Así fue el primer día del histórico juicio por la desaparición del niño guatemalteco Marco Antonio Molina Theissen

Javier Estrada Tobar, Nómada

Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo.

Benedicto Lucas García, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, y Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar, junto a los altos cargos de la zona militar de Quezaltenango, Francisco Luis Gordillo, excomandante; Edeliberto Letona Linares, exsubcomandante, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar, son los acusados de la desaparición forzada en 1981 del niño Marco Antonio, de 14 años, y del secuestro, violación y tortura de Emma, su hermana, de 21 años.

En el primer día del juicio, a los acusados los acompañaron sus familiares y amigos, quienes creen que el proceso penal es en una persecución con tintes ideológicos. María Elena Winter, la esposa de Lucas García, dice que se trata de un juicio injusto porque gracias a los militares que combatieron el comunismo ‘Guatemala no es hoy una Venezuela’ y confía en que ‘Dios hará justicia de la buena’.

A unos cinco metros, en la misma sala, está Emma Molina Theissen. A sus 58 años se considera una sobreviviente de uno de los regímenes militares más represivos y crueles de América Latina y una buscadora de justicia por su caso y por el de su hermano, quien ahora tendría 50 años. A su alrededor hay familiares y activistas que aplauden su coraje por exigir justicia y no venganza.

Marcela Martino, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dice que el juicio es importante para Emma y su familia, pero también es histórico en Guatemala porque implica ‘la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos que durante décadas permanecieron impunes’ y no deben repetirse.

En el primer día del juicio, los fiscales del Ministerio Público y los abogados de las víctimas acusaron a los militares de cometer el delito de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violación. Están listos para presentar pruebas, testimonios y peritajes que comprueban la responsabilidad de los militares por los delitos cometidos contra los Molina Theissen.

Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entidad querellante en el caso, expone así el caso: ‘Marco Antonio es uno de los 5 mil niños y niñas víctimas de desaparición forzada. En general, se estima que se sabe dónde están sus restos de 45 mil personas. No hay un registro de todas las agresiones sexuales, pero sabemos que era un método común de agresión durante el conflicto’.

La defensa de los militares pidió que el juicio se realizara a puerta cerrada o por medio de videoconferencias para garantizar la seguridad de los acusados o para que no tuvieran que ser trasladados todos los días del juicio desde la prisión de Mariscal Zavala hasta la torre de tribunales. Alejandro Arriaza, defensor de Francisco Luis Gordillo, también expuso que por la edad de los acusados no era conveniente que se les trasladara a diario en los picops del Sistema Penitenciario. Al final, los jueces denegaron las solicitudes.

La tarde de este jueves, el excomandante Francisco Luis Gordillo se declaró ‘inocente’ frente al tribunal del juez Pablo Xitumul y de los jueces vocales Eva Marina Recinos y Elvis David Hernández.

Ayudado por audífonos, debido a deficiencias en el oído, Gordillo aseguró que nunca tuvo conocimiento de los hechos que le imputa y que tampoco dio o recibió órdenes para detener a Emma o desaparecer a Marco Antonio. El exoficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña Rojas se abstuvo de declarar y los otros tres acusados tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo lunes.

Cuerpos como campos de batalla

Guatemala fue el escenario de enfrentamientos durante 36 años de conflicto armado interno. Ejército y los grupos guerrilleros libraron un combate sangriento en las montañas y las ciudades de Guatemala, pero también usaron los cuerpos de las mujeres y los niños como ‘campos de batalla’.

Esa fue la explicación de Alejandro Rodríguez, el abogado de Emma, sobre por qué militares de alto rango se ensañaron contra una joven de 21 años y un niño de 14 y cometieron en un crimen atroz que será juzgado después de tres décadas y media de impunidad.

El 27 de septiembre de 1981, Emma cayó en las manos de una patrulla militar cuando viajaba de la capital a Quetzaltenango. Los soldados detuvieron el bus en el que viajaba y le encontraron documentos de la Juventud Patriótica del Trabajo, una facción de la organización guerrillera Partido Guatemalteco de Trabajo.

Según su abogado, a Emma se le consideró ‘enemiga interna del Estado’ por su militancia política, al igual que a muchos otros activistas quel, sin ser comunistas, luchaban por reivindicar los derechos humanos atropellados por los regímenes militares.

Lo que pasó después de la detención de la joven fue un infierno. La llevaron a la base militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango y la encerraron en un calabozo. Según su testimonio, fue víctima de torturas, violaciones e interrogatorios en los que le exigían datos sobre guerrilleros.

Después de nueve días, la joven había bajado tanto de peso que consiguió deshacerse de los grilletes, escapar y pedir auxilio. Un día después, el 6 de octubre, un comando militar allanó su casa en la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina, y se llevó a su hermano Marco Antonio Delante de la madre, los militares engrilletaron al niño y lo subieron a un vehículo. Fue la última que ella lo vio con vida.

La familia se exilió en diferentes países. Durante décadas y desde fuera, los Molina Thiessen buscaron a Marco Antonio, sin resultados. En 1998 empezaron en Guatemala las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes, a partir de una acción interpuesta por la familia, pero las averiguaciones no avanzaban.

En 2000, el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2004, después de una investigación, esa instancia responsabilizó al Estado guatemalteco por el crimen y ordenó dar con los responsables. Sin embargo, fue hasta 20016 que los presuntos responsables fueron detenidos y un año después se ordenó la apertura del juicio.

Un golpe para los militares

El caso Molina Theissen tiene implicaciones con el Ejército más allá de los cinco acusados. Manuel Antonio Callejas aún figura como vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), según el portal electrónico de la organización.

Avemilgua está estrechamente vinculada con el Frente de Convergencia Nacional (FCN), el partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia. Según una investigación de Plaza Pública, hasta junio de 2015, el 37 por ciento de los Q430 mil de financiamiento que FCN-Nación reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), provenía de militares, entre afiliados y candidatos.

Édgar Justino Ovalle, uno de los fundadores de Avemilgua y de FCN, es prófugo de la justicia por el caso Creompaz de desapariciones forzadas ocurridas en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en los años ochenta.

Los militares han rodeado a Jimmy Morales antes y después de asumir el cargo y sus allegados ocupan puestos clave en las fuerzas armadas (lee esta investigación de Nómadasobre los militares que cogobiernan con Morales). Uno de ellos, el exministro de la Defensa Williams Mancilla, tiene arresto domiciliario y enfrentará juicio por haber concedido un bono de “seguridad” al presidente y a la cúpula militar, él incluido.

Con el juicio que comenzó este jueves, la familia Molina Theissen pretende alcanzar la justicia y castigar a los militares responsables de los crímenes en su contra. Pero también quieren encontrar los restos de Marco Antonio y darles una sepultura digna, aunque eso signifique buscar, una vez más, en las entrañas de las bases militares.

Artículo publicado en Nómada el 2.03.2018