La gente de Pantelhó podría solicitar al Congreso del Estado la desaparición de poderes, que es un argumento constitucional para que se nombre, o ratifique, a un nuevo concejo desde la comunidad”.

Padre Marcelo Pérez, quien acompañó a los pobladores de Pantelhó en unas reuniones que mantuvieron con las autoridades, afirma en entrevista telefónica que al enterarse de la toma de protesta de Raquel Trujillo se comunicó inmediatamente con el gobierno estatal. “Me dijeron que están buscando la manera legal y constitucional para la desaparición de poderes del alcalde electo y para que el Concejo Municipal pueda seguir trabajando. Tengo confianza en que va a ser realidad”, afirma el sacerdote católico.

Artículo publicado en Animal Político el 2.10.2021: https://www.animalpolitico.com/2021/10/pantelho-chiapas-alcalde-concejo-gobierno/

Dudas y urgencias tras la consulta sobre crímenes del pasado en México

Orsetta Bellani, El Gara (Foto: O.B.)

Antonio Verástegui González y su hijo, Antonio de Jesús, regre saban de un evento religioso en Parras, en el norteño estado de Coahuila, cuando unos civiles armados los bajaron de su vehículo y los subieron a una camioneta. Era enero de 2009. El cártel de Los Zetas, que en esos momentos estaba llevando a cabo un operativo de «limpieza», los confundió con sus rivales. Ya no se supo nada de ellos.

Desde entonces, Jorge Verástegui González, hermano de Toño, los busca y pide justicia para sus familiares y las otras 90.000 víctimas de desaparición forzada, y para cada una de las 10 mujeres que a diario son víctima de feminicidio en México, así como para las 340.000 personas desplazadas forzadamente desde el año 2006, cuando el Gobierno impulsó la militarización del país con el supuesto fin de combatir a la criminalidad organizada.

El pasado domingo, Verástegui González y otros 93,5 millones de mexicanos estaban llamados a votar en la primera consulta popular de la historia de México, en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con impulsar «acciones pertinentes» para esclarecer crímenes del pasado y «garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas».


Jorge Verástegui González decidió no acudir a las urnas, pues «la consulta ha sido promovida por un grupo de personas cercanas al presidente López Obrador, sin que se diera un proceso previo de diálogo con las numerosas organizaciones de víctimas presentes en México para conocer su opinión».

La pregunta de la consulta –«¿Está de acuerdo con emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados?»– fue muy genérica y dejó espacio a múltiples interpretaciones, pues un proceso de esclarecimiento del pasado puede significar varias cosas. La lectura más común fue que se estuviera consultando sobre la creación de una comisión de la verdad u otros mecanismos de justicia transicional que los Estados implementan para superar épocas de crisis sociales y humanitarias.

«Apostaría más bien a fortalecer la Justicia ordinaria, pues no creo que la justicia transicional funcionaría en México: aunque se crearan buenos mecanismos, no habría voluntad política para su implementación», sostiene Verástegui González. «Además son mecanismos temporales para crear narrativas compartidas o ir en contra de las grandes cabezas, mientras que como familiares de desaparecidos lo que necesitamos es algo muy concreto, y es encontrarlos», añade.

Es indudable que la Justicia ordinaria en México tiene un gran problema, el 92% de los delitos cometidos ni siquiera se investigan. «Es cierto que, sin importar los resultados de la gación de investigar y sancionar a los responsables de cualquier delito o violación a los derechos humanos», subraya Daniela Malpica de la organización Justicia Transicional MX. «Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia reconoció, al analizar la
constitucionalidad de la pregunta, que no hay cauces institucionales que puedan dar respuesta a una cantidad tan grande de solicitudes de verdad y justicia. Por esto se abre la posibilidad de que se establezcan mecanismos extraordinarios».

Solo el 7% del padrón electoral acudió a las urnas y casi el 98% votó por el «sí». Para algunos fue un rotundo fracaso y un desperdicio de dinero público, otros creen que el Gobierno debería de escuchar a los 7 millones de personas que se han movilizado para pedir que se promuevan procesos de esclarecimiento.

Mario Delgado, presidente de Morena, celebró el resultado: «Comienza una nueva etapa contra la impunidad en la que las víctimas estarán en el centro», afirmó, y prometió no sólo apoyar la creación de una comisión de la verdad y de un tribunal del pueblo, sino también de una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo.

«No creo que el Ejecutivo cumplirá sus promesas», opina Daniela Malpica. «Si tuviera voluntad política de crear una comisión de la verdad ya la hubiera impulsado, porque tiene facultad para hacerlo y, de hecho, la implementación de mecanismos de justicia transicional fue una promesa de campaña».
Sorpresivamente, la consulta fue apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas», señaló el subcomandante Moisés. «Independientemente de los de arriba, el objetivo es dar paso a una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia».

El zapatismo hizo suya la consulta, yendo más allá del día de votaciones y convocando asambleas en los pueblos indígenas, donde, siguiendo sus usos y costumbres, debaten sobre crímenes de Estado e impunidad. 756 comunidades ya se han pronunciado por el «sí» y los resultados finales de este proceso interno serán compartidos con las familias de las víctimas. El EZLN ha convertido la consulta promovida desde el oficialismo en una plataforma a favor de una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia.

Artículo publicado en El Gara el 9.08.2021.