Ocho errores clave cometidos por la autoridad al investigar el caso Ayotzinapa (según la CNDH)

Paris Martínez, Animal Político (Foto: Orsetta Bellani)

A dos días de cumplirse 10 meses del secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo público un informe preliminar sobre las investigaciones que, por su cuenta, realiza el ombudsman nacional sobre el actuar de las autoridades mexicanas, tras el ataque cometido contra estos jóvenes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

El informe de la CNDH establece cuáles han sido las diligencias y acciones que, hasta la fecha, han omitido realizar las autoridades responsables (especialmente la Procuraduría General de la República), las cuales, de llevarse a cabo, permitirían obtener indicios “fundamentales” no sólo sobre el paradero de los jóvenes que permanecen desaparecidos, sino también sobre la identidad y responsabilidad particular de los involucrados en el crimen.

A continuación, te presentamos un resumen de esas fallas en la investigación, detectadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

1.- ¿Cómo buscas… si no sabes lo que buscas?

Luego de revisar de forma íntegra el expediente integrado por la PGR sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, la CNDH detectó que hasta la fecha no se han Integrado fichas de identificación de los alumnos, sin las cuales, “las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se pudieran llevar a cabo (…) disminuyen sensiblemente las posibilidades de éxito.” Las fichas de identificación deben incluir, además de los datos generales de la persona a localizar, datos específicos como el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia de intervencines quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares, tatuajes, cicatrices, la huella digital, entre otros.

Luego del ataque a los normalistas, en la comunidad de Mezcala, aledaña a Iguala (y ubicada en sentido opuesto a Cocula), la PGR encontró un autobús abandonado, que previamente había sido usado por los normalistas. En los alrededores de dicho vehículo, las autoridades encontraron ocho playeras y un pañuelo, mismos que no han sido analizados para saber si pertenecían a los jóvenes desaparecidos. Una de estas playeras, de hecho, tiene rastros de sangre.

Si estas prendas pertenecían a los jóvenes desaparecidos, esto pondría en entredicho la versión de la PGR, ya que según la Procuraduría los estudiantes fueron trasladados a Cocula, y no hacia Mezcala. Estos peritajes, sin embargo, no pueden realizarse, por la falta de las fichas de identificación de los normalistas ausentes.

Por la misma causa, la PGR tampoco ha realizado dictámenes periciales a los rastros de sangre localizados en el punto donde los normalistas fueron atacados.

2.- Una investigación, sin reconstrucción de hechos

Aunque la PGR ha realizado “recreaciones individuales” sobre la supuesta ruta que siguieron los captores y sus víctimas, luego del ataque en Iguala, hasta la fecha la Procuraduría no ha realizado una “reconstrucción de hechos” completa. Esta diligencia, subrayó la CNDH, es “fundamental” para determinar la hora y los lugares en los que se desarrollaron los hechos.

Para la CNDH, las “recreaciones individuales” de la PGR “no reúnen los requisitos legales para estimarlas como una reconstrucción de hechos”.

La falta de esta diligencia, pone en evidencia, además, las contradicciones que persisten en la versión oficial de los hechos. Por ejemplo, a pesar de que la PGR afirma que los normalistas fueron conducidos al basurero de Cocula, donde fueron asesinados e incinerados, la misma Procuraduría cuenta con el testimonio de un presunto involucrado según el cual los estudiantes no fueron llevados al basurero, sino a la localidad de “Pueblo Viejo” y al “Cerro la Parota”.

Asimismo, la PGR no ha investigado la identidad de dos presuntos involucrados que, según detenidos, habrían participado en el traslado de los estudiantes hacia Pueblo Viejo y La Parota.

Toma_Televisa_1

Foto: O.B.

3.- ¿Y los teléfonos celulares de las víctimas?

Según la investigación de la CNDH, existen indicios de que desde tres teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos se emitieron mensajes de texto, después de ser secuestrados por la Policía de Iguala. Asimismo, de un cuarto teléfono existen indicios de que se realizó una llamada telefónica. Sin embargo, la PGR no ha realizado hasta la fecha un rastreo “georreferenciado” de dichos aparatos. El mapeo de los movimientos de esos celulares, que siguieron activos después del secuestro, podría dar indicios sobre la “ruta de desaparición”.

“La determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones, así como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de búsqueda”.

4.- ¿Cómo se calcinan 43 cuerpos… bajo una intensa lluvia?

A pesar de que existen distintos testimonios que indican que Iguala y Cocula vivieron una intensa lluvia durante toda la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, la PGR concluyó que los cuerpos de los 43 normalistas raptados fueron incinerados en el basurero de Cocula, hasta prácticamente desintegrar sus restos. Sin embargo, según la CNDH, hasta la fecha la Procuraduría no ha verificado con instancias especializadas, como el Servicio Meteorológico Nacional, si en la zona se dieron las condiciones climáticas necesarias para generar la incineración que refiere la versión oficial de los hechos o si, por el contrario, la lluvia de esa noche lo habría impedido.

5.- Balas, hebillas, botones… los cabos sueltos

Según la versión oficial de la PGR, luego de ser incinerados en el basurero de Cocula, los restos de los normalistas fueron embolsados y arrojados al río San Juan. Sin embargo, la CNDH consideró que la Procuraduría no ha realizado los estudios necesarios para comprobar si los restos hallados en el río San Juan comparten vínculos químicos con el terreno del basurero, o si, por el contrario, no están relacionados, lo que pondría en entredicho la versión de la PGR.

Cabe destacar que, según la PGR, en las bolsas del río San Juan fueron hallados botones, hebillas y otros objetos, que nunca han sido mostrados a los familiares de los jóvenes desaparecidos, para confirmar o descartar si dichas evidencias pertenecen a sus hijos.

Asimismo, tras analizar la averiguación previa iniciada por la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CNDH determinó que no se han realizado pruebas de balística que permitan saber con qué armas fueron disparadas las balas halladas en el basurero de Cocula. Estas pruebas permitirían saber si, eventualmente, esas balas fueron disparadas por armas de los policías de Iguala y Cocula implicados en el rapto de los estudiantes.

6.- La incógnita: ¿los huesos son de humanos?

Si bien la PGR ha realizado pruebas genéticas a algunos restos óseos hallados tanto en el basurero de Cocula como en el río San Juan, la inmensa mayoría de los 60 mil restos óseos localizados no han sido sometidos a procesos genéticos de identificación, dada su calcinación. Sin embargo, la CNDH consideró que esos restos pueden ser sometidos a otro tipo de pruebas, no genéticas, que permitirían eventualmente su identificación.

Así, la CNDH recomendó a la PGR realizar peritajes en antropología y odontología forense “a la totalidad de los fragmentos óseos y odontológicos”. De hecho, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta la fecha la PGR ni siquiera ha determinado si dichos restos óseos son de origen humano.

7.- Los que faltan por hablar: policías y militares

La PGR no ha recabado testimonios importantes para la búsqueda de los desaparecidos, y para la aprehensión e identificación de los secuestradores. Entre las declaraciones ministeriales que la PGR no ha recabado se encuentran las de los vecinos de Iguala que dieron auxilio a los normalistas, en el momento en que eran atacados; la de los policías estatales y federales, así como de los militares destacamentados en Iguala y Cocula; la de los policías federales que acudieron al lugar donde fueron baleados los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.

En el caso del Ejército, la CNDH consideró que al menos nueve militares que recibieron los reportes sobre el ataque a los estudiantes, y que acudieron al lugar de los hechos, podrían dar información valiosa sobre la reacción de los militares ante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

8.- ¿Qué pasó con Julio César y Alexander?

Además de los errores detectados por la CNDH en la investigación realizada por la PGR, el ombudsman nacional también consideró que la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha omitido investigar el origen de las lesiones presentes en el rostro del joven Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue localizado un día después del ataque a los normalistas. Hasta la fecha, las autoridades estatales no han establecido si las lesiones en el rostro de este estudiante “corresponden a una acción intencional de desollamiento o si pudieran ser consecuensia de la intrusión de la fauna de la zona en que fue abandonado el cadáver”.

En la misma medida, la PGR tampoco ha emprendido ninguna acción formal encaminada a esclarecer el homicidio del único normalista desaparecido cuyo deceso ha sido comprobado científicamente, Alexander Mora.

Según la CNDH, aunque esta muerte ya se confirmó, la PGR no ha iniciado ninguna averiguación previa por el delito de homicidio.

Epílogo: lo que le faltó a la investigación… de la CNDH

Aunque el informe preliminar de la CNDH confirma las irregularidades presentes en la investigación del caso Iguala, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que brinda acompañamiento legal a las familias de los normalistas desaparecidos– consideró que el ombudsman nacional omitió señalar otras anomalías, denunciadas por los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa.

Mario Patrón, director del Centro Pro, señaló que el informe de la CNDH debió incluir recomendaciones directas al Ejército, ya que esta institución se ha negado de forma reiterada a informar sobre su actuar durante el ataque a los estudiantes, además de que tampoco se ha investigado a profundidad aquellos testimonios de presuntos implicados, que afirman que los militares conocían de la presencia de grupos del crimen organizado en Iguala desde 2013, sin actuar en consecuencia.

“Es importante que la CNDH insista ante el Ejército en que debe cooperar, permitir que sus elementos rindan declaraciones declaraciones ministeriales –señaló Patrón–, pero la CNDH también olvida destacar que hay declaraciones de policías detenidos, que establecen que el ejército desde 2013 sabía lo que ocurría en Iguala y en Cocula, entonces, en términos de responsabilidad institucional esa parte contextual debe ser investigada”.

Asimismo, destacó Patrón, la CNDH no se pronunció en torno a la falta de investigación a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y quien también podría tener responsabilidad en los hechos.

Artículo publicado por Animal Político el 24.07.2015: http://www.animalpolitico.com/2015/07/ocho-errores-clave-cometidos-por-la-autoridad-al-investigar-el-caso-ayotzinapa-segun-la-cndh/