Dudas y urgencias tras la consulta sobre crímenes del pasado en México

Antonio Verástegui González y su hijo, Antonio de Jesús, regre saban de un evento religioso en Parras, en el norteño estado de Coahuila, cuando unos civiles armados los bajaron de su vehículo y los subieron a una camioneta. Era enero de 2009. El cártel de Los Zetas, que en esos momentos estaba llevando a cabo un operativo de «limpieza», los confundió con sus rivales. Ya no se supo nada de ellos.

Desde entonces, Jorge Verástegui González, hermano de Toño, los busca y pide justicia para sus familiares y las otras 90.000 víctimas de desaparición forzada, y para cada una de las 10 mujeres que a diario son víctima de feminicidio en México, así como para las 340.000 personas desplazadas forzadamente desde el año 2006, cuando el Gobierno impulsó la militarización del país con el supuesto fin de combatir a la criminalidad organizada.

El pasado domingo, Verástegui González y otros 93,5 millones de mexicanos estaban llamados a votar en la primera consulta popular de la historia de México, en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con impulsar «acciones pertinentes» para esclarecer crímenes del pasado y «garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas».

Jorge Verástegui González decidió no acudir a las urnas, pues «la consulta ha sido promovida por un grupo de personas cercanas al presidente López Obrador, sin que se diera un proceso previo de diálogo con las numerosas organizaciones de víctimas presentes en México para conocer su opinión».

La pregunta de la consulta –«¿Está de acuerdo con emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados?»– fue muy genérica y dejó espacio a múltiples interpretaciones, pues un proceso de esclarecimiento del pasado puede significar varias cosas. La lectura más común fue que se estuviera consultando sobre la creación de una comisión de la verdad u otros mecanismos de justicia transicional que los Estados implementan para superar épocas de crisis sociales y humanitarias.

«Apostaría más bien a fortalecer la Justicia ordinaria, pues no creo que la justicia transicional funcionaría en México: aunque se crearan buenos mecanismos, no habría voluntad política para su implementación», sostiene Verástegui González. «Además son mecanismos temporales para crear narrativas compartidas o ir en contra de las grandes cabezas, mientras que como familiares de desaparecidos lo que necesitamos es algo muy concreto, y es encontrarlos», añade.

Es indudable que la Justicia ordinaria en México tiene un gran problema, el 92% de los delitos cometidos ni siquiera se investigan. «Es cierto que, sin importar los resultados de la gación de investigar y sancionar a los responsables de cualquier delito o violación a los derechos humanos», subraya Daniela Malpica de la organización Justicia Transicional MX. «Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia reconoció, al analizar la
constitucionalidad de la pregunta, que no hay cauces institucionales que puedan dar respuesta a una cantidad tan grande de solicitudes de verdad y justicia. Por esto se abre la posibilidad de que se establezcan mecanismos extraordinarios».

Solo el 7% del padrón electoral acudió a las urnas y casi el 98% votó por el «sí». Para algunos fue un rotundo fracaso y un desperdicio de dinero público, otros creen que el Gobierno debería de escuchar a los 7 millones de personas que se han movilizado para pedir que se promuevan procesos de esclarecimiento.

Mario Delgado, presidente de Morena, celebró el resultado: «Comienza una nueva etapa contra la impunidad en la que las víctimas estarán en el centro», afirmó, y prometió no sólo apoyar la creación de una comisión de la verdad y de un tribunal del pueblo, sino también de una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo.

«No creo que el Ejecutivo cumplirá sus promesas», opina Daniela Malpica. «Si tuviera voluntad política de crear una comisión de la verdad ya la hubiera impulsado, porque tiene facultad para hacerlo y, de hecho, la implementación de mecanismos de justicia transicional fue una promesa de campaña».
Sorpresivamente, la consulta fue apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas», señaló el subcomandante Moisés. «Independientemente de los de arriba, el objetivo es dar paso a una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia».

El zapatismo hizo suya la consulta, yendo más allá del día de votaciones y convocando asambleas en los pueblos indígenas, donde, siguiendo sus usos y costumbres, debaten sobre crímenes de Estado e impunidad. 756 comunidades ya se han pronunciado por el «sí» y los resultados finales de este proceso interno serán compartidos con las familias de las víctimas. El EZLN ha convertido la consulta promovida desde el oficialismo en una plataforma a favor de una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia.

Artículo publicado en El Gara el 9.08.2021.