Cuando el gobierno hace sus propias fosas clandestinas

Ana Cristina Ramos y Arturo Contreras, Pie de Página

“Cuerpo 109 pasa a mesa uno, son las 08:30 de la mañana”. El escenario es el cementerio de Tetelcingo, a 7 kilómetros de la cabecera municipal de Cuautla, donde una treintena de peritos lleva 15 días sacando cuerpos de las fosas que el gobierno estatal cavó aquí. Dos carpas blancas, para que familiares de desaparecidos acompañen el proceso, y una enorme carpa amarilla que cubre cinco mesas de trabajo, son custodiadas por rejas y policías.

Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones, es la voz del procedimiento. Sus palabras marcan el camino de cada cuerpo, minuto por minuto. La acompañan 12 familiares quienes demandan con la mirada y sus plumas que todo siga un orden. Un vigilante por mesa.

Una bolsa negra llega a la primera mesa, se abre, despide un olor agridulce que se atora en la garganta. El familiar encargado llena un formulario que revela si al cuerpo se le realizó la necropsia obligada, si está vestido, cuál es el número de carpeta dentro de la botella de plástico con la que fue enterrado (como forma de identificación), el sexo, la estatura; todo lo que se observa a primera vista.

De ahí se divide el trabajo: a la segunda mesa pasan las ropas y todas las pertenencias con las que fue enterrado el cuerpo; se lavan jeans, anillos, y hasta los tenis de un joven que el perito tuvo que separar de los huesos a golpes. Todos los objetos que identifican los cadáveres serán llevados a la fiscalía estatal, donde debieron haber estado originalmente para que sus familiares pudieran reconocerlos.

En la tercera mesa se lavan los dientes y se toman cuatro muestras dentales, las cuales se entregan a cada uno de los representantes de las instituciones que participan en la exhumación y que harán sus propias muestras genéticas: la Fiscalía de Morelos, la Procuraduría General de la República, la Policía Criminalística y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En la cuarta, se extiende un silbido grave: es la sierra que corta en cuatro partes el fémur de cada cuerpo –el fémur es el hueso del que mejor puede obtenerse el ADN–. Nuevamente, un pedazo será para cada institución, porque en México los familiares no pueden confiar en una sola prueba.

En la quinta mesa, el último procedimiento forense, se arropa el cuerpo en una bolsa blanca. Un gesto significativo para los familiares, porque aunque vuelvan a la tierra en otro panteón, ya dejaron las sombras.

Originalmente, la Fiscalía tenía previsto un procedimiento en cuatro etapas: exhumar, cortar el fémur, repartir los pedazos y volver a enterrar el cuerpo en otro panteón; de hecho, así sucedió con los primeros seis cuerpos. Pero las familias presentes exigieron un proceso más amplio de identificación, que incluyera a separación de las ropas, la detección de marcas y las muestras dentales.

Después de 15 días de trabajo terminan de sacar 117 cuerpos de las dos fosas que abrieron. Las autoridades dan por terminada la exhumación. Es el mediodía del 6 de junio  de 2016.

El cuerpo descubierto

Las fosas clandestinas del gobierno fueron descubiertas por María y Amalia Concepción Hernández.

Las hermanas tienen tres años en pie de lucha, desde que en mayo del 2013, fue asesinado Oliver Wenseslao Navarrete –su hijo y sobrino, respectivamente–. Sus familiares lo identificaron y permitieron a la Fiscalía quedarse con sus restos para continuar la investigación, pues querían justicia. Por más de un año, los Hernández pidieron avances sobre el caso y todo ese tiempo los funcionarios ministeriales les respondieron que Oliver permanecía en los refrigeradores del Servicio Médico Forense (Semefo).

La realidad era otra: desde el 28 de marzo del 2014, el cuerpo de Oliver fue enterrado en una fosa del panteón de Cuautla, junto con cientos de personas no identificadas.

En diciembre de ese año, la familia de Oliver logró saber dónde estaba el cuerpo y, después de una larga batalla, logró que se exhumara. Junto con él fue exhumado el cuerpo de otra persona identificada, una maestra. El 9 de diciembre de 2014, al atestiguar el proceso, las hermanas supieron que en esa fosa había muchos más cuerpos enterrados (ellas contaron 148), esperando recuperar su nombre.

Durante un año, la familia de Oliver no dejó de pensar en esos restos anónimos. Fueron en repetidas ocasiones a la fiscalía de Cuautla a levantar reportes por todos los cuerpos, pero nadie las escuchó, hasta que, en noviembre de 2015, la revista Proceso publicó en su portal un video en donde se ve una excavadora gigante revelando los cuerpos. Era el video que habían grabado los familiares de Oliver el día que exhumaron su cuerpo y el de la maestra.

El mundo volteó los ojos a Tetelcingo y los medios las bautizaron como “las fosas clandestinas de Morelos”, aunque técnicamente, sólo un cuerpo fue enterrado sin identificación y por lo tanto, sería el único clandestino. El resto son cuerpos de personas que el gobierno de Morelos desapareció después de muertos, que enterró para borrar su existencia, negándoles el derecho a la memoria y a la dignidad, y negando a sus familiares el derecho a la verdad y a saber qué había pasado con ellos.

Las hermanas Hernández comenzaron a tener una red de apoyo que exigía la apertura de las fosas y la presencia de peritos independientes, lo que se cumplió el 23 de mayo, cuando empezaron las exhumaciones. Los familiares esperaban encontrar 148 cuerpos; la fiscalía, 116. En total, en las dos semanas se exhumaron 117 cuerpos y 9 bolsas con 12 restos que no figuran en ningún registro oficial. Los familiares y las organizaciones que los apoyan están seguros de que los 31 cuerpos restantes se encuentran en una tercera fosa irregular dentro del panteón.

Los obstáculos de la fiscalía

Obligadas por el video que divulgaron las hermanas Hernández, las autoridades de Morelos han soltado información confusa y a cuentagotas.

El 7 de noviembre del 2015, el gobierno estatal difundió un video de 2 minutos en el que fiscal, Javier Pérez Durón, dio la primera versión oficial sobre las fosas: afirmó que se enterraron 105 cuerpos –meses después, se descubriría su mentira, pues se encontraron 117 cuerpos, más los restos-. Según el fiscal, eran restos de personas no identificadas que habían sido enterradas en una fosa común del panteón, una práctica normal y legal en todo el país.

Lo que no dijo es que los peritos no agotaron todas las opciones para identificar a los muertos, ni que su primer conteo estaba equivocado porque ocho cuerpos ni siquiera contaban con una carpeta de investigación y otro tres fueron “donados sin carpeta” para prácticas de estudiantes, según la tarjeta informativa que el propio fiscal presentó en su comparecencia ante el Congreso local.

En la exhumación impulsada por las familias, los peritos encontraron varios cuerpos a los que no les quitaron la ropa (en un procedimiento normal, los cuerpos son desvestidos antes de ser enterrados, y su ropa se guarda junto con el expediente para que pueda ser identificada en algún momento), no se les realizó una necropsia para descubrir las causas de su muerte, e incluso se les enterró con documentos que en su momento pudieron apuntar a su identificación.

La lista de errores es abundante:

La Red Eslabones por los Derechos Humanos contó, por ejemplo, 12 cuerpos que nunca tuvieron carpeta de investigación (el cuerpo que no estaba entre las cuentas de las autoridades y otros 11 en los que los expedientes estarían perdidos, según las explicaciones que atinan a dar algunos funcionarios).

Además, durante el proceso de exhumación fue necesario crear 22 carpetas nuevas porque las condiciones de entierro habían destruido la información contenida en las botellas de plástico donde pusieron los datos de los cuerpos (algunas estaban abiertas o, en otros casos,  la humedad había borrado los datos).

Otra de las cosas que la Fiscalía ocultó fue una tarjeta informativa de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla, en la que el policía Humberto García Cortés reportó la sepultura de 150 cuerpos. Según la tarjeta, fueron los funcionarios responsables de trasladar los cuerpos a Tetelcingo los que dieron esa información a la policía. Después de ocultarla, la Fiscalía intentó desmentirla, dijo que era falsa e incluso hizo pública una declaración ministerial del oficial García en la que confiesa que los agentes nunca supieron realmente cuántos cuerpos se iban a enterrar.

El último punto que la fiscalía ya no puede ocultar es la falta de permisos del panteón; ahora, tras el escándalo,  son las propias autoridades quienes advierten su cierre, si no se regulariza.

Pero el ocultamiento y las mentiras han sido la constante en la historia de Tetelcingo. En diversas conferencias de prensa, la Fiscalía presumió la identificación “con nombre y apellido”, de 61 cuerpos.  “Muchas de estas personas son indigentes, presos, que murieron en hospitales o por muertes violentas y hasta ahora ningún familiar se ha acercado a reclamarlos”, aseguró el fiscal, justo cuando iniciaron las excavaciones en Tetelcingo.

¿Cómo entran en esa definición los tres niños, cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas de Tetelcingo? Nadie lo puede explicar. Y de hecho, lo que sí se constató fue que, como en el caso de Oliver, los cuerpos de otras seis personas habían sido identificadas por alguien (no está precisa la información sobre quienes los habían identificado) antes de ser enterrados.

¿Qué sigue?

“El proceso de exhumación pudo haber durado sólo dos semanas, pero la labores no han terminado, en los próximos tres meses se darán los reportes periciales, se revelará si en las pruebas de ADN encuentran coincidencias”, dijo el director de la Universidad de la Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, en una conferencia de prensa en la ciudad de México.

Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones resaltó otros pendientes: falta analizar los 12 restos que se encontraron en las bolsas y que de acuerdo a las organizaciones que acompañaron el proceso ni siquiera tienen un lugar en la nueva fosa, sino que “lo dejaron en el piso, rodeado por otras gavetas que esperan llenarse”; que se revisen exhaustivamente los primeros 6 cuerpos que se sacaron, y que se siga el mismo procedimiento de Tetelcingo en otro panteón de Morelos ubicado en Jojutla, así como en 100 cuerpos olvidados en las cámaras frigoríficas del Semefo.

También sigue pendiente la audiencia legal contra la ex directora general de los Servicios de Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, por su probable responsabilidad en la inhumación ilegal de 119 cuerpos en el panteón (los 117 encontrados en la exhumación, más el cuerpo de Oliver y de la maestra que fueron desenterrados) así como de todos los funcionarios que pudieron tener alguna responsabilidad.

De entre todo lo que falta, lo que más importa a los familiares es el sitio web que la Fiscalía de Morelos prometió abrir: un portal donde aparezcan las fotos de todas las pertenencias y rasgos que identifican a los desparecidos.  Un sitio que aún se está esperando.

Artículo publicado en Pie de Página el 5.06.2016: http://piedepagina.mx/cuando-el-gobierno-hace-sus-propias-fosas-clandestinas.php